Paraguay declara terroristas al Tren de Aragua, ELN y Mara Salvatrucha

Paraguay ha declarado organizaciones terroristas internacionales a 21 grupos criminales, entre ellos el Tren de Aragua de Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador. La decisión fue adoptada el jueves 12 de noviembre de 2026 por el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, mediante el Decreto 7228, que amplía considerablemente el catálogo de organizaciones perseguidas bajo esta clasificación.

La medida también afecta a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, a las disidencias de las FARC y a distintas bandas de Ecuador y Haití. Con estas incorporaciones, Paraguay completa la designación de las 24 organizaciones delictivas transnacionales contempladas en un acuerdo de seguridad regional promovido por Estados Unidos. Tres de ellas ya habían recibido esa consideración en 2025.

El Gobierno paraguayo justifica la decisión por la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la financiación del terrorismo y el crimen organizado transnacional. La nueva clasificación abre la puerta a una cooperación más estrecha en materia financiera, migratoria y judicial, aunque la aplicación concreta de las medidas dependerá de la legislación nacional y de los mecanismos que activen las autoridades.

Paraguay incluye a 21 organizaciones en su lista de terroristas

El decreto firmado por Alliana reúne organizaciones de naturaleza muy diferente. Algunas son grandes redes dedicadas al tráfico internacional de drogas; otras, pandillas que controlan territorios mediante la extorsión y la violencia. También aparecen organizaciones guerrilleras con una larga trayectoria de enfrentamientos armados con los Estados.

Entre los nombres más destacados figura el Tren de Aragua, una organización criminal surgida en Venezuela que extendió sus actividades a distintos países sudamericanos. Sus redes han sido relacionadas con delitos como la extorsión, el tráfico de drogas, la trata de personas y los secuestros.

En Colombia, la medida alcanza al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla de origen marxista que mantiene estructuras armadas y presencia en regiones fronterizas. También incluye al Clan del Golfo, una de las principales organizaciones vinculadas al narcotráfico colombiano, y a las disidencias de las antiguas FARC, entre ellas el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

México concentra una parte importante de las nuevas designaciones. La relación incorpora al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste y al Cártel de Juárez, conocido también como La Línea.

Aparecen igualmente Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagras, organizaciones relacionadas con las disputas territoriales y las economías criminales en diferentes regiones mexicanas.

Conviene distinguir dos nombres parecidos incluidos en el decreto: el Cártel del Golfo es una organización mexicana, mientras que el Clan del Golfo opera principalmente en Colombia. Son estructuras diferentes, aunque ambas están relacionadas con el narcotráfico.

La Mara Salvatrucha, Barrio 18 y las bandas de Ecuador y Haití

En Centroamérica destacan la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, dos pandillas con orígenes en Los Ángeles que extendieron su presencia por países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Ambas han estado vinculadas a actividades de extorsión, homicidios y violencia organizada.

El decreto también incorpora cuatro organizaciones ecuatorianas: Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones. Son grupos relacionados con las disputas por el narcotráfico, los asesinatos y la violencia en las cárceles de Ecuador.

Haití figura mediante las organizaciones Gran Grif y Viv Ansanm, dos estructuras armadas vinculadas a la grave crisis de seguridad del país caribeño. Sus actividades incluyen el control territorial, los secuestros y los ataques contra la población.

La relación se completa con Sendero Luminoso, la organización insurgente peruana responsable de una prolongada campaña de violencia durante las últimas décadas del siglo XX y cuyos remanentes han mantenido vínculos con actividades criminales.

La amplitud geográfica de esta lista es relevante: Paraguay no se limita a clasificar organizaciones presentes en su territorio, sino que incorpora grupos que operan en diferentes puntos del continente.

Escudo de las Américas: el acuerdo impulsado por Trump

La decisión de Paraguay responde a los compromisos asumidos dentro de Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir las organizaciones criminales transnacionales.

El 22 de septiembre de 2026, varios países participantes suscribieron en Nueva York la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento establece un marco de colaboración contra 24 organizaciones delictivas identificadas como amenazas para la seguridad regional.

La declaración contempla la posibilidad de desarrollar acciones financieras, migratorias y judiciales coordinadas, siempre dentro de las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales de los Estados participantes.

Antes de la aprobación del decreto, la declaración fue examinada por el Consejo de Defensa Nacional de Paraguay (Codena), que manifestó su conformidad con la iniciativa.

La incorporación de estas organizaciones al listado paraguayo formaliza así una decisión que tiene una evidente dimensión internacional. No supone, por sí sola, que todos los países participantes hayan adoptado idénticas medidas ni que las organizaciones incluidas tengan automáticamente la misma consideración jurídica en cada Estado.

Qué consecuencias tiene la declaración de terrorismo

La clasificación de una organización como terrorista puede tener consecuencias importantes para sus estructuras económicas, sus integrantes y las personas que colaboren conscientemente con sus actividades delictivas.

