Expulsado de España el séptimo implicado en la agresión de Oviedo

La Policía Nacional ha identificado al séptimo y último implicado en la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante las fiestas de San Mateo de Oviedo. Se trata de un ciudadano argentino con antecedentes por actos violentos que ya ha sido expulsado de España porque se encontraba en situación administrativa irregular. Con su identificación, los investigadores dan por esclarecida la participación de las personas localizadas en el ataque.

El matiz resulta importante. Según la investigación policial, este séptimo participante no pertenecía al grupo ultra al que se vincula a los otros seis investigados ni se incorporó a la agresión por una motivación ideológica conocida. La Policía sostiene que se sumó espontáneamente a la pelea. Su expulsión tampoco ha sido presentada como una condena por estos hechos: la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras estaba tramitando paralelamente su expediente por encontrarse en España de forma irregular y la medida terminó ejecutándose.

La Policía identifica al último participante en la agresión

La agresión ocurrió durante la madrugada del 11 de septiembre, en plena celebración de las fiestas de San Mateo y en las inmediaciones de la plaza de la Catedral de Oviedo. Las víctimas, Rubén Rosón y Jorge Fernández, integrantes de Asamblea Moza d’Asturies (AMA), se encontraban en una caseta festiva cuando comenzó el incidente.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a seis jóvenes relacionados con un grupo ultra del Real Oviedo. Cinco fueron detenidos y puestos posteriormente a disposición judicial, mientras que el sexto se encontraba estudiando en el extranjero. La Policía atribuyó a esos seis investigados un posible delito de odio al considerar que la agresión tuvo un componente homófobo; a cuatro de ellos les atribuyó también un delito de lesiones por su participación en los golpes.

Quedaba, sin embargo, una figura más en las imágenes examinadas por los investigadores. Ese hombre, el ahora identificado y expulsado, aparecía incorporándose a la pelea sin que los agentes hubieran podido encuadrarlo inicialmente dentro del mismo grupo.

Un ciudadano argentino con antecedentes violentos

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha indicado que el séptimo implicado es un ciudadano argentino con múltiples antecedentes por actos violentos. La investigación no ha encontrado, según la versión policial difundida, vínculos entre él y los otros jóvenes investigados.

Tampoco se le atribuye la misma motivación ideológica. Ese detalle evita meter en un mismo saco conductas que, aunque coincidan físicamente en una agresión, pueden tener un significado penal distinto. Una cosa es participar en una pelea y otra que esa conducta esté impulsada por prejuicios hacia la orientación sexual, la ideología u otras circunstancias protegidas por la legislación penal.

En este caso, la Policía mantiene que el hombre se sumó espontáneamente y que no existían indicios de una conexión previa con el grupo ultra. La información sobre su participación ha sido trasladada al juzgado de guardia de Oviedo.

Por qué ha sido expulsado de España

La expulsión tiene su origen en la situación administrativa irregular del identificado, no en una sentencia condenatoria por la agresión de San Mateo.

Mientras avanzaban las pesquisas sobre lo sucedido en Oviedo, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tenía abierto el correspondiente expediente. La medida fue finalmente ejecutada y el hombre salió de España antes de que la Policía comunicara públicamente su identificación como séptimo participante en los hechos.

La coincidencia de ambos procedimientos puede prestarse a confusión. El expediente de extranjería y la investigación penal discurren por vías distintas. La expulsión no equivale a una absolución ni a una condena dentro de la causa por la agresión; es una actuación administrativa derivada de su situación migratoria. La eventual responsabilidad por los hechos de San Mateo corresponde determinarla en el procedimiento judicial.

La investigación policial queda cerrada

Con esta identificación, la Policía Nacional considera esclarecida la participación de los siete implicados que ha podido determinar durante sus pesquisas y ha remitido la nueva información al juzgado.

Eso no significa que el procedimiento judicial haya terminado. Es una distinción sencilla, aunque a veces se pierda entre titulares: una cosa es que la Policía cierre sus diligencias de investigación y otra que la Justicia haya resuelto definitivamente las responsabilidades de cada investigado.

La paliza que marcó las fiestas de San Mateo

El caso estalló durante la primera madrugada de las fiestas. Según la investigación policial y el relato ofrecido por los agredidos, el incidente comenzó después de que varios jóvenes arrancaran elementos de una caseta relacionados con mensajes antirracistas y LGTBI.

Rosón y Fernández denunciaron haber recibido puñetazos y patadas, algunas de ellas en la cabeza, acompañadas de insultos homófobos y políticos. Ambos necesitaron asistencia sanitaria en el Hospital Universitario Central de Asturias tras la agresión. Las imágenes grabadas aquella noche se convirtieron después en una pieza importante para localizar a los participantes.

El 30 de septiembre, los dos integrantes de AMA acudieron a los juzgados de Oviedo y ratificaron su declaración. La Policía había atribuido ya a los seis primeros investigados un posible delito de odio, mientras que las defensas de algunos de ellos han discutido que existiera esa motivación y sostienen una versión diferente de los hechos. Será el procedimiento judicial, no la batalla de declaraciones, el que tenga que fijar qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde a cada persona.

No todos los implicados están en la misma situación

La identificación del séptimo participante introduce precisamente esa diferencia. Los seis investigados inicialmente fueron relacionados policialmente con un grupo ultra y con el origen de una agresión considerada homófoba. El ciudadano posteriormente identificado, en cambio, habría intervenido una vez iniciada la pelea, sin formar parte de ese grupo y sin una motivación ideológica acreditada por los investigadores.

La precisión no es menor. En un caso con una enorme carga política y social, separar lo que está acreditado de lo que todavía debe probarse resulta esencial. Ni todas las conductas son iguales ni necesariamente recibirán el mismo tratamiento penal.

El caso pasa definitivamente al terreno judicial

La pieza policial que faltaba ya tiene nombre y recorrido administrativo: el último participante localizado ha sido identificado y expulsado de España, mientras que los investigadores consideran terminadas sus pesquisas sobre quién intervino en la agresión.

Queda la parte decisiva. Los tribunales deberán establecer las responsabilidades concretas de los implicados, determinar el alcance de las lesiones y valorar la posible existencia de delitos de odio allí donde la Policía ha apreciado una motivación homófoba.

La investigación deja, por tanto, una fotografía bastante más definida que la de aquella madrugada caótica de septiembre: siete implicados identificados, cinco de los primeros seis detenidos, otro localizado en el extranjero y un séptimo participante expulsado por su situación irregular. El episodio policial se aclara. El judicial todavía tiene recorrido.