Guardia urbano de Barcelona, suspendido 24 días por no hablar catalán

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a un agente de la Guardia Urbana con 24 días de suspensión de empleo y sueldo después de que se negara a atender en catalán a una ciudadana durante una intervención policial y mantuviera con ella una actitud considerada irrespetuosa. La resolución, conocida este jueves 5 de noviembre de 2026, llega tras una denuncia presentada por Plataforma per la Llengua y una investigación interna del consistorio.

La sanción no se fundamenta exclusivamente en la negativa del policía a utilizar el catalán. El Ayuntamiento precisa que el motivo disciplinario es el trato inadecuado dispensado a la mujer y una negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones. Durante la actuación, el agente llegó a calificar de fascista y totalitaria la petición de la ciudadana de ser atendida en catalán, según recoge una grabación difundida por la asociación.

Los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2025, en la rambla de Prim de Barcelona. La intervención comenzó cuando una patrulla solicitó la identificación de una mujer que pretendía acceder a una zona con el paso restringido. Lo que inicialmente era una actuación policial ordinaria acabó convirtiéndose en un enfrentamiento verbal por el idioma empleado por el funcionario.

La resolución todavía no es firme y puede recurrirse. Mientras tanto, el caso ha adquirido una segunda dimensión: la ciudadana también fue multada durante aquella intervención y Plataforma per la Llengua pretende conseguir que se anule esa sanción.

La discusión por el catalán que terminó en una sanción policial

La controversia comenzó cuando la mujer pidió explicaciones sobre la identificación y reclamó que el agente se dirigiera a ella en catalán. Según la denuncia presentada, el policía rechazó reiteradamente cambiar de idioma y defendió su derecho a expresarse en castellano.

La ciudadana grabó la conversación. En el vídeo, difundido este jueves por Plataforma per la Llengua, se escucha cómo insiste en que desea ser atendida en catalán y recuerda al funcionario su condición de servidor público.

La respuesta del agente fue especialmente polémica. En un momento de la discusión afirmó: «Es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere».

También calificó de totalitaria la exigencia de la mujer y sostuvo que podía elegir libremente la lengua en la que hablar durante su trabajo.

La discusión no terminó con aquella discrepancia. La mujer recibió una multa por increpar y menospreciar a los agentes, una sanción administrativa que todavía constituye otro frente abierto del caso.

La grabación fue posteriormente aportada a la denuncia presentada ante el Ayuntamiento, junto con la documentación relativa a la intervención. Su existencia resultó fundamental para examinar lo ocurrido y contrastar la actuación del funcionario.

Por qué Barcelona ha suspendido al agente durante 24 días

Tras conocer los hechos, el consistorio abrió un expediente disciplinario. La investigación quedó en manos de la Unidad Deontológica y de Asuntos Internos de la Guardia Urbana, que examinó la actuación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.

El procedimiento terminó con la imposición de 24 días de suspensión de empleo y sueldo, una medida que implica apartar temporalmente al funcionario de sus tareas profesionales y privarlo de sus retribuciones durante ese periodo.

El Ayuntamiento ha querido distinguir entre dos cuestiones que, aunque relacionadas, no son idénticas: la controversia sobre la lengua utilizada y el comportamiento profesional del funcionario.

Según la explicación municipal, durante la intervención se produjeron expresiones y actitudes incompatibles con las exigencias de respeto, corrección y profesionalidad aplicables a los integrantes de la policía local.

La conducta fue considerada una negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

Por tanto, no se trata simplemente de que un policía haya sido castigado por hablar castellano. La resolución responde al modo en que trató a una ciudadana durante una actuación oficial, en un contexto en el que esta había solicitado reiteradamente utilizar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

El expediente sancionador, sin embargo, todavía puede ser objeto de recurso. La decisión administrativa no es definitiva y no equivale a una sentencia judicial.

Qué obligaciones lingüísticas tienen los guardias urbanos en Barcelona

El episodio plantea una cuestión relevante sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña: la diferencia entre la libertad de uso de las lenguas oficiales por parte de los ciudadanos y las obligaciones profesionales de quienes representan a una administración.

El catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña. Los ciudadanos tienen derecho a utilizarlas en sus relaciones con las administraciones públicas, de acuerdo con el marco jurídico aplicable.

En Barcelona, el reglamento municipal sobre el uso del catalán establece criterios específicos para la atención al público. Estas normas deben interpretarse junto con los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las obligaciones propias de los empleados públicos.

