Bar España: acaba el juicio y la Fiscalía pide 36 años por acusado

El juicio por la difusión del bulo del Bar España, una falsa trama de pederastia y asesinatos que durante casi tres décadas señaló a políticos, jueces y ciudadanos de Castellón, ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía solicita 36 años de prisión para cada uno de los seis acusados de propagar las acusaciones y reclama importantes indemnizaciones por los daños causados a las víctimas.

La vista oral concluyó el viernes 6 de noviembre en el Tribunal de Instancia de Castellón, después de nueve sesiones dedicadas a examinar una historia que comenzó en Benicarló a finales de los años noventa y terminó multiplicándose por Internet. El procedimiento aborda delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias continuadas con publicidad. Por el momento, no existe una sentencia sobre los seis procesados, que mantienen su derecho a la presunción de inocencia.

El caso trasciende las acusaciones individuales. La Justicia debe determinar la responsabilidad penal de quienes difundieron durante años una conspiración que ya había sido desacreditada judicialmente. Y aparece otro problema, bastante menos sencillo de resolver: el contenido continúa circulando por las redes sociales incluso después de haber quedado demostrada su falsedad.

La dimensión del procedimiento también ha reabierto el debate sobre el llamado Expediente Royuela, otra teoría conspirativa que atribuye delitos gravísimos a representantes de la política y la judicatura española sin aportar pruebas válidas que sostengan esas acusaciones.

Qué ocurrió realmente en el caso Bar España

El origen de esta historia se remonta a 1997, cuando Reinaldo Colás, un peluquero de Benicarló, comenzó a formular acusaciones sobre una supuesta organización dedicada al abuso sexual de menores que operaría desde un establecimiento conocido como Bar España.

Su relato implicaba a personas de su entorno, responsables públicos y miembros de las instituciones. Con el tiempo, las acusaciones incorporaron nuevos nombres y adquirieron una dimensión política cada vez mayor.

Entre los señalados figuraban el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra. También se difundieron acusaciones contra magistrados, responsables de centros de menores y miembros de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones judiciales no acreditaron la existencia de aquella organización criminal. Al contrario, las actuaciones permitieron desmontar las denuncias y Colás fue condenado en dos ocasiones por denuncia falsa.

Uno de los elementos más relevantes del juicio celebrado en Castellón ha sido la declaración de las hijas del impulsor original del bulo. Ya adultas, explicaron que su padre las había obligado a mentir cuando eran menores en grabaciones utilizadas para alimentar las acusaciones.

Aquellos vídeos continuaron circulando posteriormente por Internet, pese a que sus protagonistas no habían autorizado esa difusión.

El propio Colás falleció en 2017. Su muerte, sin embargo, no puso fin a la circulación de las acusaciones.

De un conflicto local a una conspiración de alcance nacional

Lo que comenzó con denuncias y octavillas terminó encontrando en las plataformas digitales un mecanismo de propagación mucho más poderoso.

La historia aprovechó la repercusión de otras teorías conspirativas, especialmente las vinculadas al crimen de Alcàsser. La mezcla de acusaciones contra personajes conocidos, supuestos encubrimientos institucionales y relatos de delitos atroces facilitó su difusión entre comunidades que ya desconfiaban de las versiones oficiales.

El resultado fue una conspiración capaz de sobrevivir a las resoluciones judiciales que habían desmentido sus fundamentos.

La ausencia de pruebas no impidió que las acusaciones siguieran reproduciéndose, primero en medios y publicaciones de circulación limitada y, posteriormente, mediante vídeos, canales de YouTube y otras redes sociales.

La Fiscalía reclama 36 años de cárcel y elevadas indemnizaciones

El fiscal Javier Carceller ha endurecido sus conclusiones durante el procedimiento al considerar que la difusión reiterada de las acusaciones provocó un perjuicio especialmente grave a las personas señaladas.

La petición alcanza los 36 años de prisión por acusado, mediante la acumulación de las penas solicitadas por distintos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.

La Fiscalía también ha elevado sus reclamaciones económicas, con indemnizaciones de hasta 400.000 euros para algunas de las principales víctimas.

Entre los procesados figuran personas conocidas dentro de los círculos que difunden teorías conspirativas en Internet, como Pilar Baselga, Juan Lankamp Riaza, Ramón Valero Martín Consuegra, conocido como Un técnico preocupado, Gabriel Hernández Serrano y el abogado Javier Fernández Torres.

El procedimiento incluye asimismo la intervención de un responsable de un medio digital en calidad de responsable civil.

Durante el juicio, la acusación pública sostuvo que los hechos no pueden reducirse a la circulación de informaciones incorrectas. Su argumento es que la reiteración de imputaciones falsas de delitos extremadamente graves habría provocado un deterioro prolongado de la reputación, las relaciones personales y la vida profesional de los perjudicados.

Las defensas rechazan esa interpretación y consideran desproporcionadas las penas reclamadas. También han planteado cuestiones procesales, incluida la posible prescripción de los delitos, sobre las que deberá pronunciarse el tribunal.

Las últimas palabras de los acusados

En la sesión final, varios procesados ejercieron su derecho a dirigirse al tribunal.

Pilar Baselga aseguró haber sufrido durante una década las consecuencias personales y económicas del procedimiento. También expresó su pesar por el sufrimiento ocasionado, aunque mantuvo que había dado credibilidad a las denuncias originales de Colás.

Juan Lankamp sostuvo que había eliminado contenidos de Internet años atrás y cuestionó la severidad de las penas solicitadas.

Por su parte, Javier Fernández Torres defendió que no existían pruebas suficientes contra los acusados.

