El PP niega que su abogado ofreciera un millón a Koldo contra Sánchez

El Partido Popular ha negado este jueves, 5 de noviembre de 2026, que su abogado Alberto Durán ofreciera un millón de euros a Koldo García a cambio de facilitar información comprometedora contra Pedro Sánchez y su Gobierno. La acusación, formulada por el antiguo asesor de José Luis Ábalos desde prisión, ha provocado una nueva confrontación política. El PSOE exige explicaciones a Alberto Núñez Feijóo y considera que, si los hechos se confirman, estaríamos ante una operación de guerra sucia contra el Ejecutivo.

La controversia estalló después de que la Cadena SER difundiera unas declaraciones de Koldo García en las que sostiene que alcanzó un supuesto acuerdo con Durán para recibir un millón de euros y el pago de su defensa judicial a través de la empresa editora de Okdiario. El PP rechaza categóricamente esa versión, mientras que existen documentos judiciales que acreditan un dato distinto, pero relacionado: la sociedad editora del periódico abonó 242.000 euros por los gastos de defensa del exasesor ministerial.

El caso presenta, por tanto, dos planos que conviene diferenciar. Uno es el pago documentado de los honorarios de sus abogados. Otro, mucho más delicado políticamente, es el supuesto pacto para obtener declaraciones perjudiciales para dirigentes socialistas, cuya existencia y condiciones no están acreditadas judicialmente.

El PP desmiente el supuesto pacto entre su abogado y Koldo García

Fuentes de la dirección nacional del PP han calificado de «absolutamente falso» el relato de Koldo García. La formación ha rechazado que su representante jurídico ofreciera dinero al exasesor a cambio de acusaciones contra el presidente del Gobierno.

Alberto Durán, que ejerció responsabilidades jurídicas en el Partido Popular y participó como abogado en procedimientos relacionados con presuntas irregularidades que afectaban al PSOE, también ha negado las afirmaciones del antiguo colaborador de Ábalos.

Desde la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova, han optado por no extenderse sobre el contenido de las acusaciones para evitar darles mayor difusión.

Los populares han cuestionado igualmente el momento de la publicación de las declaraciones, coincidente con una nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionada con el caso Koldo.

En esa actuación, desarrollada este jueves dentro de una pieza separada declarada secreta por el juez Ismael Moreno, los investigadores han registrado el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia y requerido información a Adif. La operación también se ha saldado con seis detenciones relacionadas con las pesquisas sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública.

El PP ha sugerido que las acusaciones podrían estar destinadas a desviar la atención de esos avances judiciales. Se trata de una interpretación política del partido, no de una circunstancia demostrada.

Qué cuenta Koldo García sobre la oferta de un millón de euros

La versión de Koldo García sitúa el origen del presunto acuerdo en mayo de 2025, cuando habría mantenido dos reuniones con Alberto Durán en un despacho cercano a la sede nacional del PP.

Según su relato, los encuentros comenzaron como un acercamiento para explorar posibles acuerdos sobre su situación judicial, pero habrían desembocado en una propuesta económica vinculada a declaraciones contra responsables políticos.

Koldo sostiene que el ofrecimiento incluía hacerse cargo de su defensa, buscar una rebaja de pena que evitara su ingreso en prisión y proteger a sus familiares de las consecuencias del procedimiento.

A cambio, asegura, debía proporcionar información que perjudicara a Pedro Sánchez y a otros dirigentes socialistas. Su versión va más lejos: afirma que se le habría pedido formular determinadas acusaciones incluso aunque fueran falsas.

La Cadena SER asegura haber contrastado la existencia de la supuesta oferta con otras tres fuentes. Sin embargo, según la propia información, el millón de euros no llegó a abonarse. Tanto el Partido Popular como Durán niegan que existiera ese pacto.

El supuesto papel de Okdiario y Eduardo Inda

En las declaraciones difundidas por la Cadena SER, el antiguo asesor identifica a Eduardo Inda, director de Okdiario, como supuesto intermediario para canalizar los pagos.

El plan que describe Koldo habría contemplado 300.000 euros por una entrevista con acusaciones contra dirigentes socialistas y otros 700.000 euros por los derechos de un libro.

El exasesor sostiene también que Inda le habría trasladado que recuperaría el dinero mediante publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP. Esta afirmación forma parte de su testimonio y no constituye una prueba de que existiera ese mecanismo de financiación.

Koldo concedió una entrevista a Okdiario en noviembre de 2025, pero las supuestas contraprestaciones económicas por esa intervención y por el libro no se materializaron, según la información publicada. De acuerdo con las fuentes consultadas por la emisora, las declaraciones del exasesor no tuvieron la contundencia que supuestamente se buscaba para efectuar los pagos adicionales.

La diferencia es importante: el supuesto millón de euros no aparece como un pago realizado en la documentación conocida. Lo que sí consta es el dinero abonado por la empresa editora del periódico para sufragar la defensa judicial de Koldo García.

