La UCO vincula a Corvillo, exchófer de Sánchez, con pagos a Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al empresario cordobés Cristian Corvillo, que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante algunos desplazamientos de las primarias socialistas de 2017, como presunto intermediario en la entrega de dinero al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Un nuevo informe incorporado al caso Koldo apunta a su participación en movimientos de fondos relacionados con la pareja del exministro y en supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.

La investigación sostiene que Corvillo habría actuado como enlace entre Víctor de Aldama y Ábalos, facilitando entregas de dinero en efectivo y participando en operaciones económicas canalizadas a través de una sociedad portuguesa. Los agentes también han identificado conversaciones en las que el empresario asegura tener contacto directo con Pedro Sánchez y habla de asuntos relacionados con el antiguo responsable de Transportes.

El informe, remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, permite reconstruir una parte de las relaciones económicas y personales que rodeaban al exministro. Los investigadores examinan si Corvillo intervino en la circulación de fondos procedentes de empresarios interesados en contratos públicos y si recibió contraprestaciones por esas gestiones.

El empresario fue detenido el 5 de noviembre de 2026, durante una operación que también afectó a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y a otras cuatro personas. Los seis arrestados quedaron posteriormente en libertad. Las pesquisas continúan abiertas y las conductas atribuidas a los investigados no constituyen hechos judicialmente probados.

Una transferencia de 65.000 euros a la pareja de Ábalos

Uno de los elementos más relevantes de la investigación es una transferencia de 65.000 euros recibida por Andrea de la Torre en 2024. El dinero procedía de Esperança Colossal, una sociedad portuguesa administrada por Jorge Pérez Marqués, relacionado también con empresas investigadas por la Guardia Civil.

Según la documentación examinada, las comunicaciones entre Corvillo y Aldama permiten sospechar que el empresario cordobés habría ejercido algún tipo de control o influencia sobre sociedades utilizadas para canalizar fondos. La transferencia figuraba formalmente como un préstamo, pero los investigadores estudian su posible relación con las necesidades económicas del exministro y con operaciones inmobiliarias realizadas por su pareja.

El 19 de abril de 2024, De la Torre adquirió un inmueble y una plaza de aparcamiento en Madrid por un importe conjunto de 125.000 euros. La operación se realizó en el barrio del Ensanche de Vallecas y parte del dinero utilizado para financiarla procedía de la sociedad portuguesa.

Los agentes relacionan esos movimientos con las dificultades de liquidez que había manifestado Ábalos y con su búsqueda de financiación para que su pareja pudiera realizar la compra. El informe destaca la proximidad temporal entre las necesidades económicas del exministro y las gestiones de Corvillo.

La Guardia Civil considera que esta sucesión de operaciones presenta indicios suficientes para investigar si el dinero tenía un origen irregular. La cuestión es determinar si se trataba de una financiación privada legítima o si el préstamo pudo servir para encubrir fondos procedentes de presuntas comisiones ilegales.

Corvillo, el intermediario entre Aldama y Ábalos

La UCO atribuye a Corvillo una función que iba más allá de mantener contactos personales con los protagonistas del caso. Los investigadores consideran que habría servido como vía de comunicación entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos, especialmente cuando las relaciones entre el comisionista, el exministro y su antiguo asesor Koldo García comenzaron a deteriorarse.

Las conversaciones intervenidas apuntan a que Corvillo mantuvo contacto con los tres incluso después de que surgieran discrepancias entre ellos. Su papel habría consistido en facilitar determinadas gestiones económicas y mantener abiertos los canales de comunicación entre personas relacionadas con la trama investigada.

En varias comunicaciones de 2023, los agentes identifican indicios de que el empresario pudo facilitar entregas de dinero en efectivo al exministro. Algunos mensajes utilizan expresiones como «fotocopias» y «bolígrafos», que los investigadores interpretan como posibles referencias encubiertas al dinero.

La Guardia Civil también ha encontrado intercambios relacionados con adjudicaciones de obra pública y gestiones ante responsables políticos. Una de las operaciones examinadas afecta a un contrato del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, adjudicado a una unión temporal de empresas integrada por Azvi y Construcciones Sierra Nevado.

Los investigadores analizan si Corvillo intervino en gestiones relacionadas con esa adjudicación y si su relación con empresarios y antiguos responsables del Ministerio de Transportes pudo favorecer intereses privados. Por el momento, la existencia de contactos no demuestra que una adjudicación fuese manipulada.

Otra vivienda bajo investigación

Las pesquisas también se extienden a las operaciones inmobiliarias vinculadas a Corvillo y Aldama. Entre las propiedades examinadas figura una vivienda situada en la calle Celia Cruz de Córdoba, donde la Guardia Civil practicó uno de los registros del pasado 5 de noviembre.

Víctor de Aldama ha reconocido públicamente que adquirió una vivienda de Corvillo después de que este le planteara una oportunidad inmobiliaria. Según su versión, la propiedad tenía un valor de mercado de unos 620.000 euros y acordó comprarla por aproximadamente 390.000 euros, permitiendo que el empresario continuara residiendo en ella mediante un contrato.

