Pardo de Vera dice que recibió casi 20 currículums de afines al PSOE

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, asegura que durante su etapa al frente del administrador ferroviario recibió propuestas para incorporar a personas afines al PSOE y al entorno de José Luis Ábalos a puestos de la cúpula de la empresa pública. Según su relato, llegaron a sus manos casi 20 currículums y rechazó esas incorporaciones.

La antigua alto cargo introduce así una nueva derivada en torno a la gestión del Ministerio de Transportes durante los años de Ábalos, precisamente mientras ella continúa investigada en la Audiencia Nacional por asuntos relacionados con la contratación de Jéssica Rodríguez y con adjudicaciones de obra pública. Conviene separar ambos planos: las afirmaciones sobre los candidatos afines son el testimonio de Pardo de Vera y, por sí mismas, no acreditan que existiera una práctica ilegal ni que aquellas propuestas acabaran convirtiéndose en nombramientos.

Casi 20 currículums para puestos de la cúpula de Adif

El dato más llamativo es la cifra. Pardo de Vera sostiene que recibió “hasta casi 20 currículums” correspondientes, según su versión, a personas vinculadas al partido o al entorno del entonces ministro José Luis Ábalos para ocupar responsabilidades directivas dentro de Adif.

La expresidenta de la compañía ferroviaria afirma que se negó a aceptar esas propuestas. Su argumento es que durante aquellos años tuvo que enfrentarse con frecuencia a intentos de situar candidatos en determinados puestos y que preservó su criterio profesional frente a esas sugerencias.

No ha identificado públicamente a todas las personas que habrían promovido los nombramientos ni a los candidatos incluidos en esos currículums. Tampoco consta, a partir de lo conocido, que esos nombres acabaran ocupando los cargos propuestos. Esa diferencia es importante: una cosa es recibir recomendaciones políticas, una práctica que puede generar dudas sobre la profesionalización de las empresas públicas, y otra demostrar que se produjeron nombramientos irregulares o conductas penalmente relevantes.

Pardo de Vera sitúa aquellas propuestas dentro de la etapa en la que Adif gestionaba algunos de los grandes contratos de infraestructuras del país. Y ahí la cuestión adquiere otra dimensión. Los puestos directivos no administran precisamente una pequeña oficina: hablamos de una entidad pública situada en el corazón de la inversión ferroviaria española.

José Blanco y José Bono también aparecen en su relato

La ex secretaria de Estado ha aportado otro episodio. Afirma que los exministros socialistas José Blanco y José Bono la llamaron en distintas ocasiones para interesarse por la situación de determinadas empresas. Según Pardo de Vera, esas conversaciones no consistían en pedirle directamente favores, sino en trasladarle que ciertas compañías consideraban que estaban siendo tratadas de manera desfavorable.

Ella misma ha evitado identificar públicamente a esas empresas. Sostiene que no quiere perjudicar su reputación sin saber si aquellos contactos tenían algún alcance ilegal, aunque asegura estar dispuesta a explicar los detalles ante la Justicia.

Ese matiz vuelve a ser esencial. Que un antiguo ministro llame a una responsable pública para preguntar por una compañía puede plantear interrogantes políticos o éticos dependiendo del contexto, pero no equivale automáticamente a una intermediación ilícita. Para valorar el alcance de esos contactos habría que conocer quién llamó, por qué empresa, qué planteó exactamente y si aquella gestión tuvo después algún efecto.

Pardo de Vera asegura, además, que no tiene constancia de que Blanco o Bono realizaran esas mismas gestiones directamente ante Ábalos.

El foco vuelve a los contactos alrededor de las obras públicas

Las declaraciones encajan en un asunto mucho más amplio que lleva tiempo bajo investigación: el grado de acceso que determinados empresarios, intermediarios y personas próximas al poder político tuvieron al Ministerio de Transportes y a organismos dependientes de él.

Ese es uno de los terrenos donde una investigación judicial resulta especialmente delicada. En las grandes obras públicas hay reuniones empresariales, reclamaciones contractuales y contactos institucionales perfectamente normales. La frontera empieza a oscurecerse cuando aparece una posible capacidad de influencia sobre adjudicaciones, puntuaciones, sobrecostes o decisiones administrativas.

