De la Espriella cumple 100 días: 45 líderes asesinados y 26 masacres

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cumple este domingo 15 de noviembre sus primeros 100 días de Gobierno con un balance marcado por el endurecimiento de la política de seguridad, los recortes del gasto público y una creciente inestabilidad política. Su promesa de recuperar el control del país se enfrenta a la persistencia de la violencia, las dificultades económicas y las críticas por el protagonismo personal del mandatario.

Desde su llegada al poder, el 7 de agosto de 2026, el dirigente ultraderechista ha puesto fin a las negociaciones con los grupos armados, anunciado un ajuste de 13,8 billones de pesos colombianos y promovido una ofensiva militar contra las organizaciones criminales. Sin embargo, los resultados ofrecen un panorama desigual: algunos delitos han disminuido, mientras que los ataques contra la población civil continúan y cerca de una veintena de altos funcionarios han abandonado sus puestos.

El balance de derechos humanos resulta especialmente preocupante. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante estos cien días han sido asesinados 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de ocho firmantes del acuerdo de paz. La organización también ha documentado 26 masacres con 87 víctimas mortales. Son cifras que reflejan la gravedad de un conflicto que el cambio de Gobierno no ha conseguido resolver.

A estos problemas se añade una circunstancia extraordinaria. Apenas tres días después de su investidura, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el centro-oeste de Colombia y obligó al nuevo Ejecutivo a modificar sus prioridades. La reconstrucción, la seguridad y la estabilidad presupuestaria se han convertido así en tres grandes pruebas para una presidencia que comenzó con grandes promesas y que todavía busca consolidar sus resultados.

Un comienzo condicionado por el terremoto de agosto

De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, sucediendo a Gustavo Petro, con una agenda centrada en recuperar la autoridad del Estado, favorecer la inversión privada y reducir el gasto público.

El terremoto del 10 de agosto trastocó inmediatamente ese programa. La emergencia humanitaria obligó a movilizar recursos, coordinar operaciones de rescate y organizar la asistencia a miles de damnificados. También puso a prueba la capacidad administrativa de un Ejecutivo que acababa de tomar posesión.

El Gobierno ha presentado la reconstrucción como una de sus principales prioridades. El Ministerio de Vivienda contempla atender a 25.873 familias afectadas mediante una inversión estimada de 1,8 billones de pesos, destinada a soluciones habitacionales, reparaciones y recuperación de viviendas rurales.

Se trata, por ahora, de un objetivo de intervención que no debe confundirse con viviendas terminadas o familias definitivamente realojadas.

La emergencia también ha complicado la gestión de unas finanzas públicas deterioradas que ya llegaban en una situación delicada. El Ejecutivo debe encontrar recursos para reconstruir las zonas afectadas mientras intenta ejecutar el programa de austeridad que había defendido durante la campaña electoral.

Mano dura contra los grupos armados y ruptura con la «paz total»

La seguridad en Colombia se ha convertido en la principal seña de identidad de la nueva presidencia. A finales de agosto, De la Espriella decidió poner fin a las conversaciones con todos los grupos armados que se habían iniciado durante el mandato de Petro, al considerar que las organizaciones participantes carecían de una verdadera voluntad de paz.

La decisión supuso abandonar la estrategia conocida como «paz total», que buscaba reducir la violencia mediante negociaciones con distintas organizaciones insurgentes y criminales.

El nuevo presidente ha optado por intensificar las operaciones militares y policiales contra guerrillas, estructuras paramilitares y redes vinculadas al narcotráfico. Su presencia en dispositivos de seguridad, en ocasiones portando una pistola y un radioteléfono, se ha convertido en una característica de su manera de ejercer el poder.

El despliegue tiene una dimensión operativa, pero también política. De la Espriella busca transmitir una imagen de autoridad directa, muy distinta de la apuesta negociadora de su antecesor.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), sin embargo, advierte de que el aumento de las operaciones no equivale necesariamente a recuperar el control de los territorios. La organización reconoce que el Gobierno ha reforzado la iniciativa militar, pero considera que todavía falta una estrategia capaz de debilitar de manera sostenida a los grupos armados.

