La Eurocámara pide a la UE fechas para dejar los combustibles fósiles

El Parlamento Europeo quiere que la Unión Europea deje de hablar del abandono de los combustibles fósiles como una dirección más o menos lejana y empiece a poner fechas concretas sobre la mesa. La Eurocámara ha reclamado al bloque comunitario un calendario propio para retirar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón de la economía, una posición con la que pretende elevar la ambición europea ante la COP31 de Antalya, prevista del 9 al 20 de noviembre.

La resolución aprobada en Estrasburgo pide también calendarios precisos para eliminar gradualmente las ayudas públicas a los combustibles fósiles y reducir su producción. No es una nueva ley europea ni obliga jurídicamente a los Estados miembros: es una resolución política, pero expresa la posición mayoritaria del Parlamento y eleva la presión sobre la Comisión y los Veintisiete justo antes de una cumbre climática que vuelve a tropezar con el viejo problema de siempre: todo el mundo acepta la transición; bastante menos sencillo resulta acordar cuándo termina lo anterior.

La Eurocámara quiere un calendario, no otra promesa abierta

El núcleo de la posición parlamentaria es bastante sencillo. Los eurodiputados consideran insuficiente comprometerse a una genérica transición para alejarse de los combustibles fósiles y reclaman que la UE defina su propia hoja de ruta temporal, aplicable al conjunto de la economía europea. Petróleo, carbón y gas entrarían así en un calendario explícito de retirada progresiva en vez de permanecer bajo una fórmula diplomática deliberadamente elástica.

El Parlamento quiere, además, que la Unión desempeñe un papel protagonista en las conversaciones internacionales para impulsar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La iniciativa pretende trasladar al petróleo, el gas y el carbón una lógica sencilla sobre el papel, aunque mucho más áspera en la práctica: limitar la expansión de nuevas explotaciones mientras se organiza una reducción progresiva de las existentes.

La idea no es menor. Durante años, la diplomacia climática ha perfeccionado casi un género literario propio: reducir, acelerar, facilitar, transitar. Verbos impecables, calendarios bastante más escurridizos. La Eurocámara trata de introducir precisamente lo que suele resultar más incómodo en una negociación energética: fechas, responsabilidades y una secuencia verificable.

El texto también vincula la reducción de los combustibles fósiles con la autonomía estratégica europea. La dependencia energética exterior no es solo una cuestión climática; las crisis geopolíticas han demostrado hasta qué punto el precio y el suministro de gas o petróleo pueden convertirse en instrumentos de presión económica y política. Para el Parlamento, una economía menos dependiente de esas importaciones sería también una economía menos vulnerable.

La posición del Parlamento va más lejos que la de los Veintisiete

Los gobiernos de la UE llegaron antes a su propia posición negociadora para la COP31. Los Veintisiete también respaldan la transición para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, la aceleración de las energías limpias y una aplicación más rápida del Acuerdo de París. Sin embargo, su mandato no establece un calendario europeo como el que reclama ahora el Parlamento. Ahí está una de las diferencias políticas más relevantes.

Los Estados miembros han reconocido también una realidad especialmente incómoda: consideran probable que el calentamiento mundial supere temporalmente los 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Su posición pasa por limitar tanto como sea posible ese rebasamiento y regresar posteriormente a una trayectoria compatible con el objetivo del Acuerdo de París. Ya no se discute únicamente cómo evitar cruzar la línea, sino cómo reducir la distancia si se cruza.

La UE llega, por tanto, a Antalya con una posición compartida sobre la necesidad de acelerar la descarbonización, pero con matices sobre el grado de concreción. El Parlamento quiere convertir el abandono de los fósiles en algo medible en el tiempo; los gobiernos, de momento, conservan un margen negociador mayor.

Una resolución política, no una prohibición inmediata

Conviene separar el ruido de la sustancia. La votación de Estrasburgo no prohíbe el petróleo, el gas o el carbón ni establece por sí misma una fecha de caducidad para utilizarlos. Las resoluciones de este tipo sirven para fijar posiciones políticas y presionar a otras instituciones, pero carecen del efecto jurídico directo de un reglamento o una directiva europea.

Eso no las convierte en decorativas. La posición de la Eurocámara puede condicionar debates posteriores, propuestas de la Comisión, negociaciones legislativas y, en este caso, la voz que Europa trate de proyectar durante la COP31. Una delegación de 15 eurodiputados, encabezada por la portuguesa Lídia Pereira, participará en la fase final de las negociaciones climáticas.

La cuestión decisiva llegará después. Un calendario europeo real tendría que traducirse en políticas energéticas, industriales, fiscales y presupuestarias capaces de cuadrar objetivos climáticos con seguridad de suministro, competitividad y costes asumibles. Es ahí donde una declaración solemne se encuentra con una refinería, una fábrica de acero, una calefacción de gas o el depósito de un camión. Y la política deja de ser abstracta.

La COP31 llega con demasiados compromisos pendientes

Antalya será una cumbre especialmente centrada en aplicar compromisos ya adoptados. La conferencia tendrá que examinar hasta qué punto los países están cumpliendo decisiones anteriores, entre ellas el impulso a las energías renovables, la eficiencia energética y la transición para alejarse de los combustibles fósiles.

