El juez rechaza pedir ayuda a Arabia Saudí por las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado este martes, 27 de octubre, la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para esclarecer la procedencia de las joyas encontradas en su despacho durante un registro policial el pasado 19 de mayo. La decisión supone un revés para la estrategia de defensa del exdirigente socialista, que sostiene que las piezas más valiosas fueron un regalo personal del fallecido rey saudí Abdalá bin Abdulaziz.

El magistrado descarta así recurrir a la cooperación judicial internacional para obtener una confirmación oficial de ese supuesto obsequio. Las joyas, localizadas en una caja fuerte de las oficinas del expresidente en Madrid, fueron valoradas inicialmente en más de 1,3 millones de euros. Su origen y su situación patrimonial se investigan en una pieza separada del caso Plus Ultra, mientras la Fiscalía Anticorrupción ha planteado ampliar las pesquisas a un posible delito de malversación.

La resolución llega después de que Calama solicitara a Patrimonio del Estado la documentación relativa a los regalos institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno durante los mandatos de Zapatero, entre 2004 y 2011. El objetivo es comprobar qué obsequios fueron incorporados al patrimonio público y determinar si entre ellos deberían figurar las joyas intervenidas.

El asunto ha adquirido una dimensión judicial que va más allá de averiguar quién entregó las piezas. Incluso si se confirma la versión del expresidente sobre su procedencia saudí, quedaría por resolver si podía conservarlas como bienes particulares o si estaba obligado a entregarlas al Estado.

Zapatero pidió a Arabia Saudí que confirmara el regalo del rey Abdalá

La defensa del expresidente presentó el 23 de septiembre un escrito en el que atribuía las joyas de mayor valor a un obsequio personal del rey Abdalá, fallecido en 2015. Según esa explicación, el monarca saudí entregó las piezas a Zapatero en su residencia del Palacio de la Moncloa durante una visita oficial a Madrid celebrada los días 18 y 19 de junio de 2007.

El escrito describe tres conjuntos de joyería elaborados en oro blanco, cada uno compuesto por collar, pulsera, sortija y pendientes. Las piezas se distinguen por las piedras preciosas utilizadas: rubíes, esmeraldas y zafiros. De acuerdo con la defensa, estos doce objetos concentran más del 90 % del valor atribuido al conjunto de joyas intervenidas.

Zapatero sostiene que aceptó aquel regalo por deferencia hacia el monarca y que lo conservó junto con otras joyas familiares y obsequios de amigos, sin utilizarlas ni ser consciente de su verdadero valor económico.

Las gestiones diplomáticas que precedieron a la petición judicial

Antes de acudir al magistrado, la defensa intentó obtener una confirmación de la Casa Real saudí a través de su representación diplomática en España.

El expresidente dirigió una carta al responsable de Protocolo de la Corte Real saudí en junio de 2026, poco antes de declarar como investigado. Posteriormente, el 12 de agosto, se remitió otra comunicación por la misma vía. Según explicó su abogado, ninguna de esas gestiones obtuvo respuesta.

Ante esa situación, solicitó que la Audiencia Nacional enviara una comisión rogatoria, un mecanismo que permite a los tribunales españoles pedir colaboración a autoridades extranjeras para practicar diligencias o recabar pruebas.

La petición buscaba que Arabia Saudí certificara oficialmente la supuesta entrega de las joyas. Sin embargo, el juez ha rechazado tramitarla. La información conocida sobre esta última decisión no permite atribuir al magistrado una motivación concreta distinta de las objeciones formuladas previamente por la Fiscalía.

Unas joyas valoradas inicialmente en más de 1,3 millones

La investigación sobre las piezas comenzó tras el registro practicado el 19 de mayo de 2026 en el despacho de Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) localizaron las joyas en una caja fuerte.

El hallazgo dio lugar a actuaciones judiciales destinadas a esclarecer su procedencia, su valoración económica y las posibles responsabilidades asociadas a su tenencia.

La primera tasación, realizada por la firma Ansorena, situó el valor del conjunto por encima de 1,3 millones de euros. No obstante, esa cifra está discutida por la defensa, que considera excesiva la estimación y ha cuestionado algunos aspectos del procedimiento pericial.

Calama encargó una segunda valoración a la joyería Yanes. El expresidente trató de apartar a esta firma del procedimiento, pero el magistrado rechazó su petición y mantuvo el encargo. La defensa conserva la posibilidad de presentar una valoración pericial propia para discutir las conclusiones de los expertos.