El problema es estructural. Al comienzo del mandato, las organizaciones ilegales contaban con aproximadamente 29.000 integrantes, incluyendo combatientes y personas vinculadas a sus redes logísticas y financieras.

Estas estructuras obtienen ingresos no solo del narcotráfico, sino también de la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y otras actividades criminales. Desmantelar una instalación o detener a un dirigente puede representar un éxito policial sin acabar necesariamente con el poder económico y territorial de una organización.

Menos homicidios y secuestros, pero más ataques contra civiles

Los indicadores de seguridad presentan diferencias importantes según el delito que se examine.

La FIP señala que, al comparar agosto y septiembre de 2026 con los mismos meses de 2025, los homicidios disminuyeron un 10,6 %, los secuestros cayeron un 66,3 % y los enfrentamientos armados se redujeron un 61,9 %.

Pero otros indicadores siguieron la dirección contraria. Los ataques contra infraestructuras y bienes civiles aumentaron un 44,4 %, mientras que los confinamientos de comunidades crecieron un 37,5 %.

Estas cifras tampoco permiten atribuir automáticamente todas las mejoras o retrocesos a las decisiones del nuevo presidente. La evolución de la violencia responde a dinámicas territoriales complejas y a actuaciones que, en algunos casos, comenzaron antes del cambio de Gobierno.

La FIP advierte igualmente de los riesgos derivados de la exposición pública de detenidos, la exhibición de personas abatidas y la participación directa del mandatario en operaciones de seguridad. Considera que esta forma de comunicar los resultados puede debilitar el protagonismo institucional de la Policía, las Fuerzas Armadas y la justicia.

El verdadero desafío no consiste únicamente en aumentar las capturas o los operativos, sino en conseguir que las organizaciones criminales pierdan capacidad de financiación, influencia y control sobre la población.

Cuarenta y cinco líderes asesinados y 26 masacres en cien días

El balance de violencia contra la población civil muestra las limitaciones de la política de seguridad.

Según el informe publicado por Indepaz con datos del 7 de agosto al 15 de noviembre, Colombia ha registrado 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De las víctimas, 36 eran hombres y nueve mujeres.

La cifra equivale aproximadamente a un líder social asesinado cada 2,2 días. Los departamentos más afectados incluyen Cauca, con once casos, y Antioquia, con ocho.

La organización también ha contabilizado ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados, una circunstancia especialmente delicada por las garantías de seguridad que deben acompañar la reincorporación de antiguos combatientes a la vida civil.

Durante el mismo periodo se han documentado 26 masacres, que dejaron 87 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Valle del Cauca concentró seis de estos episodios.

El desplazamiento forzado continúa siendo otra de las grandes consecuencias del conflicto. Solo durante agosto y septiembre, los registros recogidos por Indepaz contabilizaron 6.667 personas desplazadas, especialmente en Cauca y Chocó. Este dato corresponde a dos meses, no al conjunto de los cien días.

La organización aclara que los asesinatos y demás hechos violentos no pueden atribuirse automáticamente al nuevo Gobierno, puesto que muchos responden a conflictos y disputas anteriores a su llegada al poder. Tampoco deben sumarse las distintas categorías de víctimas, ya que podrían existir coincidencias entre ellas.

Lo que sí muestran estos datos es que la recuperación de la seguridad sigue lejos de estar garantizada, particularmente en las regiones donde las organizaciones armadas mantienen una fuerte influencia.

Crisis fiscal y un ajuste de 13,8 billones de pesos

La economía colombiana constituye el segundo gran frente de la presidencia de De la Espriella.

El mandatario heredó unas cuentas públicas deterioradas, con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 y una deuda pública situada en el 60,5 % del PIB.

Para contener el deterioro presupuestario, el Gobierno anunció una reducción del gasto estatal de 13,8 billones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a 4.158 millones de dólares.

El Ejecutivo atribuye el ajuste a medidas de austeridad, menores costes del servicio de la deuda y la eliminación de contratos. No obstante, el anuncio de un recorte no implica que toda la reducción presupuestaria se haya materializado durante estos primeros meses.

