El Gobierno deniega 704 de 853 solicitudes de asilo resueltas en Ceuta

El Gobierno español ha denegado 704 solicitudes de asilo en Ceuta de las 853 que ha resuelto hasta el 27 de octubre de 2026, en el marco de la crisis migratoria desencadenada por las entradas masivas de finales de julio. La cifra supone que el 82,5 % de las peticiones examinadas ha recibido una respuesta desfavorable, aunque la mayoría de estas resoluciones todavía se encuentra en fase de notificación o recurso.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes los datos tras la reunión del Consejo de Ministros. Según el balance oficial, se han formalizado 1.697 expedientes de protección internacional y más de 400 solicitudes pasarán esta misma semana por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). El dato confirma que la tramitación avanza, pero también que centenares de personas siguen pendientes de conocer su situación jurídica definitiva.

La elevada proporción de denegaciones llega en un momento especialmente delicado para Ceuta. Casi tres meses después de la llegada masiva de migrantes, las administraciones continúan gestionando las consecuencias de una emergencia que ha tensionado los recursos de acogida, los servicios públicos y las relaciones entre el Gobierno central y las autoridades de la ciudad autónoma.

Las cifras, eso sí, requieren una distinción fundamental: una solicitud de asilo denegada no equivale automáticamente a una expulsión. Los afectados pueden ejercer los recursos legalmente previstos y, cuando corresponda, solicitar medidas cautelares para evitar una devolución mientras se examina su caso.

El 82,5 % de las solicitudes de asilo resueltas ha sido rechazado

El balance presentado por el Gobierno permite dimensionar el alcance de las decisiones adoptadas. De las 853 solicitudes de protección internacional resueltas, 704 han recibido una respuesta negativa. Quedan, por diferencia, 149 resoluciones cuyo resultado concreto no ha sido desglosado en la información ofrecida por el Ejecutivo. No sería correcto considerar que todas ellas corresponden necesariamente a concesiones de asilo.

También permanecen sin resolver 844 expedientes de los 1.697 formalizados. Una parte importante podría avanzar durante los próximos días, cuando más de 400 solicitudes sean examinadas por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

Saiz ha defendido que los procedimientos se están desarrollando con las garantías legales establecidas. La cuestión importa porque la protección internacional exige estudiar las circunstancias de cada solicitante, sus motivos para abandonar el país de origen y los riesgos que podría afrontar en caso de devolución.

La portavoz también ha informado de que más de 500 personas han desistido de sus solicitudes en algún momento de la tramitación y han regresado a Marruecos. Estos desistimientos deben distinguirse de las denegaciones administrativas: abandonar voluntariamente un procedimiento no es lo mismo que recibir una resolución negativa.

Más de 13.800 migrantes han regresado a Marruecos desde Ceuta

El balance de las solicitudes de asilo forma parte de una operación migratoria mucho más amplia. Según los datos oficiales difundidos este martes, 13.823 personas han regresado a Marruecos desde el comienzo de las actuaciones desarrolladas para gestionar la crisis.

De ese total, el Gobierno distingue entre 13.215 retornos voluntarios y 608 expulsiones. Es decir, aproximadamente el 95,6 % de los regresos contabilizados corresponde a retornos que el Ejecutivo clasifica como voluntarios.

La diferencia no es menor. Mientras que el retorno voluntario implica, en términos generales, la decisión de regresar al país de procedencia, una expulsión constituye una actuación administrativa coercitiva sometida a requisitos y garantías legales.

Estas cifras tampoco deben confundirse con las 704 denegaciones de asilo. Una persona cuya solicitud ha sido rechazada puede tener todavía procedimientos pendientes, y una expulsión registrada en el balance general no tiene por qué corresponder a uno de esos expedientes.

Las devoluciones provocan nuevas controversias judiciales

Las actuaciones de Interior han abierto otro frente. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han denunciado devoluciones a Marruecos de personas que habían recurrido la denegación de su protección internacional.

Uno de los casos conocidos este martes afecta a un ciudadano yemení devuelto el 26 de octubre pese a que la Audiencia Nacional había acordado que permaneciera en territorio español mientras se examinaba su situación. El Ministerio del Interior sostiene que la resolución judicial llegó después de ejecutarse la devolución y que el plazo para recurrir había terminado.

La controversia gira alrededor de las garantías procesales y del principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda afrontar determinados riesgos graves. La existencia de una denegación administrativa no elimina por sí sola todas las obligaciones de protección de las autoridades.

Los recursos y las decisiones judiciales resultan especialmente relevantes en procedimientos que pueden afectar a personas procedentes de países en guerra o que alegan persecución por motivos políticos, religiosos, de género u orientación sexual.

