La Fiscalía pide 27 años por el atentado contra Alejo Vidal-Quadras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado hasta 27 años de prisión por el atentado contra Alejo Vidal-Quadras, tiroteado en la cara en Madrid el 9 de noviembre de 2023. La petición más elevada recae sobre Mehrez Ayari, considerado por el Ministerio Público el autor material del disparo: 22 años por asesinato en grado de tentativa y otros cinco por pertenencia a una organización criminal.

El escrito de acusación va bastante más allá de determinar quién apretó el gatillo. La Fiscalía sitúa el ataque dentro de una operación encubierta vinculada a Irán y sostiene que la República Islámica ha participado en actuaciones fuera de sus fronteras contra opositores, disidentes y voces críticas. En total, la acusación fiscal afecta a siete procesados; un octavo sospechoso, considerado una pieza esencial en la coordinación del atentado, continúa fugado.

27 años para el presunto autor material del atentado

La pena más alta que reclama el Ministerio Público corresponde a Mehrez Ayari, ciudadano francés de origen tunecino señalado como el hombre que disparó contra Vidal-Quadras. Según la tesis fiscal, formaba parte de la estructura encargada de preparar y ejecutar el ataque y fue quien finalmente se acercó al político en la calle Núñez de Balboa y abrió fuego.

Los 27 años solicitados se dividen en 22 años por el intento de asesinato y cinco más por integración en la organización criminal. Ayari fue detenido meses después en Países Bajos, donde las autoridades también lo investigaron por su posible participación en otro intento de asesinato contra un disidente iraní.

La Fiscalía reclama, además, 23 años para Naraya Gómez, al que atribuye una participación relevante en los preparativos, las labores de vigilancia y la huida posterior. Para otros cuatro acusados —Chahinez Kadid, Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera y Nafis Din Allouch Ahmed— solicita penas que alcanzan los 20 años al sumar la cooperación en el ataque y la pertenencia a la organización. Adrián Ruiz Blanco se enfrenta a una petición de diez años por su presunta colaboración para ocultar pruebas.

No se trata, según la acusación, de un sumario construido alrededor de un pistolero solitario. La investigación dibuja una red de vigilancia, logística, vehículos y contactos internacionales que habría trabajado durante semanas para acercarse a la víctima, controlar sus movimientos y preparar después la fuga.

La Fiscalía coloca a Irán en el centro de la acusación

El elemento políticamente más delicado del escrito es la referencia directa a la República Islámica. La Fiscalía considera que el atentado contra Vidal-Quadras debe entenderse dentro de una campaña desarrollada por Irán para perseguir a personas vinculadas con movimientos opositores en el extranjero. Lo encuadra en una “operación encubierta”.

La formulación importa. No significa que exista ya una sentencia que atribuya jurídicamente el atentado al Estado iraní, ni hay en esta fase un dirigente de Teherán sentado en el banquillo. Es la tesis de la acusación pública, sustentada, según el Ministerio Público, en los indicios reunidos durante la instrucción y en el contexto internacional incorporado al procedimiento. Será el tribunal quien deba valorar las pruebas durante el juicio.

El Ministerio Público recuerda que Irán ha sido relacionado con operaciones contra disidentes fuera de su territorio y menciona mensajes difundidos desde medios próximos a los Guardianes de la Revolución. Tras el ataque de Madrid, una comunicación publicada por la agencia iraní Fars advertía a los países que acogieran al movimiento opositor MEK de que podían afrontar consecuencias. La Fiscalía incorpora ese contexto para explicar el posible móvil del atentado.

Vidal-Quadras había mantenido durante años una relación política con sectores de la oposición iraní y había expresado públicamente su apoyo al Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. El juez Santiago Pedraz, cuando cerró la investigación y procesó a ocho personas en 2025, situó entre los posibles motivos del ataque esa actividad política y la intención de enviar un mensaje a España y a la Unión Europea.

Vigilancias, coches y una manifestación antes del disparo

El relato fiscal reconstruye una preparación que comenzó bastante antes del 9 de noviembre. Según la acusación, varios miembros del grupo realizaron seguimientos de Vidal-Quadras, buscaron vehículos, material de vigilancia, alojamientos y vías de escape. No sería, por tanto, una acción montada sobre la marcha, sino una operación preparada con antelación.

