España tiene 34.000 km de carreteras que precisan reparación urgente

Las carreteras españolas arrastran un deterioro que exige inversiones millonarias y actuaciones inmediatas. Cerca de 34.000 kilómetros necesitan reparaciones urgentes, mientras que el 52% de la red evaluada presenta daños graves o muy graves. La última auditoría de la Asociación Española de la Carretera (AEC) revela una situación preocupante: el número de kilómetros con desperfectos muy graves se ha multiplicado por más de dos en apenas tres años.

El problema también tiene una dimensión económica considerable. La patronal de la construcción Seopan estima que España necesita invertir 58.369 millones de euros durante la próxima década para recuperar y mantener sus carreteras en condiciones adecuadas. Esta cantidad incluye tanto la conservación prevista para los próximos años como las inversiones necesarias para corregir deficiencias acumuladas. No debe confundirse, por tanto, con el déficit de reparación ya existente, que la AEC cifra en 13.491 millones de euros.

Los datos reflejan las consecuencias de años de inversión insuficiente, agravadas por el envejecimiento de las infraestructuras, el tráfico y el encarecimiento de los materiales. El resultado se aprecia en pavimentos agrietados, baches, deformaciones y tramos que necesitan intervenciones mucho más profundas que una reparación superficial. Y no es únicamente una cuestión de comodidad: la seguridad vial y los costes del transporte también están en juego.

Más de la mitad de las carreteras presenta daños importantes

El informe de la AEC, presentado en julio de 2025 a partir de inspecciones realizadas durante 2024, identifica 33.966 kilómetros con desperfectos muy graves que requieren actuaciones en un plazo inferior a un año. Son tramos donde el pavimento presenta alteraciones estructurales o superficiales que pueden comprometer su funcionamiento y exigir trabajos de reconstrucción.

A ellos se suman otros 20.407 kilómetros con daños graves, cuya reparación debería efectuarse en un máximo de cuatro años. En conjunto, 54.373 kilómetros necesitan intervenciones, lo que equivale aproximadamente al 53,5% de los 101.700 kilómetros de carreteras estatales, autonómicas y forales representados en el estudio.

La evolución resulta especialmente significativa. En 2022 se contabilizaban unos 13.000 kilómetros con deterioros muy graves. Tres años después, la estimación se aproximaba a los 34.000. La asociación calcula que el estado de conservación de la red empeoró a un ritmo aproximado del 8% anual durante ese periodo.

Conviene precisar el alcance de estos resultados. La auditoría utilizó sistemas digitales de captación de imágenes y análisis mediante inteligencia artificial sobre una muestra de 4.000 kilómetros, cuyos resultados se extrapolaron a la red estudiada. No se trata de una inspección individual de todas las carreteras españolas ni de un inventario actualizado en tiempo real a noviembre de 2026.

El deterioro tampoco se limita a los baches visibles. Los técnicos identifican grietas longitudinales y transversales, pérdida de material superficial y la denominada piel de cocodrilo, un conjunto de fisuras entrelazadas que puede indicar fatiga del pavimento. Cuando estos daños avanzan, las actuaciones habituales de conservación pueden resultar insuficientes.

España necesita 58.369 millones para conservar sus carreteras

El coste de recuperar la red viaria supera ampliamente el presupuesto de una campaña de asfaltado. Según las estimaciones presentadas por Seopan en abril de 2026, España necesitaría 58.369 millones de euros durante los próximos diez años para alcanzar niveles adecuados de conservación.

La patronal divide esa previsión en dos grandes partidas. La primera, de 43.700 millones de euros, corresponde a las inversiones necesarias para mantener las carreteras dentro de los estándares técnicos exigibles. La segunda, de 14.670 millones, permitiría abordar la denominada puesta a cero de las redes viarias, es decir, corregir las deficiencias existentes para recuperar unas condiciones adecuadas de mantenimiento.

Son necesidades de inversión a futuro, no una deuda pendiente de 58.369 millones. La diferencia importa. La AEC, que utiliza su propia metodología y un ámbito de evaluación específico, calcula un déficit acumulado de conservación de 13.491 millones de euros, un 42,7% superior al estimado en 2022.

De esa cantidad, 4.721 millones corresponderían a las carreteras gestionadas por el Estado y otros 8.770 millones a las redes autonómicas y forales. El incremento responde tanto al empeoramiento de las infraestructuras como al encarecimiento de las materias primas, la energía y los trabajos de reparación.

El problema de aplazar estas inversiones es conocido por los responsables de mantenimiento: una intervención preventiva suele ser menos costosa que reconstruir un firme deteriorado. Cuanto más se retrasa una reparación, mayor puede ser su coste final, especialmente cuando los daños superficiales terminan afectando a las capas estructurales de la carretera.

Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, entre las más afectadas

El deterioro no se distribuye de manera uniforme por el territorio. El análisis regional de la AEC sitúa a Aragón como la comunidad con una mayor proporción de carreteras en mal estado, con un 68% de su red evaluada afectada por desperfectos graves o muy graves.

Castilla-La Mancha y Galicia también presentan cifras elevadas, con un 59% de sus respectivas redes en esa situación. En el extremo menos desfavorable aparece la Comunidad Valenciana, con un porcentaje aproximado del 32%, según la comparación territorial incluida en la auditoría.

Cuando se consideran exclusivamente los tramos que necesitan intervenciones urgentes, Aragón vuelve a destacar. La Rioja registra un 41% de su red con deterioros muy graves, seguida de Castilla-La Mancha, con un 40%; Castilla y León, con un 39%, y Galicia, con un 38%.

