Argentina registra 21.276 muertes más entre mayores de 65 en 2024

Argentina registró 284.798 fallecimientos de personas de 65 años o más en 2024, frente a los 263.522 contabilizados en 2023. Son 21.276 muertes adicionales en apenas un año, un incremento aproximado del 8,1% que coincide con el primer ejercicio completo del Gobierno de Javier Milei y ha abierto una discusión áspera sobre el impacto sanitario de los recortes, el acceso a medicamentos y el poder adquisitivo de los jubilados. Entre los mayores de 80 años, la subida fue todavía mayor: alrededor del 9,46%.

El dato es suficientemente serio como para no necesitar maquillaje. También requiere una precisión importante: comparar las muertes de 2024 con las de 2023 permite hablar de un aumento de fallecimientos, pero no demuestra por sí solo un “exceso de mortalidad” atribuible a las políticas de Milei. En epidemiología, ese concepto compara las defunciones observadas con las que cabría esperar teniendo en cuenta varios años de referencia y la estructura de la población. Mucho menos permite concluir que esas 21.276 personas murieron directamente por los recortes sanitarios. Esa relación es la hipótesis defendida por varios especialistas; demostrarla exige bastante más que restar dos columnas de un anuario.

Qué dicen exactamente las cifras de mortalidad en Argentina

Las estadísticas de 2024 son las últimas consolidadas a escala nacional. Durante aquel año se notificaron 376.405 fallecimientos en Argentina. Casi siete de cada diez estuvieron relacionados con enfermedades no transmisibles, fundamentalmente patologías cardiovasculares, cáncer, enfermedades renales, diabetes y afecciones respiratorias crónicas. Es un detalle decisivo porque muchas de ellas dependen de algo poco espectacular pero fundamental: diagnóstico temprano, controles periódicos y continuidad de los tratamientos.

Dentro de ese mapa, la población mayor concentra lógicamente buena parte de la mortalidad. El salto desde 263.522 hasta 284.798 defunciones entre quienes tenían 65 años o más no es una oscilación menor. Ahora bien, Argentina también envejece, de modo que para medir correctamente la evolución hay que observar tasas sobre población comparable y no limitarse a números absolutos.

Ahí está uno de los matices que se ha perdido entre consignas. El médico y especialista en salud pública Oscar Atienza ha presentado las 21.276 defunciones adicionales como una señal del deterioro provocado por el ajuste sanitario. El demógrafo Enrique Peláez ha considerado preocupante el aumento, aunque recuerda que debe estudiarse junto con la evolución de la población y, sobre todo, con las causas concretas de muerte. El envejecimiento puede explicar una parte; difícilmente, sostiene, todo el incremento observado.

Por qué no es lo mismo más muertes que exceso de mortalidad

La diferencia parece semántica hasta que uno abre una hoja de cálculo. Entonces deja de serlo.

El sistema oficial de monitorización del RENAPER calcula el exceso de mortalidad comparando las defunciones observadas con una estimación de las esperadas. Para 2024 toma como referencia años anteriores y excluye los ejercicios más distorsionados por la pandemia. Su indicador mide cuánto se desvía la mortalidad real de ese nivel esperado, no cuánto ha subido simplemente respecto al año inmediatamente anterior.

Por eso, presentar automáticamente las 21.276 muertes adicionales como “21.276 muertes en exceso” introduce una conclusión que los datos brutos no contienen. La estadística —qué inoportuna costumbre— necesita denominadores.

Eso no rebaja la importancia del dato. Al contrario. Obliga a formular una cuestión más interesante: por qué aumentó la mortalidad de los mayores y qué parte puede relacionarse con acceso a tratamientos, ingresos, medicamentos, atención sanitaria, composición demográfica o cambios en las causas de defunción.

Medicamentos y PAMI, en el centro de la discusión

Atienza sitúa uno de los principales factores en las dificultades de muchos mayores para mantener sus tratamientos. Su argumento es bastante tangible: un paciente hipertenso que espacia una medicación para hacer durar la caja no está realizando un inocente ejercicio de ahorro doméstico. Eleva su riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o una descompensación grave.

Durante 2024, el PAMI modificó su política de medicamentos y parte de los productos que disponían de cobertura completa pasaron a esquemas de descuento inferiores o quedaron sujetos a requisitos para conseguir el subsidio social del 100%. Actualmente el organismo mantiene coberturas que van desde descuentos parciales hasta el 100% para determinados tratamientos y permite solicitar gratuidad por razones sociales bajo condiciones de ingresos, patrimonio y vulnerabilidad.

Ese detalle importa. Decir que los jubilados se quedaron simplemente “sin medicamentos” resulta demasiado grueso; decir que no cambió nada tampoco describe lo ocurrido. El acceso gratuito se hizo más condicionado para una parte de los afiliados y determinados fármacos dejaron de tener la cobertura previa. En una población donde las patologías crónicas y la polimedicación son habituales, una modificación aparentemente burocrática puede sentirse en la farmacia como una barrera muy concreta.

De ahí a adjudicar miles de fallecimientos individualmente a esa política hay, sin embargo, un trecho epidemiológico que todavía no ha sido cubierto. Harían falta análisis por causa de muerte, edad, territorio, nivel socioeconómico, afiliación sanitaria y consumo efectivo de medicamentos, además de ajustar los resultados por envejecimiento poblacional. La coincidencia temporal merece investigación; la causalidad no puede darse por demostrada.

