EE. UU. negoció en secreto deportaciones con Irán durante la guerra

La Administración de Donald Trump mantuvo negociaciones secretas con Irán para organizar la deportación de ciudadanos iraníes mientras ambos países estaban enfrentados en una guerra. Los contactos, revelados por documentos judiciales hechos públicos el jueves 5 de noviembre, demuestran que Washington y Teherán siguieron colaborando en materia migratoria pese al conflicto militar y a décadas de enfrentamiento diplomático.

Las conversaciones continuaron al menos hasta mediados de octubre de 2026 y abordaron la documentación necesaria para las expulsiones y las posibles rutas de traslado a través de terceros países. La revelación coincide con los preparativos para una nueva operación que podría afectar a al menos 12 inmigrantes iraníes detenidos en Estados Unidos, algunos de los cuales habrían sido advertidos de una posible deportación el domingo 8 de noviembre.

La situación ha provocado una contundente reacción judicial. La jueza federal Ana Reyes ha advertido al Gobierno estadounidense del peligro de devolver personas a un territorio sometido a operaciones militares y donde podrían sufrir persecución política. La magistrada ha impuesto obligaciones de notificación previa y ha amenazado con procedimientos por desacato si las autoridades incumplen sus órdenes.

El caso expone una contradicción especialmente delicada para la Casa Blanca: mientras Washington presenta al régimen iraní como un enemigo y mantiene operaciones militares contra él, sus funcionarios negocian con representantes de ese mismo Gobierno la devolución de ciudadanos que podrían enfrentarse a represalias una vez regresen a su país.

Los contactos secretos entre Washington y Teherán

La existencia de las negociaciones salió a la luz después de que se hiciera pública la transcripción de una audiencia judicial celebrada el 15 de octubre. Durante aquella sesión, un abogado del Departamento de Justicia estadounidense reconoció que el Gobierno estaba preparando nuevas expulsiones de ciudadanos iraníes.

La coordinación incluía conversaciones con funcionarios de Teherán para obtener documentos de viaje y estudiar itinerarios que permitieran completar las deportaciones, incluso sin conexiones aéreas directas entre ambos países.

La Administración estadounidense planteó trasladar primero a los detenidos a un tercer país, desde donde se organizaría su entrada en Irán.

Uno de los posibles puntos de tránsito es Pakistán, que desempeña una función diplomática singular en las relaciones entre Washington y Teherán. Ante la ausencia de relaciones diplomáticas formales, la sección de intereses iraníes ubicada en la Embajada paquistaní en Washington se encarga de determinadas gestiones consulares.

Representantes de esa oficina han mantenido contactos con inmigrantes iraníes detenidos en Estados Unidos. Según consta en las actuaciones judiciales, las autoridades estadounidenses también facilitaron la posibilidad de encuentros con funcionarios iraníes en relación con las deportaciones.

La documentación no acredita que estos contactos respondieran a una negociación política más amplia sobre la guerra. Su finalidad conocida era organizar procedimientos de expulsión, un objetivo que Washington ha seguido persiguiendo incluso en medio de las hostilidades.

Una jueza cuestiona las deportaciones a un país en guerra

La reacción más contundente se produjo durante la audiencia del 15 de octubre, cuando la jueza Ana Reyes pidió explicaciones a los representantes del Departamento de Justicia.

La magistrada expresó su preocupación ante la posibilidad de enviar personas bajo custodia estadounidense a un país que Estados Unidos había bombardeado y al que su propio presidente describía como enemigo.

Su advertencia fue especialmente severa: los deportados podrían encontrarse ante un riesgo extremo para su vida, tanto por las consecuencias del conflicto como por la represión ejercida por las autoridades iraníes.

El abogado gubernamental Dimitar Georgiev-Remmel respondió que la Administración estaba ejecutando órdenes legales de expulsión. También aseguró que, en aquel momento, no existía una fecha concreta para efectuar los traslados.

La orden judicial que limita las expulsiones

Reyes impuso dos obligaciones a la Administración. El Gobierno deberá comunicar al tribunal cualquier plan definitivo de deportación con 24 horas de antelación y avisar por escrito con un mínimo de cinco días antes de ejecutar el traslado de las personas afectadas.

La jueza advirtió de que iniciaría procedimientos por desacato contra quienes incumplieran esas condiciones.

El Departamento de Justicia ha cuestionado el alcance de las restricciones, al considerar que la amenaza de sanciones convierte las exigencias judiciales en un obstáculo efectivo para llevar adelante las deportaciones.

La controversia no se limita a las competencias migratorias del Ejecutivo. También afecta a las garantías legales que deben proteger a quienes podrían sufrir persecución, torturas o amenazas graves si son devueltos a su país de origen.

Al menos 12 iraníes, ante una posible deportación inmediata

El Iranian American Legal Defense Fund, organización que defiende los derechos de ciudadanos iraníes en Estados Unidos y que ha impulsado el litigio, denunció que al menos 12 personas detenidas habían recibido comunicaciones sobre su próxima expulsión.