Entre las actuaciones contempladas dentro de la cooperación regional se encuentran el congelamiento de activos financieros vinculados a estas organizaciones y el refuerzo de los mecanismos para detectar operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.

También se prevén controles migratorios y restricciones de visado, junto con una mayor colaboración entre las autoridades policiales, judiciales y los servicios de inteligencia.

Otro de los objetivos es facilitar la investigación de las personas que proporcionen recursos económicos, apoyo material o colaboración logística a las organizaciones designadas, en los supuestos previstos por la ley.

Ahora bien, existe una diferencia importante entre declarar terrorista a una organización y ejecutar medidas concretas contra ella.

El Decreto 7228 establece la designación oficial, pero no significa que se hayan congelado automáticamente todos los bienes relacionados con estos grupos ni que exista una orden general de detención contra cualquier persona presuntamente vinculada a ellos.

Las actuaciones deberán apoyarse en las normas paraguayas aplicables, entre ellas su legislación contra el terrorismo y su financiación, y respetar los procedimientos judiciales correspondientes.

La eficacia de la medida dependerá, en buena parte, de la capacidad para identificar las redes financieras y operativas de unas organizaciones que habitualmente actúan a través de distintos países.

Paraguay ya había declarado terroristas a grupos brasileños

La decisión de Alliana no constituye el primer paso de Paraguay en esta dirección.

En agosto de 2025, durante la presidencia de Santiago Peña, el país incluyó al denominado Cártel de los Soles en su clasificación de organizaciones terroristas internacionales.

Posteriormente, el 30 de octubre de ese mismo año, el Ejecutivo paraguayo otorgó esa consideración a dos importantes organizaciones criminales brasileñas: el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ambas tienen antecedentes de actividad y conexiones criminales en Paraguay. Su presencia resulta especialmente relevante por las relaciones fronterizas con Brasil y el papel que desempeñan determinadas rutas regionales en el tráfico de drogas.

Con las tres organizaciones ya designadas y las 21 incorporadas en noviembre de 2026, Paraguay completa el conjunto de 24 grupos contemplados en la declaración regional de septiembre.

La política paraguaya de designaciones terroristas tiene antecedentes anteriores. En 2019, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, el país reconoció como organizaciones terroristas a las estructuras armadas de Hamás y Hizbulá, así como a Al Qaeda y al Estado Islámico.

En abril de 2025, la administración Peña amplió otras designaciones relacionadas con organizaciones internacionales, incluida la Guardia Revolucionaria iraní.

La novedad del último decreto está en su alcance: incorpora simultáneamente a organizaciones del narcotráfico, pandillas y grupos insurgentes latinoamericanos dentro de una estrategia de seguridad compartida con otros gobiernos del continente.

Pedro Alliana estrena su presidencia con una medida de seguridad

El decreto llega apenas unos días después de la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de Paraguay.

Alliana, que hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia, asumió el poder el 6 de noviembre de 2026, tras la destitución de Santiago Peña en medio del escándalo relacionado con Ueno Bank.

La crisis se desencadenó alrededor del proceso de intervención de la entidad financiera y de sus vínculos con el anterior mandatario. El banco había recibido importantes depósitos de organismos públicos durante la gestión de Peña, incluidas entidades relacionadas con el sistema de jubilaciones.

La ampliación de la lista de organizaciones terroristas constituye una de las primeras decisiones relevantes de Alliana en materia de seguridad internacional.

No supone una ruptura con todas las políticas de su antecesor, puesto que continúa designaciones iniciadas durante el Gobierno de Peña y desarrolla compromisos regionales suscritos antes del relevo presidencial.

Su alcance, sin embargo, es considerable: incorpora a algunos de los grupos criminales más conocidos del continente y vincula formalmente su persecución a un marco de cooperación internacional.

El desafío de perseguir las redes criminales más allá de las fronteras

El principal reto para Paraguay será trasladar esta nueva clasificación a actuaciones concretas contra las organizaciones identificadas.

El narcotráfico, el blanqueo de capitales y las redes de extorsión no se ajustan a las fronteras administrativas. Sus estructuras pueden operar en un país, mover fondos a través de otro y mantener conexiones con organizaciones situadas a miles de kilómetros.

Por eso, las medidas previstas en Escudo de las Américas prestan especial atención a los mecanismos de cooperación financiera, policial y judicial.

La inclusión de 21 organizaciones en el listado representa una ampliación importante de la política paraguaya contra el crimen organizado. Pero la designación, por sí misma, no acredita la presencia de todas ellas en Paraguay ni permite medir el impacto que tendrá sobre sus actividades.

El resultado dependerá de las investigaciones, los controles financieros y la cooperación efectiva entre países. Ese será el terreno en el que se compruebe si la nueva clasificación se traduce en una mayor capacidad para combatir las redes criminales transnacionales.