La abogada de Koldo ofrece un audio sobre un supuesto pacto con el PP

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, asegura a personas de su entorno que dispone de pruebas de un supuesto intento del Partido Popular de conseguir que su cliente implicara al Gobierno de Pedro Sánchez en un caso de corrupción. La letrada lleva meses ofreciendo una grabación que, según sostiene, permitiría acreditar aquellos contactos. El episodio añade un nuevo frente a las acusaciones que el antiguo asesor de José Luis Ábalos lanzó contra los populares ante el Tribunal Supremo.

La información describe una maniobra de Koldo García para poner a prueba al PP y una posterior estrategia de su abogada para utilizar el supuesto audio contra la formación. La existencia, el contenido y el alcance probatorio de esa grabación no están acreditados públicamente. Tampoco se ha demostrado que el partido intentara comprar el testimonio del exasesor. Lo que sí consta es que García formuló esa acusación durante el juicio del caso mascarillas, celebrado en mayo, y que el PP la rechazó expresamente.

El asunto cobra especial relevancia después de conocerse que la empresa editora de Okdiario pagó 242.000 euros por la defensa jurídica de Koldo García, según las facturas y transferencias presentadas ante la Audiencia Nacional. Dos acontecimientos que han reavivado la controversia sobre las relaciones entre el antiguo colaborador de Ábalos, sus abogados, los medios de comunicación y los partidos políticos.

La acusación que Koldo García lanzó ante el Tribunal Supremo

El origen público de esta controversia se encuentra en el 6 de mayo de 2026. Durante su intervención final en el juicio por el caso mascarillas, Koldo García aseguró que el abogado del PP le había propuesto colaborar mediante declaraciones falsas a cambio de evitar su entrada en prisión.

El antiguo asesor ministerial sostuvo que le habían ofrecido mentir para implicar al Gobierno y mejorar su situación judicial. Aseguró también que podía demostrar sus afirmaciones y denunció las presiones que, según su versión, había recibido en relación con las posibles consecuencias penales para miembros de su familia.

Aquella intervención tuvo una particularidad: García no planteó sus acusaciones durante un interrogatorio, sino en el turno de última palabra, cuando el juicio estaba a punto de quedar visto para sentencia. Sus afirmaciones adquirieron así una gran repercusión política, aunque no se acompañaron entonces de una prueba pública que permitiera confirmar el supuesto ofrecimiento.

El exasesor insistió en que había rechazado cualquier propuesta que implicara faltar a la verdad. Su versión presentaba al PP como una formación interesada en conseguir declaraciones perjudiciales para Pedro Sánchez, pero dejaba sin resolver cuestiones fundamentales sobre las personas que habrían intervenido, las condiciones concretas del acuerdo y las posibles pruebas.

El PP rechazó las acusaciones de Koldo

La respuesta de los populares fue tajante. Fuentes del partido calificaron de totalmente falsas las afirmaciones del antiguo asesor de Ábalos, mientras que el abogado de la formación negó haberle planteado semejante colaboración.

El PP recordó, asimismo, los antecedentes de las afirmaciones de García sobre sus supuestos contactos con Miguel Tellado, dirigente popular al que había relacionado anteriormente con conversaciones que después quedaron cuestionadas.

La diferencia entre ofrecer información relevante para una investigación y proponer una declaración falsa es esencial desde el punto de vista jurídico. La colaboración con la Justicia puede tener consecuencias procesales favorables cuando cumple los requisitos legales, pero ningún partido político puede garantizar por sí mismo que un acusado evite la prisión. Esa decisión corresponde a los tribunales.

Por eso, el contenido exacto de los supuestos contactos resulta determinante. Una conversación política, una propuesta de colaboración judicial y una oferta para fabricar acusaciones son situaciones completamente diferentes.

El supuesto audio que la abogada de Koldo lleva meses ofreciendo

La novedad conocida este lunes es la actividad que Leticia de la Hoz habría desarrollado alrededor de una grabación relacionada con aquellos contactos.

La abogada lleva meses trasladando a su entorno la existencia de pruebas que comprometerían al Partido Popular. Su actuación se sitúa en un contexto de represalia política y personal, después de las tensiones que han rodeado la estrategia de defensa de Koldo García.

La interpretación de que el antiguo asesor tendió una trampa al PP introduce otra posibilidad: que los contactos se desarrollaran con la intención de obtener una grabación susceptible de utilizarse posteriormente contra los populares.

No obstante, esa hipótesis no permite dar por probado el presunto intento de compra de su testimonio. Tampoco acredita por sí sola que existiera un ofrecimiento ilegal.

Las grabaciones atribuidas a Koldo y Miguel Tellado

La controversia tiene antecedentes. En junio de 2025 circularon informaciones sobre supuestas conversaciones entre Koldo García y Miguel Tellado, algunas de las cuales, según esas publicaciones, habrían quedado recogidas en archivos depositados ante notario.

