Elisa Mouliaá, citada al forense con aviso de detención por su tienda

La actriz Elisa Mouliaá se enfrenta a una nueva advertencia judicial de detención, esta vez relacionada con su tienda de productos derivados del cannabis en Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital, Raquel Robles, la ha citado para el próximo 19 de noviembre, a las 10.15 horas, con el objetivo de que se someta a un reconocimiento médico forense. Si no comparece ni acredita una causa justificada, la magistrada podría ordenar su detención.

La decisión se produce dentro de una investigación por un presunto delito contra la salud pública relacionado con Greenery Ponzano, el establecimiento de productos de cannabidiol (CBD) que regenta la intérprete. Las diligencias tratan de esclarecer si en el negocio se comercializaban artículos con concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis, superiores a las permitidas para su venta.

La advertencia no equivale a una orden de arresto. Por el momento, la Justicia ha fijado una nueva comparecencia y pretende comprobar las circunstancias médicas que Mouliaá ha alegado para justificar sus anteriores ausencias. La eventual detención queda condicionada a que vuelva a incumplir la citación sin una justificación suficiente.

El procedimiento añade otro frente judicial a la situación de la actriz, conocida también por su denuncia contra el exdiputado Íñigo Errejón. Son causas diferentes, con hechos y órganos judiciales distintos, aunque ambas han coincidido en un punto delicado: las dificultades para celebrar determinadas comparecencias.

La jueza cita a Elisa Mouliaá el 19 de noviembre

La magistrada Raquel Robles ha dispuesto que la Policía Municipal de Madrid notifique personalmente a la actriz su obligación de presentarse ante el médico forense. La finalidad de esta diligencia es evaluar si su estado de salud le permite participar en el procedimiento y prestar declaración con las garantías necesarias.

Mouliaá ya estaba citada el pasado 19 de mayo para declarar como investigada, pero no acudió. Su abogado, Alfredo Arrién, explicó entonces que permanecía de baja médica y que sus circunstancias personales le impedían afrontar la comparecencia. La actriz tampoco se presentó a otra citación señalada para el 27 de octubre.

Ante esta sucesión de ausencias, el juzgado ha optado por solicitar una valoración médica independiente. La intérprete deberá aportar los informes clínicos relacionados con las circunstancias que ha alegado para justificar su imposibilidad de comparecer.

La providencia incluye un apercibimiento expreso de detención si no acude y tampoco presenta documentación suficiente que acredite una causa legítima.

Esta posibilidad tiene respaldo en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite convertir una orden de comparecencia en una orden de detención cuando una persona citada no se presenta sin justificar debidamente su ausencia.

No se trata, por tanto, de una sanción anticipada por los hechos investigados, sino de una medida que podría utilizarse para garantizar su presencia en el procedimiento. La distinción es importante: Mouliaá no ha sido condenada por este asunto y conserva plenamente su presunción de inocencia.

Qué investiga la Justicia en la tienda Greenery Ponzano

El origen de la investigación se encuentra en una intervención de la Policía Municipal de Madrid en Greenery Ponzano, el negocio de productos derivados del cannabis vinculado a la actriz.

Durante la inspección se localizaron artículos de CBD que, según las sospechas que motivaron las diligencias, podrían contener cantidades de THC superiores a las autorizadas para su comercialización. Los agentes también denunciaron a un empleado del establecimiento por su posible participación en los hechos investigados.

La cuestión central es determinar si las características de los productos intervenidos permiten apreciar un delito contra la salud pública o si, por el contrario, los hechos deben resolverse mediante un procedimiento administrativo.

Conviene distinguir ambos compuestos. El CBD o cannabidiol es un componente del cannabis que no produce los efectos intoxicantes característicos del THC. Este último sí posee propiedades psicoactivas y está sometido a controles específicos.

Sin embargo, que un producto se anuncie como CBD no significa que pueda comercializarse libremente en cualquier presentación o composición. Su consideración legal depende, entre otros factores, del tipo de producto, su contenido, su finalidad y la normativa aplicable.

La investigación deberá establecer qué sustancias contenían exactamente los artículos intervenidos y qué responsabilidad, si la hubiera, podría corresponder a las personas investigadas.

El análisis de los productos intervenidos

Uno de los elementos relevantes del procedimiento es el informe técnico sobre los productos incautados, incorporado a las actuaciones judiciales.

