Paraguay cierra Ueno Bank: protestas, ahorros bloqueados y dimisiones

Paraguay atraviesa una grave crisis bancaria y política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el cierre operativo y la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país, con aproximadamente 2,9 millones de clientes. La decisión, anunciada el 3 de noviembre de 2026, ha dejado temporalmente bloqueados los depósitos y ha provocado protestas, detenciones y una creciente presión sobre el Gobierno del presidente Santiago Peña.

El cierre se produjo después de que el supervisor detectara que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. Las autoridades han iniciado un procedimiento para resolver la situación de la entidad y proteger a los depositantes, aunque las cuentas, las tarjetas y las transferencias permanecen suspendidas. La crisis ha provocado también la dimisión del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y una investigación penal que afecta a ocho directivos del banco.

El problema va bastante más allá de los clientes particulares. Ueno Bank gestiona importantes recursos de organismos públicos, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de buena parte del sistema de pensiones paraguayo. Miles de jubilados dependen de sus servicios para recibir sus prestaciones.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la devolución del dinero, las movilizaciones han llegado hasta las inmediaciones del Congreso. Algunos manifestantes y sectores de la oposición reclaman incluso un juicio político contra Peña, cuestionado por sus anteriores relaciones empresariales con el grupo propietario del banco.

Por qué el Banco Central ha cerrado Ueno Bank

La decisión de intervenir Ueno Bank fue aprobada por unanimidad por el directorio del Banco Central el 2 de noviembre de 2026, aunque sus consecuencias se hicieron visibles al día siguiente, cuando comenzaron a suspenderse las operaciones de la entidad.

La autoridad monetaria constató un deterioro patrimonial que situaba el índice de solvencia del banco por debajo de la mitad del mínimo requerido. El problema apareció tras diversos ajustes de sus estados financieros realizados durante un proceso de regularización.

En términos sencillos, el capital disponible para afrontar los riesgos asumidos por el banco resultó insuficiente para cumplir las exigencias legales. No se trata únicamente de una falta puntual de efectivo: es un problema de solvencia financiera que obliga al supervisor a intervenir.

El procedimiento se desarrolla conforme a la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras. Los interventores designados deberán examinar la situación patrimonial, preservar los activos y determinar cómo atender las obligaciones pendientes.

El cierre operativo afecta a los servicios bancarios habituales. Los clientes no pueden utilizar normalmente las tarjetas de crédito y débito, efectuar transferencias ni retirar dinero de sus cuentas. Las sucursales también han suspendido su actividad ordinaria.

La intervención tampoco equivale a una promesa de recuperación inmediata de todos los depósitos. El proceso deberá determinar qué recursos están disponibles y cómo se distribuirán conforme a la legislación. El Banco Central ha insistido en que la prioridad es proteger a los ahorradores y evitar que la crisis se extienda al resto del sistema financiero.

Cuánto dinero pueden recuperar los clientes de Ueno Bank

La principal preocupación de los afectados es saber cuándo recuperarán sus ahorros y qué cantidades están protegidas. El Banco Central ha confirmado que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera.

Con los valores vigentes, esa cobertura alcanza los 228.300.000 guaraníes, equivalentes aproximadamente a 38.600 dólares. La garantía se aplica al conjunto de los depósitos de cada titular en Ueno Bank, no de manera independiente a cada cuenta.

Según las estimaciones preliminares difundidas sobre el caso, esta protección permitiría cubrir íntegramente los saldos de aproximadamente el 97 % de los depositantes. Es una cifra relevante, aunque no elimina la incertidumbre sobre los plazos de devolución ni sobre los clientes con cantidades superiores al máximo garantizado.

El BCP anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por cliente, aproximadamente 1.675 dólares, con cargo al fondo de garantía. El resto de los depósitos protegidos se abonará conforme al calendario que establezcan las autoridades.

No obstante, el comunicado inicial sobre estos pagos no precisaba todavía una fecha definitiva ni el procedimiento completo para cobrarlos. Las deudas pendientes con Ueno Bank podrán descontarse de las cantidades que correspondan al depositante, conforme a las condiciones aplicables.

