Irene Montero acusa a Ayuso de «mafia» por el ático de 6,3 millones

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha lanzado este sábado 7 de noviembre una dura acusación contra Isabel Díaz Ayuso durante un acto de precampaña celebrado en Madrid junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián. Montero ha calificado a la presidenta madrileña de «mafia» y ha utilizado como argumento la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros con fondos públicos, además de recuperar la controversia sobre las muertes en residencias durante la pandemia.

«Mafia es comprarte un ático de seis millones de euros con el dinero de los madrileños para irte a vivir a él», ha afirmado la dirigente de Podemos. Sus palabras hacen referencia al inmueble adquirido en abril por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid. Conviene precisar que la propiedad es pública, no personal de Ayuso, y que no está acreditado que la presidenta lo haya utilizado como vivienda particular.

El enfrentamiento llega después de que Ayuso calificase de «corrupción mafiosa» la huelga general del 11 de noviembre, convocada por organizaciones sindicales para reclamar soluciones a la crisis de vivienda, mejoras salariales y medidas contra el encarecimiento de la vida.

Montero ha respondido con una intervención que ha ido más allá de la polémica inmobiliaria. También ha cuestionado la gestión sanitaria del Ejecutivo madrileño durante la pandemia, ha recordado las comisiones cobradas por el hermano de Ayuso en un contrato de mascarillas y ha pedido una movilización masiva en la huelga, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El ático de 6,3 millones que ha desatado la polémica

La compra del inmueble que ha mencionado Irene Montero constituye uno de los asuntos más controvertidos de los últimos meses para el Gobierno madrileño.

La operación se formalizó el 14 de abril de 2026, cuando Planifica Madrid adquirió por 6,3 millones de euros un ático situado en el paseo del General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí.

La vivienda tiene una superficie de 481 metros cuadrados, incluidos 99 metros cuadrados de terraza. Su adquisición se conoció públicamente a finales de julio, cuando el Ejecutivo regional explicó inicialmente que pretendía utilizarla como oficina temporal.

Posteriormente, la documentación administrativa reveló que también se había contemplado su utilización como espacio de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. El Gobierno autonómico rechazó que estuviera destinado a convertirse en la residencia oficial de Ayuso.

Tras la controversia, la Comunidad de Madrid decidió cancelar el proyecto inicial y poner el inmueble a la venta. El intento de recuperar la inversión tampoco ha resultado sencillo.

El pasado 23 de octubre, la segunda convocatoria para vender el ático quedó desierta, sin ofertas de compra. El precio de salida se había fijado en 6.694.201 euros más impuestos, y Planifica Madrid acordó mantener abierta su comercialización.

La diferencia entre los hechos acreditados y la acusación política es relevante: la compra con dinero público está documentada, pero las afirmaciones de Montero sobre un supuesto uso particular por parte de la presidenta madrileña no están demostradas.

Montero recupera la polémica de las muertes en las residencias

La candidata de Podemos también ha dirigido sus críticas a la gestión de las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia.

«Mafia es ordenar que más de 7.000 personas mueran en las residencias y no darles atención sanitaria en el peor momento de la pandemia», ha denunciado Montero durante su intervención.

Los asistentes han respondido con gritos de «Ayuso dimisión», mientras la dirigente insistía en sus reproches contra la política sanitaria del Gobierno autonómico.

La cifra a la que se refiere Montero tiene su origen en los registros de 7.291 personas fallecidas en residencias madrileñas sin traslado previo a un hospital durante marzo y abril de 2020.

Se trata de un dato especialmente relevante para comprender aquella crisis, aunque requiere una precisión: incluye fallecimientos por distintas causas, no únicamente por coronavirus. Tampoco acredita por sí mismo que Ayuso ordenase esas muertes.

Los protocolos de derivación hospitalaria y las dificultades de acceso a la atención sanitaria siguen siendo elementos centrales de la controversia sobre la gestión de las residencias. La atribución de responsabilidades personales exige distinguir entre decisiones administrativas, sus consecuencias y posibles responsabilidades judiciales.

Las comisiones del hermano de Ayuso vuelven al debate

Montero también ha mencionado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, por las comisiones que recibió en una operación de suministro de mascarillas durante la emergencia sanitaria.

El empresario percibió aproximadamente 234.000 euros de una compañía que había contratado con la Comunidad de Madrid.

