Los expertos proponen subir el SMI a 1.281 euros en 2027, 60 euros más

El salario mínimo interprofesional (SMI) podría alcanzar los 1.281 euros brutos mensuales en 2027, repartidos en 14 pagas. El grupo de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo ha recomendado este miércoles, 4 de noviembre, una subida del 4,9 %, equivalente a 60 euros más al mes respecto a los 1.221 euros vigentes en 2026.

La propuesta supondría elevar el salario mínimo anual de 17.094 a 17.934 euros brutos, es decir, 840 euros adicionales al año. Todavía no es una decisión definitiva: el Gobierno debe negociar la cuantía con los sindicatos y las organizaciones empresariales antes de aprobar el correspondiente real decreto. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz pretende resolver la subida antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

El informe de los especialistas llega en un momento marcado por el encarecimiento de los precios y el debate sobre la capacidad de los salarios para mantener el poder adquisitivo. La recomendación toma como referencia una inflación interanual del 4,9 % en octubre, lo que explica que los expertos hayan optado por una actualización superior a la estrictamente necesaria para mantener el SMI en el 60 % del salario medio neto.

La decisión tendrá especial importancia para los trabajadores con las remuneraciones más bajas, pero también para las empresas que deberán asumir el incremento de los costes salariales. Queda por determinar cuánto subirá finalmente el sueldo mínimo y cómo se garantizará que la mejora llegue efectivamente a las nóminas.

Cuánto se cobraría con el nuevo SMI en 12 y 14 pagas

Si el Gobierno acepta la recomendación de los expertos, el salario mínimo de 2027 quedaría fijado en 1.281 euros brutos al mes para quienes perciban 14 pagas anuales. La cantidad incluye las dos gratificaciones extraordinarias habituales, generalmente abonadas en verano y Navidad.

Para los trabajadores que tengan las pagas extraordinarias prorrateadas, el importe ascendería a 1.494,50 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente a los 1.424,50 euros actuales. En este caso, la diferencia sería de 70 euros al mes, aunque el incremento anual seguiría siendo el mismo: 840 euros.

La distribución de las pagas no cambia el salario mínimo anual. Tampoco significa que todos los trabajadores vayan a recibir íntegramente esas cantidades en su cuenta bancaria, porque las cifras son brutas y están sujetas a las correspondientes cotizaciones sociales y, cuando proceda, a las obligaciones fiscales.

En los contratos a tiempo parcial, el SMI se aplica de forma proporcional a la jornada. Por ejemplo, una persona contratada a media jornada tendría como referencia 640,50 euros brutos en 14 pagas, siempre que se aprobase finalmente la cuantía recomendada y sin perjuicio de las condiciones más favorables que pueda establecer su convenio.

Por qué los expertos recomiendan una subida del 4,9 %

El informe encargado por Trabajo tenía dos objetivos: comprobar qué incremento permitiría mantener el SMI en el 60 % del salario medio neto y calcular cuánto tendría que subir para evitar que los trabajadores perdieran capacidad adquisitiva.

Los resultados no son iguales. Según los cálculos de la comisión asesora, bastaría con un incremento aproximado del 2,7 %, hasta unos 1.254 euros mensuales, para conservar la referencia del 60 % del salario medio neto, bajo el supuesto de que el SMI no tribute por IRPF.

Sin embargo, esa actualización quedaría por debajo del encarecimiento de los precios. El indicador adelantado de inflación correspondiente a octubre de 2026 sitúa el incremento interanual del índice de precios de consumo (IPC) en el 4,9 %.

Los expertos consideran que una subida limitada al 2,7 % no permitiría preservar el poder de compra de los trabajadores con los salarios más bajos. Por eso recomiendan elevar el porcentaje hasta igualar la inflación interanual registrada.

Hay una diferencia importante: mantener el poder adquisitivo no equivale a mejorarlo. Un aumento salarial similar al de los precios puede compensar su encarecimiento, pero no garantiza que los trabajadores puedan adquirir más bienes y servicios que antes. Tampoco recupera automáticamente las posibles pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

Los sindicatos piden un 7 % y la patronal cuestiona los plazos

La propuesta de los expertos será el punto de partida de una negociación en la que existen posiciones diferentes.

CCOO y UGT han reclamado que el salario mínimo aumente al menos un 7 % en 2027. Su planteamiento pretende compensar el encarecimiento del coste de vida y recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Aplicar ese porcentaje sobre los 1.221 euros actuales supondría situar el SMI en aproximadamente 1.306,47 euros mensuales en 14 pagas, unos 25 euros por encima de la recomendación de los especialistas.

