Amnistía recoge 50 casos de maltrato a migrantes en Ceuta desde julio

Amnistía Internacional ha elevado a 50 los casos documentados de presuntos malos tratos y abusos contra migrantes en Ceuta, atribuidos principalmente a militares españoles, aunque también a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La organización ha presentado este jueves, 5 de noviembre de 2026, una nueva investigación que recoge 28 casos adicionales, entre ellos agresiones físicas, humillaciones y amenazas que, por su gravedad, podrían constituir delitos de tortura.

El dato más preocupante es que 18 de los nuevos casos se habrían producido después de que el Ministerio de Defensa anunciara una investigación interna sobre las primeras denuncias. Amnistía sostiene que las agresiones no han cesado y denuncia que, hasta la publicación de su informe, no había recibido información del Gobierno sobre el avance de las pesquisas.

Los testimonios recabados describen palizas nocturnas a personas que dormían en la calle, golpes con porras, patadas, descargas eléctricas y traslados forzosos a lugares apartados. La organización asegura haber examinado partes médicos, fotografías y testimonios que respaldan las denuncias, incluidas lesiones compatibles con los ataques relatados.

La situación afecta también a menores de edad. Entre los 28 nuevos casos investigados figuran 13 menores, algunos de los cuales denuncian haber sufrido agresiones, amenazas y la destrucción de sus pertenencias. Los hechos se enmarcan en la situación creada tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

No se trata, de momento, de 50 delitos acreditados mediante sentencia judicial, sino de casos documentados por una organización de derechos humanos que reclama una investigación independiente. Varios juzgados de Ceuta han abierto diligencias relacionadas con las primeras denuncias.

Las agresiones denunciadas continuaron tras el anuncio de Defensa

Amnistía Internacional realizó una primera visita a Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre, durante la que documentó 22 casos de presuntos abusos. El 30 de septiembre hizo públicos sus primeros resultados, que llevaron al Ministerio de Defensa a anunciar actuaciones para esclarecer lo sucedido.

La segunda investigación se desarrolló entre el 23 y el 26 de octubre. Los investigadores recogieron nuevos testimonios y examinaron lesiones que, según su valoración, resultaban compatibles con golpes de porra, puñetazos y patadas.

Entre los casos más recientes destacan los de personas migrantes que aseguran haber sido atacadas mientras dormían en diferentes puntos de la ciudad autónoma. Los relatos atribuyen las agresiones principalmente a miembros de las unidades de Regulares desplegadas en Ceuta.

Las lesiones descritas incluyen fracturas en extremidades, traumatismos en la cabeza, heridas que requirieron puntos de sutura, hematomas y daños en la zona ocular.

Uno de los testimonios corresponde a un hombre que asegura haber sido despertado durante la madrugada del 24 de octubre mediante descargas de un arma táser en el pecho, mientras dormía en la carretera de Sidi Embarek. Según su declaración, sufrió mareos, vómitos y llegó a perder el conocimiento.

Otro migrante, de nacionalidad tunecina y 40 años, relata que varios soldados lo golpearon en la cara cuando dormía en playa Benítez. La agresión, según su testimonio, le provocó una lesión que le impidió ver correctamente por un ojo durante dos semanas.

Amnistía considera especialmente grave que las denuncias se hayan repetido pese al conocimiento público de los primeros casos. La apertura de una investigación administrativa o militar, advierte la organización, no basta si no se acompaña de medidas capaces de impedir nuevas agresiones y proteger a las víctimas.

Cuatro casos especialmente graves podrían constituir tortura

Entre los nuevos episodios documentados, Amnistía Internacional identifica cuatro especialmente graves que, por sus características, podrían constituir actos de tortura conforme al derecho internacional.

Los testimonios presentan elementos comunes: personas interceptadas por militares, trasladadas en vehículos a lugares apartados, inmovilizadas mediante bridas y sometidas a agresiones, amenazas o humillaciones.

Uno de los relatos corresponde a un joven de 20 años que trabajaba como mimo en las calles de Ceuta. Según su declaración, varios militares lo introdujeron en un vehículo y lo llevaron a una zona aislada, donde se reunieron entre 16 y 17 soldados.

El joven asegura que lo obligaron a desnudarse, lo grabaron con teléfonos móviles y le exigieron que bailara mientras se burlaban de él. Cuando no consiguió reaccionar, comenzaron a golpearlo. Uno de los uniformados, siempre según su testimonio, llegó a apuntarle con una pistola y amenazarlo de muerte.

Otro caso recogido por la organización describe cómo un migrante fue trasladado a un bosque, inmovilizado junto a otra persona y golpeado repetidamente mientras permanecía atado a un árbol.

También figuran denuncias de personas que sufrieron fracturas tras caer desde lugares elevados durante episodios de violencia atribuidos a militares.

Los relatos están incorporados a la investigación de Amnistía Internacional, pero la eventual existencia de delitos de tortura y la responsabilidad de sus autores deberán determinarse judicialmente.

Trece menores entre las víctimas de los nuevos abusos denunciados

La situación de los menores migrantes no acompañados constituye otro de los aspectos centrales del informe.

Amnistía ha recogido testimonios de adolescentes que denuncian golpes mientras dormían en la calle, amenazas y la destrucción de teléfonos móviles y documentos personales.

Uno de los casos corresponde a un joven de 17 años que asegura haber sufrido dos agresiones durante octubre. En la primera recibió un golpe en la cabeza que requirió diez puntos de sutura en el hospital. En la segunda, según su relato, fue golpeado en las piernas cuando intentaba escapar.

Otro adolescente, de 15 años, denuncia que unos militares le golpearon una pierna y le rompieron el teléfono móvil, el único medio que tenía para comunicarse con su madre.

