La Fiscalía pide procesar a Koldo, Aldama, Pardo de Vera y Jessica

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes, 6 de noviembre de 2026, que se procese a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en la investigación que mantiene abierta la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo. La petición alcanza también a otros ocho investigados y a una empresa vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

El escrito ha sido presentado ante el juez Ismael Moreno, encargado de instruir esta parte del procedimiento. Anticorrupción considera que la causa debe avanzar hacia su enjuiciamiento en lugar de archivarse. La decisión, sin embargo, todavía corresponde al magistrado: la Fiscalía ha pedido el procesamiento, pero el juez aún no lo ha acordado.

El movimiento supone un nuevo paso judicial en una investigación que comenzó con las sospechas sobre la compra de material sanitario durante la crisis de la COVID-19 y terminó alcanzando a responsables de empresas públicas, empresarios y personas del entorno del antiguo titular de Transportes. La causa se mantiene abierta en la Audiencia Nacional pese a que el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia sobre otra parte de los hechos.

Doce investigados y una empresa en la petición de Anticorrupción

La solicitud de la Fiscalía no se limita a los cuatro nombres más conocidos del caso. El escrito incluye a 12 personas y una sociedad mercantil, lo que refleja la amplitud de las responsabilidades que el Ministerio Público pretende llevar ante los tribunales.

Entre los investigados figuran Joseba García, hermano de Koldo García, y Patricia Uriz, expareja del antiguo asesor ministerial. También aparecen Juan Carlos Cueto, propietario del Grupo Cueto, e Íñigo Rotaeche, empresario vinculado a Soluciones de Gestión.

La Fiscalía incorpora igualmente a Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno, tres socios de Aldama conocidos en la investigación como los «mosqueteros». A ellos se suma Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado por haber recibido presuntamente pagos ilícitos a cambio de proporcionar protección a la trama.

La petición alcanza, además, a Soluciones de Gestión, la empresa que consiguió importantes adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia y que ocupa un lugar central en la investigación.

La inclusión de todos estos nombres en el escrito fiscal no significa que se les atribuyan idénticas conductas ni el mismo grado de responsabilidad. La investigación examina actuaciones diferentes, desde la adjudicación y ejecución de contratos públicos hasta la posible participación de intermediarios y las presuntas contraprestaciones económicas.

Los contratos de mascarillas que originaron el caso Koldo

El origen de la investigación se encuentra en las adjudicaciones de material sanitario realizadas durante los primeros meses de la pandemia, cuando las administraciones necesitaban adquirir millones de mascarillas en un mercado sometido a una presión extraordinaria.

Entre las operaciones examinadas destacan las compras efectuadas por Adif y Puertos del Estado, organismos dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía entonces José Luis Ábalos.

Soluciones de Gestión obtuvo contratos millonarios para suministrar mascarillas. La investigación judicial terminó poniendo el foco en las relaciones entre determinados responsables públicos, Koldo García y Víctor de Aldama, así como en el posible pago de comisiones a cambio de facilitar adjudicaciones.

El Tribunal Supremo ya declaró probada una parte de estas actuaciones en el procedimiento contra Ábalos, Koldo y Aldama. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias sobre la eventual responsabilidad de otras personas y entidades que no fueron juzgadas en aquella causa.

El papel de Isabel Pardo de Vera en Adif

La situación de Isabel Pardo de Vera resulta especialmente relevante por su responsabilidad institucional durante el periodo investigado.

La expresidenta de Adif ocupó la dirección del administrador ferroviario entre 2018 y 2021, antes de convertirse en secretaria de Estado de Transportes.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido en febrero de 2026, señaló la existencia de comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo García relacionadas con la contratación de Soluciones de Gestión.

Los investigadores consideran que esos intercambios aportan indicios sobre la intervención del antiguo asesor ministerial en las operaciones de compra y sobre el papel que pudo desempeñar la entonces presidenta del organismo público.

Pardo de Vera ha negado haber intervenido irregularmente en la elección de la empresa adjudicataria. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, defendió que las decisiones de contratación correspondían a los órganos responsables de Adif y negó conocer entonces la vinculación de Aldama con Soluciones de Gestión.

La petición de Anticorrupción supone que su actuación continúa bajo examen judicial. Su responsabilidad penal individual no ha sido establecida por una sentencia condenatoria.

