Vox reabre el debate del trasvase del Ebro y tensa al PP ante el 29N

Vox ha colocado de nuevo el trasvase del Ebro en el centro del debate político a dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El partido de Santiago Abascal propone un Plan Nacional del Agua que permita conectar todas las cuencas hidrográficas de España, una iniciativa que reabre la posibilidad de transferir recursos hídricos entre territorios y ha provocado una fuerte reacción en Aragón.

La propuesta figura en el programa electoral de Vox para el 29N, aunque hay una diferencia importante: el documento no menciona expresamente la recuperación del antiguo trasvase del Ebro ni presenta un proyecto técnico para ejecutarlo. Lo que sí plantea es una interconexión general de cuencas, una fórmula que los partidos contrarios al trasvase interpretan como la puerta de entrada para recuperar aquella infraestructura.

El enfrentamiento ha adquirido especial relevancia por la posición del Partido Popular en Aragón. Su presidente autonómico, Jorge Azcón, ha reiterado que se opone al trasvase del Ebro, mientras Vox defiende una política nacional de distribución del agua que no excluye ninguna cuenca. La discrepancia introduce un nuevo motivo de tensión entre dos partidos que podrían necesitar entenderse también después de las elecciones generales.

La propuesta de Vox: conectar todas las cuencas de España

El programa electoral de Vox, presentado el 12 de noviembre bajo el lema Es sentido común, recoge en su medida número 115 la creación de un Plan Nacional del Agua basado en la interconexión de todas las cuencas hidrográficas.

El objetivo declarado es mejorar la gestión del agua, impulsar la agricultura, modernizar los regadíos y favorecer la producción de energía. El partido también propone completar las obras hidráulicas pendientes y desarrollar infraestructuras que contribuyan a prevenir inundaciones.

La posición no es nueva. El 8 de noviembre, Santiago Abascal defendió la necesidad de conectar las cuencas y criticó que los grandes partidos mantengan discursos distintos sobre el agua dependiendo de la comunidad autónoma en la que intervienen.

Vox sostiene que la política hídrica debe responder a las necesidades del conjunto de España, por encima de los intereses territoriales. Su planteamiento pretende facilitar el aprovechamiento de recursos entre regiones, especialmente donde la escasez condiciona la actividad agrícola.

El programa no concreta cómo recuperaría el trasvase del Ebro

La propuesta electoral deja cuestiones fundamentales sin resolver. No especifica los volúmenes de agua que se transferirían, las cuencas receptoras, el coste de las infraestructuras ni los plazos previstos para construirlas.

Tampoco establece si Vox pretende recuperar el trazado del antiguo trasvase del Ebro o diseñar un sistema diferente de conexiones entre cuencas.

La distinción es relevante. Defender las interconexiones no equivale a disponer de un proyecto aprobado ni garantiza que exista agua suficiente para ejecutarlo. Para pasar de la propuesta política a una infraestructura concreta serían necesarios estudios técnicos, ambientales y económicos, además de los correspondientes procedimientos administrativos.

El trasvase del Ebro de Aznar: 1.050 hectómetros cúbicos al año

La controversia tiene un precedente muy concreto. En 2001, el Gobierno de José María Aznar aprobó un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba transferir hasta 1.050 hectómetros cúbicos de agua anuales desde el bajo Ebro hacia distintas cuencas mediterráneas.

El proyecto distribuía ese volumen máximo de la siguiente manera: 190 hectómetros cúbicos para las cuencas internas de Cataluña, 315 para la del Júcar, 450 para la del Segura y 95 para la cuenca del Sur, en Almería.

Su finalidad era reforzar el abastecimiento urbano y agrícola de territorios con dificultades para atender sus necesidades hídricas. Sin embargo, provocó una importante movilización social y política, especialmente en Aragón y las comarcas del delta del Ebro.

Los detractores cuestionaban la disponibilidad real de excedentes, el impacto ambiental de las captaciones y las consecuencias para el equilibrio del río. Sus defensores consideraban que el proyecto permitiría mejorar el suministro y reducir los problemas estructurales de escasez en el arco mediterráneo.

En junio de 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó las disposiciones del Plan Hidrológico Nacional que autorizaban aquellas transferencias desde el Ebro. En su lugar, impulsó el programa AGUA, basado en medidas como la desalación, la reutilización y la mejora de la gestión de los recursos.

Conviene precisar que no se derogó íntegramente la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, sino los preceptos relacionados con el trasvase y otras disposiciones modificadas posteriormente.

El proyecto tampoco fue recuperado durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Más de dos décadas después de su cancelación, el trasvase del Ebro vuelve a ocupar espacio en una campaña electoral.

