Cuatro condenados por intentar vender miles de jamones contaminados

Cuatro personas han sido condenadas en Huelva por participar en el desvío de miles de jamones y paletas que habían sido declarados no aptos para el consumo humano tras resultar afectados por el incendio de un secadero en Monesterio, Badajoz. Los análisis detectaron en las piezas sustancias procedentes de la combustión de plásticos con potencial genotóxico y cancerígeno.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva ha impuesto a cada uno de los cuatro condenados un año de prisión, tres años de inhabilitación para trabajar o desarrollar actividades comerciales relacionadas con la industria cárnica y una multa de seis meses con una cuota diaria de 12 euros. Un quinto acusado ha sido absuelto al no quedar acreditado que participara en los hechos o que tuviera conocimiento de ellos. La sentencia puede ser recurrida.

Un incendio afectó a 43.000 jamones y paletas

El origen del caso se remonta a junio de 2003. Un incendio registrado en un secadero de la localidad pacense de Monesterio afectó a un lote de 43.000 piezas entre jamones y paletas.

La preocupación no estaba únicamente en el deterioro visible provocado por el fuego. Los análisis realizados después del siniestro determinaron que las piezas habían estado expuestas a sustancias originadas durante la combustión de materiales plásticos, por lo que la autoridad sanitaria declaró la mercancía no apta para el consumo humano.

Los compuestos detectados presentaban potencial genotóxico y cancerígeno. Es decir, podían causar daños en el material genético y representar un riesgo para la salud. Esto no significa que el consumo de una pieza provocara necesariamente cáncer, sino que la mercancía reunía unas características incompatibles con su comercialización como alimento.

El destino establecido era, por tanto, su retirada y destrucción o transformación técnica mediante los procedimientos autorizados.

Miles de piezas acabaron desviadas hacia Huelva

Para gestionar la mercancía se contrató a una empresa especializada que disponía de una planta de tratamiento en Guillena, Sevilla. Según los hechos recogidos en la resolución judicial, parte de las piezas no siguió ese recorrido.

Responsables vinculados al transporte y a la empresa encargada de gestionar el producto ordenaron el desvío de miles de jamones y paletas hacia la Sierra de Huelva.

Las piezas terminaron en instalaciones de Aroche y en secaderos situados en Jabugo. Allí comenzaron unas operaciones destinadas a devolverles una apariencia comercial pese a que pesaba sobre ellas una declaración sanitaria que impedía destinarlas al consumo.

No era una simple cuestión administrativa. La mercancía había sido apartada precisamente porque los análisis habían identificado compuestos potencialmente peligrosos derivados del incendio.

Lavados, manteca y nuevas etiquetas

La sentencia describe cómo los jamones y paletas fueron sometidos a distintas manipulaciones. Las piezas se lavaron, se retiraron sus cuerdas originales y algunas fueron untadas con grasa o manteca.

También se procedió a su reetiquetado. El objetivo, según considera probado el juzgado, era introducir nuevamente los productos en el circuito comercial y destinarlos al consumo público.

Durante las inspecciones fueron localizadas miles de piezas almacenadas en cámaras, secaderos que no estaban autorizados e incluso dentro de camiones preparados para su distribución.

El volumen ayuda a entender la dimensión del caso. No se trataba de unas pocas piezas deterioradas que hubieran quedado por error en un almacén, sino de una operación que afectaba a una cantidad considerable de producto previamente destinado a ser inutilizado.

Por qué existe delito aunque no se pruebe su consumo

Uno de los aspectos jurídicos relevantes de la sentencia está precisamente ahí. Para apreciar el delito contra la salud pública no era necesario acreditar que una persona hubiese comprado y consumido uno de esos jamones y, después, enfermado.

El juzgado considera que existía un peligro objetivo para la salud colectiva. Los compuestos tóxicos estaban presentes en la corteza y en la grasa superficial de las piezas. Aunque esas partes se desechan con frecuencia, también pueden utilizarse en cocina o llegar a consumirse.

La condena se encuadra en el artículo 363.5 del Código Penal, que sanciona a productores, distribuidores o comerciantes que oculten o sustraigan productos destinados a ser inutilizados o desinfectados con el propósito de comerciar con ellos.

Es una figura pensada precisamente para impedir que un alimento retirado por razones sanitarias pueda recorrer el camino de vuelta hasta el consumidor. El riesgo nace de esa reintroducción en el mercado, no de que sea necesario esperar a que aparezca una víctima concreta.

Los acusados quedan absueltos del delito de falsedad documental

La resolución, sin embargo, no acepta todas las acusaciones planteadas durante el procedimiento.

Los acusados han sido absueltos del delito de falsedad en documento oficial relacionado con las alteraciones detectadas en sellos y firmas de las guías administrativas utilizadas durante los transportes.

La magistrada entiende que esas modificaciones suponían una falta a la verdad respecto a la recepción efectiva de la mercancía, pero no constituían una simulación completa de la autenticidad de los documentos. Por ello, considera que se trata de una falsedad ideológica que, en las circunstancias del caso, no encaja en el tipo penal que se les atribuía.

El fallo distingue así entre la manipulación documental y la conducta que sí considera delictiva: apartar unas piezas destinadas a su inutilización para tratar de recuperarlas comercialmente.

Indemnizaciones por daños de imagen y lucro cesante

La condena también tendrá consecuencias económicas. Los cuatro responsables deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las empresas propietarias del secadero incendiado por los daños de imagen y el lucro cesante relacionados con el desvío irregular de los productos.

La cantidad definitiva todavía no está cerrada. Deberá calcularse durante la ejecución de la sentencia mediante una pericial independiente, aunque el juzgado ha establecido límites máximos de 190.277 euros para una de las empresas perjudicadas y de 146.627 euros para la otra.

A las indemnizaciones se añaden las multas y la parte proporcional de las costas procesales correspondientes a cada condenado.

La resolución puede ser recurrida en apelación en un plazo de diez días, por lo que la condena todavía no es firme mientras exista esa posibilidad procesal.

Una mercancía retirada no puede volver al mercado

El caso muestra por qué la retirada sanitaria de un alimento no termina cuando el producto sale del almacén o de la fábrica. Existe toda una cadena de custodia y destrucción destinada a garantizar que aquello que ha sido declarado peligroso o no apto no regrese camuflado al circuito comercial.

Aquí, según la sentencia, las piezas no solo fueron apartadas del destino previsto para su destrucción. También fueron lavadas, acondicionadas y reetiquetadas. Ese proceso podía borrar ante el comprador cualquier señal del verdadero recorrido de la mercancía.

Los hechos comenzaron hace más de dos décadas, pero el núcleo del asunto sigue siendo bastante sencillo: 43.000 jamones y paletas quedaron afectados por un incendio, la autoridad sanitaria ordenó que no se destinaran al consumo y miles de ellos fueron desviados con la intención de volver a comercializarlos. Es precisamente ese intento de devolver al mercado productos que debían ser inutilizados el que sustenta las condenas dictadas en Huelva.