Un episodio especialmente llamativo ocurrió el 29 de octubre de 2023. Tres de los investigados acudieron a una concentración contra la ley de amnistía celebrada en la plaza de Colón de Madrid, a la que también estaba previsto que asistiera Vidal-Quadras. Para la Fiscalía, su presencia allí no obedecía a interés político alguno: habrían acudido para observar al exdirigente, seguir sus movimientos y localizar su domicilio.

La mañana del atentado, Ayari y Naraya Gómez habrían seguido a Vidal-Quadras durante un paseo por el parque del Retiro. Poco después, en las inmediaciones de su vivienda, el supuesto sicario se aproximó al político.

El disparo en Núñez de Balboa

El ataque ocurrió aproximadamente a las 13.30 horas, a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca. Ayari habría disparado contra Vidal-Quadras a la altura del pómulo derecho. La bala atravesó su rostro.

La Fiscalía sostiene que el resultado no fue mortal porque Vidal-Quadras giró la cabeza en el instante del disparo y porque recibió atención inmediatamente. Un ciudadano trató de contener la hemorragia antes de la llegada de los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital, donde fue operado de urgencia. Esa rápida asistencia médica resultó decisiva para salvarle la vida.

El atacante huyó en motocicleta. La investigación reconstruyó después una ruta de escape internacional. Ayari habría viajado con Gómez hasta Portugal y, desde Lisboa, tomó un avión hacia Estambul. Meses más tarde fue arrestado en Países Bajos.

El presunto coordinador continúa fugado

Una de las piezas que todavía falta en el tablero es Sami Bekal Bounouare, conocido también como Pacho o por otros alias. El juez lo procesó junto a los otros siete sospechosos y la investigación lo sitúa como presunto coordinador del atentado y enlace entre quienes habrían ordenado el crimen y quienes se encargaron de ejecutarlo.

Continúa en paradero desconocido. Los investigadores creen que pudo acabar refugiándose en Irán, aunque ese extremo no equivale por sí mismo a una constatación judicial de protección oficial por parte del régimen. Las autoridades europeas llegaron a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información que permitiera localizarlo.

La Fiscalía sostiene que Bekal fue quien recibió las instrucciones necesarias para organizar el asesinato frustrado. A partir de ahí, la trama habría distribuido funciones: vigilancia, vehículos, teléfonos, desplazamientos y alojamientos, además de la planificación de la huida. Un mecanismo más parecido a un trabajo por encargo que a una improvisación violenta.

De la investigación policial al juicio

La Audiencia Nacional llevaba trabajando sobre el caso desde noviembre de 2023, cuando asumió la investigación ante la posibilidad de encontrarse ante un delito de naturaleza terrorista. Con el paso de los meses se sucedieron las detenciones en España y en otros países, las solicitudes de cooperación internacional y el análisis de comunicaciones, registros y desplazamientos.

En julio de 2025, el juez Santiago Pedraz dio por terminada la instrucción y procesó a ocho personas por su presunta implicación en el intento de asesinato. La Sala de lo Penal confirmó después varios de esos procesamientos al considerar que existían indicios suficientes procedentes de intervenciones telefónicas, registros, declaraciones y actuaciones de cooperación judicial realizadas en diferentes países.

El escrito presentado por la Fiscalía concreta las penas que pretende reclamar en juicio y fija con mayor nitidez la tesis de la acusación: un asesinato frustrado ejecutado por una estructura criminal organizada y relacionado, según el Ministerio Público, con los intereses del régimen iraní.

Un atentado que dejó de ser un caso aislado

Tres años después del disparo, el caso Vidal-Quadras ha pasado de una acera del barrio de Salamanca a una investigación con ramificaciones en varios países. Lo que inicialmente parecía el ataque de un sicario terminó mostrando, según los investigadores, una organización con reparto de funciones, movimientos internacionales y un posible móvil político.

La petición de 27 años de cárcel para el presunto tirador es la cifra que encabeza el escrito, pero no es su único dato relevante. El salto cualitativo está en que la Fiscalía coloca formalmente la denominada pista iraní dentro de su acusación y la utiliza para explicar el origen y la finalidad del atentado.

Queda la parte decisiva: el juicio. Allí deberá probarse qué hizo exactamente cada acusado, qué relación existía entre ellos y hasta dónde puede sostenerse judicialmente la conexión con Irán. Hasta entonces, todos los procesados mantienen su presunción de inocencia. La acusación ya tiene forma; la sentencia, todavía no.