Víctimas de pederastia en Bolivia piden justicia a León XIV en su gira

La visita del papa León XIV a Sudamérica ha reabierto una de las heridas más graves de la Iglesia católica en Bolivia. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que agrupa a víctimas de abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas, ha dirigido este sábado 7 de noviembre una carta abierta al pontífice para exigir una respuesta institucional justa y definitiva ante décadas de denuncias contra sacerdotes, principalmente jesuitas, y sus superiores.

Los afectados reclaman que el papa aproveche su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, para escuchar personalmente a las víctimas bolivianas. Su petición llega después de años de procedimientos judiciales, denuncias ante autoridades eclesiásticas e investigaciones sobre agresiones sexuales a menores que, según la organización, no han recibido una respuesta suficiente de la Iglesia.

El Vaticano ya había anunciado que León XIV mantendría encuentros con supervivientes de abusos durante este viaje. Sin embargo, no se ha confirmado una reunión específica con los denunciantes de Bolivia, país que tampoco figura en el itinerario oficial. Para ellos, la cuestión va bastante más allá de conseguir una audiencia: reclaman responsabilidades, justicia y reparaciones.

La carta señala casos que afectan a cientos de menores en colegios, hogares de acogida y misiones religiosas. Entre los religiosos mencionados figuran los españoles Alfonso Pedrajas y Luis Roma, fallecidos, cuyos casos han puesto de manifiesto la dimensión de los abusos y las denuncias de encubrimiento dentro de la Compañía de Jesús.

Las víctimas denuncian décadas de impunidad en la Iglesia boliviana

En su escrito, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes sostiene que las denuncias presentadas ante la Conferencia Episcopal Boliviana, la Nunciatura Apostólica y el cardenal Toribio Ticona no han logrado una rendición de cuentas satisfactoria.

La organización considera que los abusos no fueron únicamente el resultado de actuaciones individuales. Denuncia la existencia de un sistema de protección institucional que permitió a determinados religiosos eludir responsabilidades y continuar ejerciendo funciones relacionadas con menores.

Su acusación alcanza a responsables de la Compañía de Jesús en Bolivia y España, así como a la estructura de gobierno de la orden en Roma. Los supervivientes sostienen que determinados superiores conocieron denuncias contra sacerdotes y no adoptaron las medidas necesarias para impedir nuevas agresiones.

Conviene distinguir dos planos. Una parte de las denuncias sigue sometida a investigación o corresponde a hechos cuyos presuntos autores han fallecido. Otras responsabilidades, como el encubrimiento del caso Pedrajas, han llegado a los tribunales bolivianos y han dado lugar a condenas.

La petición al pontífice busca precisamente superar esa situación. Los afectados no reclaman únicamente que la Iglesia reconozca su sufrimiento, sino que adopte decisiones concretas sobre los responsables y las reparaciones.

Los casos de abusos que señalan a cientos de menores

La carta presentada a León XIV recoge distintos episodios ocurridos durante las últimas décadas en instituciones educativas y asistenciales vinculadas a religiosos católicos.

Uno de ellos corresponde al Hogar de Niños Huérfanos de Tacata, en Cochabamba, donde la organización sitúa cerca de 150 víctimas de abusos presuntamente cometidos por al menos cinco jesuitas.

En la Colonia Piraí, un centro de atención a menores huérfanos o en situación de vulnerabilidad de Santa Cruz, los denunciantes identifican otras 150 víctimas de agresiones sexuales atribuidas a sacerdotes y colaboradores laicos.

La comunidad menciona también 35 víctimas relacionadas con la organización Defensa de Niños Internacional, cuyo antiguo responsable religioso figura entre los acusados.

Especialmente grave es el caso del colegio Juan XXIII de Cochabamba. Según las cifras recopiladas por la CBS, hasta 400 menores habrían sufrido abusos atribuidos a cinco jesuitas que desempeñaban funciones educativas, sanitarias o de acompañamiento espiritual.

Estas cantidades corresponden a las estimaciones y denuncias de la organización de supervivientes. No constituyen un balance judicial definitivo ni deben sumarse automáticamente como si se tratara de una relación oficial de víctimas únicas.

Lo que muestran, en cualquier caso, es que las acusaciones abarcan diferentes centros y periodos. La organización describe un problema prolongado que afectó especialmente a niños que dependían de instituciones religiosas para recibir educación, protección o asistencia.

El caso Alfonso Pedrajas y las condenas por encubrimiento

La investigación sobre el jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como el padre Pica, marcó un punto de inflexión en el conocimiento público de los abusos sexuales dentro de la Iglesia boliviana.

En abril de 2023, una investigación periodística reveló la existencia de un diario personal en el que el religioso, fallecido en 2009, reconocía haber abusado sexualmente de decenas de menores. La documentación permitió reconstruir agresiones cometidas durante su actividad en Bolivia, particularmente en el colegio Juan XXIII.

El escándalo no se limitó a lo que había hecho Pedrajas. También puso bajo sospecha la actuación de superiores religiosos que habían tenido conocimiento de denuncias y no las trasladaron adecuadamente a las autoridades.

Los exprovinciales jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix fueron condenados a un año de prisión por encubrir los abusos de Pedrajas. La sentencia, dictada en septiembre de 2025 y ratificada en segunda instancia en mayo de 2026, convirtió el caso en uno de los principales antecedentes judiciales de la denuncia que los supervivientes mantienen contra la actuación institucional de la orden.