También empeoraron la mortalidad infantil y la materna

Los mayores no son el único indicador que encendió luces rojas en las estadísticas de 2024. La mortalidad infantil pasó de 8,0 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 8,5 en 2024, el nivel más elevado desde 2019. La subida procede fundamentalmente de la mortalidad neonatal, que aumentó de 5,5 a 6 por mil.

Aquí aparece otro de esos detalles que cambian la fotografía. En términos absolutos murieron menos menores de un año: 3.513 en 2024, frente a 3.689 en 2023. La tasa aumentó porque los nacimientos cayeron mucho más deprisa, desde 460.902 hasta 413.135. Dicho de otra manera, hubo menos bebés fallecidos, pero también muchos menos nacimientos, y la proporción empeoró.

Tampoco fue una caída ininterrumpida durante 24 años, como se ha repetido en algunas intervenciones políticas. La tendencia histórica es claramente descendente, sí, pero los últimos ejercicios habían mostrado oscilaciones: 8,4 por mil en 2020, 8,0 en 2021, 8,4 en 2022, 8,0 en 2023 y 8,5 en 2024. El deterioro de 2024 es real; convertir la serie en una línea perfectamente descendente no lo hace más real.

Más contundente resulta la evolución de la mortalidad materna. Argentina pasó de 147 muertes en 2023 a 183 en 2024, pese a que hubo casi 48.000 nacimientos menos. La razón de mortalidad materna creció de 3,2 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos, una subida aproximada del 37%. Excluidos los años extraordinarios de la pandemia, se trata del valor más elevado desde 2010.

La motosierra sanitaria y el problema de establecer una causa

La llegada de Milei al poder convirtió la palabra “motosierra” en una abreviatura política del ajuste del Estado. En sanidad, esa reducción del gasto y la reorganización de programas han generado conflictos con hospitales, profesionales, pacientes y organizaciones sociales. Utilizar ese contexto para investigar un empeoramiento de determinados indicadores resulta razonable. Convertirlo directamente en certificado de causa de muerte, no.

Atienza sostiene que las dificultades de acceso a medicamentos constituyen el elemento común capaz de explicar una parte importante del incremento entre los mayores. Otros análisis han apuntado también al deterioro de los ingresos previsionales y al aumento del gasto de bolsillo. Son mecanismos plausibles: cuando un medicamento compite en la misma cartera con la comida, el alquiler o la factura energética, la adherencia terapéutica suele salir mal parada.

Pero las enfermedades no transmisibles ya constituían antes de Milei la principal causa de mortalidad argentina y su incidencia aumenta con la edad. El propio Ministerio de Salud señala que, pese al enorme peso de estas patologías en 2024, su tasa de mortalidad ajustada por edad mantiene una tendencia histórica descendente. La fotografía, por tanto, no admite una lectura de brochazo grueso: coexistieron indicadores nacionales a largo plazo que siguieron mejorando con deterioros claros en determinados grupos y medidas concretas.

La cuestión políticamente incómoda no es si cada una de las 21.276 muertes puede escribirse en la cuenta de una sola decisión gubernamental. No puede hacerse con la evidencia disponible. La cuestión es si las restricciones de acceso, el coste de los tratamientos y la pérdida de capacidad económica aumentaron riesgos evitables en una población especialmente vulnerable. Ahí es donde los datos de 2024 reclaman análisis más fino.

Los datos de 2025 siguen siendo la gran pieza pendiente

Hay otra cautela esencial. Aunque Atienza ha advertido de que los resultados de 2025 podrían ser todavía peores, las estadísticas vitales nacionales de 2025 aún no estaban publicadas a 23 de octubre de 2026. La Administración argentina había situado su disponibilidad durante el último trimestre del año y 2024 continuaba siendo el último ejercicio nacional consolidado.

Por tanto, cualquier afirmación nacional sobre un nuevo empeoramiento en 2025 sigue siendo provisional. Puede haber datos provinciales, registros parciales y señales tempranas; no sustituyen una estadística homogénea para todo el país. Aquí conviene resistirse a la tentación política de llegar antes que los números.

Un deterioro que merece algo más que una consigna

Lo que puede afirmarse con seguridad es suficientemente relevante: en 2024 murieron 21.276 personas más de 65 años o más que en 2023, la mortalidad infantil subió de 8,0 a 8,5 por mil y la razón de mortalidad materna pasó de 3,2 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos. Son tres señales sanitarias que coincidieron con el primer año completo del Gobierno de Milei y con cambios importantes en las políticas públicas y en el acceso a medicamentos.

También puede afirmarse otra cosa, menos cómoda para los titulares militantes de cualquier signo: los datos todavía no permiten atribuir esas 21.276 muertes directamente a la “motosierra”. El aumento existe. Las restricciones y dificultades de acceso también. Lo que falta es establecer cuánto pesa cada factor y qué causas concretas están detrás de la subida.

Entre negar el deterioro y adjudicar cada fallecimiento a una decisión de la Casa Rosada hay mucho terreno. Precisamente ese terreno —tasas ajustadas, causas de muerte, acceso efectivo a tratamientos, edad y territorio— es el que permitirá saber qué ocurrió de verdad. Y tratándose de miles de vidas, quizá sea la parte que menos conviene serrar.