Las autoridades han señalado un horizonte inicial de hasta 15 días para determinadas actuaciones del procedimiento de resolución, pero eso no significa que todos los clientes vayan a recibir íntegramente sus fondos en ese plazo. Los saldos que superen la garantía legal dependerán de los mecanismos de recuperación previstos en la intervención.

El Senado aprueba anticipos de hasta 121 millones de guaraníes

La presión de los afectados ha llevado al Parlamento paraguayo a buscar una solución más rápida. El Senado aprobó el 3 de noviembre un proyecto para permitir anticipos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, equivalentes aproximadamente a 121 millones de guaraníes.

La propuesta contempla agilizar el acceso a estos fondos mediante un mecanismo de pago en 24 horas, sin modificar necesariamente el límite total de cobertura de los depósitos. También establece que, antes de calcular determinados desembolsos, puedan compensarse las obligaciones vencidas del cliente con la entidad.

La Cámara de Diputados tiene convocada para este miércoles 4 de noviembre una sesión extraordinaria destinada a examinar las medidas de emergencia. El proyecto necesita completar su tramitación para convertirse en una norma aplicable.

Para los ahorradores, la diferencia es importante: el Banco Central ha anunciado un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, mientras que el Parlamento estudia un mecanismo de anticipos más elevados. Son actuaciones distintas y sus condiciones definitivas dependen de las decisiones administrativas y legislativas.

Las pensiones y los fondos públicos agravan la crisis

Una de las cuestiones más delicadas es la presencia de dinero público en Ueno Bank. El Instituto de Previsión Social mantiene inversiones estimadas en unos 355 millones de dólares en la entidad, mediante certificados de depósito y otros instrumentos financieros.

Estas colocaciones representan aproximadamente el 9 % de la cartera de inversiones del IPS, según los datos facilitados por responsables del organismo. La magnitud de esa exposición ha intensificado el debate sobre los criterios utilizados para invertir recursos destinados al sistema público de pensiones.

Ueno Bank también canaliza el pago de las prestaciones de alrededor de 32.000 jubilados, que han visto cómo la intervención alteraba el funcionamiento de sus cuentas habituales.

El IPS sostiene que las pensiones continuarán abonándose y trabaja en la habilitación de cuentas en otras entidades para garantizar los pagos. Los responsables del organismo han explicado que las prestaciones ordinarias se financian con las aportaciones de trabajadores y empresas, no directamente con las inversiones inmovilizadas en Ueno Bank.

Sin embargo, la recuperación de sus inversiones constituye un asunto diferente, condicionado por el proceso de resolución y las decisiones que adopten las autoridades. El IPS ha anunciado actuaciones técnicas y jurídicas para proteger su patrimonio, sin descartar las reclamaciones judiciales necesarias.

Otros organismos públicos, como la Administración Nacional de Electricidad y entidades vinculadas a Itaipú, también mantienen recursos relacionados con Ueno Bank. La exposición del sector público amplifica las consecuencias económicas y políticas de la crisis.

El Gobierno pretende establecer mecanismos extraordinarios para proteger estos fondos. La dificultad es considerable: garantizar los depósitos particulares y recuperar las inversiones públicas son dos objetivos distintos, aunque ambos formen parte de las medidas de emergencia.

Protestas, ocho detenidos y la dimisión del Banco Central

El cierre de Ueno Bank provocó movilizaciones desde las primeras horas del martes. Clientes y pensionistas acudieron a distintas sucursales para reclamar información y recuperar su dinero. Muchos comprobaron que no podían utilizar sus tarjetas ni acceder a los fondos depositados.

En Asunción, centenares de personas se concentraron en el entorno del Panteón Nacional de los Héroes. La protesta derivó en enfrentamientos e incidentes con la Policía cuando algunos participantes intentaron avanzar hacia el Congreso.

Durante la noche, otro grupo de manifestantes permaneció en las inmediaciones del Parlamento para exigir la devolución de los depósitos y reclamar responsabilidades políticas. Algunos participantes anunciaron que mantendrían las movilizaciones mientras no recibieran garantías concretas sobre sus ahorros.

