Alumnos del IES Ausiàs March denuncian que limpian en horario lectivo

Los estudiantes del IES Ausiàs March de Gandia, en la provincia de Valencia, denuncian que deben realizar tareas de limpieza de las aulas durante el horario lectivo. La queja pone el foco en una cuestión que va más allá del mantenimiento de las instalaciones: la utilización del tiempo de enseñanza para trabajos que, según los alumnos, se les exige realizar dentro de su jornada escolar.

La denuncia plantea un conflicto entre las obligaciones del alumnado y la responsabilidad de garantizar unas instalaciones educativas limpias. Mantener el aula ordenada forma parte de las normas habituales de convivencia de cualquier instituto. Otra cosa es imponer tareas de limpieza que correspondan al personal encargado de ese servicio, especialmente cuando se realizan a costa del tiempo destinado a las clases.

El caso afecta a un centro público que estrenó sus instalaciones renovadas en enero de 2026, después de casi cuatro años de obras y una inversión cercana a los 13 millones de euros. La remodelación permitió ampliar el instituto y recuperar su edificio histórico. Diez meses después de la reapertura, la controversia se centra en el funcionamiento cotidiano del centro y en las condiciones de sus estudiantes.

Qué denuncian los alumnos del IES Ausiàs March de Gandia

La queja de los estudiantes se refiere a la realización de tareas de limpieza durante las horas de clase, una circunstancia que consideran ajena a su actividad académica. El aspecto central de la denuncia no es que deban mantener su espacio de trabajo en buenas condiciones, sino que esa responsabilidad pueda convertirse en una obligación que interfiera en su formación.

Por el momento, no hay información suficientemente contrastada sobre cuántos estudiantes participan en esas tareas, con qué frecuencia deben realizarlas o qué trabajos concretos se les encomiendan. Tampoco está acreditado si la medida responde a una instrucción general de la dirección, a decisiones particulares del profesorado o a una necesidad relacionada con el servicio de limpieza.

Estas diferencias importan. No es lo mismo pedir a un grupo que recoja los papeles del suelo al terminar una actividad que exigirle que barra, friegue o desinfecte unas instalaciones. La primera situación puede formar parte de la convivencia escolar. La segunda plantea cuestiones organizativas, educativas y de seguridad que requieren una justificación distinta.

La denuncia llega, además, en un momento en el que la enseñanza pública valenciana mantiene abierto un debate sobre la suficiencia de recursos, las condiciones de trabajo y la atención que reciben los estudiantes.

¿Pueden los institutos obligar a sus alumnos a limpiar las aulas?

La legislación educativa española establece que los estudiantes tienen el deber de conservar y utilizar correctamente las instalaciones de sus centros. También deben respetar las normas de convivencia y seguir las indicaciones del profesorado dentro de sus competencias.

Sin embargo, esas obligaciones no equivalen a una autorización general para encargar cualquier trabajo de limpieza al alumnado.

El Decreto 193/2025, que regula la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana y está vigente desde enero de 2026, distingue entre los derechos y los deberes de los estudiantes.

Su artículo 30 establece, entre otras obligaciones, la asistencia a clase, la participación en las actividades académicas y el cumplimiento de las tareas indicadas por los profesores dentro de su acción pedagógica. También exige respetar las instalaciones y colaborar en una convivencia positiva.

El artículo 29 reconoce, por su parte, el derecho a recibir una educación integral, a disponer de una organización de la jornada adecuada a la edad y a participar en las actividades académicas en condiciones de seguridad e higiene.

La normativa permite establecer responsabilidades relacionadas con el cuidado del entorno escolar. Lo que no determina expresamente es que los alumnos deban sustituir al personal profesional encargado de limpiar las instalaciones.

La diferencia entre mantener el orden y realizar trabajos de limpieza

Una actividad puntual destinada a enseñar responsabilidad colectiva puede tener sentido educativo. Recoger el material utilizado en un taller, ordenar las mesas o dejar el aula en las mismas condiciones en las que se encontró son ejemplos habituales.

