Pedraz da 48 horas al PSOE tras no remitir los contratos con abogados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado al PSOE un plazo de 48 horas para entregar la documentación sobre los abogados, despachos y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025. El magistrado reitera así una petición formulada el 6 de octubre que, según consta en la nueva providencia, seguía sin respuesta por parte de los servicios jurídicos socialistas.

El requerimiento va bastante más allá de facilitar unos cuantos nombres. Pedraz reclama la relación completa de profesionales contratados, tanto por los órganos centrales como por las estructuras territoriales del PSOE, junto con contratos, notas de encargo y la documentación empleada para acreditar qué servicios se contrataron y cuáles fueron finalmente prestados. El juzgado quiere seguir el rastro administrativo y económico de esas relaciones profesionales, no quedarse en la superficie.

Pedraz endurece el requerimiento tras dos semanas sin respuesta

La nueva providencia llega después de que hayan transcurrido alrededor de dos semanas desde el primer requerimiento. Ante la falta de contestación, Pedraz vuelve a dirigirse al servicio jurídico del PSOE y fija esta vez un límite concreto: dos días para cumplir lo solicitado. El cambio puede parecer pequeño, pero no lo es. Una petición abierta pasa a tener reloj.

No se trata de una línea de investigación aparecida de repente, sino de un nuevo movimiento dentro del denominado caso Leire Díez, conocido también públicamente como el caso de las “cloacas”. La causa investiga una presunta trama que habría buscado interferir o influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE, el Gobierno o personas de su entorno político.

La diferencia está precisamente en el plazo. El primer oficio permitía la entrega sin una advertencia temporal tan estrecha; el segundo coloca 48 horas encima de la mesa. Cuando un juzgado insiste por segunda vez, el silencio administrativo empieza a pesar bastante más.

Qué documentación reclama la Audiencia Nacional al PSOE

Pedraz pide conocer todos los letrados, despachos de abogados y consultoras contratados por el PSOE entre 2021 y 2025. La petición comprende tanto la dirección nacional como los órganos centrales y territoriales de la formación, de manera que la respuesta no puede limitarse únicamente a las contrataciones realizadas directamente desde Ferraz.

El juez también reclama copia de los expedientes que justificaron esas contrataciones: notas de encargo, contratos y documentos equivalentes que permitan determinar qué trabajo se solicitó a cada profesional. A ello se suma la documentación utilizada posteriormente para acreditar los servicios efectivamente prestados y los pagos vinculados a esos encargos.

Del nombre del abogado al rastro de las contrataciones

Ese matiz resulta importante. Que un partido político contrate abogados o consultoras es completamente ordinario. Lo que interesa a la investigación es conocer quién autorizó cada encargo, para qué servicio, bajo qué condiciones y con qué documentación se acreditó después que el trabajo se había realizado.

La investigación trata así de comprobar si determinadas relaciones profesionales siguieron un cauce normal o si alguna de ellas pudo tener conexión con los hechos que se investigan. El foco no está, por tanto, en la existencia de asesoramiento jurídico en sí mismo, sino en la trazabilidad de los contratos y del dinero.

La UCO ha centrado parte de sus pesquisas en las relaciones con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa. Entre los elementos bajo examen aparecen varias notas de encargo profesional y la posible participación de personas vinculadas a la estructura del partido. Son, en cualquier caso, hechos sometidos a investigación y no conclusiones judiciales firmes.

Por qué los contratos son relevantes en el caso Leire Díez

Una de las líneas abiertas consiste en determinar si sociedades o profesionales relacionados con la investigación pudieron utilizarse para canalizar pagos vinculados a actuaciones atribuidas a Leire Díez. De ahí que la documentación solicitada abarque cuatro años completos y no únicamente operaciones aisladas.

Ese periodo permite comparar fechas, encargos, facturación, responsables y trabajos declarados. Si los documentos describen servicios reales, correctamente contratados y justificados, se tratará del funcionamiento habitual de una organización que recurre a asesoramiento externo. Si surgen incoherencias, pagos sin correspondencia clara o trabajos difíciles de acreditar, el escenario procesal podría adquirir otra dimensión.

La investigación atribuye provisionalmente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, un papel relevante en la estructura que se trata de esclarecer y sitúa también a Leire Díez entre sus protagonistas. La instrucción continúa abierta y muchas de sus piezas dependen todavía de diligencias pendientes y documentación por incorporar.

El PSOE no está investigado como persona jurídica

Conviene separar aquí dos planos que en política suelen mezclarse con una facilidad casi deportiva. El PSOE no está actualmente investigado como persona jurídica dentro de esta causa. Que el juez reclame contratos y pagos no equivale a considerar al partido responsable de delito alguno.

Pedraz rechazó anteriormente la petición de imputar a la formación porque entendió que todavía faltaban diligencias y no existía en ese momento un principio de prueba suficiente para establecer la conexión necesaria entre los hechos investigados y el partido. La instrucción, eso sí, continúa acumulando información.

La Fiscalía Anticorrupción había considerado que existían elementos que justificaban seguir profundizando en determinadas líneas, aunque veía prematuro atribuir responsabilidad penal al PSOE antes de completar las actuaciones pendientes. Esa distinción jurídica es importante: investigar contratos no significa anticipar culpabilidades.

Las 48 horas colocan el foco sobre la respuesta del PSOE

El nuevo plazo deja la pelota, de momento, en los servicios jurídicos socialistas. Ferraz debe entregar en 48 horas una documentación que el juzgado reclama desde comienzos de octubre y que puede ayudar a reconstruir quién contrató a determinados profesionales, en qué condiciones y con qué justificación.

La situación añade presión política porque la investigación afecta a antiguos responsables y personas relacionadas con la órbita socialista, pero el terreno judicial funciona con materiales bastante menos vistosos que las declaraciones de partido: contratos, fechas, facturas, encargos y justificantes.

Los documentos decidirán hasta dónde llega esta línea de investigación

La importancia del requerimiento dependerá finalmente de lo que contenga la documentación. Si los contratos, pagos y trabajos encajan entre sí, la diligencia puede cerrar sospechas concretas. Si aparecen anomalías o relaciones que hasta el momento no habían aflorado, Pedraz tendrá margen para ordenar nuevas comprobaciones y ampliar las pesquisas.

Por ahora hay un hecho inequívoco: el juez ha reiterado su petición y ha sustituido la espera por un plazo de 48 horas. La investigación entra así en una fase mucho menos retórica. Sobre la mesa ya no cuentan los comunicados ni las versiones políticas, sino los papeles.