España concede la nacionalidad a Félix Maradiaga y a Marco Quiñones

El Gobierno español ha concedido la nacionalidad española al opositor nicaragüense Félix Alejandro Maradiaga Blandón, que aspiró a disputar la Presidencia de Nicaragua en 2021, y al político venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez, antiguo integrante del equipo del Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

Las dos concesiones aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes 6 de noviembre de 2026. El Consejo de Ministros aprobó ambas decisiones el pasado 3 de noviembre mediante el procedimiento excepcional de carta de naturaleza, reservado a personas en las que concurren circunstancias especiales.

La medida incorpora dos nombres conocidos de la oposición política latinoamericana a una relación de beneficiarios que también incluye a activistas, representantes institucionales y otras personalidades. En el caso de Maradiaga, la decisión llega después de años de persecución política, encarcelamiento y destierro bajo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

No se trata de una nacionalización automática al margen de la legislación. Aunque los reales decretos formalizan la concesión, los interesados deben completar los requisitos establecidos en el Código Civil para que la adquisición de la ciudadanía tenga plena validez.

Félix Maradiaga, el opositor encarcelado por el régimen de Ortega

Félix Maradiaga es una de las figuras más reconocidas de la oposición democrática nicaragüense. Su trayectoria política está vinculada a la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y la denuncia de la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua.

En 2021 se presentó como precandidato presidencial, en un contexto de creciente presión contra los principales adversarios de Daniel Ortega. Sin embargo, no llegó a disputar las elecciones: fue detenido el 8 de junio de 2021, durante la ofensiva gubernamental contra dirigentes opositores.

Maradiaga permaneció encarcelado hasta febrero de 2023. Entonces fue excarcelado y enviado a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos, en una operación que supuso el destierro de buena parte de la oposición nicaragüense.

Las autoridades de Managua retiraron posteriormente la nacionalidad nicaragüense a numerosos opositores expulsados del país. Aquella decisión provocó una respuesta internacional por sus consecuencias sobre los derechos fundamentales y el riesgo de dejar a estas personas sin una nacionalidad reconocida.

Desde su salida de prisión, Maradiaga ha mantenido su actividad política internacional y su defensa de una transición democrática en Nicaragua. La concesión española llega, por tanto, después de un recorrido marcado por el encarcelamiento, la expulsión y la continuidad de su oposición al régimen.

Marco Aurelio Quiñones, del Gobierno de Guaidó a la nacionalidad española

El segundo nombre destacado es Marco Aurelio Quiñones Gómez, político venezolano vinculado a Voluntad Popular, la formación en la que también militó Juan Guaidó.

Quiñones fue diputado de la Asamblea Nacional venezolana por el estado de Anzoátegui y participó en la estructura política que respaldó al dirigente opositor cuando este asumió la presidencia interina de Venezuela en enero de 2019.

Dentro de aquel entramado institucional, formó parte del equipo estratégico del Gobierno interino y participó en actividades parlamentarias y políticas relacionadas con la oposición venezolana. También ha estado vinculado a la defensa de los activos venezolanos situados en el extranjero.

Su trayectoria no terminó con el final del Gobierno interino de Guaidó. Quiñones continuó participando en las estructuras de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y figuró entre los representantes opositores implicados en las conversaciones políticas celebradas en Venezuela durante 2026.

La concesión de la nacionalidad española reconoce administrativamente las circunstancias excepcionales apreciadas por el Ejecutivo, aunque el decreto no especifica cuáles son los motivos particulares que han determinado la decisión.

El Gobierno aprueba siete nacionalizaciones excepcionales

Las concesiones a Maradiaga y Quiñones forman parte de un conjunto más amplio de siete reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre y firmados por Felipe VI el día 4.

Además de ambos dirigentes, el BOE recoge la concesión de la nacionalidad española a Umanzor López Baltodano, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Stefano Mandozzi, Julissa Reynoso Pantaleón y Hernando de Jesús Herrera Mercado.

