Denuncian ante la SEC posibles pagos irregulares por el oro del BCRA

Las operaciones financieras con las reservas de oro de Argentina han llegado hasta Estados Unidos. El abogado Gregorio Dalbón ha presentado una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) para que examine posibles pagos irregulares, comisiones no declaradas y deficiencias en los controles de las transacciones realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

La presentación señala la posible intervención de Deutsche Bank como contraparte de esas operaciones, una participación que todavía no ha sido confirmada oficialmente por el Banco Central. El objetivo es esclarecer quién negoció los contratos, qué cantidades se pagaron y si parte de esos fondos pudo terminar, directa o indirectamente, en manos de funcionarios públicos o intermediarios.

El caso tiene un importante trasfondo económico. La Auditoría General de la Nación (AGN) identificó un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados financieros vinculados al oro. Aunque el Banco Central defiende que el conjunto de sus reservas de este metal obtuvo ganancias durante el ejercicio, el desembolso de divisas ha generado una controversia sobre las condiciones de contratación y la transparencia de las decisiones.

La denuncia estadounidense supone un nuevo frente en un asunto que ya había llegado a los tribunales argentinos. Sin embargo, conviene distinguir las sospechas de los hechos acreditados: no se ha demostrado que existieran sobornos ni comisiones ilegales, y la presentación del escrito tampoco significa que la SEC haya abierto formalmente una investigación.

Las operaciones con oro que dejaron pérdidas de 1.023 millones de dólares

El origen de la controversia se encuentra en las cuentas del Banco Central correspondientes a 2025, examinadas por la Auditoría General de la Nación y aprobadas el pasado 8 de octubre mediante la Resolución 205/2026.

El organismo emitió una opinión favorable sobre los estados contables, pero incorporó una observación específica sobre las operaciones con instrumentos financieros cuyo activo de referencia era el oro.

Según los registros examinados, estas transacciones generaron un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos argentinos, equivalentes aproximadamente a 1.023 millones de dólares, que se liquidó mediante una salida efectiva de divisas de las reservas internacionales.

El desglose permite comprender mejor la magnitud de las operaciones. Unos 960,2 millones de dólares correspondieron al resultado negativo de las opciones financieras, mientras que otros 62,8 millones fueron contabilizados como primas pagadas por esos instrumentos.

La cantidad resulta especialmente llamativa porque el oro experimentó una extraordinaria revalorización durante 2025. Su cotización internacional aumentó cerca de un 65 %, una evolución que benefició al valor de las reservas argentinas, pero que también encareció determinadas posiciones de cobertura contratadas por la autoridad monetaria.

El Banco Central defiende un beneficio neto de 2.505 millones

El BCRA rechazó la interpretación de que su estrategia global con el oro hubiera resultado perjudicial. En una comunicación oficial del 8 de octubre, sostuvo que su posición en este metal había generado un beneficio neto de 2.505 millones de dólares durante 2025, una vez contabilizadas tanto la revalorización de las tenencias como las operaciones de cobertura.

La explicación es relevante porque ambas cifras describen aspectos diferentes del mismo ejercicio.

Por una parte, las opciones financieras ocasionaron desembolsos de divisas. Por otra, el incremento del precio internacional elevó el valor del oro que permanecía en las reservas. El resultado global fue positivo, según el Banco Central, aunque eso no elimina los pagos derivados de los contratos.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si Argentina ganó o perdió dinero con sus tenencias de oro. También afecta a las condiciones de las coberturas, su coste y los criterios empleados para contratarlas.

Deutsche Bank y las dudas sobre las contrapartes financieras

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la posible participación de Deutsche Bank en las operaciones del BCRA.

Diversas informaciones publicadas en Argentina han identificado a la entidad alemana como una de las posibles contrapartes de los contratos. No obstante, esa relación comercial concreta sigue pendiente de confirmación documental y el Banco Central no ha identificado públicamente a todas las instituciones que participaron en las transacciones cuestionadas.

Dalbón considera necesario esclarecer la selección de las entidades financieras, los importes negociados y las eventuales remuneraciones abonadas a intermediarios.

La denuncia introduce también un elemento político. Tanto el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, trabajaron anteriormente en Deutsche Bank.

Ese vínculo profesional no constituye por sí mismo una irregularidad. Sin embargo, el abogado sostiene que, si se acredita la participación del banco alemán, debería comprobarse cómo fue seleccionado y si existieron conflictos de intereses o beneficios indebidos.

La presentación menciona igualmente a Juan Ernesto Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, y a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio del BCRA.

Por el momento, el escrito no acredita qué personas adoptaron las decisiones concretas relacionadas con los contratos ni atribuye a ninguno de estos funcionarios la recepción de pagos ilegales.

El mecanismo financiero que podría explicar las pérdidas

Para comprender el conflicto hay que detenerse en una operación que, aunque habitual en los mercados, puede resultar bastante menos intuitiva de lo que parece: los derivados financieros sobre el oro.

Estos instrumentos permiten protegerse frente a variaciones futuras de los precios. Por ejemplo, una institución que acumula grandes cantidades de oro puede contratar una opción que limite sus pérdidas si el metal se desploma.

El problema aparece cuando la estructura incorpora otras obligaciones financieras.

Una de las hipótesis recogidas en la denuncia es que el Banco Central hubiera empleado una estrategia conocida como collar. Este mecanismo combina la compra de una opción de protección frente a una caída del precio con la venta de otra opción que limita el beneficio obtenido si el oro sube por encima de determinado nivel.

En términos sencillos, se obtiene protección frente a una bajada, pero se renuncia a una parte de las ganancias si el precio aumenta demasiado.