Algunos afectados habrían sido informados de que el traslado podría producirse el domingo 8 de noviembre, aunque no existe confirmación pública de que se haya fijado definitivamente el vuelo.

La entidad sostiene que los detenidos fueron contactados por representantes consulares iraníes y, en determinados casos, por funcionarios estadounidenses. También denuncia que las autoridades migratorias no les habían entregado notificaciones escritas con los detalles de la operación.

La situación ha tenido consecuencias personales graves. Según Yasmine Chubin, directora ejecutiva de la organización, uno de los detenidos intentó suicidarse después de conocer que podía ser enviado de vuelta a Irán.

Posteriormente fue trasladado, junto con otro inmigrante, a un centro de detención utilizado con frecuencia antes de ejecutar expulsiones.

Estas circunstancias han intensificado las peticiones para detener los traslados hasta que se examinen las condiciones individuales de los afectados y los riesgos a los que podrían enfrentarse.

La denuncia por compartir información confidencial con Irán

El procedimiento judicial tiene otro elemento especialmente sensible: la posible entrega de datos personales de solicitantes de asilo iraníes a las autoridades del país del que algunos intentaban obtener protección.

La demanda sostiene que organismos migratorios estadounidenses facilitaron información confidencial a representantes del régimen iraní, una actuación que, de confirmarse en las condiciones denunciadas, podría vulnerar las normas federales que protegen los expedientes de asilo.

El riesgo es evidente. Una persona que solicita protección internacional por motivos políticos, religiosos o de otra naturaleza puede quedar expuesta si las autoridades de su país reciben información sobre su petición y las razones que la sustentan.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha negado que comparta expedientes de solicitudes de asilo con el Gobierno iraní.

La jueza ha reconocido que podría haberse producido alguna comunicación de información protegida, aunque también ha mostrado reservas sobre la existencia de una política coordinada y sistemática en los términos denunciados por la organización demandante.

Por tanto, conviene distinguir dos aspectos: los contactos entre funcionarios estadounidenses e iraníes para preparar deportaciones están documentados; la supuesta entrega irregular de expedientes confidenciales continúa siendo una cuestión controvertida dentro del procedimiento.

Más de 100 iraníes fueron deportados antes de estas conversaciones

Las negociaciones reveladas no constituyen el primer episodio de cooperación migratoria entre ambos gobiernos durante el segundo mandato de Trump.

Correos electrónicos intercambiados entre funcionarios estadounidenses documentan la organización de tres vuelos de deportación, realizados en septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, que trasladaron a más de 100 ciudadanos iraníes a su país de origen.

Aquellos precedentes resultan relevantes porque las deportaciones directas a Irán habían sido históricamente poco frecuentes. La ausencia de relaciones diplomáticas y las dificultades para garantizar la seguridad de los retornados complicaban este tipo de operaciones.

La Administración Trump ha intensificado las expulsiones hacia países con los que Washington mantiene relaciones difíciles, recurriendo también a destinos alternativos cuando resulta complicado organizar una devolución directa.

Durante su segundo mandato, países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han recibido inmigrantes expulsados desde Estados Unidos que no necesariamente eran ciudadanos de esos territorios.

En junio de 2026, una mujer iraní figuró entre aproximadamente dos docenas de inmigrantes trasladados por Estados Unidos a la República Centroafricana.

El recurso a terceros países permite superar algunos obstáculos diplomáticos y logísticos, pero también plantea dudas sobre las garantías de protección y el destino definitivo de las personas expulsadas.

La guerra con Irán agrava el riesgo de las deportaciones

El caso refleja hasta qué punto la política migratoria estadounidense puede entrar en conflicto con sus propias decisiones de seguridad nacional.

El Gobierno de Trump mantiene una estrategia de endurecimiento de las expulsiones, incluso hacia países considerados hostiles. Sin embargo, la existencia de una orden administrativa de deportación no elimina las obligaciones legales de protección frente a determinados riesgos de persecución o daños graves.

En Irán, esos riesgos son particularmente sensibles para opositores políticos, manifestantes y minorías religiosas, además de otras personas perseguidas por las autoridades. La guerra añade una amenaza adicional para quienes sean trasladados al territorio iraní.

También introduce una paradoja diplomática difícil de ignorar: dos gobiernos enfrentados militarmente pueden seguir colaborando en cuestiones administrativas cuando sus intereses coinciden, incluso si esa cooperación tiene consecuencias potencialmente graves para personas vulnerables.

A fecha del 7 de noviembre de 2026, los documentos conocidos confirman las negociaciones y los preparativos de nuevas expulsiones, pero no acreditan que se haya ejecutado el vuelo anunciado para el día 8.

La decisión sobre esos posibles traslados se sitúa bajo vigilancia judicial. Más allá del pulso entre la Casa Blanca y los tribunales, lo que está en juego es si Estados Unidos puede devolver a ciudadanos iraníes a un país contra el que mantiene operaciones militares sin comprometer las garantías legales que su legislación reconoce a las personas bajo su custodia.