Vitoria: desahucio de una familia y polémica por 2.454 euros en ayudas

La familia desahuciada el pasado 23 de octubre en Vitoria-Gasteiz, formada por dos adultos y seis hijos menores de edad, percibía 2.454,18 euros mensuales en prestaciones sociales, según un informe municipal difundido por El Correo. La cantidad procede de distintas ayudas estatales y autonómicas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una prestación para vivienda y complementos destinados a la infancia.

La cifra, sin embargo, está discutida. El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, que ha acompañado a la familia durante el proceso de desahucio, niega que cobre esa cantidad fija todos los meses y sostiene que las prestaciones varían según las circunstancias. No se ha publicado un desglose completo de los importes efectivamente abonados por cada organismo, por lo que tampoco puede darse por demostrado que todas las ayudas se perciban simultáneamente por su cuantía máxima.

El caso ha terminado convertido en una controversia política que va bastante más allá de un expediente de servicios sociales. La familia perdió su vivienda en el barrio de Sansomendi después de varios años de conflicto judicial con el propietario, que también atraviesa dificultades económicas y llevaba tiempo intentando recuperar el inmueble para vivir en él.

A la disputa por la vivienda se han sumado las protestas, las cargas policiales, las críticas de dirigentes políticos y otro dato recogido en las informaciones sobre el expediente: un viaje de 38 días a Marruecos que tuvo consecuencias sobre una de las prestaciones. Todo ello ha colocado bajo examen tanto la actuación de la familia como las decisiones de las administraciones.

De dónde salen los 2.454 euros en ayudas sociales

El importe atribuido a la familia no corresponde a una única prestación. Se trata de una combinación de mecanismos de protección económica que tienen requisitos, límites y finalidades diferentes.

El Ingreso Mínimo Vital, gestionado por la Seguridad Social, garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares que cumplen determinadas condiciones económicas. Para 2026, la renta garantizada de una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores asciende a 1.613,92 euros mensuales.

Eso no significa que cualquier familia de esas características cobre automáticamente esa cantidad. El importe efectivo se calcula teniendo en cuenta los ingresos computables del hogar y las condiciones de acceso a la prestación.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una ayuda propia del País Vasco, gestionada por Lanbide. Puede complementar el Ingreso Mínimo Vital, pero ambas prestaciones no se suman íntegramente como si fueran dos salarios independientes.

En 2026, la cuantía base de la RGI está fijada en 583,07 euros. A partir de ella se aplican complementos relacionados con los miembros y las características de cada unidad de convivencia. Los ingresos existentes también intervienen en el cálculo.

A estas prestaciones se añaden las ayudas vinculadas a los menores. El Complemento de Ayuda para la Infancia contempla en 2026 pagos mensuales de 115 euros por cada menor de tres años, 80,50 euros para los niños de tres a cinco años y 57,50 euros para los de seis a 17 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

En materia de vivienda existe la Prestación Económica de Vivienda (PEV), destinada a hogares con el derecho subjetivo de acceso a una vivienda reconocido que no pueden recibir un alojamiento público adecuado. Su importe máximo en Euskadi es de 300 euros mensuales y no puede superar el alquiler acreditado.

El informe municipal también menciona ayudas de emergencia social y asistencia del Banco de Alimentos. Conviene distinguirlas: las primeras responden a gastos o necesidades concretas, mientras que los alimentos entregados constituyen apoyo material, no dinero ingresado mensualmente en una cuenta.

Una cantidad cuestionada por el sindicato de vivienda

El Sindicato Socialista de Vivienda reconoce que la familia recibe prestaciones públicas, pero rechaza que los 2.454,18 euros puedan presentarse como una mensualidad invariable.

Su posición es que la cantidad difundida no refleja necesariamente los pagos reales de cada mes. También critica que el debate sobre las ayudas haya desplazado la atención del problema habitacional.

La diferencia importa. Una cifra consignada en un informe social puede tener una utilidad administrativa, pero para establecer cuánto dinero percibe realmente una familia hay que conocer los conceptos, los periodos de referencia y las posibles variaciones.

Tampoco existe, por el mero hecho de cobrar distintas ayudas, una irregularidad. La compatibilidad entre prestaciones está regulada y sus beneficiarios deben cumplir obligaciones económicas y administrativas. Si hay incumplimientos, corresponde a los organismos competentes comprobarlos y aplicar las consecuencias previstas.

El propietario también es vulnerable y lleva años reclamando el piso

La vivienda desalojada está situada en el número 28 de la avenida de Los Huetos, en Sansomendi. La relación entre el propietario y los inquilinos comenzó en 2018 mediante un contrato de alquiler de tres años, con una renta mensual de 600 euros, según las informaciones publicadas sobre el procedimiento.

En octubre de 2019, el dueño comunicó su intención de recuperar el inmueble para uso personal. La familia permaneció en la vivienda y el conflicto acabó en los tribunales, con un procedimiento judicial iniciado en 2021.

El dato más relevante es que el propietario también tiene reconocida una situación de vulnerabilidad económica y social. Según la información conocida del caso, vive con su familia en una habitación alquilada y lleva años intentando disponer de su propia casa.

Es una circunstancia que complica el relato habitual de los desahucios. Aquí no aparece un gran propietario frente a una familia sin recursos, sino dos hogares con dificultades y necesidades de vivienda enfrentadas.

La familia desalojada había accedido inicialmente al piso mediante un contrato de arrendamiento. Su permanencia posterior dio lugar al litigio, por lo que describir toda la situación simplemente como una ocupación ilegal deja fuera el origen contractual del conflicto.

El desahucio se ejecutó por orden judicial. El derecho del propietario a recuperar su vivienda y la situación de vulnerabilidad de los seis menores son dos elementos distintos, y ambos forman parte del caso.

