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De la Espriella celebra 91 drones incautados con modelos de juguete
La DIAN retuvo 91 drones en Barranquilla. De la Espriella lo vinculó a la lucha antiterrorista, pero las fotos muestran modelos recreativos.
Resumen
- De la Espriella celebró la intervención de 91 drones en Barranquilla
- Las fotos muestran aparatos recreativos y réplicas de fusiles de hidrogel
- No se ha acreditado una conexión de esos equipos con grupos armados
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha quedado en el centro de una polémica después de presentar la incautación de 91 drones como parte de su ofensiva contra el narcoterrorismo. El problema está en las fotografías del operativo: varios de los aparatos exhibidos corresponden aparentemente a drones recreativos de bajo coste, mientras que otras cajas muestran réplicas de fusiles de plástico que disparan pequeñas bolas de hidrogel.
La operación fue realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un establecimiento comercial de Barranquilla. Aunque la retención de los dispositivos responde a controles sobre la importación y comercialización de mercancías, una investigación de la revista colombiana CAMBIO ha identificado entre los equipos fotografiados modelos que difícilmente podrían utilizarse para transportar explosivos. No se ha acreditado públicamente que los 91 drones estuvieran destinados a organizaciones criminales.
La controversia no cuestiona la existencia del operativo ni la necesidad de combatir el contrabando. Lo que está en discusión es la relación entre la mercancía intervenida y la amenaza terrorista que el Gobierno utilizó para explicar su actuación. Una diferencia considerable, especialmente en un país donde los ataques con drones cargados de explosivos han causado numerosas víctimas.
Los 91 drones de Barranquilla que celebró el presidente
El operativo tuvo lugar en un comercio de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde los agentes de aduanas intervinieron 91 aeronaves no tripuladas durante una inspección destinada a detectar irregularidades en su comercialización.
La actuación fue desarrollada por la Dirección Seccional de Aduanas mediante su grupo de control, en aplicación de las instrucciones de vigilancia aprobadas a comienzos de noviembre.
De la Espriella difundió posteriormente el resultado en sus redes sociales. El mandatario vinculó la intervención con los esfuerzos para impedir que los grupos armados colombianos utilicen drones en operaciones de vigilancia y ataques contra militares, policías y población civil.
En su mensaje, publicado el 18 de noviembre, defendió el endurecimiento de los controles y aseguró que su Ejecutivo impediría que esa tecnología llegara ilegalmente a manos de organizaciones violentas.
La advertencia responde a un problema real de seguridad. Sin embargo, la naturaleza de los aparatos exhibidos ha puesto en duda que la operación tuviera la relevancia antiterrorista sugerida por el discurso presidencial.
Drones E88 y E99: aparatos recreativos de unos 100 gramos
El análisis de las imágenes difundidas tras el operativo ha permitido identificar dispositivos aparentemente similares a los modelos E88 y E99, dos pequeños drones plegables de fabricación china que se comercializan principalmente para uso recreativo.
Se trata de equipos económicos, vendidos habitualmente como productos de entretenimiento y aprendizaje. Sus prestaciones están muy alejadas de las aeronaves utilizadas en operaciones militares.
El E88, por ejemplo, puede adquirirse por menos de 40 dólares. Pesa aproximadamente 100 gramos con la batería instalada y, según su versión, ofrece una autonomía cercana a los 15 minutos.
Su alcance de control ronda los 100 metros y carece de los sistemas avanzados de navegación presentes en dispositivos profesionales. El E99 presenta características similares, aunque las especificaciones concretas varían entre fabricantes y versiones.
Estas limitaciones importan porque transportar una carga explosiva requiere una capacidad de elevación, estabilidad y autonomía que no ofrecen los pequeños modelos recreativos identificados en las fotografías.
La identificación visual tampoco permite asegurar que los 91 equipos intervenidos fueran idénticos. Para determinarlo sería necesario conocer el inventario completo, con las referencias técnicas y características de cada aparato.
Los supuestos fusiles resultaron ser réplicas de hidrogel
Las fotografías también han generado controversia por unas cajas negras colocadas junto a los drones.
La senadora opositora Alejandra Omaña señaló que correspondían a fusiles de plástico. La comprobación realizada por CAMBIO identificó un embalaje compatible con una réplica recreativa del M4A1, un fusil de apariencia militar que utiliza pequeñas bolas de hidrogel como proyectiles.
Estos productos, conocidos comercialmente como lanzadores de gel, pueden reproducir el aspecto exterior de armas auténticas, pero su funcionamiento es diferente. Disparan pequeñas esferas hidratadas que se utilizan en actividades recreativas.
Algunos modelos incorporan efectos luminosos y sonidos para imitar los disparos. Su alcance habitual se sitúa entre 10 y 30 metros, dependiendo de la versión.
No son fusiles de fuego ni equivalen al armamento empleado por las organizaciones insurgentes. Eso no significa que deban utilizarse sin precauciones, pero su presencia en las imágenes no acredita un decomiso de armas de guerra.
La oposición exige identificar los equipos decomisados
La senadora Alejandra Omaña, perteneciente al Pacto Histórico, fue una de las primeras dirigentes políticas en cuestionar públicamente la presentación del operativo.
