El Estrecho se queda sin los cuatro helicópteros antinarco de Aduanas

La lucha contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar ha perdido uno de sus principales recursos de vigilancia. Los cuatro helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) permanecen en tierra desde el miércoles 4 de noviembre, después de que la crisis económica de Eliance, la empresa encargada de operarlos y mantenerlos, haya provocado la interrupción de los vuelos. La Agencia Tributaria prepara una nueva contratación para recuperar el servicio, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su reanudación.

La paralización afecta a la totalidad de la flota de helicópteros de Vigilancia Aduanera, no únicamente a los destinados al Campo de Gibraltar. Sus operaciones también tienen importancia en Almería y Vigo, dos de las bases utilizadas para controlar las rutas marítimas del narcotráfico. El problema no es la propiedad de las aeronaves, que pertenecen al Estado, sino la falta de un operador que pueda garantizar los pilotos, el mantenimiento y los servicios técnicos necesarios para volar.

La situación llega en un territorio especialmente sensible. La bahía de Algeciras y el Estrecho concentran una actividad constante de las organizaciones dedicadas al transporte de drogas por vía marítima. Los helicópteros permiten localizar embarcaciones sospechosas, seguir sus movimientos y coordinar actuaciones con las patrulleras. Prescindir temporalmente de ellos supone perder una capacidad de vigilancia y respuesta especialmente importante en operaciones nocturnas y a cierta distancia de la costa.

La Agencia Tributaria estudia utilizar drones y servicios aéreos alternativos mientras resuelve el problema. Sin embargo, esas opciones todavía no constituyen una sustitución confirmada de los cuatro helicópteros.

La crisis de Eliance deja inmovilizados los cuatro helicópteros

El origen inmediato de la paralización se encuentra en la situación financiera de Eliance Helicopter Global Services, compañía especializada en operaciones aéreas y mantenimiento de aeronaves.

La empresa entró en concurso de acreedores en octubre, en medio de unas dificultades económicas que han terminado afectando a diferentes servicios públicos dependientes de sus operaciones.

En Vigilancia Aduanera, Eliance proporcionaba los pilotos y los medios técnicos necesarios para utilizar los helicópteros de la Agencia Tributaria. La interrupción de esa actividad ha dejado sin vuelos a una flota que desempeña funciones de detección, seguimiento y apoyo a las intervenciones marítimas.

La distinción es importante: los helicópteros siguen siendo propiedad pública, pero su funcionamiento depende de una empresa contratada. La Administración conserva las aeronaves y sus equipos, aunque necesita resolver la situación del contrato vigente para recuperar la actividad mediante otro operador.

La crisis de Eliance también ha generado preocupación en otros servicios aéreos públicos. La compañía mantiene relaciones contractuales con organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), y las organizaciones sindicales han advertido de las consecuencias de sus problemas financieros para la continuidad de determinadas operaciones.

Aduanas prepara un nuevo contrato, pero depende de una resolución judicial

La Agencia Tributaria trabaja en una nueva licitación para contratar los servicios de operación y mantenimiento de sus helicópteros. Según la información facilitada este sábado 7 de noviembre por fuentes de Vigilancia Aduanera, la documentación del nuevo contrato está preparada, pero todavía existe un obstáculo administrativo.

Antes de iniciar la sustitución contractual, el organismo necesita recibir el auto judicial que acredite oficialmente la situación concursal de Eliance. Esa resolución permitiría justificar la rescisión del contrato actual y poner en marcha el procedimiento para seleccionar un nuevo operador.

No se trata, por tanto, de comprar cuatro helicópteros nuevos. Las aeronaves existen. Lo que necesita la Administración es garantizar que una empresa pueda operarlas con las habilitaciones, tripulaciones y condiciones de mantenimiento exigidas.

El procedimiento tampoco implica una recuperación inmediata de los vuelos. Una vez resuelta la relación contractual anterior, habrá que tramitar la nueva contratación y garantizar que el adjudicatario pueda prestar efectivamente el servicio.

No hay un plazo oficial confirmado para completar ese proceso ni una fecha anunciada para que los helicópteros vuelvan a patrullar el Estrecho.

Drones y servicios aéreos alternativos para recuperar la vigilancia

Ante la interrupción, Vigilancia Aduanera está examinando medidas provisionales. Entre ellas figuran el empleo de drones de vigilancia y la contratación de horas de vuelo a otros operadores aéreos.

La Agencia Tributaria dispone, según los datos oficiales sobre sus medios operativos, de una flota de 68 drones, además de los cuatro helicópteros afectados. Su flota naval alcanzó las 47 embarcaciones con la incorporación de un nuevo patrullero de altura en octubre de 2026. Estos recursos permiten mantener diferentes actuaciones de vigilancia y control, aunque no todos desempeñan las mismas funciones.

Los drones pueden utilizarse para observar determinadas zonas y realizar seguimientos, pero su empleo depende de las características del aparato, las condiciones meteorológicas, la autonomía disponible y las autorizaciones operativas.

Los helicópteros, por su parte, ofrecen una combinación de movilidad, autonomía y equipos especializados que resulta especialmente útil para vigilar extensas superficies marítimas y apoyar a las patrulleras.