De la Espriella también ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar posibles mecanismos de apoyo financiero. Hasta el momento, esas gestiones no se han traducido en un acuerdo definitivo.

El otro instrumento económico del Gobierno es el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado al Congreso con el objetivo de frenar el crecimiento de la deuda, sanear las finanzas públicas, proteger a los colectivos vulnerables y estimular la inversión privada.

Su tramitación ha abierto un enfrentamiento político sobre la distribución de los esfuerzos fiscales.

El centro de estudios económicos ANIF considera que la aprobación íntegra de la propuesta permitiría al Estado alcanzar un saldo positivo antes del pago de intereses de la deuda. La oposición, en cambio, cuestiona las consecuencias sociales del ajuste.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, uno de los principales referentes opositores, sostiene que la reforma perjudica a los ciudadanos y altera el principio de progresividad tributaria, según el cual quienes disponen de más recursos deben contribuir proporcionalmente más.

La discusión no es menor. Colombia necesita reducir sus desequilibrios presupuestarios sin debilitar los servicios públicos ni comprometer la reconstrucción posterior al terremoto. Y el Gobierno necesita apoyos parlamentarios para transformar sus propuestas económicas en legislación efectiva.

Inestabilidad ministerial y una creciente confrontación cultural

Los primeros cien días también han puesto de manifiesto problemas de estabilidad dentro del Ejecutivo.

Cerca de una veintena de funcionarios han abandonado sus cargos, incluidos dos miembros destacados del gabinete: la ministra de Educación, Viviane Morales, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Estos cambios han alimentado las dudas sobre la cohesión del equipo presidencial y la capacidad de mantener una línea política estable. La salida de responsables de áreas estratégicas añade dificultades a una Administración que afronta simultáneamente una emergencia de reconstrucción, una crisis fiscal y un conflicto de seguridad persistente.

La confrontación ideológica tampoco ha quedado al margen de la agenda.

De la Espriella ha endurecido su discurso contra el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, uno de los principales hitos del proceso de desmovilización de aquella guerrilla. Su rechazo político al pacto no supone, por sí solo, su derogación jurídica, pero sí refleja un cambio profundo en la orientación del Gobierno.

Otro episodio polémico fue el intento, finalmente fallido, de retirar más de 60 obras del Museo Nacional que el mandatario consideraba ideológicas.

La controversia evidenció su voluntad de trasladar la confrontación política al terreno cultural, una estrategia que ha contribuido a reforzar su perfil entre determinados sectores conservadores, pero también a intensificar las críticas por la utilización partidista de las instituciones.

El estilo presidencial, muy centrado en su propia figura, suscita además un debate sobre los límites entre liderazgo político y protagonismo personal. En una democracia, la autoridad del presidente depende también de la fortaleza de las instituciones, no únicamente de su presencia pública.

El desafío de convertir las promesas en resultados

Cien días no bastan para juzgar una legislatura completa, especialmente cuando un desastre natural ha alterado las prioridades desde prácticamente el comienzo. Pero sí permiten identificar las decisiones que marcarán el rumbo del Gobierno colombiano.

De la Espriella ha conseguido situar la seguridad y la disciplina fiscal en el centro de la agenda política. Ha intensificado la presión militar sobre los grupos armados y ha planteado reformas económicas con las que pretende estabilizar las cuentas públicas.

Sin embargo, la violencia contra las comunidades continúa, las reformas fiscales necesitan respaldo parlamentario y los numerosos cambios de funcionarios complican la continuidad administrativa. La reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto representa, además, una obligación inmediata que exige financiación y coordinación institucional.

El Gobierno afronta ahora una prueba más exigente que la de sus primeros anuncios: demostrar que sus operaciones de seguridad reducen efectivamente el poder de las organizaciones criminales, que los ajustes presupuestarios son sostenibles y que las instituciones pueden funcionar sin depender del protagonismo constante del presidente.

La diferencia entre exhibir autoridad y recuperar el control del país será decisiva para evaluar el futuro de la presidencia de Abelardo de la Espriella.