Hungría abre archivos de la policía secreta comunista: 60.000 nombres

Hungría ha hecho públicos este miércoles, 4 de noviembre de 2026, los nombres de unas 60.000 personas registradas en los archivos de la policía secreta durante la dictadura comunista. La documentación, mantenida durante décadas fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos, puede consultarse gratuitamente en una base de datos digital. Entre los registros figuran antiguos agentes, informantes, colaboradores y personas a las que los servicios de seguridad intentaron reclutar.

La decisión llega 36 años después de la transición democrática de 1990 y supone una de las mayores aperturas de archivos de la historia reciente del país. El Gobierno del primer ministro Péter Magyar, que llegó al poder tras derrotar a Viktor Orbán en las elecciones de abril, ha impulsado la medida para esclarecer el funcionamiento del aparato represivo que vigiló a la población durante buena parte del siglo XX.

La publicación afecta a miles de familias que podrían descubrir vínculos desconocidos de padres, abuelos, familiares o conocidos con los antiguos servicios de inteligencia. Durante el régimen comunista, los informantes podían ser reclutados mediante amenazas, chantajes o promesas de beneficios y recibían instrucciones para vigilar a compañeros de trabajo, amigos, vecinos e incluso familiares.

Sin embargo, hay una distinción fundamental: aparecer en los archivos no demuestra que alguien fuese un delator. Algunos nombres corresponden a personas que rechazaron colaborar o que fueron investigadas como posibles candidatos para incorporarse a la red de espionaje.

Qué contienen los 60.000 nombres publicados por Hungría

El Archivo Histórico de los Servicios de Seguridad del Estado de Hungría (ÁBTL) ha abierto la plataforma digital Nyitott Akták, cuyo nombre significa «Archivos abiertos».

El sistema permite consultar gratuitamente los registros de la antigua policía política mediante búsquedas por nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombre en clave y otros datos identificativos. También incorpora referencias documentales para facilitar la localización de expedientes. No es necesario registrarse para utilizar el buscador.

La publicación inicial incluye tres grandes conjuntos de documentos que permiten reconstruir parte del funcionamiento de los servicios secretos comunistas.

Fichas de agentes, registros de reclutamiento y cintas magnéticas

Las denominadas fichas número 6 contienen información personal de los individuos registrados por los servicios de seguridad. Algunas incluyen detalles sobre las circunstancias de su reclutamiento, sus motivaciones y el tiempo durante el cual estuvieron vinculados a la organización.

También se han publicado los registros B, libros administrativos sobre procesos de reclutamiento de los que se conservan documentos correspondientes al periodo comprendido entre 1957 y 1962.

El tercer conjunto procede de la llamada base de datos H, una colección de registros almacenados en cintas magnéticas desde la década de 1970. Contiene nombres reales, identidades encubiertas y otros datos de personas incluidas en la red de seguridad del Estado.

Las diferentes colecciones contienen numerosas entradas repetidas. Por eso, aunque algunos registros reúnen decenas de miles de referencias, el archivo calcula que el número total de personas identificables ronda las 50.000 o 60.000.

La documentación constituye una fuente extraordinaria para comprender cómo operaba un sistema de vigilancia que penetraba en ámbitos cotidianos de la sociedad húngara. Pero también exige precaución: los archivos fueron elaborados por los propios organismos represivos y su contenido no siempre puede considerarse verdadero o completo.

Una red de espionaje que pudo alcanzar a 150.000 personas

La dimensión del aparato de vigilancia era considerablemente mayor que la reflejada en los documentos publicados.

Los investigadores estiman que los servicios de seguridad comunistas pudieron reclutar a unas 150.000 personas durante las décadas de funcionamiento de la dictadura. Sin embargo, únicamente se conservan referencias identificables de una parte de ellas.

La policía política buscaba detectar actividades consideradas contrarias al régimen. Para ello, utilizaba tanto a funcionarios profesionales como a ciudadanos corrientes que facilitaban información sobre su entorno.

Los métodos de reclutamiento no fueron uniformes. Algunas personas aceptaban colaborar voluntariamente, mientras otras lo hacían bajo presión. También hubo quienes rechazaron las propuestas, fingieron cooperar o proporcionaron información falsa.

Esta diferencia resulta esencial para interpretar los documentos. Una ficha administrativa puede demostrar que los servicios secretos registraron a determinada persona, pero no necesariamente que esta llegara a trabajar para ellos.

El problema se agrava porque muchos expedientes desaparecieron o fueron destruidos. Hubo importantes pérdidas documentales durante la revolución húngara de 1956 y nuevas destrucciones en los últimos años del régimen, especialmente entre 1988 y 1989.

En consecuencia, la base de datos no constituye una relación completa de colaboradores. Tampoco permite establecer automáticamente responsabilidades individuales.

Por qué Hungría ha tardado 36 años en abrir los archivos

Hungría vivió bajo un régimen comunista de partido único entre 1949 y 1989. Durante esas cuatro décadas, la policía política desempeñó un papel central en la vigilancia de la sociedad y la represión de la disidencia.