La investigación ha analizado comunicaciones relacionadas con contratos de Adif y gestiones efectuadas por Koldo García ante responsables del organismo ferroviario. También se han conocido episodios en los que determinadas pretensiones empresariales finalmente fueron rechazadas por Adif, algo que obliga a mirar cada expediente por separado y no convertir cualquier conversación en una prueba automática de corrupción.

Su versión sobre Koldo García y José Luis Ábalos

Pardo de Vera describe una relación particularmente mala con Koldo García, antiguo asesor de Ábalos. Sostiene que chocó repetidamente con él y que trasladaba al ministro sus quejas por actuaciones que consideraba improcedentes.

En sus declaraciones también mantiene una valoración bastante distinta de José Luis Ábalos. Explica que lo conoció prácticamente en el momento de su nombramiento y que su relación con él fue profesional, aunque con el paso de los años adquiriera mayor confianza. Dice igualmente que fue una de las personas que más veces se negó a atender determinadas peticiones procedentes de aquel entorno.

Su relato intenta dibujar una línea muy clara: la de una responsable pública sometida a presiones o sugerencias que, según ella, bloqueó decisiones que consideraba inadecuadas. Esa es su versión. La investigación judicial debe determinar hasta qué punto esa imagen encaja con la documentación, los mensajes intervenidos y las declaraciones del resto de implicados.

La propia Pardo de Vera ha manifestado que está dispuesta a colaborar con la Justicia y aportar información sobre personas que preguntaron por determinadas compañías o sobre posibles intermediarios. También ha señalado que conoce situaciones relacionadas con empresas y eventuales comisionistas que podrían resultar de interés para los investigadores.

Pardo de Vera sigue investigada por la contratación de Jéssica Rodríguez

Las revelaciones llegan con Pardo de Vera en una posición judicial incómoda. La antigua presidenta de Adif está siendo investigada en la Audiencia Nacional por su posible papel en la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco.

Pardo de Vera admite haber trasladado el currículum de Rodríguez, pero niega haber decidido su contratación. Mantiene que la petición le llegó a través de Koldo García en nombre de Ábalos y sostiene que serán los responsables de Ineco quienes deberán aclarar cómo se materializó finalmente aquella incorporación.

El Tribunal Supremo había trasladado a la Audiencia Nacional los indicios relativos a Pardo de Vera al no tratarse de una persona aforada. Meses después, el propio Supremo rechazó modificar las referencias a ella contenidas en la resolución del caso de las mascarillas al recordar que Pardo de Vera no había sido parte procesal en aquella causa concreta.

Ella insiste en que la instrucción todavía debe esclarecer su actuación y reivindica su derecho a defenderse antes de extraer conclusiones definitivas. Es algo básico pero a veces olvidado cuando política y tribunales entran en la misma habitación: estar investigado no equivale a estar condenado.

Un testimonio que aumenta la presión sobre la etapa de Ábalos

Las palabras de Pardo de Vera tienen peso político porque proceden de alguien que estuvo dentro del engranaje: presidió Adif y después ocupó la Secretaría de Estado de Transportes. No habla desde la grada, sino desde un despacho que gestionaba decisiones de enorme relevancia económica.

Su afirmación de que recibió casi 20 currículums para situar a personas afines al PSOE abre una cuestión incómoda sobre la influencia política en la dirección de las empresas públicas. Las llamadas de Blanco y Bono añaden otra pieza, aunque ella misma precise que no le solicitaron favores y evite atribuir a esos contactos carácter ilícito.

Quedan nombres por conocer, conversaciones por contextualizar y, sobre todo, hechos por acreditar. Ese es el terreno decisivo. Las declaraciones de Pardo de Vera son políticamente relevantes; las responsabilidades judiciales requieren bastante más que un testimonio público. Entre ambas cosas hay una distancia considerable, aunque el ruido de la política española procure a menudo borrarla.