Estas diferencias pueden responder a múltiples factores, entre ellos la antigüedad de las infraestructuras, las condiciones meteorológicas, la intensidad del tráfico pesado y las inversiones de mantenimiento realizadas a lo largo del tiempo. Los porcentajes de la auditoría describen el estado de los firmes, pero no permiten atribuir por sí solos el deterioro a una única causa.

La situación tiene especial relevancia en las carreteras convencionales y las conexiones entre pequeños municipios. Allí donde existen pocas alternativas de transporte, una vía deteriorada afecta directamente a la movilidad cotidiana, al acceso a servicios y al transporte de mercancías.

El deterioro aumenta los riesgos y el gasto en combustible

Circular por una carretera en mal estado puede tener consecuencias que van más allá de las molestias provocadas por los baches. Las irregularidades del pavimento, la pérdida de adherencia o las deficiencias de drenaje pueden dificultar el control del vehículo, especialmente cuando coinciden con lluvia, tráfico intenso o maniobras de emergencia.

La conservación también comprende elementos que a menudo pasan inadvertidos: señalización horizontal y vertical, barreras de protección, cunetas, márgenes y sistemas de evacuación de agua. Su estado influye en la seguridad de la circulación.

Desde el punto de vista económico, la AEC estima que un pavimento deteriorado puede incrementar hasta un 12% el consumo de combustible en determinadas condiciones. La asociación calculó que el mal estado de las vías podía generar un sobrecoste superior a 270 millones de euros durante julio y agosto de 2025, tomando como referencia las previsiones de desplazamientos de largo recorrido.

Se trata de estimaciones técnicas, no de un gasto idéntico para todos los conductores. El efecto depende del vehículo, la velocidad, el tipo de carretera y la gravedad de los desperfectos.

También existe una repercusión para el transporte profesional. La necesidad de reducir la velocidad en determinados tramos aumenta los tiempos de recorrido y puede elevar los costes de distribución. Para las empresas de mercancías, una carretera deteriorada supone un problema operativo que termina afectando a su actividad.

El Gobierno anuncia obras, pero el sector reclama más inversión

El Ministerio de Transportes presentó en abril de 2026 un plan extraordinario de mejora del firme de más de 5.000 kilómetros pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado. La inversión anunciada asciende a 1.629 millones de euros y su primera fase está prevista para el periodo comprendido entre 2027 y 2031, con licitaciones que comenzarían en 2026.

El objetivo es identificar los tramos con mayores necesidades y priorizar su reparación. El plan se añade a los programas ordinarios de conservación y pretende reforzar el mantenimiento preventivo.

Durante su presentación, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que la red estatal acumulaba un déficit de inversión de aproximadamente 5.600 millones de euros. También situó la inversión ordinaria anual en conservación alrededor de los 1.800 millones, más del doble de la registrada en 2017, según los datos expuestos por su departamento.

Las organizaciones del sector consideran, sin embargo, que el esfuerzo debe extenderse al conjunto de las administraciones. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) calcula que España debería destinar al menos 5.000 millones anuales a conservar las carreteras estatales, autonómicas, provinciales e insulares.

El reparto de responsabilidades es importante. El Gobierno central gestiona una parte de la red, mientras que las comunidades autónomas, diputaciones y cabildos mantienen miles de kilómetros adicionales. Por eso, una inversión estatal, aunque sea elevada, no resuelve por sí sola las necesidades del conjunto de las carreteras españolas.

El debate sobre los peajes y la financiación del mantenimiento

La financiación constituye uno de los principales puntos de discusión. Seopan propone aumentar la inversión pública, impulsar la colaboración con empresas privadas y estudiar mecanismos de pago por uso para garantizar ingresos destinados a la conservación.

La patronal calcula que un sistema de tarificación por distancia, con un coste medio estimado de 111 euros anuales por usuario, podría generar hasta 43.260 millones de euros durante una década. Es una propuesta del sector, no una medida aprobada con carácter general. El Gobierno central manifestó en marzo de 2025 su rechazo a implantar nuevos peajes en la red estatal.

La AEC también reclama un sistema estable de financiación que permita planificar las reparaciones a largo plazo. La idea de fondo es sencilla: el mantenimiento necesita continuidad presupuestaria, porque las carreteras se deterioran todos los años, independientemente del calendario político.

La reparación urgente ya no puede depender de nuevos aplazamientos

España dispone de una extensa red de carreteras que sostiene buena parte de los desplazamientos diarios y del transporte de mercancías. Mantenerla exige intervenciones periódicas y una planificación que distinga entre los trabajos preventivos y las reconstrucciones que ya no admiten demasiada espera.

Los datos disponibles muestran dos necesidades diferentes pero relacionadas: actuar sobre los cerca de 34.000 kilómetros identificados como urgentes en la última auditoría y garantizar inversiones suficientes para evitar que el resto de la red siga deteriorándose.

Las estimaciones de Seopan, las advertencias de la AEC y los planes anunciados por Transportes coinciden en reconocer un problema de conservación, aunque difieren en su dimensión económica y en las soluciones propuestas.

La cuestión decisiva será comprobar cuántos kilómetros se reparan efectivamente, en qué plazos y con qué financiación. Porque el deterioro no se detiene mientras se discuten los presupuestos. Y una carretera que necesita mantenimiento puede terminar requiriendo una reconstrucción mucho más cara.