La propia Eurocámara ha expresado preocupación porque el mundo no avanza al ritmo necesario para cumplir el compromiso de triplicar la capacidad renovable y duplicar la mejora de la eficiencia energética para 2030. El problema empieza a ser menos la falta de objetivos que la distancia entre los comunicados finales de las cumbres y la velocidad real de las inversiones, las redes eléctricas, el almacenamiento y la transformación industrial.

La COP31 deberá abordar también la financiación climática, la adaptación de los países más expuestos y los recursos destinados a afrontar pérdidas y daños causados por fenómenos extremos. Sobre la mesa sigue el objetivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo en 2035, acompañado de la discusión menos vistosa y bastante más importante: quién aporta ese dinero, en qué condiciones y cuánto llegará como subvención en lugar de engordar la deuda de los Estados más vulnerables.

El Parlamento Europeo reclama precisamente aumentar las contribuciones internacionales mediante subvenciones y financiación favorable, reforzar los recursos destinados a pérdidas y daños y acelerar los mecanismos de transición justa. La descarbonización mundial cuesta dinero; fingir lo contrario sería cómodo, pero no especialmente útil.

Europa se calienta más rápido que el resto del planeta

La presión política tampoco aparece en un vacío científico. Europa es actualmente el continente que más rápidamente se calienta, una tendencia que multiplica los episodios de calor extremo y agrava riesgos para la salud, la agricultura, los ecosistemas y las infraestructuras. La resolución parlamentaria utiliza precisamente esa vulnerabilidad para defender que la UE no debería aflojar el ritmo de su política climática.

No significa que cada territorio europeo se caliente de la misma forma ni que cada año tenga que superar necesariamente al anterior. Sí significa que la tendencia de fondo es particularmente intensa. Olas de calor, pérdida de hielo glaciar, sequías, incendios y temperaturas marinas excepcionalmente altas han dejado de ser fenómenos que puedan tratarse como simples rarezas meteorológicas.

La Unión mantiene un objetivo legal de reducir sus emisiones netas al menos un 55 % para 2030 respecto a 1990, alcanzar una reducción del 90 % en 2040 y llegar a la neutralidad climática en 2050. El Parlamento señala que, con las políticas nacionales previstas, el bloque se mantiene en una trayectoria cercana al 54 % de reducción para 2030, aunque las primeras estimaciones sobre 2025 han encendido una señal de cautela al apuntar a un repunte interanual de las emisiones.

Sobre el papel, por tanto, existe un destino bastante definido. Lo que reclama ahora la Eurocámara es rellenar el espacio intermedio: cuándo disminuye cada combustible, cuándo desaparecen determinadas subvenciones y qué señales reciben empresas, inversores y consumidores para decidir qué tecnologías tendrán recorrido dentro de diez o veinte años.

Dinero, industria y energía: donde empieza la parte difícil

Abandonar progresivamente los combustibles fósiles no equivale simplemente a cerrar pozos y esperar que aparezcan electrones verdes por generación espontánea. Requiere redes eléctricas, almacenamiento, generación renovable e interconexiones, además de alternativas para actividades industriales que todavía no pueden sustituir fácilmente el gas o los derivados del petróleo.

También obliga a manejar un equilibrio políticamente delicado. Una transición demasiado lenta aumenta las emisiones y prolonga la dependencia de proveedores exteriores; una transición mal diseñada puede trasladar costes elevados a hogares e industrias, destruir capacidad productiva o crear nuevas dependencias tecnológicas. Entre ambos extremos está buena parte de la batalla política que tendrá que librar Europa durante la próxima década.

De ahí que la discusión sobre las subvenciones resulte especialmente sensible. El Parlamento pide calendarios para retirar las ayudas públicas a los combustibles fósiles, mientras los gobiernos europeos también han asumido la necesidad de acabar con los subsidios fósiles ineficientes. Pero no todas las ayudas tienen la misma naturaleza: algunas sostienen directamente actividades contaminantes y otras amortiguan temporalmente precios energéticos para consumidores o sectores vulnerables.

Convertir esa maraña fiscal en un calendario uniforme será bastante más complejo que aprobar una declaración en Estrasburgo. Y queda la competitividad. Europa pretende descarbonizar su industria mientras compite con economías que todavía utilizan cantidades enormes de carbón, petróleo y gas. El desafío consiste en demostrar que reducir esa dependencia puede generar tecnología, inversión y seguridad energética, en lugar de limitarse a desplazar producción y emisiones fuera de las fronteras comunitarias.

Europa ya tiene destino; le faltan las fechas

La resolución del Parlamento Europeo deja una idea difícil de esconder bajo la habitual niebla diplomática de las cumbres climáticas: abandonar los combustibles fósiles exige decidir cuándo. La UE ya tiene grandes objetivos para 2030, 2040 y 2050; lo que la Eurocámara reclama es conectar esos hitos con fechas concretas para el petróleo, el gas, el carbón, la producción y las subvenciones.

La COP31 de Antalya dirá hasta dónde puede llegar Europa cuando esa propuesta se siente frente a productores de hidrocarburos, economías emergentes, grandes potencias industriales y países que reclaman financiación antes de acelerar su propia transición. La UE quiere conservar su papel de referencia internacional en política climática, aunque el escenario sea bastante menos dócil que hace una década.

Estrasburgo ha puesto el calendario sobre la mesa. Falta lo verdaderamente incómodo: rellenarlo con fechas y lograr que veintisiete economías distintas —y después buena parte del planeta— acepten que esas fechas sean algo más que tinta cuidadosamente negociada antes de la siguiente cumbre.