La primera atención debe hacerse en catalán

La Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal con los ciudadanos debe realizarse en catalán, conforme a las directrices municipales de proximidad y calidad del servicio.

Esto no elimina el derecho a recibir atención en castellano. Los funcionarios deben respetar las opciones lingüísticas de los ciudadanos y facilitar la comunicación en las lenguas oficiales conforme a sus obligaciones profesionales.

La distinción es importante. Un ciudadano puede elegir el idioma oficial que utiliza ante la administración. Un agente, mientras ejerce sus funciones, está sujeto a normas de servicio que no son equivalentes a las preferencias lingüísticas de una conversación privada.

La controversia de Barcelona no se limita, por tanto, a determinar qué lengua hablaba cada persona. También afecta a la obligación de prestar un servicio público adecuado y al trato que recibe quien solicita ejercer sus derechos.

Collboni respalda la decisión y considera excepcional el incidente

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado su apoyo y respeto a la sanción impuesta al agente.

En una entrevista en el programa Cafè d’Idees, de La 2, el alcalde ha defendido que los servidores públicos deben dirigirse correctamente a la ciudadanía y utilizar inicialmente el catalán, como lengua propia de Barcelona y Cataluña.

También ha señalado que, cuando un ciudadano se expresa en catalán, los agentes deben mantener la atención en esa lengua.

Collboni ha calificado el episodio de excepcional y ha asegurado que es la primera vez que se encuentra con un caso semejante durante sus tres años al frente del Ayuntamiento.

Por su parte, la Guardia Urbana ha reiterado que el respeto a los ciudadanos constituye uno de los principios esenciales de cualquier intervención policial.

La posición municipal combina así dos elementos: la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la exigencia de que los funcionarios mantengan un trato correcto, independientemente de las discrepancias que puedan surgir durante una actuación.

La multa a la ciudadana sigue pendiente de resolución

Aunque el procedimiento disciplinario contra el agente ha terminado con una sanción, el conflicto administrativo no está completamente resuelto.

Durante la intervención de julio de 2025, la mujer fue multada por una supuesta falta de respeto a los agentes. La denuncia policial recogía que había increpado y menospreciado a los funcionarios.

Plataforma per la Llengua asumió su defensa y presentó alegaciones contra esa sanción. El Ayuntamiento las desestimó, por lo que la entidad ha anunciado que acudirá a la vía judicial para solicitar su anulación.

La asociación considera que el expediente disciplinario contra el policía refuerza la posición de la afectada, al reconocer oficialmente que la actuación del funcionario no cumplió las exigencias profesionales correspondientes.

Sin embargo, la sanción al agente no anula automáticamente la multa de la ciudadana. Son procedimientos distintos, con sus respectivas decisiones administrativas y posibilidades de recurso.

La organización ha valorado positivamente la resolución municipal porque considera que reconoce la vulneración de los derechos lingüísticos denunciada.

Su presidente, Òscar Escuder, ha defendido la importancia de que este tipo de situaciones se denuncien y documenten. A juicio de la entidad, la decisión demuestra que las reclamaciones por discriminación lingüística en el ámbito policial pueden tener consecuencias administrativas.

La asociación sostiene, además, que situaciones semejantes no siempre terminan con una sanción disciplinaria, incluso cuando los afectados presentan una reclamación formal.

Dos procedimientos abiertos por una misma intervención

El caso de la Guardia Urbana de Barcelona deja una situación singular: un policía sancionado por su conducta durante una intervención y una ciudadana que sigue intentando que se retire la multa que recibió en ese mismo episodio.

La suspensión de 24 días constituye la principal consecuencia disciplinaria conocida hasta el momento, pero su carácter recurrible impide considerar cerrado definitivamente el procedimiento.

La otra decisión pendiente afecta a la sanción administrativa de la mujer. Su eventual anulación deberá resolverse por los cauces correspondientes y no puede darse por hecha únicamente porque el Ayuntamiento haya castigado al funcionario.

Más allá de la controversia política y lingüística que pueda suscitar, la resolución municipal establece una distinción fundamental: hablar una lengua oficial no constituye por sí mismo una conducta sancionable, pero el ejercicio de la autoridad policial exige respetar los derechos de los ciudadanos y mantener un comportamiento profesional durante cualquier intervención.

Esa es, precisamente, la diferencia que ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a imponer 24 días sin empleo ni sueldo a uno de sus guardias urbanos. La resolución disciplinaria todavía puede recurrirse y la multa a la ciudadana continúa sin anularse, dos cuestiones que mantienen abierto el conflicto iniciado en la rambla de Prim.