Jessica Rodríguez y las contrataciones en empresas públicas

Otro de los aspectos más destacados del escrito es la petición de procesamiento de Jessica Rodríguez, expareja sentimental de José Luis Ábalos.

Su nombre aparece vinculado a las contrataciones realizadas por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde estuvo empleada entre 2019 y 2021.

Durante el juicio celebrado ante el Tribunal Supremo, Rodríguez reconoció que había percibido salarios sin realizar una actividad laboral efectiva. Aquellas contrataciones formaron parte de los hechos por los que el alto tribunal condenó posteriormente a Ábalos y Koldo García.

La investigación de la Audiencia Nacional pretende esclarecer las eventuales responsabilidades de otras personas relacionadas con esos empleos.

En julio de 2026, Jessica Rodríguez fue citada como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía consideró relevante examinar su posible participación después de conocerse la sentencia del Supremo.

La actuación de Pardo de Vera también aparece relacionada con este episodio.

La expresidenta de Adif reconoció durante su declaración que recibió de Koldo García el currículum de Rodríguez y que lo trasladó a la responsable de Ineco. No obstante, sostuvo que desconocía inicialmente la relación sentimental de la candidata con el ministro y que no intervino directamente en su contratación.

Por otra parte, una investigación interna de Tragsatec detectó irregularidades en el procedimiento de selección y en el control de la actividad laboral de Rodríguez.

La cuestión que permanece abierta es la posible responsabilidad penal de quienes participaron en esas gestiones. La existencia de una contratación irregular no determina por sí sola la culpabilidad de cada una de las personas investigadas.

Una nueva fase tras las condenas del Tribunal Supremo

La solicitud de Anticorrupción llega después de que el Tribunal Supremo dictara, el 22 de junio de 2026, una sentencia condenatoria contra los tres principales acusados en la primera causa de las mascarillas.

El alto tribunal impuso a José Luis Ábalos una pena de 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García, 19 años y ocho meses. Ambos fueron condenados por delitos relacionados con la organización criminal, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias.

En el caso de Víctor de Aldama, la condena fue de cuatro años y seis meses de prisión, aunque el Supremo suspendió su ejecución atendiendo a su colaboración con la Justicia y sometiéndola a determinadas condiciones.

La sentencia consideró acreditadas distintas actuaciones delictivas relacionadas con los contratos sanitarios, las contraprestaciones económicas y las contrataciones de personas próximas al exministro.

Aquella resolución, sin embargo, no agotó todas las responsabilidades que podían derivarse de la investigación.

El procedimiento de la Audiencia Nacional aborda hechos y posibles participantes que quedaron fuera del juicio celebrado ante el Supremo. Por eso, la nueva petición fiscal no supone repetir automáticamente el juicio anterior, sino determinar si existen elementos suficientes para llevar ante un tribunal a otros investigados por responsabilidades propias aún pendientes de examen.

En el caso de Koldo García y Aldama, ambos ya condenados, será especialmente importante delimitar los hechos concretos de esta causa y evitar cualquier duplicidad con conductas que hayan sido definitivamente juzgadas.

Ismael Moreno deberá decidir si la causa avanza hacia el juicio

El siguiente paso corresponde al magistrado Ismael Moreno, responsable de la investigación en la Audiencia Nacional.

El juez había solicitado a las partes personadas que se pronunciaran sobre el futuro del procedimiento. Anticorrupción ha respondido reclamando que avance hacia la fase de enjuiciamiento respecto de los investigados mencionados en su escrito.

Ahora deberá valorar el material reunido durante la instrucción, las posiciones de las acusaciones y los argumentos de las defensas antes de adoptar la resolución procesal correspondiente.

La petición de la Fiscalía no equivale a una apertura automática del juicio oral. Todavía deben cumplirse las fases previstas por la legislación procesal y concretarse, cuando corresponda, los delitos y las acusaciones formuladas contra cada investigado.

El caso Koldo suma así otro episodio judicial después de las condenas dictadas en junio. La primera sentencia estableció responsabilidades penales de tres protagonistas de la trama, pero dejó fuera el examen individual de otras personas relacionadas con las operaciones investigadas.

El escrito presentado este 6 de noviembre pretende impulsar esa parte pendiente. Doce personas y una empresa aparecen en la solicitud de Anticorrupción. La Audiencia Nacional tendrá que determinar cuáles de esas acusaciones reúnen los requisitos necesarios para llegar a juicio y cuáles, en su caso, deben quedar archivadas.