Feijóo reconoce que Gamarra sabía de reuniones con la defensa de Koldo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este viernes, 13 de noviembre de 2026, que Cuca Gamarra conocía los contactos mantenidos por el abogado del PP con representantes legales vinculados a Koldo García. La admisión llega después de varios días de versiones contradictorias dentro de la formación sobre unas reuniones relacionadas con las acusaciones del antiguo asesor de José Luis Ábalos.

Durante una entrevista con el creador de contenido Jordi Wild en The Wild Project, Feijóo ha explicado que Gamarra, responsable de los asuntos judiciales del partido, estaba al corriente de que el letrado popular Alberto Durán mantenía conversaciones con abogados de distintas partes implicadas en procedimientos judiciales. Entre ellos, los representantes de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama.

El líder de la oposición ha tratado de presentar esos contactos como una práctica habitual entre profesionales del derecho y ha asegurado desconocer el contenido concreto de las conversaciones. Al mismo tiempo, ha rechazado categóricamente la acusación de Koldo García de que el PP le ofreció un millón de euros a cambio de declaraciones que perjudicaran al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno.

La controversia adquiere una nueva dimensión porque el reconocimiento de Feijóo sitúa el conocimiento de esos contactos dentro de la dirección del partido. No demuestra que se produjera una oferta económica ni que existiera un acuerdo irregular, pero obliga a distinguir entre las relaciones profesionales reconocidas y las acusaciones sobre su verdadero propósito.

Feijóo reconoce que Gamarra conocía los contactos del abogado del PP

En su conversación con Jordi Wild, el candidato popular ha confirmado que el abogado del partido mantenía contactos con otros letrados relacionados con las causas judiciales en las que el PP ejerce la acusación popular.

Feijóo ha señalado a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, como la dirigente encargada de las cuestiones judiciales dentro de la organización. Según ha explicado, ella tenía conocimiento de las conversaciones que Alberto Durán mantenía con abogados de diferentes partes.

El presidente del PP ha insistido en que esas relaciones forman parte de la actividad habitual de los profesionales jurídicos y ha afirmado que él no conoce los detalles de las estrategias ni de las conversaciones mantenidas.

Su argumento establece una separación entre el conocimiento de los contactos y la eventual responsabilidad sobre lo que pudiera haberse tratado durante ellos.

Esa diferencia es importante. Que un abogado de una acusación popular hable con las defensas de personas investigadas no constituye por sí mismo una irregularidad. La controversia aparece cuando uno de los participantes sostiene que esas conversaciones incluyeron ofrecimientos económicos a cambio de declaraciones destinadas a perjudicar a terceros.

Los contactos también alcanzaron al entorno de Víctor de Aldama

Las explicaciones de Feijóo no se han limitado a Koldo García. El dirigente popular también ha mencionado los contactos con abogados de Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso de las mascarillas y otras derivadas de la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación pública.

La referencia amplía el alcance de las relaciones profesionales reconocidas por el presidente del PP, aunque no permite determinar qué asuntos se abordaron en cada conversación ni establecer que todos los participantes intervinieran en las mismas reuniones.

Tampoco acredita que Gamarra conociera el contenido de esos intercambios. Feijóo ha reconocido su conocimiento general de los contactos, no una participación directa de la dirigente en una supuesta negociación económica.

El PP pasó de negar las reuniones a reconocer su existencia

La nueva declaración del presidente popular se produce después de una secuencia de explicaciones que ha dejado al descubierto contradicciones públicas entre dirigentes del PP.

El 5 de noviembre, cuando trascendieron las acusaciones formuladas por Koldo García, la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, negó que se hubiera producido una reunión como la descrita por el antiguo asesor ministerial.

Su respuesta fue tajante y no se limitó inicialmente a rechazar el supuesto ofrecimiento económico. Negó también la existencia del encuentro.

Sin embargo, el 9 de noviembre, Cuca Gamarra reconoció que había existido una reunión y aseguró que el partido ya había ofrecido las explicaciones pertinentes. La dirigente insistió en que las acusaciones relativas al dinero eran falsas y defendió la actuación judicial de su formación.

Para sostener esa posición recordó que el PP había solicitado 30 años de prisión para Koldo García, una petición superior a la formulada por la Fiscalía en el procedimiento al que se refería.

Dos días después, el 11 de noviembre, Gamarra volvió a utilizar ese argumento cuando fue preguntada por los contactos, pero evitó precisar nuevos detalles sobre las reuniones.

La entrevista de Feijóo del día 13 añade otro elemento: no solamente admite relaciones entre los abogados, sino que reconoce que la responsable de los asuntos judiciales del partido sabía de esos contactos.

La dirección popular sostiene que sus desmentidos siempre se referían a las reuniones en las que supuestamente se habría ofrecido dinero. Esa explicación no elimina la diferencia entre las declaraciones iniciales, que negaban el encuentro, y las posteriores, que admitieron su existencia.

La acusación de Koldo: un millón de euros para perjudicar a Sánchez

El origen de la polémica se encuentra en las declaraciones de Koldo García, antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, sobre presuntas negociaciones con el abogado del Partido Popular.

Según su versión, durante unos encuentros celebrados en mayo de 2025 se le planteó una propuesta que incluía el pago de sus gastos de defensa, una posible mejora de su situación judicial y una cantidad adicional de un millón de euros.

A cambio, siempre según su relato, debía facilitar declaraciones que afectaran a Pedro Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, y a otras personas vinculadas al Gobierno o al PSOE, incluso si las afirmaciones no eran verdaderas.

