El juez da 10 días para aclarar los descuadres en donaciones del PSOE

La investigación sobre la financiación del PSOE ha dado un nuevo paso judicial. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha concedido diez días al Tribunal de Cuentas para que presente un informe que permita aclarar las discrepancias detectadas en las donaciones recibidas por el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado diferencias entre la documentación recopilada durante sus pesquisas y los registros del organismo fiscalizador, en una causa que examina los movimientos de dinero de la formación socialista entre 2017 y 2024.

Las pesquisas coinciden con la aparición de datos relevantes sobre la contabilidad histórica del PSOE. En 2020, durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización, las donaciones de particulares se triplicaron hasta alcanzar los 837.506 euros. Aquel mismo ejercicio, el Tribunal de Cuentas identificó 405 cuentas bancarias con deficiencias de contabilización o comprobación, cuyos saldos conjuntos superaban los 702.000 euros. Son irregularidades documentales que requieren explicación, aunque su existencia no demuestra por sí sola una financiación ilegal ni acredita que estén relacionadas con los descuadres investigados actualmente.

La UCO detecta diferencias en las donaciones declaradas por el PSOE

El origen de la nueva actuación judicial está en el análisis de la información económica que el PSOE y el Tribunal de Cuentas han facilitado a los investigadores.

Los agentes han cotejado los registros oficiales de donaciones con la documentación obtenida durante las diligencias del caso Koldo. El resultado ha puesto de manifiesto cantidades y conceptos que no coinciden, lo que ha obligado a solicitar información complementaria.

El pasado 12 de noviembre, efectivos de la UCO acudieron a la sede del Tribunal de Cuentas, acompañados por una letrada de la Administración de Justicia. Permanecieron allí durante más de doce horas examinando y recabando documentación relacionada con las cuentas socialistas.

La investigación intenta determinar si las diferencias obedecen a errores de registro, documentación incompleta o posibles aportaciones que no fueron comunicadas al organismo fiscalizador.

Fuentes de la Fiscalía han apuntado a una de las hipótesis que se examinan: que el PSOE no hubiera declarado todas las donaciones recibidas. Se trata de una posibilidad pendiente de comprobación, no de una irregularidad penal acreditada.

La documentación solicitada permitirá reconstruir los movimientos económicos y establecer si las cifras comunicadas por el partido coinciden con las aportaciones efectivamente recibidas.

El juez reclama un nuevo informe al Tribunal de Cuentas en diez días

El magistrado Ismael Moreno ha exigido al Tribunal de Cuentas un informe aclaratorio sobre las donaciones del PSOE. El requerimiento pretende resolver las diferencias que han aparecido entre los registros bancarios y los datos examinados por la Guardia Civil.

Los investigadores ya habían recibido documentación del organismo fiscalizador en septiembre. Sin embargo, al compararla con el material incorporado a la causa encontraron discrepancias que consideran necesario aclarar.

La nueva diligencia forma parte de una pieza separada del caso Koldo que permanece bajo secreto de sumario.

Su origen se encuentra en las dudas sobre el procedimiento utilizado por el PSOE para devolver en metálico los gastos adelantados por dirigentes, trabajadores y colaboradores del partido.

La Audiencia Nacional recibió en diciembre de 2025 la documentación solicitada sobre los pagos efectuados entre 2017 y 2024. El partido había aportado también 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa con la que pretendía acreditar que los movimientos de efectivo estaban registrados en su contabilidad.

El examen de esos documentos continúa. El nuevo informe deberá aportar elementos para esclarecer las discrepancias, aunque el plazo de diez días no significa que la investigación vaya a concluir entonces.

Las 405 cuentas bancarias del PSOE que quedaron sin fiscalizar en 2020

Uno de los antecedentes más relevantes aparece en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, aprobado en junio de 2024.

El documento identificó 405 cuentas bancarias del PSOE con problemas de contabilización o conciliación, cuyos saldos conjuntos ascendían a 702.372,86 euros.

Las anomalías se distribuían en dos grupos diferentes.

Por un lado, 295 cuentas bancarias, con un saldo conjunto de 302.189,68 euros, no figuraban contabilizadas al cierre del ejercicio.

Las otras 110 cuentas, correspondientes a sedes territoriales y con 400.183,18 euros, presentaban una situación distinta: no habían sido informadas por las entidades financieras y el partido no había facilitado la conciliación bancaria correspondiente. Esta ausencia de información limitó las comprobaciones del organismo fiscalizador.

El contraste con el ejercicio anterior resulta significativo. En 2019 se habían identificado 232 cuentas no contabilizadas, con un saldo conjunto de 182.389,52 euros.

En 2020, por tanto, aumentó considerablemente el número de cuentas afectadas por deficiencias documentales y también el dinero depositado en ellas.

Qué significan las cuentas sin fiscalizar y qué implicaciones tienen

Conviene precisar un aspecto fundamental: las 405 cuentas corresponden al ejercicio 2020, no a una relación de cuentas cuya situación se haya comprobado en noviembre de 2026.

Tampoco puede equipararse automáticamente una cuenta no contabilizada o sin conciliación suficiente con una caja B. La primera situación constituye una deficiencia contable o de control; la segunda implicaría acreditar una contabilidad paralela destinada a ocultar operaciones.

