Las hijas de Maradona piden 15 años de prisión para Leopoldo Luque

Diego Armando Maradona fue «asesinado a sangre fría», sostuvo Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, durante el alegato en el que pidió 15 años de prisión para Leopoldo Luque por la muerte del exfutbolista. La acusación particular considera que el neurocirujano incurrió en homicidio simple con dolo eventual durante la internación domiciliaria que precedió al fallecimiento del astro argentino.

La frase es brutal y, casi inevitablemente, destinada a ocupar titulares, pero necesita una precisión importante: no es una conclusión judicial ni significa que el tribunal haya establecido que Maradona fue asesinado deliberadamente. Es la tesis sostenida por los representantes de dos de sus hijas. Luque mantiene su inocencia y su defensa cuestiona tanto su responsabilidad sobre la internación domiciliaria como la interpretación médica de la muerte. El juicio, por tanto, continúa abierto.

El alegato de Burlando cerró la etapa de exposiciones de la Fiscalía y las acusaciones particulares ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Seis años después de la muerte de Maradona, la discusión judicial ha quedado concentrada en una cuestión decisiva: si los profesionales que lo atendían pudieron evitar su fallecimiento y qué hicieron —o dejaron de hacer— cuando su estado empezó a deteriorarse.

Burlando acusa a Luque de asumir un riesgo mortal

La acusación de Dalma y Gianinna sostiene que el equipo que rodeaba a Maradona conoció señales suficientemente graves para comprender que la situación podía acabar de forma fatal y, pese a ello, no modificó el tratamiento con la urgencia necesaria. Burlando utilizó un lenguaje especialmente duro y retrató al exfutbolista como un paciente vulnerable abandonado cuando su cuerpo estaba enviando señales de alarma.

Para Luque pidió 15 años de cárcel. Para Nancy Forlini, coordinadora médica vinculada a Swiss Medical, reclamó 12 años, y para la psiquiatra Agustina Cosachov, diez. Los tres fueron señalados por esta acusación como responsables de homicidio simple con dolo eventual. Para el psicólogo Carlos Díaz solicitó cinco años por homicidio culposo, mientras que para Mariano Perroni y Ricardo Almirón pidió cuatro años y seis meses. Respecto al médico clínico Pedro Di Spagna, Burlando reclamó la absolución.

No todas las partes han solicitado las mismas penas. De hecho, Luque afronta peticiones diferentes, desde los 12 años reclamados por la Fiscalía hasta los 16 solicitados por Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando Maradona. La disparidad no es un detalle: incluso dentro del bloque acusador existen distintas valoraciones sobre el grado de responsabilidad penal de cada profesional.

Qué significa realmente el dolo eventual

Hablar de homicidio con dolo eventual no equivale a sostener que alguien planificó matar a Maradona. La acusación intenta demostrar algo distinto: que determinados profesionales habrían advertido la posibilidad de un desenlace mortal y, aun así, continuaron actuando —o dejando de actuar— de una manera que asumía ese riesgo.

Por eso la expresión «a sangre fría» pertenece al terreno retórico del alegato de Burlando, mucho más severo que la propia formulación jurídica. El tribunal tendrá que decidir sobre hechos, responsabilidades y pruebas, no sobre la potencia dramática de una frase. Y con Maradona, conviene recordarlo, separar ambas cosas nunca ha sido precisamente sencillo.

Los últimos días de Maradona, en el centro del proceso

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, con 60 años, en una vivienda de Tigre donde permanecía bajo internación domiciliaria después de haber sido operado de un hematoma subdural.

La autopsia estableció como causa del fallecimiento un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, asociado a una miocardiopatía dilatada. Durante el juicio, peritos vinculados a la junta médica defendieron que su deterioro había sido progresivo y que existieron indicios que debieron provocar controles más intensos o un traslado a un centro sanitario.

Entre esas señales se han mencionado edemas, hinchazón de las extremidades y episodios de taquicardia, además de fatiga y otros síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. Para la acusación, esos datos debilitan la idea de una muerte completamente imprevisible. Su tesis es que Maradona necesitaba un nivel de vigilancia médica que aquella casa no podía proporcionar.

