Ceuta: la jueza exige desclasificar los informes del CNI en 15 días

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Gobierno que desclasifique en un plazo de 15 días naturales los informes y comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026. La petición, dirigida al Consejo de Ministros este martes 27 de octubre, busca esclarecer qué información manejaban los servicios secretos españoles y qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes durante la crisis fronteriza.

La magistrada no se conforma con los documentos publicados hasta el momento. Su auto reclama todas las notas e informes elaborados por el CNI y distribuidos entre las autoridades desde el 30 de julio, especialmente aquellos que contienen información sobre la actuación de Marruecos. También exige conocer quiénes recibieron las advertencias de inteligencia anteriores a la entrada masiva y qué comunicaciones se produjeron posteriormente.

El plazo establecido es de 15 días naturales desde la recepción de la solicitud, no desde la fecha en que se ha conocido la resolución. La desclasificación corresponde al Consejo de Ministros, que deberá pronunciarse sobre una petición judicial que amplía considerablemente el alcance de la documentación conocida.

La decisión llega casi tres meses después de una crisis que desbordó los controles fronterizos de Ceuta. El Gobierno cifró en unas 72.000 las personas que entraron en la ciudad autónoma durante aquellos acontecimientos. La investigación judicial trata de determinar cómo se organizó aquella movilización, qué advertencias recibió España y si existió alguna responsabilidad penal detrás de los hechos.

La Audiencia Nacional quiere acceder a todos los informes del CNI

La nueva resolución de María Tardón se centra en un periodo especialmente delicado: las horas posteriores al comienzo de las entradas masivas y las comunicaciones que los servicios de inteligencia mantuvieron desde entonces. La magistrada considera que la información pendiente resulta relevante para la investigación y sostiene que su conocimiento no afecta a la seguridad del Estado.

La jueza solicita la desclasificación de todos los informes difundidos a las autoridades a partir del 30 de julio relacionados con la investigación de lo sucedido. No se limita, por tanto, a los avisos previos sobre posibles movimientos migratorios en la frontera.

Una parte relevante de la documentación reclamada afecta a Marruecos. La magistrada quiere examinar los informes que el CNI haya elaborado acerca del comportamiento de las autoridades del país vecino desde el inicio de la crisis hasta la actualidad.

El requerimiento incluye otra cuestión importante: identificar a los destinatarios de las notas de inteligencia que ya fueron desclasificadas, fechadas los días 27 y 30 de julio, así como de cualquier comunicación posterior.

Conocer quién recibió cada documento permitirá reconstruir la circulación de las alertas dentro de la Administración. Una cosa es que los servicios de inteligencia detectaran un riesgo y otra, que esa información llegara a los responsables capaces de adoptar medidas. La magistrada quiere comprobar precisamente cómo se transmitieron los avisos y qué autoridades tuvieron conocimiento de ellos.

Los avisos del CNI que el Gobierno ya había desclasificado

El Ejecutivo publicó el pasado 9 de septiembre una primera remesa de 40 documentos y comunicaciones relacionados con la situación fronteriza de Ceuta. Entre ellos figuraban informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Aquella documentación permitió conocer que los servicios de inteligencia españoles habían detectado llamamientos en redes sociales para organizar entradas en Ceuta aprovechando la celebración del Día del Trono de Marruecos, el 30 de julio.

El CNI había mantenido comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil el día 29. En ellas advertía de la existencia de grupos en redes sociales que reunían aproximadamente 180.000 miembros y difundían convocatorias para cruzar la frontera.

También se comunicó la situación a los servicios de inteligencia marroquíes. La información conocida hasta entonces indicaba que ambos países habían recibido avisos sobre posibles intentos de entrada antes de que comenzara la crisis.

Sin embargo, el propio CNI sostuvo posteriormente que sus advertencias no habían permitido anticipar la magnitud de lo ocurrido. El Gobierno, por su parte, defendió que el organismo no había emitido una alerta formal que anunciara una movilización de semejantes dimensiones.

Los 19 mensajes que seguían sin desclasificarse

Las dudas sobre la documentación pendiente aumentaron a comienzos de octubre, cuando Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, compareció ante la Audiencia Nacional.

Sanz reveló la existencia de 19 mensajes intercambiados con un agente del CNI que no figuraban entre las comunicaciones desclasificadas por el Ejecutivo. Según su declaración, había trasladado al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, información sobre las advertencias recibidas.

El testigo también señaló que la Delegación había alertado previamente de una situación extraordinaria y solicitado medidas adicionales ante el incremento de la presión migratoria.