Aquellas informaciones apuntaban a un eventual ofrecimiento de ventajas personales o procesales a cambio de información comprometedora sobre el PSOE. Sin embargo, las grabaciones no fueron difundidas públicamente entonces, y las verificaciones disponibles no permitieron demostrar su existencia ni confirmar las afirmaciones sobre su contenido.

El PP rechazó aquellas informaciones.

La aparición de nuevas referencias a un audio obliga, por tanto, a distinguir entre los materiales mencionados en 2025 y la grabación que ahora estaría ofreciendo De la Hoz. No se ha acreditado públicamente que sean el mismo archivo ni que contengan las conversaciones descritas.

Los 242.000 euros de Okdiario complican la situación

La polémica se produce pocos días después de que trascendiera una documentación judicial especialmente significativa.

El 29 de octubre se conoció que Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario, había abonado 242.000 euros, IVA incluido, a IDBO Consultants, el despacho vinculado a Leticia de la Hoz.

Los documentos fueron incorporados al procedimiento que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, después de que la abogada recibiera un requerimiento para aclarar quién había financiado sus servicios.

Las dos transferencias corresponden a fechas y cantidades concretas. La primera, de 181.500 euros, se realizó el 27 de noviembre de 2025. La segunda, por 60.500 euros, está fechada el 23 de enero de 2026.

Las facturas identifican como concepto los honorarios y gastos derivados del asesoramiento jurídico y los procedimientos relacionados con Koldo García.

La documentación tiene una consecuencia inmediata para otra línea de investigación: contradice la sospecha de que el PSOE hubiera sufragado directamente esos honorarios. La abogada había negado anteriormente recibir pagos del partido y presentó las facturas para respaldar esa afirmación.

Existe, sin embargo, una controversia sobre la naturaleza de las transferencias.

Okdiario sostiene que los pagos respondían a un acuerdo mercantil para desarrollar contenidos periodísticos y audiovisuales, entre ellos un libro y una docuserie sobre Koldo García. El medio publicó extractos de un contrato fechado el 26 de noviembre de 2025 y rechazó que aquellas cantidades constituyeran una financiación de su defensa jurídica.

La explicación choca con el concepto reflejado en las facturas judiciales. Los documentos acreditan las transferencias y su descripción contable, mientras que la finalidad contractual de los pagos continúa siendo objeto de versiones enfrentadas.

La coincidencia temporal entre uno de los abonos y la publicación de entrevistas al antiguo asesor añade relevancia al episodio, pero no demuestra por sí misma que existiera un acuerdo con fines políticos ni que el PP interviniera en esos pagos.

Leticia de la Hoz también está investigada en el caso Leire Díez

La posición procesal de la abogada constituye otro elemento importante.

De la Hoz figura como investigada en la causa que examina las supuestas maniobras para interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno. Se trata de una investigación distinta del proceso por corrupción que llevó a la condena de Koldo García.

Entre los hechos examinados aparece un presunto intento de modificar el testimonio de Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de la calle Ferraz.

Según las sospechas investigadas, De la Hoz habría intervenido en contactos destinados a conseguir que Pano rectificara sus declaraciones mediante un ofrecimiento económico.

La letrada niega haber intentado sobornar a la empresaria y rechaza cualquier relación con una supuesta operación organizada por el PSOE para manipular testimonios.

Su condición de investigada no supone una declaración de culpabilidad. Corresponde al procedimiento judicial determinar si existieron las conductas denunciadas y qué participación tuvo cada persona.

Este contexto ayuda a comprender las tensiones que rodean a la abogada, aunque tampoco permite atribuir automáticamente una intención concreta a su decisión de ofrecer el supuesto audio sobre el Partido Popular.

Una grabación pendiente de acreditar y dos versiones enfrentadas

El asunto deja una controversia política de considerable alcance, pero con límites probatorios todavía claros.

Por una parte, Koldo García mantiene que recibió una propuesta para implicar falsamente al Gobierno y que puede demostrarlo. Su abogada, según las informaciones conocidas, lleva meses moviendo una supuesta grabación relacionada con aquellos contactos.

Por otra, el PP niega que existiera esa oferta y cuestiona la credibilidad de las acusaciones del antiguo asesor.

La cuestión decisiva ya no es únicamente si alguien dispone de un archivo de audio. Importa conocer quién participa en la conversación, cuándo se produjo, si la grabación está completa y qué se dijo realmente. Solo con esos elementos podría valorarse su alcance político y, en su caso, judicial.

Los pagos de la editora de Okdiario a la sociedad vinculada al despacho de De la Hoz han añadido otra controversia documentada al caso. No obstante, tampoco permiten deducir la existencia de un acuerdo ilícito entre el PP y Koldo García.

La acusación de compra de testimonio sigue sin estar acreditada públicamente. Si la grabación que asegura tener la abogada llega a conocerse y resulta auténtica, podría aportar datos relevantes sobre una controversia que se prolonga desde hace meses. Hasta entonces, lo comprobado son las declaraciones de Koldo ante el Supremo, la negativa del PP y las transferencias incorporadas a la investigación judicial.