263 firmas reclaman declarar a Guillem Agulló víctima del terrorismo

La familia de Guillem Agulló, el joven valenciano asesinado por un grupo neonazi en 1993, ha reclamado al Gobierno de España que lo reconozca oficialmente como víctima del terrorismo. La petición cuenta con 263 adhesiones de personalidades del ámbito judicial, político, cultural y de las asociaciones de víctimas. La carta, dirigida al presidente Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue presentada el 4 de noviembre en el Ateneo de Madrid, cuando han transcurrido 33 años desde el crimen.

La iniciativa llega después de que los familiares solicitaran formalmente el reconocimiento al Ministerio del Interior en abril de 2026. Según denuncian, un informe de la Guardia Civil ha descartado que el asesinato reúna las características de un atentado terrorista. Ante esta valoración, la familia exige incorporar informes periciales independientes que examinen la motivación ideológica del crimen y permitan revisar las circunstancias que condujeron a su calificación judicial como homicidio.

Los padres y las hermanas del joven de Burjassot consideran que el Estado mantiene una deuda de reparación con su familia. Su reivindicación no pretende sustituir la sentencia dictada en 1995, sino conseguir un reconocimiento administrativo que consideran necesario para reparar el daño sufrido y reconocer el carácter político de la violencia que acabó con la vida de Guillem.

La petición ha recibido el apoyo de personas que conocen directamente las consecuencias del terrorismo, entre ellas familiares de víctimas de ETA. Un respaldo significativo en un caso que, durante más de tres décadas, ha ocupado un lugar destacado en la memoria del antifascismo valenciano, pero que continúa sin el reconocimiento estatal que reclama la familia.

Una carta con 263 apoyos de víctimas del terrorismo, jueces y artistas

Entre las personas que respaldan la iniciativa figuran Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA, y antigua directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, y Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente popular Gregorio Ordóñez, también asesinado por ETA, y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

También aparecen Rosa Lluch, hija del exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA; María Jáuregui Lasa, hija de Juan Mari Jáuregui; y Gorka Landaburu, periodista superviviente de un atentado de la organización terrorista.

El respaldo incluye a profesionales de la justicia como la fiscal Susana Gisbert, el magistrado Joaquim Bosch, el jurista Baltasar Garzón y el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín. Se suman especialistas en derecho penal, profesores universitarios y representantes de organizaciones de derechos humanos.

En el ámbito cultural y mediático figuran, entre otros, Miguel Ríos, Raimon, Lluís Llach, Rosa María Calaf, Julia Otero y Jordi Évole. También han suscrito la petición representantes sindicales y políticos de distintas formaciones.

La presencia de familiares de víctimas de ETA tiene especial relevancia para los promotores. Refuerza una reclamación que no plantea comparar organizaciones o equiparar automáticamente delitos distintos, sino examinar si la violencia de extrema derecha que sufrió Agulló encaja en los requisitos legales para obtener el reconocimiento solicitado.

El asesinato de Guillem Agulló en Montanejos en 1993

Guillem Agulló Salvador tenía 18 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos, un municipio de la provincia de Castellón donde disfrutaba de las vacaciones de Pascua con sus amigos.

El joven, natural de Burjassot, era conocido por su militancia antifascista y antirracista. Durante aquella noche fue agredido por integrantes de un grupo neonazi vinculado a la extrema derecha valenciana. Pedro José Cuevas le asestó una puñalada mortal en el corazón.

Las circunstancias de aquella agresión y su posible motivación política marcaron desde el principio una profunda controversia judicial.

La familia sostiene que los agresores actuaron por las convicciones ideológicas de Guillem. También recuerda que, tras el asesinato, los participantes en la agresión abandonaron el lugar realizando gestos y cánticos de exaltación fascista.

Una condena de 14 años y cuatro acusados absueltos

El juicio se celebró en 1995 ante la Audiencia Provincial de Castellón. El tribunal condenó a Pedro José Cuevas a 14 años de prisión por homicidio, de los que cumplió aproximadamente cuatro, y absolvió a los otros cuatro acusados.

La resolución judicial no reconoció el asesinato como un delito terrorista ni asumió el móvil político defendido durante la instrucción y por la Fiscalía. El episodio quedó judicialmente encuadrado en una pelea entre jóvenes, una interpretación que la familia ha rechazado desde entonces.

Los familiares consideran que aquella calificación dejó sin una respuesta suficiente el componente ideológico del crimen. También denuncian que el proceso judicial contribuyó a presentar lo ocurrido como un enfrentamiento personal, desvinculado de la actividad neonazi de los agresores.

La discusión que se plantea en 2026 parte precisamente de esa diferencia: la existencia de una condena por homicidio no resuelve por sí sola el debate sobre su posible naturaleza terrorista.

La Guardia Civil descarta el terrorismo y la familia exige nuevos informes

En abril de 2026, coincidiendo con el 33.º aniversario del asesinato, los familiares presentaron una solicitud ante el Ministerio del Interior para obtener el reconocimiento oficial de Guillem Agulló como víctima del terrorismo.