La operación fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que archivó sus diligencias en 2022 al no encontrar indicios de delito. La Fiscalía Europea también archivó en 2023 su investigación sobre el contrato por falta de indicios suficientes de criminalidad.

La existencia de aquella comisión está documentada, pero las investigaciones archivadas no establecieron responsabilidad penal por la operación.

Ayuso y Montero se enfrentan por la huelga general del 11 de noviembre

Las declaraciones de Irene Montero responden directamente a la intervención que Ayuso realizó el 5 de noviembre en la Asamblea de Madrid, donde criticó con dureza a las organizaciones sindicales que promueven la huelga general.

La presidenta madrileña calificó la convocatoria de «corrupción mafiosa» y cuestionó la financiación pública de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras.

Ayuso sostuvo que las organizaciones convocantes actuaban contra los intereses de los españoles y denunció lo que considera una utilización política de la movilización sindical.

Montero ha utilizado esas palabras para devolver la acusación a la dirigente popular y presentar la huelga como una respuesta a la situación económica de los trabajadores.

Durante el acto de Madrid, ha pedido «llenar las calles y paralizar el país» el próximo miércoles 11 de noviembre.

La candidata de Podemos ha defendido una jornada en la que, según sus palabras, no debe haber producción ni consumo, con el propósito de presionar para conseguir una reducción de los precios de los alquileres, los alimentos y la energía.

La huelga general del 11N, convocada por UGT, CCOO, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales y de inquilinos, está prevista durante 24 horas. Sus principales reivindicaciones son el acceso a una vivienda asequible, la mejora de los salarios, la negociación colectiva y la lucha contra el encarecimiento de la vida.

Montero y Rufián exhiben su alianza antes de las elecciones del 29N

El enfrentamiento con Ayuso se ha producido durante un acto conjunto de Irene Montero y Gabriel Rufián en Madrid, organizado después del acuerdo de colaboración alcanzado entre Podemos y ERC de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambos dirigentes han insistido en la necesidad de fortalecer una izquierda con capacidad para condicionar las decisiones de un futuro Gobierno.

Rufián, candidato de ERC por Barcelona, ha intervenido antes que Montero y ha bromeado con su papel de telonero. También ha defendido la colaboración entre distintas fuerzas progresistas, recurriendo durante su discurso a referencias históricas como Lluís Companys y Julio Anguita.

Uno de sus mensajes más claros ha estado dirigido al PSOE: «Quiero un Gobierno del PSOE sometido, no me escondo».

El candidato republicano ha explicado que su propósito no es sustituir a otros dirigentes de izquierda ni encabezar una nueva plataforma política, sino conseguir que los socialistas queden condicionados por las exigencias de las fuerzas situadas a su izquierda y por los partidos soberanistas.

Montero, por su parte, ha rechazado los llamamientos al voto útil y ha defendido que los ciudadanos elijan conforme a sus convicciones políticas. Ambos han situado la vivienda, los precios y los servicios públicos entre las prioridades de la campaña.

Rufián también ha criticado la política ferroviaria española a raíz del accidente de Urda, en Toledo, y ha cuestionado que las inversiones hayan priorizado la competencia internacional en alta velocidad frente a las necesidades de los trabajadores.

El enfrentamiento político se traslada a la huelga y al 29N

La disputa entre Irene Montero e Isabel Díaz Ayuso refleja el enfrentamiento político que rodea la convocatoria del 11 de noviembre y las elecciones generales previstas para finales de mes.

Para la candidata de Podemos, la huelga representa una oportunidad de movilización contra el encarecimiento de la vivienda y las políticas del PP. Ayuso, en cambio, cuestiona los motivos de sus convocantes y los vínculos económicos y políticos de los sindicatos.

El ático de Chamberí, cuya compra pública y posterior intento de venta están documentados, se ha convertido en uno de los símbolos de esa confrontación.

Pero hay dos planos distintos. Uno es el debate sobre la utilización de 6,3 millones de euros de dinero público para adquirir un inmueble institucional y sobre las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo madrileño. Otro son las acusaciones personales formuladas por Montero, que no pueden darse por acreditadas simplemente porque se pronuncien durante un mitin.

Con la huelga general fijada para el 11 de noviembre y las elecciones del 29N cada vez más cerca, el enfrentamiento entre ambas dirigentes vuelve a colocar las políticas de vivienda, la gestión de los servicios públicos y la rendición de cuentas en el centro de la actualidad política española.