El Tribunal de Cuentas inicia trámites para recuperar dinero de Adif

El Tribunal de Cuentas ha iniciado una instrucción para intentar recuperar dinero público que pudiera haberse perdido mediante adjudicaciones presuntamente amañadas en Adif, el organismo estatal encargado de gestionar las infraestructuras ferroviarias españolas. El procedimiento busca determinar si determinadas licitaciones fueron manipuladas, calcular el posible perjuicio económico e identificar a quienes deberían responder por él.

La decisión supone un nuevo paso en las investigaciones sobre la contratación pública ferroviaria. La presidenta de la Sección de Enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha impulsado las actuaciones después de que la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas se pronunciara a favor de investigar las posibles responsabilidades contables.

El origen del procedimiento está en una fiscalización aprobada en diciembre de 2025 que detectó alteraciones de puntuaciones en concursos públicos, deficiencias en los controles internos y una gestión insuficiente de las denuncias presentadas por trabajadores. Algunas de las adjudicaciones examinadas estaban financiadas con fondos europeos.

La investigación se encuentra todavía en una fase inicial. No se ha establecido cuánto dinero habría perdido el Estado ni quién tendría que devolverlo. Tampoco existe una declaración definitiva de que los contratos investigados fueran fraudulentos. Lo que sí hay es un conjunto de irregularidades documentadas que han llevado al Tribunal de Cuentas a activar sus mecanismos para exigir, si procede, el reintegro de fondos públicos.

Las denuncias internas que pusieron bajo sospecha a Adif

Las primeras señales de alarma se remontan a 2022, cuando llegaron a los canales internos de Adif y de la empresa pública de ingeniería Ineco dos denuncias relacionadas con supuestas manipulaciones de las valoraciones técnicas utilizadas para adjudicar contratos ferroviarios.

Una de ellas señalaba que un empleado de Adif habría ordenado a dos técnicos de Ineco modificar las puntuaciones de distintas ofertas. La petición se habría justificado mediante instrucciones procedentes de un superior jerárquico.

Aquellas valoraciones eran determinantes para seleccionar a las empresas adjudicatarias. En un concurso público, la puntuación técnica se combina con los criterios económicos para establecer qué oferta resulta ganadora. Modificar las notas sin una justificación objetiva puede alterar el resultado, incluso cuando las propuestas de las empresas permanecen exactamente iguales.

El informe del Tribunal de Cuentas identificó un problema especialmente significativo: en cuatro de los seis expedientes afectados por las denuncias, las modificaciones alteraron la clasificación final y la elección del adjudicatario.

Adif investigó internamente las denuncias y concluyó que no había encontrado irregularidades que vulnerasen la normativa aplicable. Sin embargo, la institución fiscalizadora cuestionó la profundidad de aquellas comprobaciones y consideró que no se habían investigado con el rigor exigible.

No se trataba únicamente de comprobar si alguien había cambiado una nota. Había que determinar quién había ordenado hacerlo, con qué justificación y si esas decisiones habían perjudicado a la competencia entre constructoras.

Un contrato de más de 20 millones que cambió de ganador

Uno de los ejemplos recogidos en la fiscalización corresponde a un contrato adjudicado en 2022 por más de 20 millones de euros.

La documentación examinada muestra que la propuesta inicialmente mejor clasificada terminó descendiendo hasta la tercera posición en la valoración global. Su puntuación técnica permaneció intacta, mientras que las de otras empresas fueron incrementadas.

El Tribunal de Cuentas constató aumentos de entre 1,28 y 2,25 puntos en distintas ofertas. Aunque parecen diferencias pequeñas, resultaron suficientes para modificar el orden final de los licitadores.

Los auditores también cuestionaron que determinadas mejoras de puntuación se justificaran mediante expresiones genéricas, sin explicar adecuadamente las razones técnicas del cambio.

La situación resulta especialmente delicada porque las administraciones pueden disponer de cierto margen para valorar aspectos técnicos de una oferta, pero esa discrecionalidad no permite modificar puntuaciones de manera arbitraria.

Dos contratos por 85 millones y la conexión con el caso Koldo

Las sospechas sobre las adjudicaciones alcanzan a Obras Públicas y Regadíos (OPR), constructora que también aparece vinculada a las investigaciones judiciales sobre la presunta trama de corrupción relacionada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

Entre los contratos señalados figuran al menos dos adjudicaciones financiadas con fondos europeos por un importe conjunto aproximado de 85 millones de euros.

La cifra es relevante por el volumen de recursos públicos comprometidos, pero conviene distinguir dos conceptos: el valor de los contratos examinados y el dinero que podría haberse perdido mediante una adjudicación irregular.

Los 85 millones no constituyen, por sí mismos, una cantidad defraudada ni una suma cuya devolución haya sido acordada. Para establecer un perjuicio económico será necesario analizar los expedientes, las ofertas competidoras y las consecuencias patrimoniales de las decisiones adoptadas.