El problema aparece cuando esas responsabilidades se convierten en trabajos recurrentes de mantenimiento o cuando desplazan contenidos de una asignatura.

También importa la naturaleza de las tareas. La utilización de determinados productos químicos, la manipulación de residuos o la limpieza de superficies que requieren desinfección pueden comportar riesgos para la seguridad que deben valorarse teniendo en cuenta la edad del alumnado y las condiciones en las que se realizan.

La responsabilidad de cuidar un edificio público corresponde a toda la comunidad educativa en distintos grados. Pero la prestación del servicio de limpieza exige una organización específica y los medios adecuados. Confundir ambas cosas puede acabar trasladando a los estudiantes obligaciones que no forman parte de su educación.

Un instituto renovado tras una inversión de 13 millones

El IES Ausiàs March de Gandia regresó a sus instalaciones el 7 de enero de 2026 después de unas obras que comenzaron en abril de 2022. Los trabajos, desarrollados dentro del Plan Edificant, acumularon retrasos que prolongaron el traslado provisional del alumnado durante casi cuatro años.

La intervención supuso una inversión próxima a los 13 millones de euros e incluyó aproximadamente 6.000 metros cuadrados de nueva construcción y otros 2.000 correspondientes a la rehabilitación del edificio histórico, situado en la plaza de Crist Rei.

La reapertura fue uno de los acontecimientos educativos más importantes del año en Gandia. Permitió recuperar unas instalaciones emblemáticas para la ciudad y mejorar los espacios destinados a la enseñanza.

Pero las infraestructuras son solamente una parte del funcionamiento de un instituto.

En marzo, profesores del centro constituyeron el colectivo Ausiàs en Lluita, integrado en las movilizaciones por la educación pública valenciana. Entre sus reivindicaciones figuraban la recuperación de plantillas docentes, unas ratios más reducidas y la mejora de las condiciones laborales y educativas.

En mayo, las protestas de la comunidad educativa de la Safor volvieron a poner sobre la mesa las dificultades de los centros para atender el incremento del alumnado. Docentes y estudiantes participaron en aquellas movilizaciones por la educación pública, con reclamaciones relacionadas con los recursos y la organización de los centros.

Estas reivindicaciones no demuestran que exista una falta de personal de limpieza en el instituto. Son antecedentes distintos que ayudan a situar la controversia dentro de las preocupaciones expresadas por su comunidad educativa.

Las responsabilidades que deben aclararse en el centro

La denuncia de los estudiantes deja varios aspectos concretos pendientes de aclaración: el alcance de las tareas exigidas, su carácter obligatorio, el tiempo lectivo empleado y su posible encaje en las normas de organización del instituto.

El propio decreto valenciano de convivencia establece que las normas de funcionamiento de los centros deben respetar los derechos del alumnado y contar con mecanismos de participación de la comunidad educativa.

Los estudiantes pueden trasladar sus discrepancias mediante sus delegados y representantes en el consejo escolar. También las familias pueden solicitar explicaciones a la dirección. Si consideran que alguna práctica vulnera los derechos educativos, pueden recurrir a la Administración educativa y a la Inspección de Educación.

Corresponde al centro explicar las condiciones en las que se realizan estas actividades y, en su caso, a la Conselleria de Educación comprobar que se ajustan a la normativa.

El tiempo de clase, en el centro de la controversia

La situación denunciada en el IES Ausiàs March plantea una distinción fundamental: educar en la responsabilidad no significa convertir a los estudiantes en trabajadores encargados del mantenimiento del instituto.

La convivencia escolar exige que todos cuiden los espacios comunes y respeten unas instalaciones financiadas con recursos públicos. También exige que la organización del centro garantice el aprovechamiento de las horas destinadas al aprendizaje.

Sin conocer el alcance real de las tareas denunciadas ni las explicaciones de los responsables del instituto, no puede determinarse si existe una infracción de la normativa educativa.

Lo que sí establece esa normativa es que el alumnado tiene derecho a recibir formación en condiciones adecuadas y a que su jornada responda a objetivos educativos. Ese es el criterio con el que debe examinarse la denuncia de Gandia.