El objetivo de las alternativas que estudia Aduanas es reducir la pérdida de capacidad operativa mientras encuentra una solución estable. Por el momento, no se ha comunicado qué medios adicionales se desplegarán ni cuándo comenzarán a utilizarse.

Por qué la falta de helicópteros afecta a la lucha contra el narcotráfico

La importancia de la vigilancia aérea va mucho más allá de localizar una embarcación sospechosa. Los helicópteros forman parte de un dispositivo que combina medios marítimos, inteligencia policial, comunicaciones y seguimiento de objetivos.

La Agencia Tributaria explicó en 2022, durante la incorporación de uno de sus helicópteros, que estos aparatos permiten detectar objetivos hasta unas 100 millas náuticas de la costa, aproximadamente 185 kilómetros. Esa capacidad facilita la planificación de las actuaciones marítimas y el despliegue de los patrulleros antes de que las embarcaciones sospechosas se aproximen al litoral.

Los equipos de vigilancia también incluyen sistemas de radar, cámaras térmicas y comunicaciones tácticas, especialmente relevantes cuando las condiciones de visibilidad dificultan las operaciones.

La flota aérea de Vigilancia Aduanera registraba entonces unas 2.400 horas de vuelo anuales. Se trata de una referencia histórica de actividad, no de una cifra confirmada para 2026, pero permite hacerse una idea de la importancia que han tenido los helicópteros dentro del dispositivo contra el contrabando.

Algeciras, Almería y Vigo, tres puntos estratégicos

El servicio aéreo de Aduanas ha tenido una presencia operativa destacada en Algeciras, Almería y Vigo. Las aeronaves pueden desplazarse entre distintas bases según las necesidades operativas y de mantenimiento.

Algeciras ocupa un lugar especialmente relevante por la proximidad al estrecho de Gibraltar, donde el tráfico marítimo y la actividad de las organizaciones dedicadas al transporte de drogas exigen una vigilancia constante.

Almería permite atender operaciones relacionadas con el Mediterráneo y el mar de Alborán, mientras que Vigo constituye un punto de apoyo para las actuaciones en el litoral atlántico y las rías gallegas.

La paralización ha provocado también protestas sindicales. La organización Jusva ha denunciado que la falta de helicópteros deja en una situación de «desamparo» a la plantilla de Vigilancia Aduanera en Almería, al considerar que pierde un recurso esencial de apoyo en sus intervenciones.

La ausencia de estos aparatos no significa que haya desaparecido toda la vigilancia contra el narcotráfico. Continúan existiendo patrulleras, medios terrestres, sistemas de detección y unidades de otros cuerpos de seguridad. Lo que se ha interrumpido es una parte específica del dispositivo aéreo de Aduanas, con funciones que no pueden darse por sustituidas automáticamente.

Una dependencia empresarial que compromete un servicio esencial

La paralización plantea un problema que va más allá de la situación financiera de una compañía. Un servicio público destinado a combatir el contrabando y el crimen organizado puede quedarse sin una parte de sus medios operativos cuando el proveedor privado encargado de utilizarlos deja de prestar el servicio.

En este caso, el Estado dispone de las aeronaves, pero la continuidad de las operaciones depende de un contrato externo. La insolvencia del operador obliga a resolver cuestiones jurídicas, administrativas y técnicas antes de volver a poner los aparatos en vuelo.

El modelo de contratación no es excepcional en los servicios aéreos públicos. Operar helicópteros exige personal especializado, formación, mantenimiento certificado y procedimientos específicos de seguridad. Contratar esas prestaciones permite recurrir a empresas con experiencia en el sector, aunque también introduce una dependencia que se hace especialmente visible cuando el adjudicatario entra en dificultades.

La situación actual muestra la necesidad de contar con mecanismos de continuidad para servicios que no pueden interrumpirse sin consecuencias operativas.

En la lucha contra el narcotráfico, perder temporalmente la vigilancia aérea no equivale a suspender todas las actuaciones, pero sí obliga a reorganizar los recursos disponibles.

El Estrecho espera recuperar sus patrullas aéreas

A 7 de noviembre de 2026, los cuatro helicópteros de Vigilancia Aduanera continúan sin operar y la Agencia Tributaria trabaja para sustituir a Eliance. La recuperación del servicio depende de que se resuelva la situación contractual y pueda ponerse en marcha la nueva contratación.

Mientras tanto, las alternativas estudiadas deberán determinar hasta qué punto es posible compensar la ausencia de estas aeronaves en las operaciones contra el narcotráfico.

El problema tiene una dimensión administrativa, pero sus consecuencias son operativas. En el estrecho de Gibraltar, donde la vigilancia aérea ayuda a detectar embarcaciones sospechosas y coordinar intervenciones marítimas, la interrupción de los vuelos elimina temporalmente uno de los recursos especializados de Aduanas.

La prioridad inmediata es recuperar esa capacidad sin comprometer las exigencias de seguridad aérea. El servicio permanece interrumpido y todavía no hay una fecha oficial para su restablecimiento.