La eventual responsabilidad de los dirigentes políticos o empresariales tampoco puede darse por acreditada a partir de las irregularidades administrativas detectadas.

La investigación deberá esclarecer si existieron instrucciones destinadas a beneficiar deliberadamente a determinadas constructoras y quiénes participaron en las decisiones. Una cuestión particularmente compleja cuando las valoraciones pasan por diferentes departamentos y niveles jerárquicos.

Qué puede hacer el Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero

El procedimiento iniciado tiene una finalidad distinta de la investigación penal. El Tribunal de Cuentas no busca imponer penas de prisión, sino determinar si se ha producido un daño económico a los fondos públicos y exigir su reparación a quienes resulten responsables.

La instrucción permite reunir documentación, examinar operaciones económicas, identificar posibles responsables y realizar una valoración provisional del perjuicio.

Si las actuaciones revelan indicios suficientes de responsabilidad contable, pueden adoptarse medidas para garantizar que el dinero pueda recuperarse.

Entre ellas figura el embargo preventivo de bienes, previsto legalmente cuando concurren los requisitos correspondientes y los presuntos responsables no reintegran, depositan o garantizan las cantidades exigidas provisionalmente.

Estas medidas no equivalen a una condena. Su finalidad es preservar la posibilidad de recuperar los fondos mientras se tramita el procedimiento y se determina si existe una obligación efectiva de reintegro.

El proceso también podría terminar sin reclamaciones económicas si no se acredita un perjuicio a los fondos públicos o no concurren los requisitos legales para exigir responsabilidades.

La diferencia importa. Una adjudicación con deficiencias administrativas no demuestra automáticamente que se haya malversado dinero, aunque esas irregularidades sí pueden justificar una investigación más profunda.

La Fiscalía Europea también investiga el uso de fondos ferroviarios

La actuación del Tribunal de Cuentas coincide con nuevas investigaciones sobre el destino de recursos europeos destinados a las infraestructuras ferroviarias españolas.

El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea confirmó la apertura de una segunda investigación sobre posibles irregularidades en la utilización de fondos comunitarios para renovar y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La investigación se inició después del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre cerca de Urda, en Toledo. La Fiscalía Europea ya había abierto otro procedimiento en marzo relacionado con fondos destinados al mantenimiento de un tramo de esa misma línea próximo a Adamuz, en Córdoba.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación relacionada con las pesquisas europeas.

Estos procedimientos no deben confundirse. La investigación contable sobre presuntas adjudicaciones manipuladas y las diligencias de la Fiscalía Europea pueden afectar al funcionamiento de Adif y al manejo de fondos públicos, pero no está acreditado que examinen los mismos contratos ni que respondan a idénticos hechos.

Tampoco puede establecerse una relación causal entre las irregularidades contractuales investigadas y los accidentes ferroviarios únicamente por la coincidencia de las investigaciones.

En paralelo, la Audiencia Nacional mantiene abiertas actuaciones penales sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública vinculadas al caso Koldo.

El dinero público y las responsabilidades pendientes en Adif

El nuevo procedimiento coloca nuevamente bajo examen los mecanismos de contratación de Adif y, especialmente, la manera en que el gestor ferroviario respondió a las advertencias recibidas desde dentro de la organización.

Uno de los aspectos más relevantes del informe de diciembre de 2025 es que los problemas no se limitaron a las denuncias de manipulación de puntuaciones. El Tribunal de Cuentas también identificó deficiencias en la trazabilidad de las actuaciones financiadas con fondos europeos, debilidades en la prevención de conflictos de intereses y carencias en determinados controles internos.

La fiscalización consideró adecuados, en términos generales, los sistemas de gestión del Plan de Recuperación implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad. Sin embargo, calificó de muy deficiente el control de determinados riesgos de conflicto de intereses, una valoración que adquiere especial importancia ante las sospechas de trato de favor en las licitaciones.

Adif ha defendido la legalidad de sus adjudicaciones. Su anterior presidente, Pedro Marco de la Peña, rechazó ante el Tribunal de Cuentas que se hubieran producido amaños y respaldó las actuaciones de la entidad.

La instrucción tendrá que contrastar esa posición con los documentos recopilados y las conclusiones de los auditores.

El resultado todavía está abierto. Habrá que determinar si las irregularidades ocasionaron pérdidas económicas, establecer su cuantía y concretar quiénes pueden ser considerados responsables conforme a la legislación contable.

Lo que ya no está únicamente sobre la mesa es la calidad de los controles internos de Adif. También está en juego la posibilidad de que el Estado recupere dinero público si se demuestra que determinadas decisiones en la adjudicación de obras ferroviarias perjudicaron a las arcas públicas.