Colombia: 77 familias denuncian graves amenazas por la reforma agraria

Unas 77 familias campesinas de Colombia denuncian amenazas e intimidaciones para que abandonen las tierras que recibieron del Estado hace apenas seis meses. Los afectados viven en la finca La Alquería, un terreno de 466 hectáreas situado en Valledupar, en el departamento del Cesar, donde aseguran que las presiones se han intensificado hasta poner en peligro su seguridad y sus medios de subsistencia.

Las familias recibieron el predio en mayo de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, como parte de la reforma agraria vinculada al acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, lo que debía representar una oportunidad para trabajar la tierra y reconstruir sus vidas se ha convertido en una disputa marcada por amenazas contra dirigentes campesinos, daños en los cultivos y advertencias sobre una posible devolución de la finca a sus antiguos ocupantes.

Las organizaciones agrarias reclaman protección institucional y garantías jurídicas para conservar las tierras. El conflicto se produce bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, crítico con el acuerdo de paz y con la política agraria de su antecesor, en un momento de incertidumbre sobre la continuidad de algunos procesos de redistribución de terrenos rurales.

Amenazas de muerte y presiones para abandonar La Alquería

Las denuncias incluyen episodios de intimidación especialmente graves. Salvador Lara Hernández, representante de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, ha explicado que uno de los dirigentes de la organización recibió una amenaza mediante el envío de bolsas mortuorias al domicilio de sus hijas.

El episodio ha aumentado la preocupación entre los habitantes de La Alquería, que temen que las advertencias puedan desembocar en agresiones. Los afectados sostienen que las presiones contra las familias campesinas no se limitan a los representantes de las asociaciones, sino que también condicionan la actividad diaria de quienes trabajan las parcelas.

Mayelis Mendoza, responsable de fiscalización de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, denuncia que personas identificadas por los campesinos como trabajadores de los antiguos ocupantes les han advertido de que no deben seguir sembrando porque tendrán que devolver la propiedad.

Según su testimonio, estas personas aseguran que el terreno continúa perteneciendo a Hugues Rodríguez, antiguo ocupante de la finca y figura vinculada al paramilitarismo colombiano.

Por el momento, los testimonios publicados no permiten determinar judicialmente quién ha ordenado las amenazas ni acreditar la responsabilidad de las personas señaladas. Las organizaciones reclaman que las autoridades investiguen los hechos y eviten que la intimidación termine provocando la salida de las familias.

El ganado entra en las parcelas y destruye parte de las cosechas

Las presiones también tienen consecuencias económicas. Mendoza asegura que se han producido cortes en los alambrados que delimitan las parcelas agrícolas, lo que facilita la entrada de ganado y ocasiona daños en los cultivos.

Entre los productos afectados figuran el maíz, la yuca, la sandía, la caña de azúcar y el plátano, alimentos que forman parte de la actividad productiva de las familias asentadas en La Alquería.

Fabián Carrillo, director ejecutivo de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, explica que también han recibido mensajes para que dejen de invertir dinero y esfuerzo en los terrenos. Según las advertencias denunciadas, podrían perder sus cosechas si la finca regresara a manos de sus anteriores propietarios.

La situación tiene una consecuencia inmediata: las familias continúan cultivando, pero afrontan el riesgo de perder su producción y las inversiones realizadas desde que recibieron las tierras.

Una finca de 466 hectáreas recuperada del paramilitarismo

La historia de La Alquería está estrechamente relacionada con el conflicto armado colombiano y la concentración de la propiedad rural.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó el inmueble en mayo de 2026, después de un procedimiento sobre terrenos que habían permanecido vinculados a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como el Comandante Barbie.

Rodríguez fue condenado en Colombia por promover estructuras paramilitares y también estuvo detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La finca había quedado bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, aunque, según la ANT, continuaba siendo explotada por familiares del antiguo ocupante.

El 22 de mayo de 2026, la agencia anunció oficialmente la entrega de las 466 hectáreas a 64 familias campesinas del corregimiento de Aguas Blancas. La cifra corresponde a los beneficiarios recogidos en aquella comunicación institucional; los testimonios publicados en noviembre sitúan en unas 77 las familias que habitan actualmente el predio.

La recuperación culminaba más de una década de reclamaciones campesinas para acceder a tierras de cultivo en una región marcada por la violencia y los desplazamientos.

Las asociaciones beneficiarias esperaban desarrollar proyectos agrícolas capaces de generar ingresos estables, mejorar el abastecimiento alimentario y facilitar el arraigo de las comunidades rurales.