Según la familia, el departamento solicitó informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón. El primero, elaborado por el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, concluyó que las circunstancias del asesinato no permiten considerarlo un atentado terrorista.

Los familiares discrepan de esa valoración. Consideran que el análisis debe incorporar especialistas independientes y examinar de forma rigurosa las circunstancias históricas, judiciales e ideológicas del crimen.

Su preocupación también afecta al procedimiento: cuestionan que el reconocimiento pueda depender de valoraciones institucionales que, a su juicio, no han tenido suficientemente en cuenta el trasfondo ultraderechista del asesinato.

El respaldo de Covite constituye otro de los argumentos de la solicitud. La asociación ha incluido a Guillem Agulló en su Mapa del Terror, donde documenta casos de víctimas de la violencia terrorista en España.

Esa inclusión tiene relevancia documental y memorial, aunque no equivale a un reconocimiento administrativo del Ministerio del Interior.

Lo que establece la legislación española sobre víctimas del terrorismo

La Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece un marco de derechos, prestaciones y medidas de reparación para quienes hayan sufrido actos terroristas.

Su artículo 3 contempla las acciones dirigidas a subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, incluso cuando sus responsables no pertenecen a una organización o grupo criminal.

La norma también permite, en determinados supuestos, acreditar ante la Administración la naturaleza de los hechos mediante medios de prueba admitidos en derecho, aunque no exista una sentencia que haya reconocido expresamente el derecho a una indemnización por terrorismo.

Esto introduce una distinción importante: el reconocimiento administrativo no exige necesariamente que la sentencia original hubiera calificado los hechos como terrorismo, pero tampoco se obtiene automáticamente por demostrar una motivación ideológica.

La Administración debe valorar los elementos disponibles y comprobar que concurren los requisitos legales. El reconocimiento, si se concediera, tendría consecuencias en el ámbito de la reparación y los derechos previstos por la legislación, sin modificar por sí mismo la condena penal dictada en 1995.

Tres décadas de amenazas y reconocimientos públicos

La familia Agulló sostiene que el asesinato no fue el final de la violencia que sufrió. Durante años, sus integrantes denunciaron amenazas, llamadas intimidatorias, pintadas y actos de exaltación neonazi relacionados con la muerte del joven.

En la carta al Gobierno recuerdan también lo que consideran una respuesta institucional insuficiente y una exposición pública que agravó las consecuencias del crimen.

Frente a esa experiencia, el caso obtuvo un amplio reconocimiento social. Guillem Agulló se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo y el racismo, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Las Corts Valencianes aprobaron por unanimidad, el 21 de abril de 1993, una declaración institucional que vinculaba su asesinato a la lucha contra el racismo y la violencia fascista.

En 2016, el Parlamento valenciano impulsó unos premios con su nombre para distinguir a personas y colectivos comprometidos contra la xenofobia y el racismo. Aquellos galardones fueron suprimidos en 2024 por iniciativa de Vox y con el respaldo del PP.

Su historia también ha dado lugar a libros, canciones, documentales y producciones audiovisuales. El largometraje La mort de Guillem, estrenado en 2020, contribuyó a trasladar el caso a nuevas generaciones.

Ese recorrido explica una de las principales contradicciones señaladas por sus familiares: mientras su memoria ha recibido numerosos homenajes culturales e institucionales, el reconocimiento como víctima del terrorismo continúa pendiente.

El reconocimiento que la familia espera del Gobierno

La nueva carta sitúa la decisión en el ámbito del Ejecutivo y del Ministerio del Interior. Los familiares piden que el expediente no se limite a los informes ya solicitados y que se incorporen valoraciones capaces de examinar el contexto de violencia política en el que se produjo el asesinato.

La solicitud cuenta con precedentes que la propia familia considera comparables, como los reconocimientos concedidos a víctimas de atentados de extrema derecha durante la Transición. Sin embargo, cada caso requiere una evaluación de sus circunstancias y de los requisitos establecidos por la ley.

A fecha del 5 de noviembre de 2026, no consta una resolución definitiva del Ministerio del Interior que conceda a Guillem Agulló la condición solicitada. La valoración contraria de la Guardia Civil conocida hasta el momento es un informe dentro del procedimiento, no una decisión final del Gobierno.

La familia mantiene su reclamación y sostiene que el reconocimiento supondría una reparación largamente esperada. Durante la presentación de la carta, Carme Salvador, madre del joven, resumió esa perseverancia con una frase: «Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado».

Treinta y tres años después del asesinato, la cuestión pendiente ya no es determinar quién asestó la puñalada ni qué condena recibió. Eso quedó establecido judicialmente. Lo que debe resolver el Estado es si aquel crimen reúne las condiciones legales para reconocer a Guillem Agulló como víctima del terrorismo, una distinción que su familia lleva décadas reivindicando.