La Fiscalía rebaja a 5 años la petición a Ignacio González en Lezo

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de seis a cinco años de prisión la pena que solicita para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en su primer juicio por el caso Lezo. La decisión, comunicada este jueves 5 de noviembre ante la Audiencia Nacional, responde a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, debido al tiempo transcurrido durante la tramitación de la causa.

La reducción también beneficia a los otros cuatro acusados, entre ellos un hermano y un cuñado del antiguo dirigente del PP. Los cinco están procesados por dos presuntos delitos de cohecho relacionados con adjudicaciones del Canal de Isabel II entre 2004 y 2006. La Fiscalía mantiene su acusación, pero considera que los retrasos del procedimiento justifican reducir la pena solicitada.

El juicio examina si González aprovechó sus responsabilidades públicas para favorecer económicamente a familiares suyos mediante contratos vinculados a la construcción y explotación de un campo de golf en Madrid. El expresidente autonómico niega haber intervenido irregularmente en esas adjudicaciones y sostiene que desconocía la vinculación de sus familiares con una de las empresas beneficiadas.

La Fiscalía reduce las penas de los cinco acusados

La modificación de las conclusiones de Anticorrupción afecta a todos los procesados en esta pieza del caso Lezo.

Junto a Ignacio González están acusados su hermano Pablo González, su cuñado José Juan Caballero, el empresario José Antonio Clemente, socio de ambos, y Ildefonso de Miguel, antiguo director gerente del Canal de Isabel II.

Para todos ellos, la representante del Ministerio Público ha reducido de seis a cinco años su petición de prisión por los dos presuntos delitos de cohecho.

La rebaja no supone que la Fiscalía haya retirado las acusaciones ni que considere inocentes a los procesados. Tampoco implica que exista una condena. Se trata de una modificación de la pena solicitada, mientras que corresponderá al tribunal decidir si los hechos están probados y si existe responsabilidad penal.

La diferencia es importante: cinco años de cárcel es la petición de la Fiscalía, no una sentencia de la Audiencia Nacional.

El campo de golf del Canal de Isabel II, origen del juicio

Los hechos investigados se remontan a la etapa en la que Ignacio González ejercía como vicepresidente de la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre y presidía el Canal de Isabel II.

El procedimiento se centra en dos adjudicaciones relacionadas con unas instalaciones deportivas situadas en los terrenos del tercer depósito del Canal, en la avenida de Filipinas de Madrid.

La primera operación investigada corresponde a 2004, cuando se modificó un proyecto previamente adjudicado a la constructora Dragados. La modificación introdujo un campo de golf que no figuraba en el planteamiento inicial.

Según la tesis de Anticorrupción, González e Ildefonso de Miguel habrían facilitado aquella modificación para que la constructora subcontratase determinados trabajos a Tecnoconcret (TCT), una sociedad vinculada al hermano y al cuñado del expresidente madrileño.

La segunda adjudicación investigada se produjo en 2006 y afectaba a la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. En aquella contratación también participó una unión temporal de empresas de la que formaba parte Tecnoconcret.

La Fiscalía sostiene que la empresa carecía de la capacidad técnica necesaria para ejecutar los trabajos que se le encomendaron y que su intervención permitió obtener un beneficio económico indebido.

De acuerdo con la acusación, ambas operaciones habrían proporcionado a Tecnoconcret al menos 504.780 euros procedentes de fondos públicos.

Es precisamente ese supuesto beneficio, y la posible intervención de responsables públicos para favorecerlo, lo que constituye el núcleo de la causa.

Ignacio González niega haber favorecido a su familia

El expresidente madrileño declaró este miércoles 4 de noviembre ante la Audiencia Nacional y rechazó las acusaciones.

González aseguró que nunca había intervenido para favorecer a nadie en las contrataciones del Canal de Isabel II. También sostuvo que desconocía las relaciones empresariales de su hermano y su cuñado con Tecnoconcret.