La crisis ha alcanzado también a la dirección del banco. La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez Villasanti, ambos relacionados con la máxima dirección de la entidad.

Las detenciones forman parte de una investigación por presunta lesión de confianza y otros posibles delitos relacionados con la gestión bancaria. Los investigados conservan la presunción de inocencia y las responsabilidades deberán determinarse judicialmente.

A las actuaciones penales se sumó una decisión política de especial relevancia: Santiago Peña solicitó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, que había dirigido la antigua Financiera Ueno antes de asumir la máxima responsabilidad del supervisor en 2023.

Carvallo presentó su dimisión y Liana Caballero asumió la presidencia interina del organismo. La salida del responsable del supervisor ha intensificado las dudas sobre cómo se vigiló el crecimiento de Ueno Bank y cuándo empezaron a detectarse sus problemas financieros.

Los vínculos empresariales que salpican al Gobierno de Peña

El caso ha reabierto el debate sobre las relaciones entre el poder político y determinadas entidades financieras de Paraguay. Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta 2025.

Estas relaciones habían suscitado críticas por posibles conflictos de intereses, especialmente ante el crecimiento de los depósitos e inversiones de organismos estatales en la entidad.

La polémica tampoco empezó con el cierre. Durante los meses anteriores, Ueno Bank había sido objeto de cuestionamientos sobre su expansión, su situación financiera y las operaciones con empresas vinculadas a sus propietarios.

En octubre, la agencia Fitch Ratings modificó a negativa la perspectiva de la entidad, mientras el regulador ya había advertido de problemas relacionados con la concentración de determinados préstamos.

Peña había defendido anteriormente la estabilidad del banco frente a las informaciones que cuestionaban su situación. Tras la intervención, el presidente reclamó responsabilidades y anunció medidas legislativas para proteger los ahorros y los recursos públicos.

La oposición considera insuficiente esa reacción. Algunos senadores han planteado impulsar un juicio político contra Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana, aunque esa iniciativa necesitaría superar importantes obstáculos parlamentarios.

Los antecedentes empresariales del presidente y las críticas a la supervisión financiera justifican el debate sobre las responsabilidades institucionales, pero no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal. Las posibles irregularidades deberán acreditarse mediante las investigaciones correspondientes.

Paraguay intenta contener una crisis de confianza bancaria

El Banco Central insiste en que la situación de Ueno Bank constituye un caso particular y no refleja un deterioro generalizado del sistema financiero paraguayo.

La Asociación de Bancos del Paraguay también ha defendido la liquidez y solidez del resto del sector, descartando un contagio inmediato a otras entidades. Por el momento, la intervención se concentra en Ueno Bank y no se han anunciado medidas equivalentes para el conjunto de la banca nacional.

Sin embargo, la crisis llega en un momento especialmente sensible para un país que ha intentado consolidar su atractivo para la inversión internacional y reforzar su reputación de estabilidad económica.

El rápido crecimiento de Ueno Bank, sus estrechas relaciones con importantes actores económicos y el volumen de recursos públicos que administraba obligan a revisar no solo lo ocurrido dentro de la entidad, sino también la eficacia de los controles financieros ejercidos durante los últimos años.

La prioridad inmediata sigue siendo devolver el dinero a los depositantes, garantizar las pensiones y establecer el alcance real de las pérdidas. Después llegará la exigencia de responsabilidades, tanto administrativas como penales, si se acreditan irregularidades.

Para los cerca de tres millones de clientes afectados, la discusión política tiene una consecuencia mucho más concreta: una cuenta bancaria que ha dejado de funcionar y unos ahorros cuyo acceso depende de las próximas decisiones del supervisor.

La capacidad de Paraguay para resolver esa situación sin extender el problema al resto del sistema financiero será determinante. También lo será que la investigación permita aclarar cómo una de las entidades más populares del país terminó sometida a una intervención de semejante magnitud. La devolución de los depósitos será el primer examen de una crisis que también ha puesto a prueba la credibilidad de las instituciones paraguayas.