La Fiscalía pide 17 años y medio por frenar un desahucio en Zaragoza

La Fiscalía solicita 17 años y medio de prisión en total para siete activistas que participaron en una movilización para impedir el desahucio de una familia en Zaragoza. Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2023, cuando integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos sociales trataron de evitar el desalojo de un padre y sus dos hijas menores de edad.

Las personas procesadas se enfrentan a acusaciones de atentado contra la autoridad y lesiones relacionadas con los enfrentamientos que se produjeron durante la intervención de la Policía Nacional. Los colectivos implicados rechazan estas imputaciones y sostienen que fueron los manifestantes quienes sufrieron la violencia policial. La petición de cárcel es conjunta, no una pena de 17 años y medio para cada acusado.

El procedimiento judicial recupera uno de los desahucios más conflictivos de Zaragoza en los últimos años. Aquella mañana, decenas de personas acudieron a la calle San Jorge para respaldar a una familia que llevaba más de dos décadas residiendo en la vivienda. La operación terminó con el desalojo ejecutado y, según denunciaron los colectivos presentes, siete manifestantes heridos durante las actuaciones policiales.

La causa plantea también un debate que trasciende el episodio concreto: dónde termina el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y cuándo una actuación destinada a impedir una resolución judicial puede constituir un delito. La respuesta penal dependerá de los hechos que puedan demostrarse y de la responsabilidad individual de cada acusado.

El desahucio de Zaragoza que terminó con cargas policiales

El origen del conflicto se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando se ejecutó el desahucio de Mariano, un vecino de Zaragoza que vivía con sus dos hijas menores en una vivienda situada en el número 7 de la calle San Jorge, en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento había sido impulsado por CaixaBank a través de Buildingcenter, su sociedad inmobiliaria. La familia llevaba más de 25 años viviendo en el inmueble y atravesaba dificultades para afrontar su situación hipotecaria.

Durante los meses anteriores, la PAH Zaragoza había organizado distintas movilizaciones para reclamar una alternativa habitacional. Su principal exigencia era conseguir un alquiler social que permitiera al padre y a sus hijas permanecer en una vivienda.

La negociación no alcanzó el resultado esperado y finalmente se mantuvo la orden de desahucio.

Desde primeras horas de la mañana, integrantes de la plataforma y personas solidarias comenzaron a concentrarse frente al edificio. Algunos activistas permanecieron en el interior del portal y en las inmediaciones de la vivienda con la intención de dificultar la ejecución del lanzamiento.

Alrededor de las siete de la mañana, más de un centenar de personas se habían reunido en la zona, según las crónicas publicadas entonces. La Policía Nacional desplegó un dispositivo para garantizar que pudiera llevarse a cabo el procedimiento judicial.

La intervención terminó con el desalojo de los manifestantes que permanecían en el acceso al inmueble. Posteriormente se produjeron nuevas cargas policiales, denunciadas por los colectivos convocantes.

El desahucio acabó ejecutándose y la familia tuvo que abandonar la vivienda.

Por qué la Fiscalía pide penas de prisión para los siete activistas

El nuevo procedimiento penal se centra en los incidentes registrados durante aquella intervención policial.

Según la información difundida por los colectivos implicados, la acusación atribuye a las siete personas procesadas presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

La petición de la Fiscalía asciende a 17 años y medio de cárcel en conjunto. Esta cifra representa la suma de las penas solicitadas para los acusados, por lo que no debe interpretarse como una condena individual ni como una sentencia definitiva.

Tampoco significa que las siete personas tengan necesariamente la misma responsabilidad penal. En un procedimiento de estas características, el tribunal debe examinar la conducta atribuida a cada procesado y determinar si existen pruebas suficientes para acreditar los delitos.

El delito de atentado contra la autoridad puede abarcar determinadas conductas violentas o de resistencia grave contra agentes que actúan en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, participar en una manifestación o expresar oposición a un desahucio no constituye por sí mismo un delito de atentado.

La distinción resulta fundamental para entender el caso. La acusación deberá acreditar las conductas concretas que considera delictivas, mientras que las defensas podrán impugnar los hechos y las pruebas presentadas.

La PAH denuncia violencia policial durante el desalojo

Los colectivos de defensa de la vivienda ofrecen una interpretación muy diferente de lo ocurrido.

La PAH Zaragoza sostiene que las personas movilizadas intentaban impedir pacíficamente el desahucio cuando los agentes comenzaron a retirarlas del portal. Según su versión, algunos manifestantes recibieron golpes y sufrieron lesiones durante la intervención policial.