Su defensa mantiene que las decisiones sobre las adjudicaciones correspondían a los órganos competentes de la empresa pública y que no participó en ninguna maniobra destinada a alterar los contratos.

Durante su declaración también negó haber tenido un interés personal en el proyecto del campo de golf.

La intervención de Esperanza Aguirre en el juicio

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre compareció como testigo el pasado 22 de octubre.

Aguirre reconoció su interés en que los terrenos del Canal de Isabel II acogieran instalaciones deportivas, pero se desvinculó de las posibles irregularidades en las adjudicaciones investigadas.

Su declaración forma parte de las pruebas que deberá valorar el tribunal para determinar qué responsabilidades correspondían a los responsables políticos y a los directivos de la empresa pública.

Por qué los retrasos judiciales reducen la pena solicitada

La decisión de Anticorrupción está relacionada con una circunstancia prevista en el Código Penal español: la atenuante de dilaciones indebidas.

Esta figura permite reducir la responsabilidad penal cuando un procedimiento judicial ha sufrido retrasos extraordinarios e injustificados que no pueden atribuirse al acusado y resultan desproporcionados respecto a la complejidad de la causa.

En el caso Lezo, la investigación comenzó hace aproximadamente una década, mientras que algunas de las operaciones examinadas se remontan a más de veinte años atrás.

La prolongación de los procedimientos ya había tenido consecuencias en otra pieza de esta investigación. El pasado octubre, la Fiscalía también rebajó las penas solicitadas para los acusados por las presuntas irregularidades en la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Aquel proceso, en el que Ignacio González no figuraba como acusado, también acumuló importantes retrasos.

La aplicación de esta atenuante no elimina los delitos investigados ni invalida las pruebas practicadas. Su efecto se limita a la valoración de la pena que podría imponerse en caso de condena.

Hay una paradoja difícil de ignorar: la duración de una investigación por corrupción puede terminar reduciendo el castigo solicitado, aunque eso no significa que desaparezca la responsabilidad penal que pudiera acreditarse.

Ignacio González afronta otros dos juicios del caso Lezo

La causa sobre el campo de golf no es el único procedimiento judicial pendiente para el expresidente madrileño.

Ignacio González, que fue detenido en abril de 2017 y permaneció aproximadamente seis meses en prisión provisional, tiene pendientes otros dos juicios relacionados con la gestión del Canal de Isabel II.

Uno se refiere a la adquisición de la empresa brasileña Emissao, una operación que la investigación considera presuntamente perjudicial para la compañía pública madrileña.

El otro examina supuestas irregularidades y el presunto pago de una comisión de 1,8 millones de euros relacionada con la adjudicación de las obras del tren entre Móstoles y Navalcarnero.

Ambos procedimientos tienen previsto celebrarse en 2027. Por estas dos piezas, la Fiscalía había solicitado otros doce años de prisión para el antiguo dirigente popular, independientemente de la pena reclamada en el juicio del campo de golf.

Se trata de procesos distintos, con hechos y acusaciones que deberán ser examinados de manera individual.

La Audiencia Nacional deberá decidir si hubo corrupción

El juicio del campo de golf se encuentra en su fase final después de las declaraciones de los acusados y de los testimonios practicados durante las últimas semanas.

La Audiencia Nacional deberá determinar si las adjudicaciones del Canal de Isabel II fueron manipuladas para beneficiar a una empresa relacionada con familiares de Ignacio González y si los procesados incurrieron en los delitos que les atribuye Anticorrupción.

La rebaja de seis a cinco años modifica la posición de la Fiscalía sobre el castigo solicitado, pero no resuelve ninguna de esas cuestiones.

Para González, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, el proceso representa el primer juicio en el que se sienta como acusado por el caso Lezo. Una investigación que comenzó hace casi diez años y que todavía mantiene abiertas varias de sus principales consecuencias judiciales.

La decisión sobre su culpabilidad o inocencia sigue pendiente. Y será la sentencia, no la petición de penas, la que determine el resultado de esta pieza del procedimiento.