La congresista criticó que el Gobierno asociara la intervención con la lucha contra el narcoterrorismo cuando los dispositivos mostrados parecían artículos recreativos.
También reclamó explicaciones al Ministerio de Defensa sobre la supuesta capacidad de esos drones para transportar granadas y pidió a la DIAN que publicara las referencias de los 91 aparatos incautados.
La petición apunta a una cuestión verificable: determinar qué modelos se intervinieron realmente y si alguno disponía de prestaciones que permitieran utilizarlo en ataques con explosivos.
Hasta la información pública conocida sobre el caso, tampoco se había demostrado que el establecimiento inspeccionado mantuviera vínculos con organizaciones armadas ilegales.
Conviene distinguir ambas situaciones. Una mercancía puede encontrarse en situación irregular desde el punto de vista aduanero sin que exista necesariamente una conexión con el terrorismo o el narcotráfico.
Y una tercera cosa es su posible uso futuro. La capacidad teórica de utilizar una tecnología para cometer delitos no demuestra que todos los ejemplares comercializados tengan ese destino.
Colombia afronta una amenaza real de ataques con drones
La polémica coincide con un deterioro de la seguridad provocado por el uso creciente de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados.
Las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han incorporado drones adaptados para lanzar explosivos contra posiciones militares y policiales.
Según registros de la Policía colombiana recogidos por CAMBIO, durante 2026 se habían producido centenares de ataques de este tipo, con decenas de víctimas mortales y numerosos heridos.
Solo durante los primeros doce días de noviembre, distintos ataques con explosivos lanzados desde drones causaron la muerte de nueve militares en Chocó, Bolívar y Norte de Santander.
En Tibú, una de las zonas más afectadas por el conflicto, un ataque perpetrado el 12 de noviembre contra tropas del Ejército dejó cuatro militares muertos y otros cinco heridos.
Los aparatos utilizados por las organizaciones armadas presentan características muy diferentes a las de los pequeños modelos identificados en Barranquilla.
Entre ellos figuran drones profesionales y plataformas modificadas con capacidad para transportar explosivos de distintos pesos. Algunos incorporan sistemas de navegación por satélite, cámaras avanzadas y enlaces de comunicación de mayor alcance.
La amenaza es suficientemente grave como para justificar medidas específicas. Precisamente por eso, distinguir entre un dron recreativo y una aeronave preparada para atacar resulta fundamental.
La DIAN había intervenido otros 463 drones en dos puertos
El caso de Barranquilla forma parte de una intensificación de los controles aduaneros sobre esta tecnología.
El 17 de noviembre, la DIAN comunicó que había aplicado medidas cautelares de aprehensión sobre 463 drones en Buenaventura y Cartagena, con un valor comercial provisional de aproximadamente 357 millones de pesos colombianos.
En Buenaventura fueron localizados 360 equipos ocultos en un contenedor de juguetes, mientras que los otros 103 aparatos y componentes fueron intervenidos en la zona franca La Candelaria, en Cartagena.
En esta última actuación, la autoridad tributaria detectó, entre otras circunstancias, que una empresa no disponía de capacidad económica suficiente para respaldar una operación de importación.
La DIAN presentó esas intervenciones como parte de sus acciones contra el contrabando y las irregularidades del comercio exterior. También destacó la necesidad de evitar que determinados equipos pudieran terminar en manos de organizaciones criminales.
Sumados los 91 dispositivos de Barranquilla, las actuaciones conocidas en las tres ciudades alcanzaron 554 drones intervenidos.
Existe, no obstante, una precisión jurídica importante: la aprehensión aduanera supone una medida de retención de mercancías sometidas a comprobación. No equivale necesariamente a un decomiso definitivo ni demuestra por sí misma la comisión de un delito de terrorismo.
El decomiso existe; la conexión terrorista sigue sin demostrarse
El enfrentamiento político provocado por las imágenes deja dos hechos diferenciados.
Por un lado, las autoridades colombianas realizaron una intervención aduanera real sobre 91 drones en Barranquilla, dentro de una campaña para reforzar el control de estos dispositivos.
Por otro, los modelos identificados en las fotografías corresponden aparentemente a equipos recreativos sin capacidad práctica para transportar las cargas explosivas empleadas habitualmente en los ataques contra la fuerza pública.
La aparición de réplicas de fusiles que disparan hidrogel ha aumentado las críticas a la presentación pública de la operación.
Eso no invalida automáticamente las actuaciones de la DIAN. Las infracciones aduaneras deben investigarse y, cuando corresponda, sancionarse con independencia de las prestaciones de los productos intervenidos.
Pero el supuesto vínculo con el narcoterrorismo exige pruebas adicionales: referencias técnicas, información sobre los destinatarios de la mercancía y elementos que permitan establecer una conexión con organizaciones criminales.
De momento, la intervención aduanera está documentada; esa conexión terrorista, no.
Colombia tiene un problema grave con los drones convertidos en armas. Combatirlo requiere controles, inteligencia y medios técnicos adecuados. También exige distinguir entre los dispositivos capaces de lanzar explosivos y los que apenas pueden mantenerse unos minutos en el aire.
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