País Vasco y Andalucía: cómo se abrió una brecha de riqueza del 63 %

El País Vasco produce un 63 % más de riqueza por habitante que Andalucía, una diferencia que tiene raíces en la distribución histórica de la tierra, la industrialización, la acumulación de capital y las decisiones económicas tomadas durante siglos. Mientras la economía vasca consiguió desarrollar una potente industria y reinvertir buena parte de sus beneficios, Andalucía mantuvo durante mucho tiempo una estructura agraria muy desigual y perdió algunas de sus primeras ventajas industriales. La distancia actual no es fruto de una sola decisión ni de una supuesta superioridad económica del norte: responde a procesos históricos que todavía condicionan las oportunidades de ambas comunidades.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran la magnitud del desequilibrio. En 2025, el PIB por habitante alcanzó los 42.492 euros en el País Vasco, frente a los 26.091 euros de Andalucía. La diferencia asciende a 16.401 euros anuales, un 62,9 % más respecto a la cifra andaluza. El desempleo refleja otra parte del problema: en el tercer trimestre de 2026, Andalucía registraba una tasa de paro del 14,91 %, frente al 7,17 % vasco. Son economías del mismo país, sometidas al mismo marco monetario, pero con resultados muy distintos.

El contraste resulta especialmente llamativo cuando se examina el siglo XIX. Málaga fue uno de los primeros centros siderúrgicos de España, Sevilla había acumulado siglos de experiencia comercial con América y el valle del Guadalquivir era una de las grandes zonas agrícolas de la península. El desarrollo económico del sur parecía tener ventajas importantes.

Sin embargo, el impulso industrial terminó desplazándose hacia territorios como Vizcaya, donde el hierro, los puertos, la banca y las nuevas tecnologías de producción facilitaron una transformación profunda. Andalucía continuó generando riqueza, pero una parte considerable de su población permaneció vinculada al trabajo agrícola estacional y a actividades con una capacidad limitada para elevar los salarios.

La cuestión no consiste simplemente en determinar qué comunidad dispone de más recursos naturales. Importa quién controla esos recursos, cómo se distribuyen sus beneficios y cuánto se reinvierte en nuevas actividades económicas. Ahí comienza una parte fundamental de la diferencia.

El contraste actual va más allá del PIB

La diferencia económica entre Andalucía y el País Vasco no se limita al volumen de producción. También aparece en los salarios, el acceso al empleo y las condiciones de vida.

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, correspondiente a 2024, el salario medio bruto anual del País Vasco fue de 35.170 euros, frente a los 26.090 euros de Andalucía. Son aproximadamente 9.080 euros de diferencia al año.

La desigualdad también se observa en la pobreza. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa al 34,7 % de la población andaluza en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 14,7 % de la vasca. Si se considera exclusivamente el riesgo de pobreza monetaria, los porcentajes son del 27,7 % y del 9,3 %, respectivamente.

Conviene distinguir estas cifras del PIB por habitante. Este último mide la producción económica en relación con la población, no el dinero que recibe cada ciudadano. Tampoco significa que Andalucía produzca menos riqueza en términos absolutos: su economía es mucho mayor por tamaño, con un PIB de aproximadamente 227.356 millones de euros en 2025, frente a los 95.508 millones del País Vasco.

El problema es la riqueza generada por habitante y su relación con el empleo, la productividad y los ingresos familiares.

Las diferencias tienen antecedentes históricos antiguos. Tanto, que para entender su origen hay que retroceder varios siglos.

El reparto de la tierra dejó una herencia duradera

Durante el siglo XIII, la expansión de la Corona de Castilla hacia el sur transformó profundamente la propiedad agraria. Córdoba fue conquistada en 1236 y Sevilla en 1248. Los posteriores repartimientos de tierras favorecieron la formación de grandes propiedades vinculadas a la nobleza, las instituciones eclesiásticas y otros grupos privilegiados.

De aquel proceso surgió una estructura agraria caracterizada, especialmente en Andalucía occidental, por la presencia de latifundios y trabajadores jornaleros. Grandes extensiones de tierra quedaban concentradas en pocas manos, mientras una parte considerable de la población dependía del empleo agrícola temporal.

