La ONU renueva las sanciones a Haití y mantiene el embargo de armas

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha renovado durante un año el régimen de sanciones contra Haití, manteniendo la congelación de activos, las prohibiciones de viaje y el embargo de armas con el que la comunidad internacional intenta cortar recursos a las pandillas que siguen condicionando buena parte de la vida política, económica y cotidiana del país caribeño. La decisión salió adelante este 14 de octubre con 14 votos a favor y la abstención de Rusia.

La resolución, promovida por Estados Unidos y Panamá, prolonga también durante trece meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones. No supone un giro radical en la política de la ONU hacia Haití. Más bien prolonga un cerco que lleva años construyéndose y que tropieza con una dificultad bastante terrenal: una sanción escrita en Nueva York sirve de poco cuando las armas continúan entrando y las redes que financian a los grupos armados encuentran agujeros por los que respirar.

Un año más de sanciones y un embargo que afecta a todo Haití

El régimen actual tiene su origen en octubre de 2022, cuando el Consejo de Seguridad estableció medidas contra personas y entidades responsables o cómplices de acciones consideradas una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad haitianas. Entonces se creó también el comité encargado de administrar las sanciones y supervisar su aplicación.

Las medidas permiten impedir la entrada o el tránsito de personas sancionadas por los países miembros de la ONU y obligan a congelar los fondos y recursos económicos controlados por quienes figuran en la lista. A ello se suma el embargo de armas, que inicialmente tenía un alcance más limitado y posteriormente pasó a abarcar el conjunto del territorio haitiano.

El endurecimiento no es menor. La circulación de fusiles, munición y armas ligeras es uno de los nervios de la crisis: sin suministro, una pandilla pierde músculo; con él, puede disputar barrios, carreteras, instalaciones estratégicas o rutas comerciales al propio Estado.

Las fuerzas de seguridad haitianas mantienen excepciones

El embargo no significa que la Policía y las unidades legítimas bajo mando del Gobierno haitiano queden desarmadas. La normativa contempla excepciones para las fuerzas de seguridad y para las misiones autorizadas internacionalmente cuando el material se destina a promover la paz y la estabilidad del país.

La posición defendida por Estados Unidos incide precisamente en esa diferencia: el objetivo declarado es reducir el flujo de armamento que llega a las organizaciones criminales, no bloquear la capacidad de las autoridades haitianas para responder a ellas.

Parece una distinción evidente sobre el papel. Sobre el terreno lo es bastante menos. El riesgo de pérdida, robo o desvío de armamento aparece entre las preocupaciones del régimen internacional, precisamente porque cada arma que sale del circuito oficial puede terminar reforzando a los mismos grupos que se intenta debilitar.

Rusia se abstiene y cuestiona la eficacia de las sanciones

La votación dejó una fotografía diplomática bastante clara: prácticamente todo el Consejo respaldó la renovación, mientras Rusia optó por abstenerse. Moscú ha cuestionado la eficacia del régimen vigente y rechaza que su posición implique proteger a funcionarios corruptos o a actores vinculados con las redes criminales.

Estados Unidos y Panamá defienden la tesis contraria: mientras las pandillas mantengan capacidad para adquirir armas, financiar operaciones y controlar territorio, retirar las sanciones aliviaría precisamente la presión sobre quienes se benefician de la violencia. La discusión toca uno de los puntos más incómodos de cualquier régimen de sanciones: aprobarlo no basta.

Hay que perseguir cuentas, intermediarios, transferencias, rutas de contrabando y cargamentos; identificar beneficiarios reales y conseguir que distintas jurisdicciones cooperen. En definitiva, convertir una decisión diplomática en problemas concretos para quienes mueven armas y dinero. Esa es la parte difícil.

La lista de sancionados no incorpora nuevos nombres

La resolución aprobada no añade nuevas personas a la lista pese a las presiones existentes durante las negociaciones para ampliar el número de afectados. El régimen incluye a figuras relevantes de las pandillas y a varias organizaciones armadas, entre ellas Gran Grif y Viv Ansanm.