Los 242.000 euros de la defensa de Koldo que sí están documentados

Existe un elemento que distingue esta controversia de un simple intercambio de acusaciones políticas: las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional por la defensa de Koldo García.

El pasado 29 de octubre, la abogada Leticia de la Hoz aportó al juez Santiago Pedraz documentación relativa a los honorarios percibidos por sus servicios jurídicos.

Los justificantes identifican como pagadora a Dos Mil Palabras S. L., sociedad editora de Okdiario, y como receptora a la empresa IDBO Consultants.

La documentación recoge dos operaciones. La primera, por 181.500 euros, fue facturada y abonada el 27 de noviembre de 2025. La segunda, por 60.500 euros, corresponde al 23 de enero de 2026.

Ambos importes suman los 242.000 euros que han pasado al centro de la polémica. Las facturas, que incluyen los impuestos correspondientes, se refieren a honorarios, aranceles y gastos derivados del asesoramiento jurídico y de los procedimientos que afectaban al antiguo asesor ministerial.

La abogada presentó esos documentos para acreditar quién había sufragado su trabajo y sostuvo que el PSOE no había pagado sus honorarios.

La existencia de estas transferencias es relevante, aunque no demuestra por sí misma que se produjera un acuerdo entre el PP y Koldo García para obtener declaraciones contra Sánchez.

Pagar una defensa jurídica y comprar un testimonio son hechos diferentes, tanto por sus posibles implicaciones legales como por las pruebas necesarias para acreditarlos. La documentación disponible permite identificar los pagos, pero no establecer automáticamente las motivaciones políticas que ahora denuncia el exasesor.

El PSOE exige explicaciones a Feijóo y habla de guerra sucia

La reacción socialista ha sido inmediata. La dirección del PSOE considera las informaciones de «enorme gravedad» y reclama que Alberto Núñez Feijóo aclare si conocía los supuestos contactos entre el abogado de su partido y Koldo García.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha acusado al PP de intentar comprar el testimonio de un acusado para perjudicar a un Gobierno democráticamente elegido, siempre bajo la condición de que las informaciones terminen confirmándose.

Para los socialistas, Feijóo debe explicar qué participación pudo tener su partido, de dónde procedían los fondos destinados a pagar la defensa de Koldo y cuál habría sido el origen del millón de euros presuntamente prometido.

También han preguntado por las razones del apartamiento de Alberto Durán de sus responsabilidades jurídicas en la formación.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha sumado a la exigencia de explicaciones. Durante unas declaraciones en León, ha reclamado al líder de la oposición que aclare si su partido pagó o trató de pagar dinero para promover acusaciones falsas contra Pedro Sánchez.

Bolaños ha señalado que, si se demostraran esos pagos, podrían ayudar a explicar las difamaciones y acusaciones que, según sostiene el ministro, ha sufrido el presidente del Gobierno durante los últimos años.

El PSOE ha recuperado incluso la conocida expresión del expresidente José María Aznar, «El que pueda hacer, que haga», para construir su acusación política. Los socialistas han añadido la referencia a que el PP pagaría la operación, una interpretación que forma parte de su respuesta a las revelaciones.

Las exigencias de los socialistas se producen mientras continúan las actuaciones judiciales del caso Koldo, con nuevas diligencias sobre presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública. Son investigaciones distintas de la controversia sobre la supuesta oferta económica denunciada por el exasesor y no deben confundirse.

Qué está acreditado y qué falta por esclarecer

La controversia llega en un momento especialmente delicado para la política española, con nuevas actuaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo y acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE.

Los hechos conocidos permiten establecer que hubo pagos documentados por 242.000 euros a la defensa jurídica de Koldo García, que el antiguo asesor denuncia un supuesto pacto económico más amplio y que tanto el PP como Alberto Durán rechazan tajantemente ese acuerdo.

No consta, por el momento, una resolución judicial que considere probado que el Partido Popular ofreciera un millón de euros a Koldo para conseguir declaraciones falsas o comprometedoras contra Pedro Sánchez.

Tampoco está acreditado que Feijóo conociera o autorizara el supuesto pacto, ni que el dinero previsto para esa operación procediera de fondos del PP o de contratos de publicidad institucional.

El siguiente elemento decisivo será determinar si las acusaciones de Koldo cuentan con pruebas suficientes más allá de su propio testimonio, de las fuentes que aseguran corroborar la oferta y de los pagos de honorarios que ya figuran en la documentación judicial.

La situación deja una cuestión política de considerable importancia: el origen y la finalidad de los pagos. Es precisamente ahí donde se concentran las exigencias de explicaciones del PSOE y donde las negativas del PP deberán contrastarse con los hechos que puedan acreditarse.

Mientras tanto, hay una diferencia esencial que no debería perderse entre declaraciones, desmentidos y acusaciones: el pago de la defensa está documentado; el supuesto millón de euros a cambio de perjudicar a Sánchez sigue siendo una acusación controvertida y no probada judicialmente.