El senador Iván Cepeda denuncia presiones sobre las familias

El conflicto también ha llegado al debate político colombiano.

El senador Iván Cepeda visitó La Alquería y trasladó las denuncias de los campesinos al ámbito parlamentario. El pasado 27 de octubre, durante una sesión de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, advirtió de las presiones que estaban sufriendo los beneficiarios de la entrega de tierras.

Cepeda relacionó los antecedentes del inmueble con Hugues Rodríguez y reclamó medidas para garantizar la permanencia de las familias en la finca.

El parlamentario también ha acusado al entorno de Rodríguez y ha señalado una presunta complicidad del Gobierno de De la Espriella. Se trata de acusaciones políticas que no equivalen a responsabilidades judicialmente acreditadas.

El problema va más allá de determinar quién está detrás de las intimidaciones. Para los campesinos, la falta de protección efectiva puede terminar vaciando de contenido una decisión administrativa que les reconoció el acceso a las tierras.

La reforma agraria colombiana, bajo presión tras el cambio de Gobierno

La entrega de La Alquería formó parte de la política de redistribución de tierras desarrollada durante la presidencia de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026.

El programa buscaba mejorar el acceso de las comunidades campesinas a la propiedad rural y avanzar en los compromisos establecidos en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los objetivos de aquel acuerdo era abordar la desigualdad histórica en la distribución de la tierra, un problema que contribuyó a alimentar décadas de conflicto armado.

Según los balances de la Agencia Nacional de Tierras, más de medio millón de personas, entre familias campesinas y víctimas de la violencia, se han beneficiado de las actuaciones de acceso y redistribución de terrenos.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia ha modificado las prioridades políticas. Su Gobierno ha relegado la reforma agraria a un segundo plano y ha cuestionado determinados aspectos de la gestión anterior.

El Ministerio de Agricultura anunció el 11 de noviembre una revisión de 100 predios de la ANT por presuntas irregularidades, con un valor conjunto superior a 110.000 millones de pesos colombianos. La comunicación oficial no identifica La Alquería entre esos terrenos, por lo que no cabe establecer una relación directa entre aquella investigación y las amenazas denunciadas en Valledupar.

El Ejecutivo también ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las adjudicaciones y garantizar que los títulos de propiedad estén correctamente inscritos.

La cuestión es especialmente delicada para quienes ya ocupan tierras entregadas por el Estado, pero todavía esperan completar su proceso de titulación.

Las familias reclaman seguridad y títulos definitivos

Los representantes de La Alquería piden dos medidas fundamentales: protección frente a las amenazas y avances en la titulación definitiva de las parcelas.

La entrega material de un terreno permite a sus beneficiarios ocuparlo y desarrollar actividades productivas, pero no debe confundirse necesariamente con la culminación de todos los procedimientos administrativos necesarios para consolidar la propiedad.

Esa distinción resulta esencial en este caso. Los campesinos temen que las presiones de antiguos ocupantes, combinadas con la incertidumbre jurídica, terminen poniendo en peligro la continuidad de sus explotaciones agrícolas.

Las asociaciones también reclaman que el Gobierno mantenga los compromisos relacionados con la reforma rural y que las autoridades competentes investiguen las intimidaciones denunciadas.

De momento, las familias permanecen en La Alquería y siguen trabajando sus cultivos. No existe información pública suficiente que permita confirmar que se haya ordenado legalmente su desalojo o la devolución de la finca a sus anteriores ocupantes.

La permanencia en La Alquería, una prueba para las autoridades

El caso de estas 77 familias refleja uno de los principales desafíos de la política agraria colombiana: entregar tierras no garantiza por sí solo que sus nuevos ocupantes puedan conservarlas y trabajarlas en condiciones de seguridad.

La recuperación de una finca vinculada al paramilitarismo constituyó un avance para las comunidades que llevaban años reclamando acceso a la propiedad rural. Seis meses después, ese avance se enfrenta a denuncias de intimidación que requieren respuestas concretas.

La prioridad inmediata es esclarecer las amenazas, proteger a los habitantes y resolver las cuestiones pendientes sobre la titularidad del terreno.

Porque, para los campesinos de Valledupar, la reforma agraria no se decide únicamente en los despachos de Bogotá. También depende de algo bastante más elemental: poder sembrar, recoger una cosecha y permanecer en las tierras que el propio Estado les entregó.