Entre los nombres señalados figura Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», una de las caras más reconocibles del poder de las bandas haitianas, junto a otros dirigentes y actores acusados de apoyar estructuras armadas o facilitar actividades capaces de desestabilizar el país.

La arquitectura de las sanciones no se limita, de hecho, al hombre que aparece con un fusil en una esquina. También permite actuar contra quienes financian, apoyan o facilitan actividades que amenazan la estabilidad de Haití. Dinero, combustible, información, munición, contactos. Una pandilla necesita bastante más que hombres armados para funcionar durante años.

Las pandillas siguen condicionando la vida de Haití

La ONU prorroga las medidas porque el problema que pretendían contener no ha desaparecido. Los grupos armados conservan capacidad operativa y continúan beneficiándose de entramados que atraviesan la economía informal, las redes criminales y determinados espacios de poder.

La crisis pesa especialmente sobre Puerto Príncipe y otras zonas estratégicas, donde la presencia de organizaciones armadas complica desplazamientos, actividad comercial, funcionamiento de servicios públicos y cualquier intento de recuperar una normalidad institucional que lleva demasiado tiempo aplazada.

La situación adquiere todavía más importancia ante los esfuerzos de Haití por recuperar un calendario político estable. Organizar elecciones, garantizar movimientos seguros y permitir que las instituciones funcionen exige algo más elemental que una urna: hace falta control efectivo del territorio. Y ahí continúa buena parte del problema.

La violencia también ha golpeado con especial dureza regiones como Artibonite, donde operan grupos responsables de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad. No se trata solo de una crisis de delincuencia común; el alcance territorial y la capacidad de presión de las bandas han convertido la seguridad en una cuestión de Estado.

La respuesta internacional combina sanciones y fuerza de seguridad

Las sanciones financieras y el embargo forman solo una pieza de la respuesta internacional. Haití cuenta también con el apoyo de una fuerza internacional contra las pandillas, desplegada para colaborar con las autoridades haitianas en el intento de recuperar territorio y reducir la capacidad operativa de los grupos armados.

Son dos carriles que necesitan encontrarse: presión sobre las redes financieras y logísticas, por un lado; operaciones de seguridad, por otro. Si uno falla, el otro trabaja cuesta arriba. Detener a miembros de una organización mientras siguen entrando armas y dinero tiene algo de achicar un barco sin cerrar antes la vía de agua.

El desafío tampoco acaba con capturar a un cabecilla. Las organizaciones pueden sustituir mandos, fragmentarse, pactar entre ellas o transformarse. Cortar sus fuentes de financiación y abastecimiento resulta por eso esencial para impedir que la caída de un jefe sea simplemente el prólogo del siguiente.

El verdadero examen estará en hacer cumplir el embargo

La decisión del Consejo de Seguridad mantiene intacta la apuesta internacional: aislar a quienes sostienen la violencia, dificultar el acceso de las pandillas a armas y recursos y reforzar a las instituciones capaces de recuperar territorio y autoridad.

Pero la renovación también revela los límites del camino recorrido. Tras años de régimen sancionador, Haití continúa afrontando organizaciones armadas poderosas y redes capaces de adaptarse. Rusia utiliza precisamente esa persistencia para cuestionar la eficacia de las medidas; la mayoría del Consejo interpreta lo contrario: abandonarlas cuando la amenaza continúa supondría retirar presión en un momento especialmente delicado.

Durante los próximos doce meses, la eficacia de las sanciones no se medirá por el número de páginas de una resolución, sino por algo bastante más áspero: cuántas armas dejan de llegar, cuánto dinero queda realmente bloqueado y cuánto espacio pierden las pandillas frente al Estado haitiano. Ahí, lejos de las mesas del Consejo de Seguridad, se juega la parte importante.