29-N: ¿por qué nadie promete un Estado más eficiente que gaste menos?

Los partidos políticos compiten ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 con promesas de rebajas fiscales, nuevas prestaciones, inversiones millonarias y mayores impuestos para las rentas más altas. Se discute cuánto dinero debe recaudar el Estado, quién tiene que pagarlo y cómo repartirlo. Sin embargo, el funcionamiento de la propia Administración y la posibilidad de hacerla más ligera, productiva y menos costosa reciben mucha menos atención de la que merecen.

La cuestión es fundamental. Antes de exigir más impuestos o anunciar nuevos gastos, cualquier Gobierno debería demostrar que utiliza correctamente los recursos disponibles. España tiene problemas documentados de control presupuestario, contratación, coordinación administrativa y burocracia. Corregir esas ineficiencias permitiría liberar recursos para servicios esenciales, reducir necesidades de financiación o aliviar la presión fiscal, aunque el ahorro concreto dependería de cada reforma.

El planteamiento no consiste simplemente en recortar ministerios, despedir funcionarios o eliminar subvenciones. Se trata de algo bastante más ambicioso: revisar desde sus cimientos cómo trabaja el Estado, cuánto cuesta cada servicio, qué organismos son necesarios y qué resultados ofrecen los empleados y responsables públicos.

Algunos partidos sí incluyen propuestas para reducir burocracia, auditar gastos y reorganizar administraciones. Sería incorrecto negarlo. Lo que sigue faltando en el centro del debate electoral es una exigencia mucho más profunda: transformar esos compromisos en un sistema permanente de evaluación, productividad y responsabilidad, con resultados públicos que permitan comprobar si el Estado funciona mejor y cuesta menos.

Porque prometer dinero resulta relativamente sencillo. Prometer que se dejará de gastar mal, y demostrarlo después, es bastante más complicado. Especialmente cuando implica revisar organismos, privilegios organizativos, hábitos de trabajo y decisiones de quienes ejercen el poder.

El problema no es solo cuánto dinero gasta el Estado, sino cómo lo utiliza

En España, buena parte de la discusión económica se desarrolla entre dos posiciones conocidas. Una defiende que el sector público necesita más recursos para mejorar los servicios y ampliar las prestaciones sociales. Otra sostiene que reducir impuestos y limitar determinados gastos permitiría estimular la actividad económica y dejar más dinero disponible a familias y empresas.

Ambas pueden plantear objetivos legítimos. Sin embargo, ninguna política fiscal funciona adecuadamente si se descuida la eficiencia de la Administración encargada de aplicarla.

Un hospital no mejora necesariamente porque aumente su presupuesto. Puede necesitar más médicos, pero también una organización más eficiente, sistemas de información compatibles, mejores compras de material sanitario y una coordinación adecuada entre atención primaria y especialistas.

En un juzgado, contratar más personal puede resultar imprescindible. Pero si los procedimientos continúan siendo innecesariamente complejos, los sistemas informáticos funcionan mal y las tareas se distribuyen de forma ineficiente, parte del problema seguirá existiendo.

Lo mismo sucede con las subvenciones, los organismos públicos y los servicios administrativos. Gastar más no equivale automáticamente a ofrecer más calidad. Y recortar sin analizar las consecuencias tampoco garantiza un ahorro real: un servicio deteriorado puede provocar costes todavía mayores.

El objetivo debería ser conocer cuánto cuesta producir cada resultado. Cuánto tarda en resolverse una ayuda, cuánto cuesta tramitar una licencia, qué porcentaje de expedientes se completa dentro del plazo legal y qué programas públicos consiguen efectivamente los objetivos para los que fueron creados.

Una empresa que pierde dinero sistemáticamente debe revisar sus procesos, corregir errores y justificar sus inversiones. La Administración pública no puede gestionarse exactamente como una empresa privada, porque tiene obligaciones de servicio universal, igualdad y protección social. Pero eso no significa que pueda prescindir de objetivos, controles y evaluaciones de rendimiento.

El dinero público no es gratuito. Procede de impuestos, cotizaciones, tasas y, cuando los ingresos no alcanzan, de deuda que también supone obligaciones futuras. Cada decisión presupuestaria tiene un coste de oportunidad: financiar una actividad significa renunciar a destinar esos mismos recursos a otra.

Esta realidad debería figurar entre las principales preocupaciones de cualquier Gobierno. No como una campaña puntual contra el despilfarro, sino como un principio permanente de buena administración.