Estas declaraciones dieron mayor relevancia a las comunicaciones que todavía permanecían bajo secreto. Determinar su contenido y sus destinatarios puede ayudar a aclarar las discrepancias entre los responsables que intervinieron durante aquellos días.

La actuación de Marruecos, uno de los asuntos centrales

La investigación de la Audiencia Nacional también examina el comportamiento de las autoridades marroquíes antes y durante la entrada masiva. Es una de las cuestiones más sensibles del procedimiento, porque obliga a distinguir entre una posible falta de control fronterizo y una actuación deliberada para facilitar los cruces.

Los informes conocidos hasta el momento contienen valoraciones diferentes. Un documento de inteligencia militar consideró muy probable que las autoridades marroquíes hubieran actuado de manera negligente o pasiva, aunque no concluyó que estuvieran promoviendo activamente las entradas.

Otros análisis contemplaron como explicación principal el desbordamiento de los dispositivos de seguridad marroquíes, sin atribuir necesariamente a Rabat una actuación deliberada.

Las declaraciones judiciales han aportado nuevos testimonios. Un mando de la Guardia Civil afirmó haber observado seis embarcaciones marroquíes la noche anterior a la crisis y describió una actitud pasiva de los agentes del país vecino. Un responsable de la Policía Nacional declaró que los efectivos marroquíes facilitaron el paso de personas hacia Ceuta.

Se trata de testimonios que deben contrastarse con el resto de las pruebas. La posible participación o connivencia de autoridades marroquíes no está judicialmente acreditada, y la investigación continúa abierta.

Tardón también ha solicitado información al Ministerio de Defensa para determinar si embarcaciones militares de Marruecos llegaron a entrar en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta durante aquellos acontecimientos.

La jueza amplía las declaraciones y reclama nuevas pruebas

La desclasificación del material del CNI forma parte de una investigación más amplia por un presunto delito contra la paz o la independencia del Estado. La magistrada trata de reconstruir tanto el origen de la movilización como la respuesta de las administraciones implicadas.

Este martes han declarado como testigos tres miembros del Gobierno de Ceuta: Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez. Los tres participaron en distintos ámbitos de la gestión de la emergencia.

Sus comparecencias han permitido profundizar en las dificultades que afrontaron los servicios públicos y en las advertencias trasladadas antes de la crisis. La Ciudad Autónoma también ha remitido una valoración de los costes extraordinarios ocasionados, que sitúa en 45 millones de euros.

La jueza también ha convocado a responsables policiales y ha solicitado documentos de reuniones celebradas entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno durante los días anteriores a la crisis. Asimismo, ha citado como testigos a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta durante aquellas jornadas, para que declaren por videoconferencia.

Entre las diligencias acordadas figuran la recopilación de grabaciones de videovigilancia, imágenes de drones y registros de los sistemas de control fronterizo. También se han requerido informes de inteligencia militar correspondientes a las semanas próximas a los acontecimientos.

La investigación pretende conocer qué avisos existían, qué recursos estaban disponibles y cómo se organizaron los dispositivos de seguridad cuando comenzaron las entradas.

La magistrada ha pedido asimismo información sobre las consecuencias de la crisis para los servicios públicos de Ceuta y los daños económicos ocasionados. No se investiga únicamente lo sucedido en la frontera, sino también las decisiones administrativas adoptadas ante una situación extraordinaria.

El Gobierno deberá responder sobre la documentación secreta

La solicitud conocida este 27 de octubre coloca nuevamente al Consejo de Ministros ante una decisión sobre el acceso a información reservada. El Ejecutivo ya había autorizado una desclasificación parcial en septiembre, pero entonces quedaron fuera determinados documentos por razones relacionadas con la seguridad del Estado y la protección de información sensible.

La nueva petición judicial pretende ir más lejos. No supone que los documentos hayan quedado automáticamente desclasificados, sino que reclama al Gobierno una decisión urgente sobre el material solicitado.

La información pendiente puede resultar relevante para establecer qué conocían los servicios de inteligencia sobre los movimientos en Marruecos, cómo comunicaron sus advertencias y qué autoridades españolas tuvieron acceso a ellas.

Hay una distinción esencial para entender el caso: disponer de alertas previas no demuestra por sí solo que fuera posible anticipar una entrada de las dimensiones registradas. Tampoco acredita automáticamente responsabilidades penales por las decisiones adoptadas.

Lo que busca la Audiencia Nacional es completar esa secuencia de acontecimientos con documentos que todavía no forman parte de la información pública. El plazo de 15 días obliga al Gobierno a afrontar una petición que puede aportar nuevos elementos sobre una de las mayores crisis fronterizas recientes de Ceuta.