Un pueblo macedonio pide el estado de crisis por más de 1.000 vacas

Un municipio de Macedonia del Norte ha solicitado al Gobierno que declare el estado de crisis durante 30 días por una situación tan insólita como difícil de resolver: más de 1.000 vacas deambulan sin control por sus calles, destruyen cultivos, dañan propiedades y ponen en peligro la seguridad de los vecinos. La localidad afectada es Kriva Palanka, situada en el noreste del país, cerca de la frontera con Bulgaria, donde las autoridades municipales reconocen que carecen de medios suficientes para controlar a los animales.

El alcalde, Sashko Mitovski, reclama una intervención urgente del Ejecutivo para capturar y trasladar el ganado a instalaciones adecuadas. La situación se ha agravado durante los últimos meses, pero tiene un origen mucho más antiguo. En 2024, las autoridades veterinarias ordenaron retirar los animales a sus propietarios por incumplimientos de las normas de bienestar animal. La decisión, sin embargo, sigue sin ejecutarse por completo.

El resultado es un problema que afecta tanto al núcleo urbano como a las explotaciones agrícolas de los alrededores. Las vacas bajan de las colinas, entran en jardines, atraviesan carreteras y se alimentan de cuanto encuentran. Lo que podría parecer una anécdota rural se ha convertido en un conflicto económico, de seguridad y de responsabilidad administrativa que lleva años sin solución.

Más de mil vacas sueltas entre casas, carreteras y cultivos

Kriva Palanka es una localidad de unos 19.000 habitantes rodeada de terrenos agrícolas y pequeñas poblaciones rurales. Los animales circulan libremente por el municipio y por decenas de aldeas cercanas, donde su presencia se ha convertido en un problema cotidiano.

Los residentes denuncian que las reses arrasan huertos, destrozan árboles frutales, dañan vallas y entran en propiedades privadas. Muchos animales aparecen al anochecer, cuando descienden de las zonas montañosas en busca de alimento. También se han visto ejemplares pastando en parques y espacios públicos, entre vehículos o junto a las viviendas.

Las pérdidas afectan especialmente a los agricultores. Lazo Stamenkovski, un jubilado de 71 años residente en las afueras, ha denunciado la destrucción de más de 150 árboles de su explotación. Para quienes dependen de la producción agrícola, cada nueva incursión puede representar meses de trabajo perdidos.

El problema tampoco termina en las cosechas. Los animales cruzan la carretera que comunica Macedonia del Norte con Bulgaria y ponen en riesgo la circulación, especialmente cuando aparecen de manera inesperada.

Las autoridades locales también han advertido de posibles riesgos para el abastecimiento de agua. Según el alcalde, durante el año pasado murieron algunas reses cerca de fuentes utilizadas para el suministro municipal. La preocupación existe, aunque no se ha acreditado públicamente que estos episodios hayan provocado una contaminación efectiva del agua potable.

De 400 animales a una manada que supera el millar

El crecimiento del ganado explica buena parte de la magnitud que ha adquirido el problema. Según Mitovski, hace aproximadamente cuatro o cinco años había unas 400 cabezas de ganado deambulando por la zona. Desde entonces, su número ha aumentado hasta superar las 1.000, favorecido por la reproducción de los animales y la ausencia de un control efectivo.

Los vecinos aseguran que algunas reses incluso han llegado a cruzar la frontera con Bulgaria. La falta de vigilancia y de instalaciones para recogerlas ha permitido que el problema se extienda mucho más allá de las explotaciones ganaderas donde comenzó.

La situación resulta especialmente complicada porque no se trata de animales salvajes que hayan llegado espontáneamente al municipio. Son reses domésticas que han quedado fuera del control de sus propietarios y de las instituciones encargadas de su custodia.

Una orden de confiscación de 2024 que sigue sin cumplirse

El origen administrativo del conflicto se remonta a 2024, cuando la Agencia de Alimentos y Veterinaria de Macedonia del Norte ordenó la retirada definitiva del ganado perteneciente a unos propietarios de una zona rural próxima.

La decisión respondió a infracciones de las normas de bienestar animal. Según las autoridades locales, los antiguos propietarios obstaculizaron posteriormente las actuaciones de los inspectores, y uno de ellos llegó a ser detenido en distintas ocasiones.

Sin embargo, la orden de confiscación no se ha ejecutado íntegramente. Aunque la agencia veterinaria asegura haber intervenido alrededor de un centenar de animales, la mayoría continúa circulando libremente.