El centro del caso no está en discutir si Maradona estaba enfermo —eso resulta evidente—, sino en determinar si quienes tenían responsabilidades sobre su atención identificaron correctamente el peligro y reaccionaron como exigía su situación clínica.

La defensa de Luque rechaza que estuviera al mando

Leopoldo Luque ha presentado una versión radicalmente distinta. El neurocirujano sostiene que no dirigía la internación domiciliaria, que los enfermeros no dependían de él y que su papel debía entenderse dentro de los límites de su especialidad.

También ha cuestionado aspectos de las pericias sobre el corazón de Maradona, el edema y la duración de la supuesta agonía. En una de sus declaraciones aseguró que el exfutbolista sufrió un episodio cardíaco que no podía interpretarse del modo planteado por la acusación y negó que existiera una agonía de unas 12 horas demostrable científicamente.

La defensa ha contado además con especialistas que introdujeron dudas relevantes. Uno de los médicos forenses declaró que Maradona habría muerto de forma inesperada y repentina, mientras que otro especialista defendió que no existían patologías cardíacas detectables que permitieran anticipar un desenlace semejante. Son opiniones discutidas por otros peritos, pero forman parte del material que los jueces deberán valorar.

Ahí está la fractura del juicio: para unos hubo un deterioro visible, prolongado y desatendido; para otros, un episodio agudo cuya evolución no podía preverse con la certeza que ahora reclama la acusación.

Un segundo juicio después del escándalo de 2025

El proceso que se celebra en San Isidro no es el primero. El juicio anterior fue anulado en mayo de 2025 por el escándalo provocado por la entonces jueza Julieta Makintach y la grabación de un documental relacionado con el caso durante el propio debate.

Todo tuvo que empezar de nuevo. El segundo proceso arrancó el 14 de abril de 2026, con un tribunal diferente y buena parte de las estrategias de acusación y defensa ya expuestas durante el intento anterior. Tras meses de declaraciones, el debate llegó a su fase decisiva después de decenas de audiencias, testigos, informes médicos y declaraciones de los propios acusados.

La repetición añadió una capa casi absurda a un expediente que ya era enorme. Familia, médicos, peritos, chats, audios, informes clínicos y autopsias han vuelto a pasar por una sala para responder a una muerte ocurrida en una habitación seis años atrás. Maradona, incluso ausente, sigue ocupando todo el espacio.

Las defensas tendrán la última palabra antes del tribunal

Con el alegato de Burlando terminó la exposición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. Las defensas deberán presentar sus conclusiones ante los jueces antes de que el tribunal quede en condiciones de deliberar sobre la responsabilidad de cada acusado.

No existe todavía una condena contra Luque ni contra los restantes profesionales y todos conservan la presunción de inocencia hasta que el tribunal dicte sentencia. Incluso en los casos en los que alguna acusación haya solicitado la absolución, será la resolución judicial la que determine definitivamente la situación procesal.

El tribunal deberá resolver también una cuestión bastante más incómoda que cualquier titular: cuánto de lo ocurrido fue consecuencia inevitable de la compleja salud de Maradona y cuánto respondió a decisiones médicas, omisiones o una organización asistencial deficiente. Ese es, en realidad, el terreno sobre el que se juega el juicio.

Seis años después, la muerte de Maradona sigue bajo examen

La acusación de Dalma y Gianinna ha elevado el tono en el momento más delicado del proceso. «Asesinado a sangre fría» es una frase enorme, casi tan grande como el personaje del que se habla. Pero la sentencia necesitará algo menos mítico y bastante más frío: establecer qué sabía cada acusado, qué responsabilidad tenía y si una actuación diferente habría podido evitar la muerte.

Los alegatos enfrentan dos versiones difíciles de reconciliar. Una presenta a Maradona como un paciente abandonado pese a las señales de peligro; la otra sostiene que se está transformando retrospectivamente una muerte cardíaca en un homicidio.

Después de años de ruido, nulidades y discusiones médicas, el caso entra en el territorio que importa. Ya no el mito, ni la camiseta, ni el hombre que parecía regresar siempre. Solo las pruebas y los jueces ante la cuestión que puede definir el proceso: si existe responsabilidad penal por la muerte de Diego Armando Maradona.