Las organizaciones denunciaron entonces que siete personas resultaron heridas, una de las cuales necesitó ser trasladada a un centro hospitalario.

Estas denuncias forman parte de la versión de los manifestantes y no equivalen, por sí solas, a una determinación judicial sobre la actuación policial.

Los colectivos consideran que el procedimiento penal busca desincentivar las movilizaciones contra los desahucios. También reclaman la absolución de las personas encausadas y cuestionan la proporcionalidad de las penas solicitadas.

El conflicto presenta así dos cuestiones diferentes que deberán valorarse por separado: la posible responsabilidad de los manifestantes por los hechos que se les atribuyen y las denuncias relativas a la actuación policial.

Otro procedimiento contra 19 activistas acabó con multas de 25.000 euros

El proceso contra los siete acusados no es el único procedimiento judicial relacionado con las movilizaciones para impedir el desahucio de Mariano.

En febrero de 2026 se conoció la condena a 19 integrantes y simpatizantes de la PAH Zaragoza por las protestas desarrolladas frente a una sucursal de CaixaBank entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

Aquellas movilizaciones formaban parte de la misma campaña de apoyo a la familia, pero los hechos juzgados eran distintos. En ese procedimiento se examinaban actuaciones realizadas dentro y fuera de una oficina bancaria para presionar a la entidad y conseguir una solución habitacional.

Durante la instrucción, CaixaBank sostuvo que los manifestantes habían alterado el funcionamiento de la sucursal e intimidado a sus trabajadores. Los activistas defendieron que sus acciones tenían como finalidad abrir una negociación sobre el desahucio.

Inicialmente llegaron a plantearse peticiones de prisión que, sumadas, alcanzaban aproximadamente 60 años de cárcel, además de importantes sanciones económicas.

El procedimiento terminó con una condena por desórdenes públicos y multas que sumaban 25.000 euros, según comunicó la plataforma en febrero de 2026.

La resolución supuso un desenlace considerablemente distinto al que se había planteado al comienzo del proceso, aunque la PAH mantuvo sus críticas al considerar que las sanciones castigaban sus métodos de protesta.

Ahora, la organización afronta otro frente judicial por los incidentes del día en que finalmente se ejecutó el desahucio.

Conviene distinguir ambas causas: la de los 19 activistas se refería a las protestas desarrolladas en la entidad bancaria; la de los siete procesados se centra en los enfrentamientos ocurridos durante el lanzamiento de la vivienda.

El derecho a manifestarse y los límites de la protesta

El caso de Zaragoza vuelve a situar en primer plano la relación entre el derecho a la protesta y la intervención de las fuerzas de seguridad.

La Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Se trata de una garantía fundamental en una sociedad democrática, que también protege las manifestaciones destinadas a criticar decisiones de las administraciones públicas, entidades financieras o resoluciones judiciales.

Ese derecho, sin embargo, no ampara cualquier comportamiento que se produzca durante una movilización. La existencia de agresiones, amenazas u otras conductas penalmente relevantes debe examinarse conforme a las circunstancias y a las pruebas disponibles.

La intervención policial también está sometida a límites legales, entre ellos los principios de necesidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza.

Por eso, una protesta contra un desahucio no puede calificarse automáticamente como una actuación delictiva, del mismo modo que su finalidad social no excluye la responsabilidad por posibles hechos violentos acreditados.

La presunción de inocencia se mantiene durante todo el procedimiento. Que la Fiscalía solicite una pena de prisión no significa que los acusados hayan cometido los delitos ni anticipa la decisión del tribunal.

Será la valoración de las pruebas, las declaraciones y el resto de las actuaciones judiciales la que determine el resultado del proceso penal.

Siete acusados y una petición de cárcel que devuelve el caso a los tribunales

Más de tres años después del desahucio de Mariano y sus dos hijas, el conflicto continúa teniendo consecuencias judiciales para quienes participaron en las movilizaciones.

La familia perdió su vivienda en mayo de 2023. Las protestas previas desembocaron en un procedimiento contra 19 activistas que terminó con importantes multas. Y los incidentes del propio desalojo mantienen abierto otro proceso, con 17 años y medio de prisión solicitados para siete personas.

La PAH Zaragoza insiste en que sus actuaciones respondían a la defensa del derecho a una vivienda digna y reclama la absolución de los procesados.

La Fiscalía, por su parte, plantea responsabilidades penales por los presuntos delitos relacionados con la intervención policial.

La diferencia entre ambas posiciones deberá resolverse mediante las pruebas y las garantías del proceso penal. De momento, la cifra de 17 años y medio representa una petición de condena, no una condena impuesta. Esa distinción es esencial para comprender la situación judicial de los siete activistas.