La patronal, por su parte, ha criticado las prisas del Ministerio de Trabajo para cerrar la negociación antes de las elecciones generales. Hasta el momento, las organizaciones empresariales no han concretado una propuesta alternativa de incremento para 2027.

El Gobierno puede aprobar la nueva cuantía sin necesidad de alcanzar un acuerdo con todos los interlocutores sociales. De hecho, las últimas actualizaciones del salario mínimo han salido adelante con el respaldo de los sindicatos, pero sin la firma de las organizaciones empresariales.

El conflicto de los complementos salariales

La negociación incluye otra cuestión especialmente relevante: la posibilidad de que las empresas compensen las subidas del salario mínimo mediante determinados complementos salariales que ya perciben sus trabajadores.

Los sindicatos reclaman una regulación que impida que la actualización del SMI quede neutralizada por estos mecanismos de compensación y absorción.

El asunto es importante porque no todos los trabajadores que cobran cerca del salario mínimo experimentan necesariamente el mismo incremento en su nómina. La estructura salarial, los conceptos retributivos y las condiciones del convenio colectivo pueden influir en el resultado.

Trabajo pretende reforzar las garantías para que las subidas lleguen efectivamente a los empleados, aunque las diferencias con el Ministerio de Economía han complicado la aprobación de una regulación específica.

El IRPF será decisivo para calcular el salario neto

El tratamiento fiscal del salario mínimo vuelve a formar parte del debate.

La recomendación del 4,9 % se ha elaborado tomando como referencia un escenario en el que el SMI continúe sin tributar por el IRPF. El Gobierno ha anticipado su intención de mantener ese tratamiento mediante una nueva deducción fiscal, aunque todavía no ha concretado cómo se articulará para 2027.

La cuestión provocó diferencias entre Trabajo y Hacienda en ejercicios anteriores. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que los perceptores del salario mínimo no deban pagar este impuesto, Hacienda ha planteado en el pasado que el incremento continuado de las retribuciones también debería reflejarse en la tributación.

La eventual deducción fiscal permitiría evitar una carga efectiva por IRPF para los beneficiarios que cumplieran sus condiciones. En cualquier caso, la ausencia de IRPF no elimina las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por eso, aunque la propuesta contempla una mejora de 60 euros brutos por paga, no puede afirmarse que todos los trabajadores vayan a recibir exactamente 60 euros netos más. La cantidad dependerá de las deducciones aplicables y de las circunstancias particulares de cada nómina.

El SMI de 2027, pendiente del Gobierno y del calendario electoral

El Ministerio de Trabajo quiere aprobar la actualización antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, una previsión que adelantaría considerablemente el calendario habitual.

En los últimos años, las subidas del salario mínimo se han aprobado generalmente durante los primeros meses del ejercicio correspondiente, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

El Gobierno pretende evitar ese retraso y fijar la nueva cuantía antes de que termine la legislatura. La iniciativa ha suscitado críticas de la oposición, que cuestiona la oportunidad electoral de la decisión, mientras el Ejecutivo defiende la conveniencia de garantizar la actualización salarial con antelación.

La subida afectaría directamente a quienes perciben el salario mínimo o tienen una remuneración inferior al nuevo umbral legal. También puede tener consecuencias para trabajadores cuyos salarios deban revisarse para ajustarse a la nueva cuantía.

La referencia es significativa: el Gobierno estimó que la actualización del SMI para 2026 beneficiaría a unos 2,5 millones de trabajadores. Esa cifra permite dimensionar el alcance de la medida, aunque no constituye una estimación definitiva de los beneficiarios de la subida de 2027.

El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, una subida acumulada de aproximadamente el 66 %. Si se aprobasen los 1.281 euros recomendados, el incremento respecto a 2018 rondaría el 74 % en términos nominales.

La evolución refleja el peso creciente del SMI dentro de la política salarial española. Sin embargo, la inflación obliga a distinguir entre cuánto aumenta una nómina y cuánto mejora realmente el nivel de vida de quien la recibe.

De momento, los 1.281 euros son una recomendación técnica, no una cuantía aprobada. El importe definitivo, las condiciones fiscales y la fecha efectiva de aplicación deberán concretarse mediante la decisión del Gobierno y su publicación oficial.