Los fallos del Estado están documentados y cuestan oportunidades de ahorro

La necesidad de mejorar la gestión pública no se basa únicamente en la percepción de los ciudadanos. Los propios organismos de control han identificado deficiencias importantes en las cuentas y procedimientos administrativos.

El Tribunal de Cuentas aprobó en mayo de 2026 su declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024. Aunque emitió una opinión favorable, lo hizo con salvedades que ponen de manifiesto problemas relevantes en el control y registro de las operaciones públicas.

Entre ellos figuraba una sobrevaloración de 4.090,3 millones de euros del resultado presupuestario consolidado, derivada de una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos.

También identificó 1.627,1 millones de euros en pagos pendientes de justificación o aprobación que habían superado los plazos establecidos legalmente.

Estas cantidades no representan necesariamente dinero perdido o robado. Una anotación contable incorrecta no equivale a un gasto inútil, ni un pago pendiente de justificar demuestra por sí mismo que exista fraude. Pero ambas situaciones evidencian deficiencias de control que deberían corregirse, especialmente cuando afectan a importes tan elevados.

La memoria del Tribunal correspondiente a 2025 ofrece otro dato significativo: el organismo formuló 524 recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera del sector público.

Al examinar el cumplimiento de recomendaciones anteriores, constató que únicamente el 30% de las analizadas se había cumplido total o parcialmente, mientras otro 23% se encontraba en proceso de implantación. No se trata de porcentajes referidos a toda la actividad administrativa, sino al conjunto de recomendaciones objeto de seguimiento.

Hay un problema evidente cuando las instituciones detectan errores y las soluciones tardan en aplicarse. No basta con fiscalizar el gasto si las recomendaciones no producen cambios efectivos.

La situación alcanza también a las administraciones locales. Según la información del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2024, al finalizar 2025 un 29% de las entidades locales obligadas a rendir cuentas todavía no lo había hecho. Otro 21% las había presentado fuera del plazo establecido.

En otras palabras, solo la mitad había cumplido su obligación dentro del plazo legal. Un dato difícil de conciliar con la exigencia de transparencia que debería acompañar a cualquier institución financiada con recursos públicos.

La contratación ofrece igualmente oportunidades de mejora. En un estudio publicado en 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estimó que las administraciones españolas podrían haberse ahorrado al menos 1.700 millones de euros entre 2012 y 2016 utilizando procedimientos de contratación más competitivos.

El análisis concluyó que los procedimientos abiertos y transparentes estaban asociados a precios de adjudicación casi un 10% inferiores de media a los obtenidos mediante procedimientos menos competitivos.

Es una estimación histórica, no un cálculo de lo que España podría ahorrar automáticamente en 2026. Pero demuestra algo importante: la manera de contratar puede influir considerablemente en el dinero que termina pagando la Administración.

Comprar mejor, negociar adecuadamente, controlar las adjudicaciones y comprobar el cumplimiento de los contratos debería resultar tan importante como decidir qué nuevas inversiones se anuncian.

La burocracia se ha convertido en un coste que también pagan los ciudadanos

El gasto de la Administración no se limita a los importes que aparecen en sus presupuestos. Existe otro coste que soportan directamente ciudadanos y empresas: el tiempo y el dinero que consumen los procedimientos administrativos innecesarios.

Una licencia que tarda meses, un expediente que pasa por varios departamentos o un autónomo obligado a repetir información ante organismos diferentes pueden generar pérdidas económicas sin que esas cantidades figuren como un gasto público directo.

La contradicción resulta especialmente llamativa porque la legislación española ya reconoce el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que obren en poder de las administraciones o hayan sido elaborados por ellas, con las condiciones y excepciones correspondientes.

El artículo 28 de la Ley 39/2015 establece ese principio. La obligación legal existe desde hace años. El desafío es conseguir que funcione de manera efectiva en todos los procedimientos.

España cuenta con Administración electrónica, sistemas de identificación digital y plataformas de intercambio de datos. Son avances reales. Pero tener trámites disponibles por internet no elimina necesariamente la burocracia si se mantienen los mismos requisitos, las mismas comprobaciones redundantes y los mismos retrasos.

Digitalizar un procedimiento absurdo no lo convierte en un procedimiento eficiente. Simplemente permite hacerlo desde una pantalla.

La burocracia tiene además consecuencias desiguales. Una gran empresa puede disponer de departamentos especializados para gestionar autorizaciones, ayudas y obligaciones administrativas. Un pequeño empresario, un autónomo o una familia con menos recursos deben afrontar esos mismos procesos con capacidades mucho más limitadas.