Las intervenciones dejaron patente la distancia entre las posiciones de las partes. Mientras la Fiscalía considera que hubo una difusión reiterada de acusaciones gravemente lesivas, las defensas insisten en discutir la responsabilidad individual de sus representados y el alcance penal de sus actuaciones.

Corresponderá al tribunal establecer qué conductas pueden atribuirse a cada acusado, si constituyen delito y qué consecuencias jurídicas procede imponer.

Las víctimas denuncian un daño que Internet mantiene vivo

Uno de los testimonios más relevantes ha sido el de Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón.

La magistrada comenzó a recibir acusaciones relacionadas con el caso después de intervenir en las investigaciones iniciales, cuando ejercía como jueza de instrucción en Vinaròs.

Desde entonces, su nombre ha aparecido asociado repetidamente a delitos que no cometió. Las falsedades han seguido circulando durante años mediante publicaciones, grabaciones y contenidos compartidos por terceros.

En su declaración explicó el efecto que esa exposición ha tenido sobre su identidad digital, vinculada permanentemente a acusaciones de una gravedad extraordinaria.

No se trata únicamente de una cuestión de imagen pública. Cuando alguien introduce el nombre de una persona en un buscador y encuentra vídeos que la relacionan con delitos atroces, el perjuicio para su reputación puede continuar aunque las acusaciones hayan sido desmontadas judicialmente.

Una absolución, un archivo o una condena por denuncia falsa no eliminan automáticamente las publicaciones que siguen accesibles en Internet.

El fiscal ha señalado precisamente esa dificultad: incluso si una eventual sentencia condenatoria obligase a retirar determinados contenidos, resultaría extraordinariamente complicado localizar todas las copias que han circulado por diferentes plataformas.

Los materiales originales pueden haber sido descargados, editados, publicados en otros canales o incorporados a nuevas grabaciones.

Así se explica una de las consecuencias más persistentes de este caso. Las personas perjudicadas pueden obtener reconocimiento judicial, pero recuperar completamente su reputación resulta mucho más difícil.

La conexión del Bar España con el Expediente Royuela

El juicio de Castellón también tiene relevancia por sus posibles implicaciones para otro fenómeno conspirativo español: el Expediente Royuela.

Esta teoría, difundida principalmente por Alberto Royuela y su hijo Santiago, sostiene la existencia de una supuesta organización criminal integrada por políticos, jueces y fiscales, a quienes atribuye asesinatos, corrupción y otras actividades delictivas.

Para respaldar esas acusaciones, sus promotores han difundido documentos y presuntas anotaciones cuya autenticidad no ha quedado acreditada. Diversas actuaciones judiciales han cuestionado la consistencia de esos materiales.

El relato guarda semejanzas con el del Bar España. Ambos presentan acusaciones extraordinariamente graves contra personas identificables, describen supuestas redes de encubrimiento institucional y utilizan la desconfianza hacia las autoridades para explicar la ausencia de pruebas verificables.

También comparten la utilización de Internet para mantener las acusaciones en circulación.

En el caso del Expediente Royuela, la expansión digital ha permitido alcanzar audiencias numerosas. Los dos canales de YouTube asociados a sus principales promotores acumulaban, según los datos publicados en noviembre de 2026, cerca de 17 millones de visualizaciones.

La investigación judicial de este entramado ha incluido actuaciones relacionadas con Fernando Presencia, exmagistrado expulsado de la carrera judicial y vinculado a la asociación ACODAP.

En esas diligencias se han examinado acusaciones sobre supuestas cuentas bancarias ocultas de representantes de la Justicia. Los investigadores localizaron materiales utilizados presuntamente para elaborar documentos bancarios falsos.

Existe, no obstante, una diferencia jurídica importante: el procedimiento del Bar España ya ha terminado su fase de juicio oral, mientras que las investigaciones relacionadas con el Expediente Royuela han seguido otros cauces y fases procesales.

La futura sentencia de Castellón podría aportar criterios relevantes sobre la difusión sistemática de acusaciones falsas, pero no determinará automáticamente la responsabilidad de personas investigadas en otros procedimientos.

El reto judicial de los bulos que sobreviven a sus creadores

El caso Bar España muestra las dificultades de aplicar las herramientas tradicionales de protección del honor a campañas de acusaciones que permanecen activas durante décadas.

Una publicación impresa tenía una distribución limitada. Un vídeo digital puede replicarse miles de veces y recuperar audiencia años después de su primera aparición.

Los sistemas de recomendación de las plataformas pueden aumentar esa exposición, aunque establecer su responsabilidad concreta exige examinar cómo funciona cada servicio y qué obligaciones legales le corresponden.

La libertad de expresión protege opiniones, críticas e incluso afirmaciones que resulten incómodas para los poderes públicos. Pero no constituye una autorización ilimitada para atribuir delitos falsos a personas identificables. La responsabilidad penal depende de los hechos, la intención, la participación y los requisitos establecidos para cada delito.

Precisamente ahí se encuentra el asunto que deberá resolver el tribunal de Castellón: si las personas procesadas se limitaron a reproducir contenidos ajenos o si participaron de forma penalmente relevante en una campaña sostenida de acusaciones falsas.

La respuesta tendrá consecuencias para los acusados y para quienes llevan casi treinta años intentando desvincular sus nombres de una conspiración inexistente.

La sentencia aún está pendiente. Lo que ya ha quedado acreditado en procedimientos anteriores es que la supuesta trama de pederastia del Bar España carecía de fundamento. Que las acusaciones hayan sobrevivido durante tanto tiempo no las hace más ciertas. Solo demuestra hasta dónde puede llegar una mentira cuando encuentra suficientes personas dispuestas a seguir difundiéndola.