El Gobierno aprobará ayudas a las víctimas de Urda y Puente informará

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes 3 de noviembre un real decreto con ayudas para las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Ese mismo día, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentará ante el Consejo de Ministros un informe sobre lo ocurrido en el siniestro.

La reunión será la primera del Consejo de Ministros desde el accidente y concentrará dos asuntos que avanzan en paralelo: la respuesta económica a las víctimas y sus familias y las explicaciones del Gobierno sobre una tragedia que deja 69 fallecidos. Puente comparecerá después ante la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre los datos disponibles y la actuación de su departamento.

El Gobierno prepara un real decreto con ayudas por el accidente

Pedro Sánchez ya había anunciado que el Estado habilitaría ayudas para los afectados por el accidente de Urda. La fórmula elegida será, según la previsión comunicada por el Ejecutivo, un real decreto que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros.

Por ahora no se han hecho públicas las cuantías concretas ni todos los requisitos que tendrán que cumplir los beneficiarios. Ese detalle es importante: el precedente de otros accidentes ferroviarios permite hacerse una idea del mecanismo que puede utilizar el Gobierno, pero no permite dar todavía por confirmadas las cantidades para Urda.

Puente comparecerá previsiblemente en la rueda de prensa posterior al Consejo para explicar tanto el contenido de las ayudas a las víctimas como el informe preparado por Transportes. Horas después tendrá que trasladar sus explicaciones al Congreso. Un martes intenso, y no solo en términos políticos.

El precedente de Adamuz marca el camino, pero no fija las cuantías

El precedente más cercano es el paquete aprobado tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida en enero. El Gobierno habilitó entonces ayudas públicas inmediatas y anticipos de las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil para evitar que las víctimas tuvieran que esperar a que concluyeran procedimientos aseguradores o judiciales que pueden prolongarse durante meses.

En aquel sistema, por cada persona fallecida se estableció una ayuda no reembolsable de 72.121,46 euros y otro importe idéntico como adelanto de la indemnización por responsabilidad civil. A esas cantidades podía sumarse la prestación correspondiente al Seguro Obligatorio de Viajeros, hasta alcanzar 216.364,38 euros en el supuesto de fallecimiento.

Para las personas lesionadas, la ayuda directa se graduó según la gravedad de las lesiones, desde 2.404,04 hasta 84.141,70 euros, con arreglo al baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros. Las ayudas eran compatibles con otras indemnizaciones y tenían carácter no reembolsable.

Ese esquema sirve como referencia, no como confirmación de lo que ocurrirá en Urda. Habrá que esperar al texto aprobado el martes para conocer cantidades, beneficiarios, plazos y procedimiento de solicitud.

Puente llevará al Consejo de Ministros su informe sobre Urda

Junto al paquete de ayudas, Óscar Puente presentará un informe sobre la secuencia del accidente y la información recabada hasta el momento. El ministro ya realizó una extensa comparecencia pública y anunció que trabaja en nuevas medidas destinadas a reducir el riesgo de fallos y recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

El accidente ocurrió en la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un AVE de Renfe que viajaba hacia Sevilla alcanzó a un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía a la altura de Urda. En el AVE viajaban 378 pasajeros y en el Iryo, 147.

Uno de los elementos que analiza la investigación es qué ocurrió después de que el sistema de seguridad LZB dejara de funcionar y por qué se autorizó al AVE a continuar la marcha mientras el Iryo seguía detenido. La actuación del centro de control figura entre los puntos centrales de la secuencia conocida, pero la investigación técnica mantiene abiertas las pesquisas y deberá determinar las causas y responsabilidades.

La investigación técnica y la judicial siguen su curso

El análisis técnico corresponde a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, la AITAT, mientras que las diligencias judiciales están en manos del Tribunal de Instancia de Orgaz.

La investigación técnica no tiene como finalidad repartir culpas penales, sino reconstruir lo sucedido, determinar las causas probables y detectar posibles deficiencias que permitan evitar nuevos accidentes. Las cajas negras de los trenes y los registros de los sistemas de circulación forman parte de los elementos esenciales para reconstruir la secuencia.

Conviene, por tanto, separar dos planos que inevitablemente se cruzan en el debate público: las explicaciones políticas que pueda ofrecer el ministro y las conclusiones técnicas y judiciales, que requieren sus propios tiempos y todavía no están cerradas.

69 muertos y decenas de heridos tras la tragedia

El balance confirmado se mantiene en 69 personas fallecidas. Los equipos forenses han completado las autopsias de las víctimas y el proceso de identificación ha continuado durante los días posteriores al accidente.

La situación hospitalaria ha ido mejorando respecto a las primeras horas del siniestro. A 1 de noviembre permanecían 31 personas ingresadas en Castilla-La Mancha, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos.

La tragedia también mantiene interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La recuperación del servicio depende de los trabajos sobre la infraestructura y de las actuaciones necesarias en el escenario del accidente, sometido además a las diligencias de la investigación.

Las ayudas no sustituyen las posibles indemnizaciones

Una de las cuestiones más relevantes para las familias es distinguir entre una ayuda pública inmediata y las indemnizaciones que puedan corresponder posteriormente por seguros o responsabilidades civiles.

En el precedente de Adamuz, el Gobierno diseñó las ayudas precisamente para que fueran compatibles con otros mecanismos de compensación. El Estado adelantó parte del dinero sin esperar a que estuviera definitivamente establecida la responsabilidad civil, mientras continuaban los procedimientos correspondientes.

El decreto de Urda tendrá que aclarar qué modelo se aplica finalmente, qué documentación será necesaria y desde cuándo podrán presentarse las solicitudes. Hasta que el Consejo de Ministros apruebe la norma, cualquier cifra atribuida específicamente a las víctimas de Urda debe considerarse pendiente de confirmación oficial.

El martes concentrará la respuesta económica y política

El 3 de noviembre será la primera gran jornada institucional tras la fase inicial de la emergencia. El Gobierno quiere aprobar las ayudas, Puente llevará su informe al Consejo de Ministros y tendrá también que explicar en el Congreso qué sabe su departamento sobre el accidente.

Para las víctimas y sus familias, la decisión con consecuencias más inmediatas será el contenido del decreto: cuánto se abonará, quién podrá solicitarlo y en qué plazos. Para la investigación del accidente queda la cuestión de fondo: reconstruir con precisión cómo pudo producirse una colisión por alcance en una línea de alta velocidad y qué medidas serán necesarias para evitar que una secuencia semejante vuelva a repetirse.