Un Estado excesivamente complejo puede terminar favoreciendo a quienes mejor saben desenvolverse dentro de él, en lugar de garantizar que todos reciban un trato sencillo y accesible.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha identificado un ejemplo especialmente revelador en el ingreso mínimo vital.

Su evaluación de 2026 estima que, durante 2025, el 52% de los hogares que cumplían los requisitos para recibir esta prestación no llegó a solicitarla. En el complemento de ayuda para la infancia, el porcentaje alcanzó el 71%.

Las dificultades de información, comprensión y acceso explican parte de esta situación. No significa que todas esas personas presentaran solicitudes rechazadas, sino que una proporción importante ni siquiera inició el procedimiento.

El resultado es paradójico: el Estado crea prestaciones para combatir la pobreza, pero parte de sus posibles beneficiarios encuentra obstáculos para acceder a ellas.

Una Administración más eficaz debería identificar mejor a los ciudadanos que cumplen los requisitos, simplificar las solicitudes y reconocer automáticamente determinadas ayudas cuando la información disponible lo permita.

Eso también es eficiencia. No consiste únicamente en gastar menos, sino en conseguir que el dinero destinado a una finalidad produzca realmente el resultado previsto.

Más de tres millones de empleados públicos: la productividad también importa

España contaba con 3.071.725 empleados al servicio de las administraciones públicas en enero de 2026, según los datos del Registro Central de Personal. Eran 38.421 más que un año antes, un incremento aproximado del 1,3%.

La cifra obliga a plantear un debate sobre la organización y productividad del empleo público, pero conviene evitar una simplificación frecuente: no todos esos trabajadores son funcionarios de carrera ni desempeñan labores burocráticas.

El personal contabilizado incluye profesionales de la sanidad, docentes, policías, bomberos, administrativos y numerosos empleados que realizan tareas esenciales.

De hecho, las comunidades autónomas concentran buena parte de las plantillas porque gestionan servicios tan importantes como la educación y la sanidad.

Por eso, la existencia de tres millones de empleados públicos no demuestra que sobren trabajadores ni que su rendimiento sea insuficiente. Para llegar a esa conclusión habría que estudiar las necesidades, funciones y resultados de cada organismo.

Pero tampoco debería servir como argumento para evitar cualquier revisión de las plantillas, los métodos de trabajo o las responsabilidades profesionales.

Puede haber servicios que necesiten contratar más personal mientras otros mantienen funciones duplicadas, estructuras sobredimensionadas o tareas que podrían automatizarse.

El objetivo razonable no es mantener todas las plazas por inercia ni aplicar recortes generales. Es disponer de los trabajadores necesarios, donde realmente hacen falta, con una organización que permita aprovechar sus capacidades.

Los funcionarios deben tener derechos, pero también objetivos y responsabilidades

El empleo público cumple una función democrática esencial. La estabilidad de los funcionarios protege su independencia frente a las presiones políticas y evita que cada cambio de Gobierno provoque una sustitución arbitraria de profesionales.

Esa garantía debe mantenerse. Sin embargo, la estabilidad profesional no debería confundirse con la ausencia de controles sobre el rendimiento.

La legislación española ya contempla la evaluación del desempeño. El artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las administraciones deben disponer de sistemas para medir la conducta profesional, el rendimiento y el logro de resultados.

Por tanto, la cuestión no es inventar un principio nuevo, sino desarrollar mecanismos objetivos, aplicarlos correctamente y conseguir que sus resultados tengan consecuencias reales sobre la organización, la formación y la carrera profesional.

Quien trabaja bien debería contar con reconocimiento y oportunidades de promoción. Quien incumple reiteradamente sus obligaciones debe responder mediante procedimientos proporcionados y con todas las garantías. La calidad del servicio no puede depender únicamente de la buena voluntad individual.

También deben evaluarse los responsables que distribuyen las tareas, dirigen equipos y toman decisiones. Un funcionario puede trabajar con dedicación dentro de un departamento mal organizado y obtener resultados deficientes por causas ajenas a su voluntad.

De poco sirve exigir productividad si los sistemas informáticos fallan, los procedimientos son innecesariamente complejos o los superiores no establecen prioridades claras.

Una reforma seria debería medir tiempos de resolución, cargas de trabajo, calidad de atención, expedientes pendientes y cumplimiento de objetivos. Con indicadores adaptados a cada actividad, evitando convertir la evaluación en una simple competición por tramitar más expedientes.

