Madrid afronta una huelga docente por inversión, ratios y segregación

La huelga indefinida del profesorado de la educación pública madrileña ha entrado en su segunda semana con el conflicto lejos de enfriarse. Tras cinco jornadas de paro, manifestaciones, cortes de tráfico y las cargas policiales registradas el lunes 19 de octubre durante una protesta coincidente con un acto de Isabel Díaz Ayuso, los docentes mantienen el pulso con el Gobierno regional. El origen va bastante más allá del sueldo: menos alumnos por aula, reducción de las horas lectivas, más personal, mejores infraestructuras y medidas contra la segregación escolar forman el grueso de las reivindicaciones.

El conflicto llega, además, acompañado de una cifra difícil de apartar de la mesa. Según el último anuario estadístico estatal disponible, con datos de 2023, la Comunidad de Madrid registró un gasto público de 6.502 euros por alumno de la enseñanza pública no universitaria, frente a los 7.943 euros de media española. Es la cantidad más baja entre las comunidades autónomas en esa comparación. El contraste resulta especialmente llamativo en una de las regiones con mayor capacidad económica del país.

Una huelga que ha desbordado el conflicto laboral

El paro comenzó el 14 de octubre de 2026 y afecta a la enseñanza pública no universitaria. En torno a 65.000 docentes estaban llamados a participar en una movilización impulsada por sindicatos y colectivos educativos que llevaba meses gestándose. No nació, por tanto, de un calentón de octubre ni de las imágenes de antidisturbios que después elevaron la temperatura política.

El seguimiento de la huelga es uno de los campos de batalla. En la primera jornada, los sindicatos hablaron de alrededor de un 70%, mientras la Comunidad de Madrid lo situó en el 44,6%. Para el martes 20, quinto día de huelga, el Ejecutivo regional redujo su estimación al 10,4% y el comité convocante optó por no publicar una cifra propia. Son porcentajes demasiado alejados para construir una fotografía compartida, pero la presencia continuada de docentes en las calles demuestra que el conflicto sigue teniendo capacidad de movilización.

El martes por la noche la protesta tomó otro tono. Profesores y estudiantes marcharon desde la Delegación del Gobierno hasta la Consejería de Educación y muchos sustituyeron el tradicional verde de la escuela pública por ropa negra, en rechazo a la actuación policial del día anterior. La Delegación del Gobierno anunció que revisaría lo ocurrido y estudiaría la apertura de una investigación si apreciaba falta de proporcionalidad en las cargas.

Madrid, a la cola en gasto por alumno

Las estadísticas tienen la mala costumbre de no caber bien en los eslóganes. Madrid puede aumentar su presupuesto educativo y, al mismo tiempo, continuar gastando menos por alumno que cualquier otra comunidad. Ambas cosas son ciertas.

El dato estatal disponible sitúa el gasto por estudiante de la enseñanza pública no universitaria en 6.502 euros en Madrid. La media española alcanza 7.943 euros; Asturias supera los 9.000, Navarra se acerca a 10.000 y el País Vasco llega a 12.484 euros. Si se contabiliza conjuntamente al alumnado de centros públicos y concertados, Madrid vuelve a aparecer en el último puesto, con 5.534 euros por alumno frente a una media de 6.851.

Eso no significa que el presupuesto madrileño esté bajando. Las cuentas autonómicas de 2026 destinan 6.959 millones de euros a Educación, Ciencia y Universidades, un 3,9% más que el año anterior. El Gobierno regional prevé también 2.725 docentes adicionales, 115 millones para infraestructuras y 38 millones para avanzar en la reducción de las horas lectivas del profesorado de Secundaria. Es la réplica central del Ejecutivo de Ayuso: sostiene que existe inversión, contratación y un proceso de mejora ya en marcha.

La discusión, pues, no gira únicamente sobre cuánto sube un presupuesto respecto al ejercicio anterior. Los huelguistas ponen el foco en desde qué nivel se parte, cuánto dinero corresponde a cada alumno y qué carga de trabajo soportan los centros.

La segregación abre otro frente especialmente incómodo

La otra cifra que alimenta la protesta es la segregación escolar. Un informe elaborado a partir de datos de PISA coloca a Madrid como la comunidad con mayor segregación socioeconómica del alumnado desfavorecido, con un índice de 0,42. Por detrás aparecen Melilla, Cataluña y Asturias.

Conviene precisar qué significa. No se habla de separar formalmente a los alumnos por renta, obviamente, sino de hasta qué punto los estudiantes de familias con menos recursos terminan concentrados en determinados colegios e institutos, mientras quienes proceden de hogares más acomodados se agrupan en otros. En Madrid, además, el peso de la enseñanza concertada y privada es especialmente elevado: la red pública escolarizaba alrededor del 54% del alumnado en los datos empleados por el estudio, frente al 67% de media estatal.