La resolución también contempla la reparación de daños civiles en favor de las víctimas. Sin embargo, el procedimiento judicial no estaba definitivamente cerrado: los condenados presentaron en junio de 2026 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia boliviano.

Las víctimas solicitan la excomunión de dos antiguos superiores

El 28 de octubre de 2026, los supervivientes presentaron una denuncia canónica contra Recolons y Alaix en la que solicitaron su excomunión y expulsión del estado clerical, además de la prohibición permanente de ejercer funciones religiosas.

El Arzobispado de Cochabamba respondió que carecía de competencia para atender la petición en los términos planteados.

Este episodio explica parte del malestar que ahora trasladan a León XIV. Los denunciantes consideran insuficiente la respuesta eclesiástica incluso cuando existen resoluciones de la justicia ordinaria que han establecido responsabilidades por encubrimiento.

La vía penal y la canónica, sin embargo, tienen procedimientos y consecuencias diferentes. Una condena judicial no supone automáticamente una excomunión, que requiere una decisión conforme a las normas internas de la Iglesia.

Luis Roma y las denuncias de abusos a niñas guaraníes

Otro de los casos recogidos en la carta afecta al sacerdote español Luis Roma, fallecido en 2019, señalado por abusos sexuales contra más de 75 niñas indígenas guaraníes en Bolivia.

Las acusaciones están respaldadas por documentación fotográfica y escritos personales del religioso. Parte de ese material fue dado a conocer públicamente en 2019, cuando un antiguo miembro de la Compañía de Jesús denunció los hechos.

La gravedad del caso también reside en las sospechas sobre el conocimiento que pudieron tener sus superiores. La propia orden religiosa reconoció la verosimilitud de las denuncias, mientras que cuatro antiguos altos responsables jesuitas han sido investigados por presunto encubrimiento de violación agravada.

Las víctimas reclaman que se esclarezca quiénes conocieron las agresiones, cuándo tuvieron noticia de ellas y qué decisiones adoptaron. Su demanda apunta a las responsabilidades de quienes debían proteger a las menores.

La situación de las menores indígenas añade otro elemento relevante. Muchas de las presuntas víctimas pertenecían a comunidades especialmente vulnerables, con una capacidad limitada para denunciar a quienes ocupaban posiciones de autoridad religiosa y social.

La muerte de algunos sacerdotes denunciados impide exigirles personalmente responsabilidades penales. No elimina, sin embargo, las posibles responsabilidades de quienes pudieran haber facilitado o encubierto los delitos.

León XIV prevé reunirse con víctimas durante su gira sudamericana

La petición boliviana coincide con un compromiso anunciado por la Santa Sede antes del comienzo del viaje papal.

El Vaticano confirmó el 27 de octubre que León XIV se reuniría con supervivientes de abusos sexuales durante su estancia en América Latina. No precisó entonces todas las fechas ni las identidades de los participantes.

Los encuentros forman parte de la política de atención a las víctimas que el pontífice ha mantenido en otros viajes internacionales. Durante 2026 se reunió con afectados en Madrid y Lourdes, donde escuchó testimonios y defendió la necesidad de avanzar en la prevención, la justicia y la reparación.

El recorrido sudamericano comenzó el 6 de noviembre en Uruguay. Continuará por Argentina a partir del día 8 y por Perú desde el 11, antes del regreso previsto a Roma el 17 de noviembre.

La inclusión de reuniones con supervivientes en la agenda supone un reconocimiento de la importancia que la Iglesia atribuye públicamente a estos casos. Pero, para la organización boliviana, escuchar no equivale necesariamente a resolver.

Su demanda incluye una respuesta institucional sobre las denuncias presentadas, las responsabilidades de los superiores y la situación de quienes llevan años esperando una reparación.

Hasta este 7 de noviembre no consta una confirmación pública de que León XIV vaya a recibir específicamente a representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.

Justicia, reparaciones y responsabilidades pendientes en Bolivia

La carta dirigida al papa devuelve al primer plano una cuestión que permanece abierta desde que comenzaron a conocerse públicamente los grandes casos de pederastia clerical en Bolivia: qué responsabilidades debe asumir una institución cuando algunos de sus representantes cometen abusos y otros contribuyen a ocultarlos.

Los supervivientes han recurrido a la justicia ordinaria y a los procedimientos internos de la Iglesia. También han solicitado sanciones religiosas contra responsables de encubrimiento y compensaciones para las víctimas. Los procesos, sin embargo, no han proporcionado una solución definitiva para el conjunto de los afectados.

La dimensión internacional de las denuncias complica todavía más el asunto. En varios episodios aparecen sacerdotes españoles destinados en Bolivia, superiores de la Compañía de Jesús y autoridades eclesiásticas de diferentes países. Las responsabilidades deben determinarse individualmente, pero la organización pide que la investigación alcance a todos los niveles implicados.

El viaje de León XIV ofrece una nueva oportunidad para abordar estas reclamaciones. Su pontificado ha reiterado la necesidad de escuchar a quienes sufrieron abusos, aunque las víctimas bolivianas sostienen que los compromisos públicos deben traducirse en medidas verificables.

La petición formulada este sábado no exige únicamente unas palabras de consuelo. Reclama justicia, responsabilidades y reparación por hechos que marcaron la infancia de cientos de personas.

Y plantea una exigencia concreta al Vaticano: que las denuncias no vuelvan a quedar atrapadas entre procedimientos pendientes, decisiones aplazadas y responsabilidades que nadie termina de asumir.