Un médico no debe valorarse únicamente por el número de pacientes atendidos, ni un profesor por una cifra aislada de resultados académicos. Medir bien requiere distinguir cantidad, calidad, complejidad y resultados efectivos.

La exigencia debe alcanzar igualmente a directivos públicos, altos cargos y responsables políticos. No tendría sentido reclamar productividad al personal de base mientras las decisiones organizativas que condicionan su trabajo quedan fuera de cualquier evaluación.

La pregunta de fondo es sencilla: si una Administración dispone de los mismos recursos, pero podría funcionar mejor reorganizando su actividad, ¿por qué debería considerarse intocable su estructura actual?

PP y Vox prometen reformas, pero transformar el Estado exige más que recortes

La crítica a los programas electorales debe partir de una realidad: sí existen propuestas para racionalizar las administraciones y reducir gastos.

El Partido Popular ha incorporado a su programa del 29-N una auditoría de todo el gasto y del funcionamiento de la Administración estatal durante los primeros cien días de un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Entre sus compromisos figuran reducir ministerios, altos cargos y asesores, fusionar organismos con competencias duplicadas, cerrar estructuras que hayan perdido su finalidad y revisar periódicamente los programas de gasto.

También propone que las subvenciones se renueven en función de sus resultados y que los programas presupuestarios se sometan a evaluaciones independientes. En materia burocrática, plantea reducir un 25% las cargas administrativas generales y un 35% las de las pequeñas y medianas empresas antes de 2029.

Son compromisos que permiten exigir resultados concretos. Pero su eficacia dependerá de cómo se apliquen, de la metodología utilizada para calcular los ahorros y de la capacidad para corregir las deficiencias detectadas.

Vox, por su parte, propone una auditoría integral de las administraciones, una reducción de los gastos considerados superfluos y una simplificación general de los procedimientos.

Su programa incluye la creación de una ventanilla administrativa única, el intercambio de datos entre organismos, la utilización de inteligencia artificial para reducir burocracia y la eliminación de determinadas subvenciones y estructuras públicas.

Estas propuestas también deben examinarse por sus consecuencias prácticas. Reducir organismos no garantiza necesariamente ahorrar dinero si sus funciones, contratos y trabajadores simplemente se trasladan a otros departamentos.

Eliminar normas tampoco reduce automáticamente la carga administrativa. Importa qué obligaciones desaparecen, cuánto tiempo permiten ahorrar y si las nuevas reglas preservan las garantías necesarias para ciudadanos y empresas.

En el otro extremo del debate, distintas propuestas de aumento de la recaudación, ayudas sociales y ampliación de servicios públicos ponen el acento en conseguir más recursos o redistribuirlos.

Son objetivos políticos que pueden defenderse legítimamente, pero también deberían acompañarse de compromisos sobre evaluación del gasto, simplificación de la Administración y mejora de la productividad.

Una reforma integral no debería depender de que gobierne la derecha o la izquierda. Ninguna orientación ideológica garantiza por sí misma una gestión pública más eficiente.

La diferencia está en pasar de los anuncios a los resultados. Una auditoría tiene valor si se conocen sus conclusiones, se aplican sus recomendaciones y se comprueba cuánto ha mejorado realmente el servicio.

Y también si se evalúa la gestión del nuevo Gobierno, no únicamente la de sus adversarios.

Porque revisar los gastos heredados puede resultar políticamente rentable. Someter las decisiones propias al mismo control, incluso cuando una evaluación desaconseje mantener una promesa electoral, exige bastante más responsabilidad.

La verdadera reforma pendiente: un Estado que cueste menos y sirva mejor

Una reforma profunda del Estado debería comenzar por analizar las funciones de cada organismo y determinar cuáles son necesarias, cuáles pueden simplificarse y cuáles se repiten entre distintas administraciones.

Después habría que revisar los procedimientos y reorganizar el personal, eliminando tareas redundantes, mejorando la coordinación y destinando recursos a los servicios donde su utilidad sea mayor.

El siguiente paso sería establecer objetivos públicos y medibles. No solo anunciar cuánto dinero se invertirá, sino explicar qué resultados se pretenden alcanzar y en qué plazo.

Una Administración que concede ayudas debería publicar sus tiempos de tramitación, los retrasos y los costes de gestión. Un organismo que tramita licencias tendría que conocer cuántos expedientes resuelve dentro del plazo legal. Un programa de subvenciones debería acreditar qué efectos produce antes de renovarse.