Ceuta ha atendido a 3.560 menores migrantes durante la crisis

La situación de los menores constituye otro de los principales desafíos para las administraciones. El Gobierno cifra en 3.560 los menores atendidos por el sistema de protección de Ceuta durante la emergencia.

De acuerdo con el balance presentado por Elma Saiz, 125 menores han sido reagrupados con familiares en la península y otros 181 han sido trasladados a distintas comunidades autónomas mediante los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería.

También se han remitido 87 expedientes de reagrupación familiar en Marruecos. Se trata de procedimientos iniciados o trasladados para su tramitación, no de 87 retornos que puedan considerarse ejecutados.

La atención a los menores requiere una evaluación específica de cada situación familiar y de sus necesidades de protección. Su tratamiento jurídico no es idéntico al de los adultos, y las decisiones deben atender al interés superior del menor.

El reparto de responsabilidades entre administraciones ha adquirido una importancia considerable por el número de niños y adolescentes atendidos y por la presión sobre los recursos de acogida de la ciudad autónoma.

El Gobierno mantiene 7.477 plazas de acogida y más de 5.200 efectivos

La respuesta estatal también se refleja en el despliegue de instalaciones y personal. Según las cifras oficiales, se han habilitado 7.477 plazas de acogida temporal para atender las necesidades derivadas de la crisis.

En materia de seguridad, el Ejecutivo contabiliza 5.237 efectivos desplegados y un total acumulado de 11.375 patrullas de vigilancia e información.

El balance incluye indicadores sobre el funcionamiento de los servicios públicos. La asistencia escolar en Ceuta se mantiene alrededor del 90 %, un porcentaje que Saiz ha situado dentro de los parámetros habituales de funcionamiento.

Respecto a la atención sanitaria, de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, 100 estaban ocupadas, 16 de ellas por personas migrantes. Son datos que ayudan a valorar la presión asistencial, aunque por sí solos no permiten conocer todas las necesidades sanitarias y sociales que siguen existiendo.

El Ejecutivo utiliza estas cifras para defender que las medidas adoptadas están permitiendo recuperar progresivamente la normalidad. La ciudad autónoma, por su parte, mantiene sus reclamaciones sobre los recursos necesarios y la planificación de los procedimientos pendientes.

El Tribunal Supremo rechaza exigir al Gobierno un plan urgente

La publicación de los nuevos datos coincide con una decisión relevante del Tribunal Supremo, que este martes ha rechazado la petición del Gobierno de Ceuta para obligar al Ejecutivo central a presentar de manera inmediata un calendario detallado de expulsiones, devoluciones y resolución de solicitudes de asilo.

El Gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas, había acudido al alto tribunal para denunciar lo que considera una respuesta insuficiente de la Administración central ante las consecuencias de las entradas masivas del 30 y 31 de julio.

El Supremo no ha apreciado la especial urgencia necesaria para adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas sin escuchar previamente al Gobierno. Los magistrados han tenido en cuenta que la situación denunciada se prolongaba desde hacía más de dos meses y medio y que Ceuta no había acudido antes a los tribunales.

La decisión no supone que el tribunal haya rechazado definitivamente las reclamaciones de Ceuta ni que haya avalado toda la actuación estatal. La Sala ha concedido diez días al Gobierno para presentar alegaciones y ha requerido el expediente administrativo correspondiente, que deberá remitirse en un plazo de veinte días.

El conflicto institucional continúa, por tanto, abierto. La discusión no se limita a disponer de suficientes plazas de acogida o efectivos de seguridad, sino que alcanza a la organización de los procedimientos administrativos y a los tiempos de respuesta.

Cientos de expedientes pendientes y una situación todavía sin resolver

Los datos del 27 de octubre reflejan avances en la tramitación de solicitudes y en los retornos a Marruecos, pero también muestran que la crisis migratoria de Ceuta sigue teniendo importantes asuntos pendientes.

El rechazo del 82,5 % de las peticiones de asilo resueltas es el indicador más llamativo del balance. Sin embargo, su alcance definitivo dependerá de las notificaciones, los recursos que presenten los afectados y las decisiones que puedan adoptar los órganos judiciales.

Tampoco puede darse por terminada una emergencia mientras continúen abiertos centenares de expedientes, los menores necesiten medidas de protección y las administraciones mantengan discrepancias sobre los recursos disponibles.

El Gobierno defiende que está actuando conforme a los procedimientos legales. Ceuta reclama más concreción y rapidez. Entre ambas posiciones hay una obligación que no admite atajos: resolver cada expediente con garantías, tanto cuando corresponde conceder protección como cuando la Administración determina que una persona debe abandonar España.