Accidente de Urda: identificación, autopsias y entrega de los cuerpos

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, ha activado un procedimiento judicial y forense reservado para las grandes catástrofes. El balance provisional comunicado por el Gobierno de Castilla-La Mancha durante la tarde es de 68 fallecidos, 44 de ellos pasajeros del Iryo y 24 del AVE. La cifra todavía puede variar. La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz dirige la investigación, mientras los especialistas trabajan para recuperar los cuerpos, determinar las causas de las muertes y acreditar la identidad de cada víctima antes de entregarla a sus familiares.

Para quien busca a un ser querido, el trámite más urgente es comunicar su desaparición y aportar datos que permitan localizarlo o identificarlo. La Guardia Civil ha habilitado oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para atender a familiares directos y recoger muestras de ADN. Reconocer una fotografía, identificar una prenda o saber en qué asiento viajaba alguien puede ayudar, pero no sustituye por sí solo la identificación oficial. Y aunque el cuerpo esté identificado, el entierro o la incineración requieren autorización judicial mientras se investigan las circunstancias de la muerte.

La colisión se produjo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, entre Los Yébenes y Urda. Los equipos de emergencia dieron prioridad al rescate y la asistencia de los heridos antes de acometer las tareas de recuperación de las víctimas mortales. Los primeros cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde se ha organizado el trabajo forense con apoyo de un depósito auxiliar. Son operaciones delicadas y pueden prolongarse: no basta con retirar los cuerpos de los vagones, hay que documentar exactamente dónde se encontraron y preservar posibles pruebas del siniestro.

El juzgado de Orgaz y los equipos que intervienen

La investigación está en manos de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz, que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha incorporado a la jueza de la plaza número 1 y ha dispuesto refuerzos de magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y médicos forenses. Entre las medidas acordadas figura la constitución de cinco equipos judiciales para agilizar levantamientos de cadáveres, autorizaciones y demás diligencias. También se ha designado un magistrado coordinador y se ha contado con especialistas judiciales en emergencias y catástrofes.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo se ocupa de las actuaciones médico-forenses, con la colaboración de unidades de Policía Judicial y criminalística. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses participa en los análisis necesarios y se ha activado un Centro de Integración de Datos, donde se cruzan los resultados de los exámenes de los cuerpos con la información facilitada por las familias. La Unidad Militar de Emergencias presta apoyo operativo, pero no sustituye a la autoridad judicial ni a los especialistas responsables de las identificaciones.

Todo ello responde al Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, que regula el protocolo nacional médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Su aplicación no significa que se haya determinado la existencia de un delito. Significa que hay que investigar unas muertes violentas, conservar pruebas y garantizar una identificación fiable. Es una diferencia esencial: la causa del choque y las posibles responsabilidades se determinarán mediante diligencias, informes técnicos y resoluciones judiciales, no por la gravedad del balance.

Qué significa levantar un cadáver después de un accidente

El levantamiento de cadáver es una diligencia de investigación, no un simple traslado a la morgue. Una vez atendidas las personas con vida y asegurado el lugar, se examinan y fotografían los cuerpos o restos humanos en la posición en la que se encuentran, se documentan las lesiones visibles, se numeran y se recogen los objetos asociados. También se elaboran planos o croquis y se registra quién interviene y adónde se traslada cada cuerpo. Esa trazabilidad, conocida como cadena de custodia, evita confusiones y permite comprobar después qué pruebas se obtuvieron y en qué condiciones.

En una catástrofe ferroviaria, acceder a ciertos espacios puede exigir apuntalar estructuras, separar materiales y utilizar maquinaria pesada. La recuperación se coordina con los equipos de rescate y de investigación para no poner en peligro a los intervinientes ni destruir indicios. Por eso puede haber diferencias entre el número provisional de fallecidos, los cuerpos recuperados y los cadáveres formalmente identificados. Son datos distintos, aunque a veces aparezcan mezclados en las primeras horas de una emergencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 778.6, permite que el juez autorice al médico forense a asistir en su lugar al levantamiento, con la obligación de incorporar a las actuaciones un informe detallado. No es necesario que el magistrado examine personalmente cada cuerpo para que la diligencia tenga validez. En accidentes con una sola víctima mortal y signos de muerte violenta o sospechosa también se activa, con carácter general, la vía judicial; en una muerte natural debidamente certificada, el procedimiento funerario ordinario es diferente.

Reconocimiento e identificación: huellas, dientes y ADN

Una cosa es el reconocimiento de una persona por su aspecto y otra la identificación médico-legal. En sucesos con víctimas múltiples se recurre principalmente a las huellas dactilares, el cotejo odontológico y los perfiles genéticos. Se estudian también cicatrices, tatuajes, prótesis, intervenciones quirúrgicas, radiografías y pertenencias, pero su valor depende de que puedan contrastarse con datos previos y de las circunstancias concretas.

Las huellas suelen ofrecer una identificación rápida cuando se pueden obtener y comparar con registros fiables. Las fichas y radiografías dentales resultan especialmente útiles si el estado del cuerpo dificulta otras técnicas. El ADN permite cotejar muestras de la víctima con muestras de referencia de familiares biológicos o con objetos personales que puedan proporcionar material genético atribuible a esa persona. No todos los casos precisan todas las pruebas, ni una muestra familiar implica que la identificación vaya a estar lista de inmediato: hay que analizarla y compararla.

El protocolo distingue entre datos «ante mortem», recogidos sobre la persona cuando vivía, y datos «post mortem», obtenidos durante el estudio forense. El Centro de Integración de Datos relaciona ambos conjuntos de información. Los peritos emiten el correspondiente dictamen y lo remiten al juzgado. Esa comprobación es decisiva en siniestros donde los objetos pueden desplazarse, los billetes no reflejan necesariamente quién ocupaba un asiento o el estado de los cuerpos impide reconocerlos a simple vista.

Ver un cuerpo no es una obligación para identificarlo

La imagen del familiar entrando en una sala para reconocer un cadáver pertenece más al imaginario popular que a la necesidad técnica de una investigación como esta. No es requisito que la familia contemple el cuerpo para que los especialistas puedan identificarlo. Una fotografía o una descripción pueden orientar la búsqueda, pero en una catástrofe no deben convertirse en la única prueba de identidad. El objetivo es evitar errores irreversibles y proteger a las familias de exposiciones innecesarias.

Qué hacer si un familiar viajaba en uno de los trenes

Si no se consigue localizar a una persona que pudiera viajar en el AVE o en el Iryo, no hay que esperar 24 horas para comunicarlo a las autoridades. Conviene facilitar cuanto antes su nombre completo, documento de identidad si se conoce, edad, teléfonos, trayecto, billete o localizador, última comunicación y cualquier dato que pueda ayudar a comprobar dónde estaba. Las fotografías recientes y la información sobre tatuajes, cicatrices, operaciones, implantes, dentista habitual o tratamientos médicos también pueden resultar útiles.

Para el accidente de Urda, la Guardia Civil ha habilitado cuatro puntos de atención a familiares directos, especialmente para la recogida de muestras genéticas: la Zona de Madrid, en calle Batalla del Salado, 32; la Zona de Andalucía, en avenida de la Borbolla, 8, Sevilla