El alcalde sostiene que, desde la decisión administrativa de 2024, el ganado está bajo la responsabilidad de la agencia estatal competente. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que no dispone de las atribuciones legales necesarias para capturar y gestionar por sí solo un rebaño de semejante tamaño.

La intervención judicial tampoco ha resuelto el conflicto. En uno de los procedimientos contra un antiguo propietario, la declaración de un inspector que negó que se hubiera obstaculizado la actuación administrativa contribuyó a que el acusado quedara en libertad.

La paradoja es evidente: existe una resolución para retirar las vacas, pero los animales continúan en las calles. Mientras las administraciones discuten competencias y responsabilidades, los vecinos siguen acumulando pérdidas.

El alcalde reclama 30 días de estado de crisis para intervenir

Ante el deterioro de la situación, el comité municipal de crisis acordó a comienzos de noviembre solicitar al Gobierno una declaración extraordinaria de 30 días. La petición se hizo pública el día 3 y fue reiterada por el alcalde en los días posteriores, incluido el viernes 13 de noviembre.

El objetivo es disponer de más personal especializado, vehículos, instalaciones y recursos económicos para organizar una intervención que permita capturar, transportar y alojar a los animales de forma segura.

La operación requiere bastante más que reunir a las reses en un recinto. Hay que determinar dónde serán trasladadas, garantizar su atención veterinaria y establecer mecanismos para evitar que vuelvan a quedar abandonadas.

El municipio ha reclamado a la Agencia de Alimentos y Veterinaria un plan operativo con actuaciones diarias, equipos responsables, medios de transporte y lugares de acogida. También exige que se apliquen las resoluciones administrativas pendientes sin esperar a que el Gobierno autorice el estado de crisis.

Las autoridades locales consideran que las capacidades actuales de los organismos encargados del ganado y de la gestión de los bienes confiscados son insuficientes.

La petición extraordinaria no significa que el estado de crisis haya sido declarado. Su aprobación corresponde al Gobierno de Macedonia del Norte, que debe decidir si activa el mecanismo solicitado por el municipio.

Los vecinos preparan reclamaciones por los daños

El Ayuntamiento ha comenzado a recopilar las denuncias de los afectados mediante un registro municipal de daños. La iniciativa busca documentar las pérdidas económicas y facilitar una posible demanda colectiva para reclamar indemnizaciones.

La Administración local también ha advertido de que podría presentar denuncias penales contra los funcionarios responsables si continúa el incumplimiento de las órdenes de retirada del ganado.

El conflicto viene acompañado de un creciente malestar social. Durante los últimos años se han remitido numerosas reclamaciones e iniciativas a distintas instituciones nacionales. Los vecinos han protagonizado protestas y se han planteado nuevas movilizaciones y bloqueos de la carretera hacia Bulgaria.

La tensión también afecta a los propios animales. Algunos residentes han denunciado episodios de maltrato contra las vacas, mientras otros insisten en que la responsabilidad corresponde a quienes han permitido que la situación se prolongue durante años.

Un rebaño que podría valer más de medio millón de euros

Existe otra circunstancia llamativa: el ganado abandonado tiene un considerable valor económico.

Las estimaciones basadas en los precios del mercado ganadero sitúan el valor conjunto de las reses entre 360.000 y 570.000 euros. Algunos habitantes han propuesto que las autoridades estudien su venta a ganaderos capaces de hacerse cargo de ellas, aunque no se trata de una solución oficialmente aprobada.

La propuesta pretende encontrar una salida que evite prolongar los daños y garantice unas condiciones adecuadas para los animales.

En cualquier caso, cualquier decisión sobre su destino tendría que resolver previamente las cuestiones legales relativas a la propiedad, la confiscación y el bienestar del ganado.

El 16 de noviembre, nueva reunión para buscar una solución

El comité municipal de crisis tiene previsto volver a reunirse el lunes 16 de noviembre para evaluar las actuaciones realizadas y comprobar si las instituciones competentes han avanzado en la retirada de los animales.

La principal exigencia de Kriva Palanka sigue siendo la misma: una intervención coordinada que permita recuperar la seguridad de las calles y proteger las explotaciones agrícolas sin comprometer el bienestar de las reses.

El episodio ha terminado convirtiéndose en un ejemplo especialmente visible de las consecuencias que puede tener una decisión administrativa cuando no se ejecuta. La confiscación fue ordenada en 2024, pero el ganado sigue suelto dos años después.

Y mientras se busca una solución, más de mil vacas continúan deambulando por un municipio que lleva años reclamando que alguien se haga cargo de ellas.