También sería necesario identificar responsabilidades. No para buscar culpables de manera indiscriminada, sino para corregir errores y evitar que una decisión ineficiente se repita indefinidamente sin consecuencias.

Los presupuestos deberían dejar de funcionar exclusivamente como una relación de cantidades que se reparten entre departamentos. Tendrían que convertirse en instrumentos que permitan comparar recursos, necesidades y resultados.

Si un programa no cumple su finalidad, debe revisarse. Si una estructura ha dejado de ser necesaria, puede suprimirse. Si una tarea puede realizarse con menos trámites y el mismo nivel de garantías, mantener el procedimiento anterior carece de sentido.

Y cuando una evaluación demuestre que un servicio necesita más personal o financiación, también debería reconocerse. La eficiencia no consiste en recortar por sistema, sino en utilizar los recursos de la forma más adecuada para alcanzar los objetivos públicos.

El ahorro obtenido debería tener un destino igualmente transparente. Una parte podría financiar mejores servicios, otra reducir deuda pública y otra permitir menores necesidades de recaudación. La distribución dependería de las prioridades presupuestarias y de las obligaciones que el Estado tenga que atender.

Es importante evitar una promesa engañosa: eliminar un gasto de cien millones no significa necesariamente que cada contribuyente vaya a recibir inmediatamente una devolución. Pero sí representa, cuando el ahorro es real y recurrente, una oportunidad para financiar otras necesidades sin aumentar los recursos exigidos a los ciudadanos.

Ese debería ser uno de los grandes objetivos de la política económica: obtener más valor público por cada euro gastado.

España dispone de organismos fiscalizadores, legislación sobre evaluación del rendimiento, herramientas digitales y profesionales cualificados. No parte de cero. Lo que necesita es convertir la mejora continua en una exigencia efectiva para todas las administraciones y sus responsables.

Un Estado más eficaz no tiene por qué ser un Estado débil. Al contrario, puede proteger mejor los derechos, facilitar la actividad económica y sostener servicios públicos de calidad con menos costes innecesarios.

La democracia también se resiente cuando el ciudadano cumple sus obligaciones, paga puntualmente sus impuestos y después encuentra una Administración lenta, compleja o incapaz de ofrecer respuestas dentro de los plazos establecidos.

Existe una desigualdad difícil de justificar cuando el contribuyente afronta recargos por incumplir sus obligaciones mientras los retrasos administrativos no siempre producen consecuencias equivalentes para la institución responsable.

De ahí que la eficiencia del Estado deba entenderse también como una cuestión de respeto al ciudadano. Su tiempo tiene valor. Su dinero también.

Quedan dos semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los partidos seguirán prometiendo inversiones, deducciones fiscales, nuevas ayudas y cambios presupuestarios. Es razonable que expliquen qué harán con el dinero público.

Pero deberían dedicar una atención comparable a explicar cómo van a conseguir que la Administración trabaje mejor, reduzca los gastos evitables y deje de consumir recursos en procedimientos y estructuras que no aportan suficiente valor.

No basta con anunciar que se perseguirá el despilfarro. Hay que identificar dónde se produce, calcular cuánto cuesta, corregirlo y publicar los resultados. Tampoco basta con prometer menos funcionarios o menos ministerios: es necesario demostrar que los servicios mantendrán o mejorarán su calidad.

La discusión no debería limitarse a elegir entre un Estado más grande o uno más pequeño. La verdadera exigencia es disponer de un Estado proporcionado a sus funciones, que no obstaculice innecesariamente la vida de los ciudadanos y que rinda cuentas de su funcionamiento.

El dinero que se gasta innecesariamente no puede destinarse a reducir listas de espera, mejorar colegios, mantener carreteras o aliviar impuestos. Esa pérdida de oportunidades también tiene consecuencias sociales y económicas.

Por eso, antes de volver a prometer cuánto dinero nos van a quitar o cuánto van a repartir, los partidos deberían asumir un compromiso que pueda comprobarse durante toda la legislatura: hacer que el Estado funcione mejor con los recursos que tiene, eliminar el gasto injustificado y demostrar públicamente los resultados.

Porque el dinero de los contribuyentes no pertenece a los gobiernos ni a los partidos. Y administrarlo bien no debería ser una promesa extraordinaria de campaña, sino la obligación más elemental de quienes aspiran a gobernar.