El viaje a Marruecos y la reducción de una prestación

Otro de los aspectos que ha generado controversia es una estancia familiar de 38 días en Marruecos durante el verano de 2026, recogida en las informaciones sobre el expediente municipal.

Según esos datos, la ausencia tuvo consecuencias sobre la Renta de Garantía de Ingresos, con una reducción de 354,74 euros. Los servicios sociales también señalaron que el viaje interrumpió durante ese periodo las gestiones de búsqueda de empleo y vivienda.

La RGI establece obligaciones para sus beneficiarios, entre ellas las relativas a la residencia, la comunicación de ausencias y la participación en las actuaciones de inserción correspondientes. Salir temporalmente del País Vasco no implica automáticamente perder cualquier prestación, pero determinados desplazamientos pueden afectar a su mantenimiento.

Lo que se conoce es la duración del viaje y la consecuencia económica reflejada en el expediente. No se ha acreditado públicamente cuánto costó el desplazamiento ni cómo se financió. Por tanto, no hay elementos suficientes para presentar las vacaciones como prueba de que la familia disponía de recursos económicos ocultos.

La cuestión administrativa es otra: si se cumplieron las condiciones exigidas para conservar las ayudas durante la ausencia. Y, según lo difundido sobre el informe, hubo una reducción de la prestación.

Por qué Vitoria no le adjudicó una vivienda pública

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha defendido su actuación y sostiene que los servicios sociales llevaban años atendiendo a la familia.

El informe municipal considera que el desahucio no constituía una emergencia sobrevenida, ya que los inquilinos conocían desde 2019 la intención del propietario de recuperar el inmueble. Los técnicos también señalaron que el hogar contaba con ingresos y una red de apoyo que, a su juicio, permitían buscar una solución temporal.

Con estos antecedentes, el Consistorio descartó proponer una adjudicación extraordinaria de vivienda pública y afirmó que había ofrecido alojamiento de urgencia en un recurso social, inicialmente rechazado por la familia.

El sindicato de vivienda cuestionó esa explicación. Sostiene que no se había proporcionado una alternativa residencial adecuada para ocho personas, seis de ellas menores. También denunció que las gestiones para encontrar un alquiler privado habían resultado infructuosas.

Hay un matiz importante en la sucesión de acontecimientos: aunque el Ayuntamiento comunicó inicialmente que la familia había rechazado el recurso provisional, el propio sindicato informó la noche del desahucio de que dormirían en un albergue municipal.

La discusión, por tanto, no se limita a aceptar o rechazar unas plazas. Se refiere también a si un alojamiento de emergencia puede considerarse una respuesta suficiente para una familia numerosa que necesita estabilidad residencial.

Las cargas de la Ertzaintza y la polémica política

El desahucio se ejecutó el viernes 23 de octubre, alrededor de las 13.00 horas, después de varias horas de tensión entre los agentes de la Ertzaintza y los manifestantes concentrados frente al edificio.

Cientos de personas, incluidos estudiantes de distintos centros educativos de Vitoria, participaron en las movilizaciones para impedir el lanzamiento. Algunos activistas habían pasado la noche acampados junto al inmueble.

La intervención policial terminó con cargas, personas heridas y detenciones. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco confirmó inicialmente dos detenidos, mientras que el sindicato ofreció cifras superiores y denunció la actuación de los antidisturbios.

Horas después hubo una nueva manifestación por las calles de Vitoria contra los desahucios y la intervención policial.

El asunto adquirió dimensión nacional cuando Santiago Abascal, presidente de Vox, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, criticaron públicamente que una familia de origen marroquí percibiera alrededor de 2.450 euros mensuales en prestaciones.

Ambos cuestionaron el importe de las ayudas sociales y las políticas públicas que permiten concederlas. Abascal vinculó el caso con su discurso migratorio, mientras que Albiol comparó las prestaciones con los ingresos de quienes trabajan.

La controversia también ha puesto de manifiesto un problema que no depende exclusivamente de los ingresos: la familia sostiene que llevaba cerca de un año intentando encontrar otro alquiler sin conseguirlo y denuncia discriminación por su origen.

Tener capacidad económica para pagar una renta no garantiza que un propietario acepte formalizar un contrato. Pero tampoco elimina los derechos de quien lleva años reclamando judicialmente la recuperación de su vivienda.

Dos familias vulnerables ante un problema que las ayudas no han resuelto

El desahucio de Vitoria ha reunido en un mismo conflicto cuestiones que habitualmente se discuten por separado: las condiciones de acceso a las ayudas sociales, las obligaciones de sus beneficiarios, la protección de la propiedad privada y la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas habitacionales.

De momento, hay hechos suficientemente establecidos. Una familia con seis menores ha sido desalojada, su propietario llevaba años reclamando el inmueble para vivir en él y un informe municipal atribuye a los inquilinos prestaciones por valor de 2.454,18 euros mensuales. Esa última cifra continúa cuestionada por el sindicato que los representa.

También existe una discrepancia sobre la respuesta de los servicios sociales. El Ayuntamiento defiende que ofreció los recursos disponibles y que la situación era conocida desde hacía años; los representantes de la familia consideran que ninguna de esas medidas resolvía su necesidad de una vivienda.

El resultado es que una familia ha necesitado acudir a un albergue y otra ha tenido que esperar años a una resolución judicial para recuperar su casa.

Las ayudas económicas no han evitado el conflicto y el procedimiento judicial tampoco ha solucionado por sí solo las necesidades residenciales de todos los afectados. Esa es la dimensión del caso de Vitoria que permanece más allá de la disputa política sobre los 2.454 euros.