Si el oro supera el nivel pactado, la institución que vendió la opción puede verse obligada a compensar económicamente a la otra parte. Así, unas reservas que ganan valor pueden convivir con pagos elevados derivados de la cobertura financiera.

Distintas informaciones han situado el posible límite de algunas operaciones en torno a los 3.000 dólares por onza, frente a una cotización que superó los 4.000 dólares durante 2025. Sin embargo, los términos exactos de los contratos no están acreditados públicamente, por lo que no puede darse por confirmada esa estructura.

Hay otra distinción importante: los 62,8 millones de dólares registrados como primas de opciones no deben confundirse con supuestas comisiones a intermediarios. Son conceptos financieros diferentes y no existe documentación pública que permita afirmar que aquella cantidad se destinó a pagos indebidos.

Qué pide la denuncia presentada ante la SEC de Estados Unidos

El escrito de Dalbón, redactado en inglés y presentado mediante el mecanismo estadounidense de recepción de denuncias e informaciones conocido como Tips, Complaints and Referrals (TCR), solicita que la SEC determine primero si tiene competencia para examinar los hechos.

La presentación busca esclarecer si las operaciones pudieron incluir honorarios, comisiones u otros pagos a funcionarios extranjeros, directamente o mediante terceros, y si esos movimientos fueron registrados correctamente en la contabilidad de las entidades participantes.

También plantea la necesidad de verificar los controles internos aplicados y determinar si alguna parte de las transacciones o de los pagos pasó por Estados Unidos o involucró a entidades sometidas a su jurisdicción.

La posible intervención del regulador estadounidense se relaciona con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocida por sus siglas inglesas FCPA, que establece obligaciones contra determinados sobornos internacionales y exige controles contables a las entidades sujetas a sus disposiciones.

El propio denunciante reconoce una limitación fundamental: su presentación se apoya en información pública, documentos de auditoría y publicaciones periodísticas. No dispone de los contratos originales ni de registros internos que permitan conocer con certeza los destinatarios de eventuales comisiones.

Por eso pide que se examine la documentación y, si corresponde, que el asunto sea trasladado a otra autoridad estadounidense, como el Departamento de Justicia.

El antecedente de Deutsche Bank en 2021

La denuncia incorpora un episodio anterior que afecta a Deutsche Bank. En enero de 2021, la SEC anunció un acuerdo sancionador con la entidad por infracciones relacionadas con sus controles contables y el uso de intermediarios externos.

La autoridad estadounidense identificó entonces pagos por aproximadamente siete millones de dólares que incluían sobornos o desembolsos por servicios desconocidos, no documentados o no autorizados.

Deutsche Bank aceptó pagar más de 120 millones de dólares en acuerdos coordinados con la SEC y el Departamento de Justicia relacionados con aquellas infracciones.

El antecedente explica parte del interés del denunciante por examinar los controles de la entidad alemana. Pero existe una diferencia esencial: aquellos hechos correspondían a otras operaciones y a un periodo anterior.

No hay pruebas de que esa conducta se repitiera en los contratos de oro del Banco Central argentino. La sanción de 2021 tampoco demuestra que Deutsche Bank participara en las transacciones ahora cuestionadas.

La investigación en Argentina y los contratos pendientes de esclarecer

La presentación ante la SEC no constituye el primer movimiento de Dalbón.

En octubre, el abogado amplió una denuncia penal en Argentina relacionada con las operaciones sobre las reservas de oro. Las actuaciones tramitan ante el Juzgado Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y afectan a posibles responsabilidades de funcionarios vinculados con la gestión de esos activos.

Entre las diligencias solicitadas figuran la obtención de contratos, comunicaciones internas, informes de riesgo y documentación que permita reconstruir las decisiones adoptadas.

El abogado también reclamó medidas para preservar información electrónica del Banco Central y conocer las condiciones financieras acordadas con las entidades que participaron en las operaciones.

La controversia se extiende a la trazabilidad de parte del oro trasladado al extranjero en 2024. Aunque el Gobierno confirmó movimientos internacionales de reservas, han persistido discrepancias sobre su ubicación y sobre la documentación facilitada a los órganos de control.

No obstante, el traslado físico de lingotes y los contratos de derivados son cuestiones distintas. La existencia de pagos derivados de opciones financieras no demuestra que hayan desaparecido reservas de oro.

La cuestión pendiente es determinar qué contratos se firmaron, bajo qué condiciones y con qué controles.

El futuro del caso depende de los contratos y de la SEC

La denuncia presentada en Washington coloca las operaciones con oro del Banco Central argentino bajo una nueva posibilidad de supervisión internacional, aunque todavía no consta públicamente que la SEC haya iniciado una investigación formal.

El regulador estadounidense deberá valorar si los hechos descritos entran dentro de sus competencias y si existe información suficiente para justificar nuevas actuaciones. La SEC mantiene habitualmente la confidencialidad sobre la recepción y el examen de denuncias.

Mientras tanto, los datos económicos conocidos permiten distinguir dos realidades. Las operaciones con opciones registraron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares y el Banco Central sostiene que el conjunto de su posición en oro terminó 2025 con una ganancia neta de 2.505 millones.

Ambas cifras pueden coexistir. Lo que todavía no se conoce con suficiente detalle es quiénes fueron todas las contrapartes, cuáles eran las condiciones contractuales y qué pagos adicionales pudieron producirse.

Y ahí está el verdadero alcance del caso. Una estrategia financiera puede terminar siendo costosa sin que exista necesariamente un delito. Pero cuando las operaciones afectan a las reservas de un país y movilizan cantidades de semejante magnitud, la identificación de sus responsables, sus costes y sus beneficiarios adquiere una importancia que va bastante más allá de la discusión política.