Los investigadores examinan las relaciones societarias y patrimoniales entre ambos empresarios para determinar si alguna operación pudo constituir una contraprestación por servicios de intermediación. Las afirmaciones de Aldama forman parte de su propia versión de los hechos y no acreditan por sí solas la existencia de un delito.

Los mensajes de Corvillo sobre una reunión con Pedro Sánchez

El informe incorpora otro elemento políticamente delicado: una conversación de WhatsApp entre Corvillo y Aldama fechada el 19 de abril de 2023. En ella, el empresario cordobés aseguró que tenía previsto reunirse con el presidente del Gobierno aprovechando una visita de este a Córdoba.

«Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López», escribió Corvillo, según las comunicaciones recogidas por la Guardia Civil.

Después, trasladó a Aldama una valoración positiva del supuesto encuentro. Los investigadores consideran que estos mensajes son relevantes para conocer el grado de vinculación que Corvillo afirmaba mantener con el PSOE y su capacidad de interlocución con dirigentes socialistas.

Las comunicaciones también apuntan a que durante ese encuentro se habrían tratado cuestiones relacionadas con Ábalos. Según la interpretación policial de los mensajes, la reunión se habría desarrollado sin terceras personas y durante aproximadamente 35 minutos.

Los agentes consideran que el intercambio de mensajes permite sostener que la reunión tuvo lugar. Sin embargo, su contenido no demuestra que Sánchez conociera las presuntas operaciones económicas investigadas ni que participara en ellas.

El presidente del Gobierno se desvinculó de Corvillo después de su detención. El 5 de noviembre, preguntado por los arrestados en la operación del caso Koldo, aseguró que ninguna de esas personas tenía relación con él.

Desde el PSOE y el Gobierno también se ha negado que Corvillo desempeñara formalmente funciones de chófer de Sánchez. Fuentes de la investigación, en cambio, sostienen que condujo el vehículo utilizado por el dirigente socialista en algunos desplazamientos durante las primarias de 2017.

La diferencia entre haber conducido ocasionalmente un vehículo de campaña y haber ocupado un puesto profesional como conductor resulta relevante para precisar la naturaleza de aquella relación. Corvillo, además, era militante socialista en Córdoba, aunque la dirección provincial del PSOE ha señalado que no ocupaba cargos orgánicos ni institucionales en representación del partido.

Una nueva investigación judicial con registros en Adif

El informe de la UCO está relacionado con la operación desarrollada el 5 de noviembre, cuando la Guardia Civil practicó registros en diferentes puntos de España dentro de una nueva pieza separada del caso Koldo.

Los agentes registraron la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia y otros inmuebles en Córdoba, Madrid y Sevilla. Entre los detenidos figuraban Corvillo, su hermano Rubén y Andrea de la Torre.

También se solicitaron documentos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para examinar posibles irregularidades en la contratación pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

Adif confirmó que había entregado la información requerida por los investigadores y precisó que en sus dependencias no se había practicado ningún registro, sino un requerimiento de documentación.

La investigación judicial, dirigida por Ismael Moreno y con intervención de la Fiscalía Anticorrupción, examina posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias y la organización criminal, entre otras conductas bajo sospecha.

La línea central consiste en averiguar si determinados empresarios realizaron pagos ilegales para obtener ventajas en adjudicaciones públicas y cómo pudo circular después ese dinero entre los integrantes de la presunta trama.

El nombre de Corvillo no aparece por primera vez en investigaciones relacionadas con Aldama. El empresario declaró como testigo el 3 de septiembre de 2026 ante el juez Santiago Pedraz en el caso hidrocarburos. Reconoció entonces que había mantenido reuniones con Ábalos y Koldo García por cuestiones relacionadas con el PSOE y admitió vínculos empresariales con Aldama, aunque sostuvo que esos negocios no llegaron a prosperar.

El origen del dinero y las adjudicaciones públicas, bajo examen

La implicación de Cristian Corvillo amplía el alcance de las pesquisas sobre el entorno de José Luis Ábalos. El empresario aparece en la investigación como un posible intermediario entre personas vinculadas al poder político, sociedades mercantiles y operaciones económicas sospechosas.

La transferencia de 65.000 euros a Andrea de la Torre, las comunicaciones con Víctor de Aldama y las referencias a entregas de efectivo son elementos que la Guardia Civil intenta conectar con posibles beneficios derivados de adjudicaciones públicas.

El informe también incorpora nuevos datos sobre las relaciones políticas que Corvillo afirmaba mantener, incluida su supuesta reunión privada con Pedro Sánchez. Esa circunstancia tiene relevancia política, pero no implica por sí misma responsabilidad penal del presidente.

La Audiencia Nacional deberá determinar qué operaciones tienen una justificación económica legítima, si existieron pagos vinculados a decisiones administrativas y cuál fue la intervención concreta de cada investigado.

El origen de los fondos, su destino y las posibles contraprestaciones son las cuestiones que pueden determinar el recorrido judicial de esta nueva derivada del caso Koldo. La investigación ha identificado movimientos de dinero y relaciones entre sus protagonistas; acreditar que constituyeron delitos exigirá algo más que contactos, mensajes y sospechas.