Koldo situó esas conversaciones en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP, en la calle Génova, y señaló a Alberto Durán como interlocutor.

Las acusaciones son graves, pero no está acreditado judicialmente que el PP realizara ese ofrecimiento ni que sus dirigentes autorizaran una operación semejante.

Feijóo lo ha negado en distintas intervenciones públicas. El presidente popular mantiene que ninguna persona de su organización estaba autorizada para ofrecer dinero a Koldo García y que el partido no ha comprometido fondos para conseguir declaraciones contra el Gobierno.

También ha anunciado acciones legales ante lo que considera acusaciones difamatorias.

La existencia de contactos entre abogados, por tanto, no convierte automáticamente en ciertos los términos económicos que Koldo atribuye a aquellas conversaciones. Son dos hechos distintos que requieren pruebas diferentes.

Los 242.000 euros abonados por Okdiario a la defensa de Koldo

Uno de los elementos que ha incrementado la repercusión del asunto es la documentación sobre los pagos realizados a la antigua abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

La letrada aportó a la Justicia dos facturas abonadas por la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras SL, por un importe conjunto de 242.000 euros, IVA incluido.

Las facturas correspondían a honorarios y otros gastos vinculados a la asistencia jurídica del exasesor ministerial.

Esta documentación acredita la existencia de pagos de la empresa periodística al despacho de la abogada, pero no demuestra que ese dinero procediera del Partido Popular ni que se abonara como contraprestación por declaraciones falsas.

Koldo ha vinculado esos pagos con la supuesta negociación que atribuye al abogado del PP y ha mencionado al periodista Eduardo Inda, director de Okdiario, dentro de su versión de los hechos.

No obstante, la financiación documentada de una defensa jurídica y el supuesto ofrecimiento de un millón de euros son cuestiones diferentes. El segundo extremo continúa sin quedar acreditado por las facturas conocidas.

La controversia también ha tenido consecuencias en el ámbito de la defensa judicial. El 10 de noviembre, Leticia de la Hoz comunicó su renuncia a continuar representando a Koldo García por razones profesionales, cuyo contenido dejó amparado por el secreto profesional.

Posteriormente, el juez Santiago Pedraz solicitó aclaraciones sobre las facturas y los pagos vinculados a los servicios de la letrada, dentro de las diligencias relacionadas con el denominado caso Leire Díez.

El 12 de noviembre, la exabogada respondió al magistrado que la empresa editora de Okdiario había sido la única pagadora de sus honorarios durante el periodo en el que ejerció la defensa de Koldo García. Según su explicación, no había recibido cantidades adicionales de otras personas físicas o jurídicas por esos servicios.

La documentación económica constituye una parte relevante de las comprobaciones judiciales, pero no permite por sí sola atribuir al PP la financiación de esas cantidades.

La dirección del PP afronta nuevas explicaciones en plena campaña

El reconocimiento de Feijóo coincide con el inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en un escenario político especialmente condicionado por las investigaciones de corrupción.

El PSOE y Pedro Sánchez han reclamado explicaciones sobre las reuniones y sobre la acusación de que se habría intentado conseguir testimonios contra el Gobierno mediante compensaciones económicas.

Este viernes, 13 de noviembre, el PSOE ha dado un paso más y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Partido Popular, Alberto Durán y otros implicados en los hechos denunciados. Los socialistas solicitan que se investiguen posibles delitos relacionados con la administración de justicia, el tráfico de influencias y la utilización de fondos públicos, entre otros extremos. Se trata de las sospechas planteadas por el partido denunciante, no de delitos cuya comisión esté demostrada.

El presidente del Ejecutivo considera que los hechos denunciados merecen una investigación judicial. Los populares, por su parte, insisten en que su actuación en las causas relacionadas con Koldo ha consistido en exigir responsabilidades penales y niegan haber intentado comprar declaraciones.

El PP ejerce la acusación popular en procedimientos relacionados con la trama de las mascarillas, lo que explica la presencia de sus abogados en el ámbito judicial. Sin embargo, esa condición tampoco permite resolver por anticipado la controversia sobre lo ocurrido en los contactos concretos denunciados.

La cuestión política es más precisa: por qué distintos responsables del mismo partido ofrecieron respuestas diferentes sobre la existencia de las reuniones y qué información manejaba cada uno cuando se hicieron públicas las acusaciones.

Feijóo ha aclarado que Cuca Gamarra estaba al corriente de los contactos profesionales de su abogado. No ha detallado cuándo recibió esa información, qué reuniones conocía exactamente ni si llegó a ser informada de algún ofrecimiento económico.

Son extremos que siguen sin aclararse públicamente.

El conocimiento de Gamarra cambia la posición del PP

La principal novedad de las declaraciones de este viernes es que la existencia de los contactos ya no aparece únicamente como una circunstancia reconocida por un abogado o por una dirigente del partido. El propio Feijóo ha confirmado que la dirección popular tenía conocimiento de esas relaciones profesionales.

Eso no equivale a demostrar la presunta negociación de un millón de euros, que el PP rechaza y cuya veracidad no está establecida judicialmente.

Pero sí modifica el terreno de la controversia. La cuestión ya no se limita a determinar si hubo contactos entre los representantes legales de las distintas partes: también afecta a la información que circuló dentro de la organización y a la coherencia de las explicaciones ofrecidas por sus responsables.

En plena campaña electoral, el Partido Popular mantiene su negativa a reconocer cualquier ofrecimiento irregular. Su presidente, mientras tanto, ha confirmado un dato que su formación había negado inicialmente: los contactos existieron y Cuca Gamarra sabía de ellos.