No ocurrió exactamente igual en toda Andalucía. Las diferencias entre el valle del Guadalquivir, las zonas montañosas y buena parte del territorio oriental fueron importantes. También existían pequeñas explotaciones y agricultores propietarios. Reducir toda la historia agraria andaluza al latifundio sería incorrecto.

Pero la concentración de la propiedad tuvo consecuencias duraderas.

Los economistas Daniel Oto-Peralías y Diego Romero-Ávila han estudiado la relación entre la expansión medieval castellana, la concentración del poder económico y las desigualdades regionales posteriores. Sus investigaciones encuentran vínculos persistentes entre determinadas condiciones históricas de conquista y colonización y las diferencias de desarrollo observadas siglos después.

La distribución de la tierra afectaba a algo más que la agricultura. También condicionaba el acceso a los recursos, la educación y las oportunidades económicas de amplias capas de la población.

En numerosas comarcas andaluzas, una parte importante de los trabajadores dependía de campañas agrícolas que no garantizaban ingresos durante todo el año. La debilidad de los mercados laborales locales y las dificultades de acceso a la propiedad limitaron las posibilidades de ascenso social.

En el País Vasco existía otra estructura rural, con un peso relevante de los caseríos familiares, las actividades marítimas y las ferrerías. La escasez relativa de suelo agrícola favoreció el desarrollo de ocupaciones complementarias, aunque tampoco significó que desaparecieran allí las desigualdades.

La diferencia entre ambas regiones no nació de una oposición sencilla entre campesinos pobres e industriales ricos. Se fue construyendo mediante instituciones, estructuras de propiedad y oportunidades de inversión que evolucionaron de manera distinta.

Sevilla y América: una oportunidad económica extraordinaria

Andalucía tuvo una ventaja histórica que pocos territorios europeos podían igualar: su posición en el comercio con América.

En 1503 se estableció en Sevilla la Casa de la Contratación, institución encargada de organizar y controlar buena parte del comercio colonial castellano. Durante los siglos siguientes, la ciudad se convirtió en uno de los grandes centros mercantiles europeos.

Por sus circuitos comerciales circularon metales preciosos, mercancías y capitales procedentes de América. Esa actividad impulsó negocios, financiación, servicios portuarios y fortunas particulares.

Sin embargo, la riqueza comercial no se tradujo automáticamente en una industrialización duradera. Una parte de los recursos acabó destinada a financiar las necesidades de la monarquía, atender compromisos con acreedores o adquirir propiedades y rentas. Otra sí alimentó actividades económicas locales, pero no logró consolidar una transformación industrial comparable a la que experimentarían posteriormente otras regiones.

El traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1717 y la progresiva liberalización del comercio americano modificaron aquel sistema.

Andalucía mantuvo una posición económica relevante, pero perdió parte de las ventajas asociadas al antiguo régimen comercial.

Hay, además, una precisión histórica importante. La afirmación de que Andalucía era la segunda región más rica de España en 1860 no debe confundirse con una supuesta segunda posición en renta por habitante. Las reconstrucciones históricas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía sitúan su renta por persona en torno al 92,8 % de la media española en aquel año.

Su importancia económica e industrial era indudable. Eso no significa que toda la población disfrutara de una prosperidad superior a la del resto del país.

Málaga fue pionera en industria, pero Bilbao tomó el relevo

A comienzos del siglo XIX, Andalucía volvió a disponer de una oportunidad industrial decisiva.

El empresario Manuel Agustín Heredia impulsó en Marbella y Málaga instalaciones siderúrgicas que situaron a la provincia entre los principales centros industriales españoles.

El desarrollo de fábricas como La Constancia permitió un crecimiento extraordinario. En 1844, Málaga concentraba aproximadamente el 72 % de la producción española de hierro fundido, según las reconstrucciones de historia económica.

Durante la década de 1850, Málaga figuraba entre las ciudades más industrializadas del país, únicamente por detrás de Barcelona. También contaba con fábricas textiles, industrias químicas y una burguesía empresarial activa.

Aquella expansión demuestra que Andalucía no estaba condenada a permanecer al margen de la industrialización.

El problema apareció cuando la siderurgia europea comenzó a depender de tecnologías y fuentes energéticas más competitivas.