La propia Mouliaá había denunciado anteriormente que durante la intervención policial se retiraron de su establecimiento productos valorados en más de 3.000 euros. Su defensa cuestionó la proporcionalidad de aquella actuación y sostuvo que los artículos procedían de proveedores cuyos productos también se comercializaban en otros establecimientos españoles.

La existencia de otros puntos de venta, sin embargo, no determina por sí sola la legalidad de una mercancía. Tampoco demuestra que se haya cometido una infracción. Para resolver esa cuestión resulta fundamental conocer la composición de los productos, las circunstancias de su comercialización y la participación atribuida a cada investigado.

La magistrada también ha citado al empleado del negocio para el 13 de enero de 2027, a las 9.15 horas, con asistencia letrada.

La defensa de Mouliaá recurre la investigación penal

El abogado Alfredo Arrién ha intentado que las actuaciones contra la actriz sean archivadas. La petición de sobreseimiento fue rechazada por la magistrada instructora, una decisión que la defensa ha recurrido.

El recurso de apelación será examinado por la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse sobre la procedencia de mantener la investigación o acordar su archivo.

La representación jurídica de Mouliaá considera que las resoluciones judiciales no justifican suficientemente los indicios que permitirían atribuirle una responsabilidad penal individual.

Su argumentación se apoya en el derecho a la tutela judicial efectiva y en la obligación de motivar las decisiones que afectan a una persona investigada. Según la defensa, no basta con afirmar que existen indicios de delito: es necesario concretar los hechos y explicar su relación con la conducta atribuida a la actriz.

También sostiene que, de existir irregularidades relacionadas con la composición de los productos, estas deberían examinarse por la vía administrativa, sin necesidad de mantener abierto un procedimiento penal.

La posición del juzgado es distinta. La instructora ha considerado que existen motivos para continuar las diligencias y ha rechazado hasta el momento la solicitud de archivo.

Será la Audiencia Provincial de Madrid la que revise esa decisión. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no existe una resolución definitiva sobre la eventual responsabilidad penal de Mouliaá.

Un procedimiento distinto al conflicto judicial con Errejón

La actriz afronta esta investigación mientras continúa la controversia judicial relacionada con el exdirigente de Sumar Íñigo Errejón, a quien denunció en octubre de 2024 por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2021.

A raíz de aquel conflicto también se abrió una causa por presuntas calumnias contra Mouliaá, después de que Errejón presentara una querella por determinadas manifestaciones públicas de la intérprete.

En junio de 2026, el juez que instruía ese procedimiento ordenó su detención y puesta a disposición judicial tras varias incomparecencias. Finalmente, Mouliaá acudió voluntariamente a los juzgados el 24 de junio para prestar declaración.

La actriz negó entonces haber pretendido eludir la actuación judicial y denunció lo que consideraba un trato desproporcionado.

Ahora la situación es diferente. La advertencia procede de otra magistrada, responde a una investigación independiente y está relacionada con las actividades comerciales de su establecimiento de cannabis.

Mouliaá ha vinculado públicamente algunos de sus problemas judiciales y personales con el trato que asegura haber recibido desde que denunció a Errejón. Se trata de una valoración de la propia actriz, no de una relación causal acreditada entre ambos procedimientos.

El examen forense marcará el siguiente paso judicial

La fecha inmediata para Elisa Mouliaá es el 19 de noviembre de 2026. Ese día deberá presentarse al reconocimiento médico ordenado por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid o justificar adecuadamente su ausencia.

El resultado de la evaluación forense permitirá al juzgado valorar las circunstancias de salud alegadas y decidir cómo continuar con las comparecencias pendientes.

Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial deberá estudiar el recurso presentado por su defensa contra la continuidad de la investigación penal.

El caso permanece, por tanto, abierto en dos cuestiones fundamentales: la obligación de comparecer ante la Justicia y la existencia o no de indicios suficientes para mantener una causa penal por los productos comercializados en Greenery Ponzano.

Lo que está acreditado es la nueva advertencia judicial y la citación ante el forense. Lo que todavía no existe es una orden de detención en este procedimiento ni una sentencia que establezca que la actriz cometió un delito contra la salud pública. Esa diferencia, aunque menos espectacular que un titular sobre un posible arresto, es esencial para entender su verdadera situación judicial.