Todas las resoluciones utilizan el mismo fundamento administrativo: la existencia de circunstancias excepcionales que justifican la concesión de la ciudadanía mediante carta de naturaleza.

Los decretos llevan la firma del rey Felipe VI y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Establecen también la vecindad civil de derecho común para los beneficiarios.

La publicación oficial confirma la aprobación de las siete concesiones, pero no desarrolla las circunstancias personales que han llevado al Gobierno a seleccionar a cada uno de los interesados.

Qué significa recibir la nacionalidad por carta de naturaleza

La carta de naturaleza es uno de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico español para adquirir la nacionalidad. Está regulada en el artículo 21 del Código Civil y permite al Gobierno concederla discrecionalmente mediante real decreto cuando concurren circunstancias excepcionales.

A diferencia del procedimiento ordinario por residencia, esta modalidad no depende de acreditar un periodo general de permanencia legal en España. Se fundamenta en la valoración individual de las circunstancias de cada solicitante.

Los trámites que deben completar los beneficiarios

La aprobación del real decreto constituye un paso decisivo, pero no elimina las formalidades legales.

Los beneficiarios deben cumplir los requisitos del artículo 23 del Código Civil, entre ellos la correspondiente jura o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, así como la inscripción de la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español.

La legislación establece un plazo de 180 días desde la notificación para comparecer ante el funcionario competente y completar los requisitos correspondientes. Si no se cumple esa obligación dentro del plazo legal, la concesión puede caducar.

Este procedimiento permite atender situaciones excepcionales sin modificar el régimen general de nacionalidad aplicable al resto de solicitantes.

España ya había concedido la ciudadanía a otros opositores nicaragüenses

La decisión respecto a Maradiaga se suma a una política de concesiones de nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses perseguidos o expulsados de su país.

El pasado 23 de octubre de 2026, el BOE publicó otros 46 reales decretos que otorgaban la nacionalidad española a personas procedentes de Nicaragua. Entre ellas figuraban antiguos presos políticos, periodistas, dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos.

Uno de los beneficiarios fue Medardo Mairena, dirigente campesino y opositor al Gobierno de Ortega. También aparecían personas vinculadas a la sociedad civil y al movimiento democrático nicaragüense.

La medida guarda relación con la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde las protestas de 2018, agravada por las detenciones de opositores, las restricciones a organizaciones civiles y las expulsiones de ciudadanos considerados críticos con el poder.

La retirada de la nacionalidad a adversarios políticos ha sido especialmente controvertida. Privar a una persona de su ciudadanía puede afectar a su acceso a documentos de viaje, al reconocimiento de sus derechos y a su seguridad jurídica.

En ese escenario, la nacionalidad española ofrece una respuesta jurídica a personas que han sufrido persecución o dificultades graves para ejercer derechos básicos.

Una decisión con dimensión política y consecuencias personales

La concesión de la nacionalidad a Félix Maradiaga y Marco Aurelio Quiñones tiene una evidente dimensión política por la trayectoria de ambos dirigentes y su vinculación con los movimientos opositores de Nicaragua y Venezuela.

También posee consecuencias jurídicas concretas. Una vez completado el procedimiento, los beneficiarios adquirirán los derechos y obligaciones correspondientes a los ciudadanos españoles, incluida la posibilidad de obtener documentación española y ejercer los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión Europea.

Para el Gobierno, la carta de naturaleza constituye una herramienta excepcional que permite responder a circunstancias individuales sin alterar los requisitos ordinarios de acceso a la nacionalidad.

En el caso de Maradiaga, la decisión se incorpora a las medidas adoptadas por España en favor de opositores nicaragüenses afectados por la represión y el destierro. En el de Quiñones, supone una nueva concesión a una personalidad vinculada a la oposición venezolana y al antiguo Gobierno interino de Juan Guaidó.

Dos trayectorias políticas diferentes y una misma decisión administrativa: España ha aprobado concederles la nacionalidad mediante una vía excepcional prevista en su legislación, cuya efectividad definitiva dependerá del cumplimiento de los trámites establecidos.