Las instalaciones malagueñas tenían dificultades para acceder a carbón mineral barato, mientras otras zonas industriales podían abastecerse en condiciones más favorables. La siderurgia alimentada con carbón vegetal fue perdiendo competitividad frente a los nuevos sistemas basados en coque.

Desde mediados de la década de 1860, el sector siderúrgico malagueño entró en declive. La Constancia resistió durante décadas, pero su trayectoria estuvo marcada por problemas de rentabilidad, cambios empresariales y sucesivos intentos de modernización hasta su cierre definitivo en 1924.

No fue una desaparición repentina. Fue el debilitamiento progresivo de una posición industrial que había parecido muy prometedora.

Vizcaya convirtió el hierro en bancos, fábricas y astilleros

Mientras Málaga perdía competitividad, Vizcaya comenzó a aprovechar una combinación favorable de recursos minerales, transporte marítimo y demanda internacional.

Sus yacimientos contenían mineral de hierro de bajo contenido en fósforo, especialmente adecuado para determinados procedimientos siderúrgicos del siglo XIX, entre ellos el desarrollado por Henry Bessemer.

La proximidad de las minas al puerto de Bilbao facilitó las exportaciones hacia Gran Bretaña. En sentido contrario, los barcos podían transportar carbón británico utilizado por la industria.

La combinación de hierro, carbón, transporte y capital favoreció el crecimiento de grandes empresas.

Una parte importante de los beneficios mineros se canalizó hacia actividades industriales y financieras. La consolidación de entidades como el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya acompañó el desarrollo de compañías siderúrgicas, navales y de otros sectores.

La creación de Euskalduna en 1900 y de Altos Hornos de Vizcaya en 1902 simbolizó aquella transformación.

Andalucía también tenía recursos mineros extraordinarios. Las minas de Riotinto, en Huelva, pasaron en 1873 a manos de una compañía de capital extranjero, dentro de un proceso que permitió desarrollar una gran explotación minera orientada a la exportación.

La comparación resulta significativa. En Vizcaya, parte de las ganancias de la minería contribuyó a financiar nuevas actividades económicas dentro de la región. En Riotinto, una proporción relevante de los beneficios correspondía a accionistas extranjeros, aunque la explotación también generó empleo, infraestructuras y actividad económica local.

No todo el dinero permaneció en el norte ni todo salió del sur. La realidad fue bastante más compleja. Pero el destino de las inversiones y la capacidad para diversificar la economía contribuyeron a crear trayectorias industriales diferentes.

La emigración y la reconversión cambiaron ambas regiones

Durante buena parte del siglo XX, Andalucía arrastró las consecuencias de una estructura productiva con fuerte dependencia agraria, desempleo estacional y menores oportunidades laborales.

El desarrollo industrial impulsado durante el franquismo favoreció determinadas instalaciones y polos de actividad en ciudades como Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba, pero no consiguió eliminar los desequilibrios históricos.

La consecuencia más visible fue la emigración.

Entre las décadas de 1950 y 1970, cientos de miles de andaluces abandonaron sus municipios para trabajar en Cataluña, Madrid, el País Vasco y distintos países europeos. La salida de población activa alivió determinadas presiones sobre el mercado laboral, pero también supuso la pérdida de trabajadores y jóvenes en sus lugares de origen.

Una parte de la prosperidad industrial vasca se construyó con el trabajo de personas llegadas de otras regiones españolas, entre ellas Andalucía. Sin esa aportación, la historia económica del norte estaría incompleta.

El País Vasco tampoco siguió una trayectoria de crecimiento ininterrumpido.

Durante los años ochenta y noventa, la reconversión industrial provocó el cierre de instalaciones siderúrgicas, astilleros y otras empresas tradicionales. El desempleo alcanzó niveles muy elevados y numerosas comarcas industriales atravesaron una crisis profunda.

A esa situación se sumó el terrorismo de ETA, con sus asesinatos, extorsiones y consecuencias sobre la sociedad y la actividad empresarial.

Los economistas Alberto Abadie y Javier Gardeazábal estimaron en una investigación publicada en 2003 que el terrorismo había reducido el PIB vasco por habitante aproximadamente un 10 % respecto a un escenario comparable sin violencia.