Zapatero declaró como investigado el 17 de junio. La pieza relativa a las joyas comprende pesquisas por presuntos delitos fiscales y de contrabando. La existencia de una investigación judicial, conviene recordarlo, no implica que se haya acreditado la comisión de esos delitos.

La Fiscalía plantea investigar también una posible malversación

El rechazo de la comisión rogatoria se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción cuestionara la explicación facilitada por el expresidente.

En un informe conocido el 23 de octubre, la fiscal María Elena Lorente sostuvo que la propia versión de Zapatero plantea un problema jurídico: si recibió unas joyas de elevado valor mientras ejercía la Presidencia del Gobierno, podrían tener carácter institucional y haber debido incorporarse al Patrimonio del Estado.

El Ministerio Público considera que, de confirmarse esa circunstancia y la falta de entrega de las piezas, existirían motivos para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía se opuso también a solicitar información a Arabia Saudí. A su juicio, las comprobaciones relevantes deben realizarse principalmente en España, puesto que, según el relato de la defensa, la entrega tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno.

El Código de Buen Gobierno aprobado durante su mandato

Uno de los elementos centrales del informe fiscal es el Código de Buen Gobierno impulsado por el Ejecutivo socialista en febrero de 2005.

Aquellas normas establecían que los miembros del Gobierno debían rechazar regalos que excedieran los usos habituales de cortesía y disponer la incorporación al patrimonio público de los obsequios de especial significación institucional.

La Fiscalía entiende que unas joyas de semejante valor difícilmente podrían considerarse un detalle ordinario de cortesía entre representantes institucionales.

Existe otro antecedente relevante. Según la documentación examinada por Anticorrupción, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, regalado por el mismo monarca saudí durante aquella visita, sí fue incorporado al Patrimonio del Estado mediante un acta fechada el 1 de marzo de 2012.

Las joyas encontradas en el despacho del expresidente, en cambio, no aparecen en la relación de bienes recogida en el acta pública examinada por la Fiscalía.

Ese contraste adquiere importancia porque permite comparar el tratamiento otorgado a distintos obsequios presuntamente recibidos del mismo mandatario extranjero.

Patrimonio del Estado, pieza fundamental de la investigación

El pasado 23 de octubre, Calama reclamó a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia de las actas de aceptación de los regalos institucionales recibidos durante las dos legislaturas de Zapatero.

El magistrado estableció un plazo máximo de dos días para entregar la documentación, correspondiente a los periodos comprendidos entre 2004 y 2008 y entre 2008 y 2011.

La diligencia pretende contrastar los registros oficiales con la explicación del expresidente y comprobar el tratamiento administrativo que recibieron los obsequios entregados durante sus años en La Moncloa.

La distinción entre un regalo personal y uno institucional es esencial, pero no depende únicamente de cómo lo describan quien lo entrega o quien lo recibe. También resulta relevante el contexto en que se produce, la condición pública del destinatario, su valor y las obligaciones vigentes en ese momento.

Por ello, demostrar que las joyas fueron entregadas por el rey saudí no resolvería necesariamente todas las cuestiones planteadas en la investigación. Su procedencia y su titularidad legal son asuntos diferentes, aunque estén estrechamente relacionados.

El origen y la titularidad de las joyas siguen sin aclararse

Con la negativa del juez a cursar la comisión rogatoria, la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sin recurrir, mediante esa diligencia, a las autoridades saudíes.

La decisión no demuestra que la versión de Zapatero sea falsa ni supone una declaración de culpabilidad. Lo que establece es que el magistrado no acepta la petición concreta de cooperación internacional formulada por su defensa.

Siguen pendientes cuestiones importantes: la acreditación documental de la entrega, la valoración definitiva de las piezas y la determinación de si debieron incorporarse al patrimonio público. También deberá resolverse el alcance de la solicitud de Anticorrupción para investigar una posible malversación.

El caso presenta una particularidad especialmente delicada para el expresidente. La explicación que ha ofrecido para justificar el origen de las joyas podría, según la Fiscalía, abrir una nueva línea de responsabilidad penal relacionada con su conservación después de abandonar el Gobierno.

El rechazo de la comisión rogatoria no pone fin al procedimiento. La investigación continúa centrada en esclarecer cómo llegaron esas joyas a manos de Zapatero, qué obligaciones legales existían cuando supuestamente las recibió y por qué permanecieron en su poder durante años.