Esa distinción es esencial para interpretar correctamente los datos. El informe de fiscalización refleja limitaciones en el control de determinadas cuentas, pero no permite concluir por sí solo que el dinero tuviera una procedencia ilícita o estuviera destinado a operaciones irregulares.

Las donaciones particulares se triplicaron durante la etapa de Ábalos

El análisis de la financiación del PSOE presenta otra circunstancia llamativa.

En 2019, el partido recibió 275.616 euros en donaciones de particulares. Un año después, en plena pandemia, la cantidad alcanzó los 837.506 euros, lo que representa un incremento de aproximadamente el 204%.

Dicho de otra manera, las aportaciones particulares se multiplicaron por tres en un ejercicio marcado por las restricciones de movilidad, el cierre de numerosos negocios y las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria.

José Luis Ábalos ocupaba entonces la Secretaría de Organización del PSOE y Koldo García trabajaba como su asesor.

La evolución de las donaciones durante esos años fue la siguiente: en 2018, los ingresos por esta vía ascendieron a 158.879 euros; en 2019 aumentaron hasta 275.616 euros y en 2020 alcanzaron los 837.506 euros.

De la recaudación de 2020, 544.693 euros procedían de 213 donantes, mientras que una aportación individual alcanzó los 23.000 euros.

También crecieron los ingresos procedentes de aportaciones de afiliados y cargos públicos, un concepto distinto de las donaciones particulares. Pasaron de aproximadamente ocho millones de euros en 2018 a once millones en 2020.

En conjunto, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas cifró la financiación privada del PSOE en 25,35 millones de euros en 2020. Se trata de la magnitud calculada conforme al perímetro de ese informe, diferente del total de ingresos privados que reflejan los estados financieros consolidados del partido.

El crecimiento de las aportaciones coincide temporalmente con la etapa de Ábalos en la dirección socialista, pero esa coincidencia no establece una relación causal ni acredita que las donaciones tuvieran un origen ilícito.

Lo que corresponde esclarecer a los investigadores es si los ingresos se declararon correctamente y si existe alguna conexión documentada entre determinadas operaciones económicas y los hechos investigados en el caso Koldo.

De los pagos en efectivo a las primarias de Pedro Sánchez de 2017

Las pesquisas de la Audiencia Nacional no comenzaron examinando exclusivamente las donaciones.

El punto de partida fueron las dudas surgidas en el Tribunal Supremo sobre determinados reembolsos de gastos que el PSOE había abonado en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García.

La documentación examinada planteó interrogantes sobre la correspondencia entre el dinero entregado y los gastos que supuestamente justificaban esos pagos.

Ante la posibilidad de que existieran irregularidades que excedían el objeto de la investigación seguida en el Supremo, las actuaciones fueron trasladadas a la Audiencia Nacional.

Desde entonces, la investigación ha ampliado su alcance.

Uno de los periodos examinados es 2017, cuando Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE tras imponerse en las primarias a Susana Díaz y Patxi López.

Las pesquisas también han puesto el foco en la financiación de aquella campaña interna y en la asociación Bancal de Rosas, utilizada para canalizar aportaciones económicas de simpatizantes.

Los investigadores tratan de identificar el origen de determinados fondos y comprobar su recorrido bancario. La existencia de aportaciones canalizadas mediante una asociación no implica por sí misma un delito; la cuestión es establecer quién realizó los ingresos, cómo se registraron y si se cumplieron las obligaciones legales aplicables.

Otra línea de investigación procede de las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, que ha sostenido ante la Justicia la existencia de presuntos mecanismos de financiación irregular vinculados a entregas de dinero.

Esas manifestaciones forman parte de las diligencias judiciales y no pueden considerarse hechos probados mientras no estén respaldadas por pruebas suficientes y una resolución judicial.

El origen del dinero y las cuentas pendientes de explicación

La legislación española exige a los partidos políticos llevar una contabilidad que refleje sus operaciones económicas y someterla a los mecanismos de fiscalización establecidos.

La Ley Orgánica 8/2007 regula la financiación de las formaciones políticas, las donaciones privadas y las obligaciones de control interno y externo. El Tribunal de Cuentas debe comprobar la información facilitada y señalar las limitaciones o irregularidades que encuentre durante sus actuaciones.

El PSOE, como cualquier otra formación, está obligado a justificar la procedencia de sus ingresos y la correcta contabilización de los movimientos económicos sujetos a control.

Las deficiencias detectadas en las cuentas de 2020 y los descuadres que investiga la UCO en 2026 son dos elementos que deben examinarse sin confundir sus respectivos alcances. Por el momento, no se ha acreditado públicamente que las 405 cuentas identificadas en aquel ejercicio sean el origen de las discrepancias que han motivado el nuevo requerimiento judicial.

La investigación deberá determinar si existen donaciones omitidas, operaciones incorrectamente registradas o diferencias explicables mediante documentación adicional.

También tendrá que establecer, en su caso, si alguna de esas anomalías contables está relacionada con las presuntas actividades ilícitas investigadas alrededor de Ábalos y Koldo García.

El requerimiento de Ismael Moreno sitúa nuevamente las finanzas socialistas bajo escrutinio judicial, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El informe reclamado al Tribunal de Cuentas será el siguiente paso para aclarar las discrepancias. Hasta que se conozcan sus resultados, las cifras históricas permiten identificar problemas de control y una evolución significativa de las donaciones, pero no ofrecen por sí solas una prueba de financiación ilegal.