La respuesta posterior a la crisis industrial incluyó modernización empresarial, nuevas actividades tecnológicas, infraestructuras y proyectos de transformación urbana.

El desarrollo del cooperativismo industrial, con Mondragón como uno de sus principales referentes, también forma parte de esa evolución.

No se trató únicamente de sustituir fábricas por servicios. El País Vasco conservó una base manufacturera relevante, modernizó sectores tradicionales y desarrolló capacidades industriales ligadas a la ingeniería, la maquinaria y la innovación.

Ese tejido empresarial ayuda a explicar su nivel actual de productividad y de salarios.

Andalucía crece, pero necesita más empleo de alto valor

Las diferencias históricas siguen teniendo consecuencias, aunque no explican por sí solas toda la situación económica contemporánea.

Uno de los factores que distingue actualmente al País Vasco es su capacidad de inversión en investigación y desarrollo.

Según los datos del INE correspondientes a 2024, el País Vasco destinó a I+D el 2,30 % de su PIB, frente al 1,09 % de Andalucía. La proporción vasca fue, por tanto, más del doble.

Esta inversión contribuye a sostener actividades industriales y tecnológicas con mayor productividad, favorece la incorporación de nuevas tecnologías y puede facilitar la creación de empleos mejor remunerados.

También existen diferencias institucionales. El concierto económico vasco, cuyo primer régimen se estableció en 1878 y que fue restablecido para el conjunto de los territorios históricos en la etapa democrática, permite a las instituciones forales recaudar y gestionar buena parte de sus impuestos y contribuir a las cargas generales del Estado mediante el sistema del cupo.

Su influencia sobre la financiación autonómica es objeto de debate. Quienes defienden el sistema destacan su reconocimiento constitucional, la autonomía fiscal y los riesgos de recaudación asumidos por las instituciones vascas. Sus críticos cuestionan las diferencias de recursos disponibles por habitante respecto a las comunidades de régimen común.

En cualquier caso, atribuir toda la prosperidad vasca al concierto económico sería tan simplista como ignorar su importancia. La industrialización de Vizcaya, la acumulación empresarial y las redes comerciales desempeñaron un papel fundamental que precede a la actual organización autonómica.

Andalucía, mientras tanto, está experimentando cambios económicos relevantes.

Las últimas estimaciones del INE muestran que su economía creció un 4,4 % en 2024, la tasa más elevada entre las comunidades autónomas según la serie revisada publicada en septiembre de 2026. En 2025 avanzó un 2,8 %, por encima del 2,6 % nacional y del 1,9 % vasco.

Son cifras que contradicen la idea de una economía andaluza permanentemente estancada.

La agricultura intensiva de Almería, la industria agroalimentaria, el sector aeroespacial de Sevilla y Cádiz, las actividades tecnológicas de Málaga y el desarrollo de las energías renovables muestran que Andalucía dispone de una estructura económica mucho más variada de lo que sugieren algunos tópicos.

La cuestión es la capacidad de esas actividades para generar suficiente empleo estable, elevar la productividad y mejorar los salarios en una comunidad de cerca de nueve millones de habitantes.

Un mayor volumen de exportaciones agrícolas, visitantes turísticos o servicios no garantiza automáticamente una convergencia rápida de renta. También importan los márgenes empresariales, la transformación industrial de los productos, la cualificación laboral y el lugar donde se desarrolla la parte más valiosa de cada cadena productiva.

La historia económica de Andalucía y el País Vasco demuestra que disponer de recursos naturales o disfrutar de una posición geográfica favorable no basta para asegurar la prosperidad.

La riqueza no depende únicamente de lo que un territorio produce, sino de cómo lo transforma, cómo invierte sus beneficios y qué oportunidades ofrece a su población.

Andalucía ha demostrado que puede crecer a mayor ritmo que el conjunto de España. Su desafío es conseguir que ese crecimiento se traduzca de forma sostenida en más productividad, mejores salarios y menos desempleo.

La distancia con el País Vasco se ha construido durante generaciones. Reducirla no exige repetir su historia industrial, sino desarrollar una economía capaz de aprovechar mejor los recursos, las empresas y el talento que Andalucía tiene en el presente.