La transición democrática culminó en 1990, pero la apertura de los archivos de inteligencia quedó pendiente. A diferencia de otros países del antiguo bloque soviético, Hungría mantuvo restricciones importantes sobre la documentación de sus antiguos servicios secretos.

Hasta esta reforma, los investigadores podían acceder a determinados materiales y los ciudadanos tenían derecho a consultar principalmente información sobre sí mismos o familiares cercanos. El acceso público general seguía limitado.

El debate se prolongó durante sucesivos gobiernos. Uno de los motivos más controvertidos era la posibilidad de que los expedientes revelaran relaciones entre antiguos colaboradores de la policía política y personas que posteriormente ocuparon responsabilidades públicas.

La llegada al poder de Péter Magyar y su partido Tisza cambió el escenario. El nuevo Ejecutivo convirtió la apertura documental en un compromiso político y promovió la legislación necesaria para ampliar el acceso.

La fecha elegida tampoco es casual. El 4 de noviembre de 1956, las tropas soviéticas iniciaron una gran ofensiva para aplastar la revolución húngara, uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia contemporánea del país.

Setenta años después, la apertura de los archivos devuelve a la actualidad una parte de aquella historia y de las décadas de represión que siguieron.

Viktor Orbán asegura que rechazó ser informante

La publicación de los documentos también ha reavivado el debate sobre el pasado de algunos dirigentes políticos, incluido el ex primer ministro Viktor Orbán.

Un día antes de la apertura de los archivos, Orbán afirmó que los servicios secretos comunistas intentaron reclutarlo como informante durante su servicio militar obligatorio en la década de 1980, pero que rechazó la propuesta.

El antiguo jefe del Gobierno difundió documentos en sus redes sociales para respaldar su versión. También aseguró que posteriormente fue sometido a vigilancia y que los organismos de seguridad utilizaron informantes y dispositivos de escucha para controlar sus actividades y las de otros miembros de la oposición.

Estas declaraciones forman parte del relato del propio Orbán y no constituyen una prueba de colaboración con la policía política. Su aparición en registros de seguridad, por sí sola, tampoco permitiría extraer esa conclusión.

La controversia refleja uno de los mayores riesgos de la desclasificación: que documentos elaborados por una dictadura se utilicen para formular acusaciones sin examinar sus circunstancias, su autenticidad y el conjunto de las pruebas disponibles.

En febrero de 2027 saldrán nuevos expedientes secretos

La publicación del 4 de noviembre es únicamente la primera fase del proceso.

El Archivo Histórico prepara una segunda entrega de documentación más extensa, cuya fecha de referencia es el 25 de febrero de 2027, Día de Conmemoración de las Víctimas del Comunismo en Hungría.

Esta nueva fase incorporará alrededor de 9.000 expedientes de reclutamiento, conocidos como documentos B. Algunos contienen decenas o incluso cientos de páginas sobre personas investigadas o incorporadas a las redes de seguridad del Estado.

Su contenido puede resultar especialmente importante porque permite estudiar las circunstancias del reclutamiento, las relaciones con los funcionarios responsables y, cuando existen pruebas suficientes, la actividad desarrollada por los colaboradores.

No todos los documentos estarán necesariamente disponibles al mismo tiempo. El archivo continúa revisando y preparando los materiales, y parte de ellos podría publicarse después de febrero.

Los responsables también deberán proteger información sensible. Los datos sobre salud, vida sexual, adicciones y otros aspectos íntimos estarán sujetos a restricciones, especialmente cuando afecten a personas vigiladas o a terceros ajenos al aparato represivo.

El objetivo es hacer públicos los mecanismos de la dictadura sin convertir la intimidad de sus víctimas en información de libre circulación.

Los secretos del comunismo que Hungría todavía no puede recuperar

La apertura de los archivos representa un cambio importante en la relación de Hungría con su pasado, aunque no resolverá todos los interrogantes sobre el funcionamiento de la policía política.

Numerosos documentos desaparecieron y otros se conservan de manera fragmentaria. Los historiadores deberán contrastar las fichas con testimonios, correspondencia y otros registros para determinar qué ocurrió realmente en cada caso.

Las consecuencias también pueden ser personales. Algunas familias descubrirán que un familiar colaboró con las autoridades; otras encontrarán simplemente que fue vigilado, presionado o señalado como posible informante.

Péter Magyar ha pedido que la información se trate con dignidad y humanidad, consciente de que muchas personas podrían enfrentarse a episodios desconocidos de su historia familiar.

La decisión llega más de tres décadas después del final del régimen comunista y recuerda una cuestión que Hungría mantuvo durante años sin resolver: el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funcionó el sistema que los vigilaba.

Los 60.000 nombres publicados no cuentan toda la historia de la dictadura, pero permiten empezar a reconstruir una parte de ella que permaneció oculta mucho después de la llegada de la democracia.