La UCO señala que Biedma dio a las partes correos de Sánchez y Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue la magistrada Beatriz Biedma quien autorizó facilitar a las partes personadas en el caso David Sánchez documentación que contenía correos electrónicos relacionados con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La decisión se adoptó durante la investigación judicial sobre el hermano del presidente del Gobierno, antes de que parte de esa información apareciera publicada en la prensa.

El nuevo informe policial, conocido este 29 de octubre de 2026, introduce un elemento relevante en la investigación sobre las supuestas filtraciones atribuidas a agentes de la Guardia Civil. Según la documentación remitida a Pedraz, los investigadores habían informado previamente a Biedma de que los anexos incorporaban esas comunicaciones y fue la propia jueza quien decidió poner el documento a disposición de las partes. La UCO sostiene que no fue responsable de la filtración a los medios, aunque la autorización judicial para compartir información procesal no permite determinar, por sí sola, cómo llegó después a la prensa.

La aclaración tiene consecuencias para otra investigación, más delicada desde el punto de vista institucional: la apertura de expedientes internos contra agentes que trabajaban en causas relacionadas con el entorno del Gobierno. Pedraz trata de esclarecer si aquellas actuaciones respondieron a comprobaciones disciplinarias justificadas o si pudieron utilizarse como mecanismo de presión sobre la Policía Judicial.

En el centro de esa controversia aparece Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, cuya actuación está siendo examinada por la Audiencia Nacional.

Biedma autorizó entregar una guía que incluía los correos electrónicos

El origen del episodio se encuentra en la investigación dirigida desde un juzgado de Badajoz sobre David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.

Durante aquellas diligencias, la UCO examinó comunicaciones electrónicas intervenidas y elaboró documentación para facilitar su consulta. Entre los archivos figuraba una guía de acceso a los anexos que incorporaba una tabla con referencias a correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y David Sánchez.

En esas comunicaciones aparecían direcciones vinculadas a Presidencia del Gobierno, incluida una cuenta utilizada por la esposa del presidente y una referencia a la dirección electrónica de Pedro Sánchez.

Según la explicación policial trasladada a Pedraz, la tabla se generó automáticamente el 6 de septiembre de 2024, mediante una herramienta informática que permitía clasificar los mensajes correspondientes a 2018 y 2019.

La UCO asegura que el documento tenía inicialmente una finalidad instrumental: explicar a la magistrada cómo consultar las evidencias electrónicas recopiladas durante las pesquisas.

La controversia surgió cuando esa documentación pasó a estar disponible para las partes del procedimiento.

La Guardia Civil sostiene que Biedma conocía la existencia de los correos y consideró conveniente entregar la guía para garantizar el acceso de las defensas a la información del sumario.

No se trataba, por tanto, de una publicación de datos personales decidida unilateralmente por los investigadores, sino de una actuación realizada dentro del procedimiento judicial, conforme a la explicación ofrecida por la UCO.

La diferencia entre entregar documentación judicial y filtrarla

Este matiz resulta esencial para interpretar el nuevo informe.

Que una magistrada autorice el traslado de documentos a las partes no significa que permita su difusión pública. Son dos actuaciones diferentes, sometidas a responsabilidades y finalidades distintas.

El acceso al expediente permite a las defensas conocer las pruebas, examinar su contenido y ejercer sus derechos procesales. La publicación de información procedente de esas actuaciones constituye otro episodio, cuyo origen debe establecerse de manera independiente.

La UCO defiende que la decisión de facilitar el documento correspondió a la jueza, pero eso no supone atribuirle la posterior filtración periodística.

Tampoco acredita que alguna de las partes personadas difundiera los correos. La documentación conocida permite reconstruir cómo circuló la información dentro del procedimiento, no identificar definitivamente quién la trasladó a un medio de comunicación.

La publicación del correo de Begoña Gómez provocó una investigación interna

El asunto adquirió dimensión pública el 29 de noviembre de 2024, cuando OKDIARIO publicó información sobre correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y David Sánchez.

Entre los datos difundidos figuraba una dirección de correo vinculada a Presidencia del Gobierno.

La publicación provocó una reacción en la dirección de la Guardia Civil. Se puso en marcha una información reservada, un procedimiento interno destinado a comprobar lo sucedido y determinar si existían posibles responsabilidades disciplinarias.

Sin embargo, el nuevo informe sostiene que los responsables operativos recibieron explicaciones sobre el origen judicial de la documentación antes de que se decidiera abrir aquella investigación.

El general Alfonso López Malo, responsable de Policía Judicial, ha aportado comunicaciones dirigidas a Manuel Llamas el mismo 29 de noviembre.

En ellas explicaba cómo se había generado la tabla de correos y señalaba que la decisión de trasladar el documento a las partes correspondía a la magistrada instructora.

Pese a esas aclaraciones, Llamas comunicó su intención de ordenar la apertura de una información reservada.

La investigación terminó sin identificar responsabilidad disciplinaria, aunque se requirió una amonestación verbal al analista que había preparado la documentación.