Para los sindicatos, esta separación acaba entrando en el aula por la puerta de atrás: centros con porcentajes muy elevados de alumnado vulnerable, estudiantes recién llegados con desfases curriculares, necesidades educativas especiales y equipos docentes que deben repartir el mismo tiempo entre situaciones muy distintas. La reivindicación incorpora por eso la recuperación de aulas de enlace, refuerzos para la atención a la diversidad y una revisión del actual modelo bilingüe, al que los convocantes atribuyen efectos segregadores.

Menos alumnos, menos horas y 600 euros más

La tabla reivindicativa es extensa, pero tiene un núcleo bastante concreto. Los convocantes quieren bajar las ratios de alumnos hasta 13 en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional, junto con cupos específicos para estudiantes que necesitan apoyos adicionales.

También reclaman reducir la carga lectiva hasta 17 horas semanales en Secundaria y 22 en Infantil y Primaria. La discusión sobre las horas no es un simple debate de reloj. Menos tiempo frente al grupo supone más margen para preparar clases, corregir trabajos, atender familias, coordinarse con orientadores o seguir de manera individual a alumnos con dificultades. Son tareas que existen aunque no aparezcan delante de una pizarra.

En el terreno salarial, la petición alcanza los 600 euros mensuales de incremento en el complemento autonómico, además de equiparaciones para determinados cuerpos docentes y mejoras específicas en Educación Especial. A ello se suman una menor carga burocrática, personal administrativo en los centros, climatización adecuada y actuaciones para retirar amianto donde todavía permanezca en las instalaciones.

El dinero importa, claro. Pero reducir toda la huelga a esos 600 euros ofrece una fotografía muy cómoda y bastante recortada: deja fuera ratios, orientadores, edificios, segregación, horas lectivas y atención a alumnos que necesitan algo más que una ficha y buenas intenciones.

El Gobierno de Ayuso rechaza abrir otra negociación

La Consejería de Educación defiende que ya existe un acuerdo sectorial vigente y considera que una parte de las peticiones resulta inasumible o excede el marco que pretende negociar. El Gobierno regional ha calificado la huelga de política y ha cuestionado el planteamiento de los convocantes, mientras el comité de huelga acusa a la Administración de negarse a reconocerlo como interlocutor y sentarse a negociar las demandas.

Ahí se encuentra uno de los principales bloqueos. El Ejecutivo autonómico recuerda las medidas ya presupuestadas, entre ellas la incorporación de profesorado y la reducción progresiva de ratios y horas lectivas. Los sindicatos responden que esas actuaciones no alcanzan para corregir el retraso acumulado y señalan que algunas de las condiciones que reclaman existen ya, con distintos modelos, en otras comunidades.

El desacuerdo ha dejado de ser una discusión técnica entre despachos. Ayuso ha endurecido su discurso frente a las movilizaciones y las protestas del lunes 19 terminaron con intervención policial cuando docentes trataron de acercarse a un acto en el que participaba la presidenta. Un conflicto que empezó hablando de aulas ha acabado hablando también de orden público, derecho de manifestación y responsabilidades policiales.

Las movilizaciones continúan esta semana

Este miércoles 21 de octubre la movilización continúa con asambleas y acciones descentralizadas en centros y municipios. El calendario prevé para el jueves 22 una concentración ante la Asamblea de Madrid durante la mañana y, por la tarde, otra manifestación desde Atocha hasta la calle Alcalá, donde se encuentra la Consejería de Educación.

El desgaste económico de una huelga indefinida será, inevitablemente, una de las variables decisivas. Cada jornada de paro implica una reducción salarial para quienes la secundan y los porcentajes oficiales muestran una caída del seguimiento. Eso no equivale necesariamente a la desaparición del malestar. Una cosa es cuántos profesores pueden permitirse dejar de cobrar varios días seguidos; otra, bastante distinta, cuántos consideran que las condiciones necesitan cambiar.

Mientras no exista una mesa capaz de acercar posiciones, la calle seguirá haciendo de sala de reuniones. Es un método ruidoso e incómodo, bastante menos elegante que una mesa con carpetas. También suele aparecer cuando las carpetas llevan demasiado tiempo cerradas.

Un conflicto que ya no cabe en una tabla salarial

La huelga educativa madrileña ha terminado poniendo bajo el foco el modelo completo: cuánto se invierte por alumno, dónde estudian los alumnos vulnerables, cuántos estudiantes reúne cada profesor y cuánto tiempo dispone para atenderlos. Ahí está el verdadero tamaño de la discusión.

Madrid ha aumentado su presupuesto educativo para 2026 y tiene medidas en marcha para ampliar plantillas y reducir parte de la carga lectiva. Al mismo tiempo, el último dato estatal disponible continúa situándola en el último puesto autonómico de gasto público por alumno y los estudios sobre segregación socioeconómica la colocan en el extremo más problemático del país. Dos realidades que conviven, aunque políticamente resulte más cómodo escoger solo una.

La quinta jornada de huelga no ha resuelto ese choque. Lo ha hecho más visible. Y mientras Gobierno regional y profesores sigan hablando desde extremos distintos de la calle, las aulas madrileñas continuarán siendo el lugar donde terminan aterrizando todas esas cifras.