Estas denuncias se producen en una ciudad que continúa afrontando importantes dificultades para acoger a los menores llegados durante el episodio migratorio de finales de julio.

Según las estimaciones difundidas por Amnistía Internacional, al menos 500 menores migrantes seguían durmiendo en las calles de Ceuta más de tres meses después de aquella entrada masiva. La organización recuerda que las autoridades locales habían registrado y retirado de las calles a 3.626 menores, pero cientos continuaban esperando un recurso de emergencia adecuado.

La entidad alerta de que estos adolescentes permanecen en situación de especial vulnerabilidad, sin una alternativa de alojamiento suficiente y expuestos a posibles agresiones tanto de agentes de seguridad como de particulares.

Qué ha hecho Defensa y qué investigan los juzgados de Ceuta

El Ministerio de Defensa anunció actuaciones para esclarecer las primeras denuncias de abusos presentadas a finales de septiembre. El departamento también trasladó a la Justicia grabaciones difundidas por elDiario.es en las que se escuchaba a militares hablar de agresiones contra migrantes.

Las primeras informaciones provocaron igualmente la apertura de investigaciones judiciales en Ceuta para examinar posibles responsabilidades.

Sin embargo, la nueva investigación de Amnistía Internacional cuestiona la eficacia de las medidas anunciadas.

La organización afirma que se ha dirigido al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía de Ceuta para conocer la evolución de las pesquisas, pero asegura no haber obtenido información suficiente sobre las actuaciones realizadas.

En particular, señala que no tiene constancia de militares concretos investigados o apartados cautelarmente del servicio, ni de medidas específicas destinadas a proteger a las víctimas y testigos frente a posibles represalias.

Esta falta de información no significa necesariamente que las investigaciones estén paralizadas, pero impide conocer públicamente hasta dónde han avanzado y qué medidas se han adoptado.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha advertido de que algunos migrantes dicen reconocer a sus presuntos agresores y aseguran haber recibido amenazas para evitar que denuncien lo sucedido.

La organización reclama que las investigaciones sean independientes, exhaustivas e imparciales y capaces de determinar tanto las posibles responsabilidades penales individuales como las disciplinarias.

También hay denuncias contra la Policía Nacional y la Guardia Civil

Aunque la mayor parte de las acusaciones se dirigen contra militares, el informe también recoge siete casos de presuntos malos tratos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Algunos habrían ocurrido durante operaciones para desalojar lugares donde dormían personas migrantes.

Los episodios descritos incluyen persecuciones, golpes, destrucción de teléfonos móviles y comportamientos degradantes contra personas que intentaban denunciar agresiones o realizar gestiones administrativas para acceder a recursos de acogida.

En uno de los casos, un migrante asegura que saltó desde un muro para evitar que un agente lo golpeara con una porra. La caída le provocó lesiones graves en las piernas, según el relato recogido por la organización.

Amnistía insiste en que estas denuncias también requieren una investigación individualizada, sin extender responsabilidades al conjunto de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La entidad ha expresado asimismo su preocupación por la situación de las organizaciones humanitarias que trabajan con personas migrantes en Ceuta.

En particular, cuestiona el registro judicial efectuado el 22 de octubre en la sede de No Name Kitchen y el procedimiento penal relacionado con una presunta organización criminal. Amnistía considera que las acusaciones conocidas hasta el momento no cuentan con una base suficientemente sólida y teme que estas actuaciones dificulten la asistencia humanitaria.

Se trata de una valoración de la organización de derechos humanos, mientras que las correspondientes investigaciones judiciales siguen su propio procedimiento.

Amnistía exige protección para las víctimas y responsabilidades

Ante las nuevas denuncias, Amnistía Internacional reclama al Gobierno instrucciones expresas para impedir cualquier agresión, amenaza o trato degradante contra las personas migrantes.

Entre las medidas solicitadas figura la separación cautelar del servicio de los militares presuntamente implicados, cuando resulte procedente, mientras se investigan los hechos.

También pide que se garantice la seguridad de quienes denuncian y de los testigos que colaboran con las investigaciones.

La organización considera especialmente importante evitar que la situación administrativa de las víctimas se convierta en un obstáculo para acudir a la Justicia. Por ello, solicita que la Fiscalía promueva autorizaciones temporales de residencia para denunciantes y testigos extranjeros que se encuentren en situación irregular, cuando corresponda.

Otro aspecto fundamental es la atención a los menores migrantes. Amnistía reclama recursos de acogida, protección frente a la violencia y condiciones que permitan garantizar sus derechos.

Las obligaciones legales de investigar posibles torturas no desaparecen por la situación administrativa de las personas afectadas. Si las denuncias llegan a acreditarse, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación.

Ceuta afronta una investigación que va más allá de los 50 casos

El nuevo informe sitúa la situación de Ceuta ante una cuestión especialmente delicada: la obligación del Estado de investigar posibles abusos cometidos por sus propios agentes.

El incremento de 22 a 50 casos documentados muestra la amplitud de las denuncias recogidas por Amnistía Internacional desde finales de julio. Que una parte de los presuntos episodios se haya producido después del anuncio de una investigación oficial añade una preocupación que las autoridades deberán esclarecer.

La documentación presentada por la organización no sustituye a las pruebas que deben examinar los tribunales ni determina por sí misma la culpabilidad de ningún militar o agente. Pero los testimonios, las lesiones descritas y la existencia de diligencias judiciales justifican una investigación rigurosa y transparente.

La cuestión inmediata es determinar si los abusos denunciados se produjeron, quiénes participaron y qué medidas adoptaron las autoridades al conocerlos.

Porque garantizar la seguridad fronteriza y respetar los derechos fundamentales no son obligaciones incompatibles. Son, precisamente, dos responsabilidades que deben cumplirse al mismo tiempo.