Aragón se opone: Azcón marca distancias con Abascal

El regreso del debate ha situado al presidente aragonés, Jorge Azcón, ante una discrepancia política incómoda.

El 9 de noviembre, Azcón aseguró que el PP mantiene una posición contraria al trasvase del Ebro y que continuará defendiéndola en el futuro. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también rechazó la iniciativa, marcando distancias con las declaraciones de Abascal.

Esta oposición contrasta con la posición defendida históricamente por sectores del Partido Popular en Murcia y la Comunidad Valenciana, donde la escasez de recursos hídricos ha favorecido las demandas de nuevas transferencias.

Alberto Núñez Feijóo ha abogado por alcanzar un pacto nacional sobre el agua, aunque sin comprometerse expresamente a recuperar el proyecto del Ebro. Esa falta de concreción permite mantener posiciones territoriales diferentes, pero también deja abiertas las discrepancias.

La oposición aragonesa ha aprovechado el debate para exigir claridad.

El candidato socialista al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, advirtió el 13 de noviembre de que un hipotético Gobierno de PP y Vox podría recuperar el trasvase. El PSOE considera que el compromiso de Vox pone en peligro los intereses hídricos de Aragón y ha acusado a los populares de no ofrecer suficientes garantías.

Chunta Aragonesista también ha expresado su rechazo. Su presidente, Jorge Pueyo, ha advertido contra la posibilidad de convertir el agua del Ebro en una moneda de cambio para alcanzar acuerdos políticos.

La controversia no enfrenta únicamente a partidos de ideologías distintas. También pone de manifiesto las dificultades de mantener una misma política nacional del agua cuando las necesidades y los intereses territoriales chocan.

Qué supondría recuperar el trasvase para agricultores y territorios

El debate afecta directamente a comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana, donde el agua constituye un recurso estratégico para la agricultura de regadío, la industria alimentaria y determinados abastecimientos urbanos.

Una transferencia adicional podría ampliar la disponibilidad de recursos hídricos en las zonas receptoras, siempre que existiesen caudales transferibles y que las infraestructuras resultasen viables. Sus posibles beneficios dependerían del volumen suministrado, la regularidad del servicio y el coste final del agua.

Para los agricultores, no basta con que exista una conducción. Importan también el precio del metro cúbico, la seguridad del suministro y las condiciones de utilización.

En el territorio de origen, la preocupación es diferente. Aragón reclama garantías sobre sus necesidades presentes y futuras, mientras que las comarcas del bajo Ebro y su delta mantienen una especial sensibilidad ante cualquier reducción de caudales.

El delta del Ebro depende del equilibrio entre agua dulce, sedimentos y la influencia del Mediterráneo. Las extracciones deben evaluarse teniendo en cuenta la conservación de sus ecosistemas, la salinización y los cambios en el régimen hidrológico.

También interviene el cambio climático. Las sequías prolongadas, el aumento de temperaturas y la variabilidad de las precipitaciones obligan a revisar las estimaciones históricas de disponibilidad de agua.

Todo ello hace que la viabilidad de un eventual trasvase no pueda deducirse simplemente del volumen que circula por el Ebro en determinados momentos del año.

El análisis tendría que contemplar, entre otras cuestiones, los caudales ecológicos, las necesidades de abastecimiento, los regadíos existentes, los usos futuros y las obligaciones ambientales.

El 29N devuelve al primer plano una disputa que sigue abierta

La propuesta de Vox convierte el agua en otro de los asuntos susceptibles de condicionar los acuerdos posteriores a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Si el partido de Abascal adquiere capacidad de influencia en un futuro Gobierno, su Plan Nacional del Agua podría convertirse en una exigencia negociadora. Pero cualquier iniciativa concreta tendría que superar numerosos obstáculos políticos, legales, técnicos y ambientales.

De momento, no hay un nuevo trasvase del Ebro aprobado, ni un calendario de construcción ni una financiación comprometida para recuperar el proyecto de 2001.

Lo que existe es una propuesta electoral de interconexión de cuencas y un desacuerdo profundo sobre sus posibles consecuencias.

El conflicto vuelve a plantear una cuestión que España arrastra desde hace décadas: cómo atender las necesidades de las regiones con escasez de agua sin comprometer los recursos y los ecosistemas de los territorios de origen.

Y esa discusión difícilmente terminará el 29 de noviembre. El resultado electoral determinará quién tiene capacidad para impulsar un nuevo modelo de gestión hídrica, pero no resolverá por sí solo las limitaciones físicas del agua disponible.