Ese desenlace constituye uno de los elementos examinados en la causa que instruye Pedraz: los investigadores sostienen que ya habían facilitado explicaciones suficientes sobre la elaboración del documento y su entrega judicial.

Las llamadas de Marlaska y la dirección de la Guardia Civil

La controversia alcanzó posteriormente al Ministerio del Interior.

Manuel Llamas reconoció ante el juez que recibió llamadas del ministro Fernando Grande-Marlaska y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de conocerse la publicación de los datos relacionados con Begoña Gómez.

Según la explicación aportada por su defensa, ambas comunicaciones trasladaron la preocupación por los perjuicios derivados de la difusión de información personal de personas ajenas a la investigación principal.

Llamas ha defendido que las actuaciones internas respondieron a esa preocupación y ha negado que pretendiera presionar a los investigadores.

La cuestión es que la Fiscalía y el juez examinan si las informaciones reservadas pudieron tener otra finalidad, vinculada a las investigaciones que afectaban al PSOE, al Gobierno y a personas de su entorno.

Tanto Llamas como Mercedes González figuran como investigados en la causa por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Esa condición procesal no implica que exista una declaración de culpabilidad.

La UCO también niega haber filtrado los mensajes de Sánchez y Ábalos

El informe remitido a Pedraz aborda otro episodio relacionado con las investigaciones internas abiertas en la Guardia Civil.

En mayo de 2025 se publicaron conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos. La divulgación de esos mensajes motivó nuevas comprobaciones sobre una posible filtración procedente de la UCO.

La unidad sostiene que no disponía de las conversaciones difundidas cuando aparecieron en prensa.

Los investigadores explican que el material electrónico intervenido a Koldo García que habían conseguido descifrar contenía archivos anteriores a octubre de 2021, mientras que parte de los mensajes publicados correspondían a 2023.

Esa diferencia temporal es determinante para su defensa: los agentes argumentan que no podían haber filtrado desde aquel dispositivo unas conversaciones que no estaban almacenadas en él.

La documentación también recoge que Llamas recibió explicaciones sobre esta circunstancia, aunque se mantuvieron actuaciones internas para investigar el origen de las publicaciones.

La UCO rechaza igualmente determinadas afirmaciones de la defensa del DAO sobre supuestos desmentidos realizados por iniciativa propia ante las informaciones periodísticas.

Pedraz investiga si los expedientes sirvieron para presionar a los agentes

La nueva documentación se incorpora al procedimiento que Santiago Pedraz instruye en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de interferencias en investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y el entorno del Gobierno.

La causa incluye actuaciones atribuidas a personas del entorno de la exmilitante socialista Leire Díez y examina posibles maniobras destinadas a desacreditar o condicionar a investigadores, mandos policiales y otros responsables vinculados a procedimientos sensibles.

La jueza Beatriz Biedma también ha comparecido en esta investigación y ha relatado las presiones que, según su declaración, le comunicaron agentes de la Guardia Civil durante las pesquisas sobre David Sánchez.

En ese contexto, la discusión sobre los correos electrónicos adquiere una dimensión que va más allá de la protección de datos personales.

El problema que examina Pedraz es si determinadas decisiones adoptadas dentro de la estructura policial pudieron interferir en la independencia de los agentes que actuaban bajo instrucciones judiciales.

La distinción importa. Los mandos de la Guardia Civil tienen competencias disciplinarias y de organización interna, pero los investigadores que desempeñan funciones de Policía Judicial deben desarrollar sus diligencias conforme a las instrucciones de los jueces y fiscales competentes.

La apertura de una información reservada no constituye por sí misma una actuación ilícita. Para determinar si existió una presión indebida es necesario analizar sus motivos, las órdenes transmitidas, las comunicaciones entre responsables y las consecuencias que tuvieron para los agentes.

La decisión de Biedma cambia el contexto de las supuestas filtraciones

El informe conocido este jueves aporta una explicación documentada sobre la presencia de los correos relacionados con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el procedimiento judicial de David Sánchez.

Según la UCO, la magistrada autorizó que las partes recibieran documentación que contenía esos datos, pese a conocer previamente su existencia. Ese extremo refuerza la posición de los investigadores frente a la sospecha de que hubieran incorporado o facilitado la información al margen de las decisiones judiciales.

No resuelve, sin embargo, quién hizo llegar posteriormente esos datos a la prensa ni convierte en ilegítimas, de manera automática, todas las comprobaciones internas realizadas por la Guardia Civil.

La novedad está en el conocimiento previo que tenían los mandos policiales, según la documentación, sobre el origen y la entrega de los correos.

Pedraz deberá valorar si las explicaciones disponibles justificaban las decisiones adoptadas y si los expedientes respondieron a una finalidad disciplinaria legítima o pudieron utilizarse para condicionar investigaciones especialmente sensibles.

La investigación continúa abierta y todavía no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades penales por estas actuaciones.